“El subdesarrollo es un estado de la mente”… subdesarrollada
Por: Armando de la Torre
Con  un título parecido publicó Lawrence E. Harrison hace unos años un estudio sobre el dispar desarrollo en la América Latina, y desde su óptica muy peculiar: la de la cultura.
Costa Rica, por tanto, habría llegado a su nivel actual de desarrollo por haber sido poblada por hombres de campo emprendedores, mientras la vecina Nicaragua lo era por conquistadores sedientos de oro y esclavos.
Esa comparación la extiende hasta incluir a Australia, a la que contrasta con la Argentina, ambas ricas en recursos naturales, poco pobladas y remotas al mundo desarrollado del Atlántico Norte, pero el crecimiento de la Argentina detenido abruptamente por su inestabilidad política en la década de los cuarenta (Perón) y por la debilidad consiguiente en que quedaron sus instituciones fundamentales, mientras el de Australia, fundada en 1788 como una colonia penal, prospera dentro de un marco capitalista democrático estable.
En esa misma tónica se nos ofrece un paralelo más actual  entre Haití y Barbados, dos países pequeños, de población casi exclusivamente afroamericana, descendientes de un pasado esclavista que se remonta al siglo XVII  bajo metrópolis europeas culturalmente alternas y geopolíticamente enfrentadas: Francia y la Gran Bretaña. Barbados hoy es la sociedad con el ingreso per cápita más alto al sur de los Estados Unidos, mientras es bien sabido que Haití permanece aherrojado por la pobreza y el atraso.
            “Culture matters”, la cultura importa, concluye el autor.
            Lo que se refleja hasta en los recientes cataclismos telúricos que afectaron casi al mismo tiempo a Haití y Chile. Las reacciones de las poblaciones afectadas  han sido muy diferentes. En el caso haitiano, hombres y mujeres, de reconocidas mayoritariamente a nivel mundial bondad y alegría, desde un primer momento reaccionaron con una actitud generalizada de espera, resignados a una salvación que sólo les podría llegar de fuera. Los chilenos, en cambio, primero han empezado por contabilizar los daños, después ya han anunciado que investigarán  cuánto podrán cubrir de los gastos para la reconstrucción con recursos propios y, entonces, - proceso todavía ni siquiera incoado-, precisar el monto de la ayuda internacional que se les ha ofrecido y que aceptarían como complemento.
            Nada de lo anterior tiene correlación alguna con cocientes individuales de inteligencia ni con pigmentos de la epidermis pero sí la tiene, y muy estrecha, con las respectivas jerarquías en las escalas de valores de esas culturas.
            Igual sucede al interno de cada sociedad nacional entre sus estratos étnicos o sociales que muestran logros desiguales. Sabemos que al largo plazo ello no impide el desarrollo humano integral de nadie, pero siempre bajo la condición sine qua non de que no se le pongan trabas legales a la movilidad vertical hacia arriba de ninguno de sus miembros individuales.
            La misma experiencia nos enseña que la piedra angular para el desarrollo de los pueblos radica en una clase media mayoritaria, libre y satisfecha (esto es, sin tentaciones de emigrar), a su vez constituida por padres de familia que ponen su confianza, por encima de todo, en los esfuerzos de superación propios, y que, además,  la saben transmitir a sus hijos.
Se ha constatado que es la clase media educada la que en las sociedades democráticas termina por acertar con los  mejores sistemas de gobierno y los mejores gobernantes.
Las reacciones contrapuestas de haitianos y chilenos se nos tornan, así, en  posturas  emblemáticas, sobre todo para los observadores del tercer mundo que aún no hemos sido tocados por tamañas desgracias.
            Lamento, sea dicho de paso, lo que de ello creo poder inferir acerca de nuestro debate en torno a ProReforma: que todavía transparenten demasiados guatemaltecos (sedicentes “letrados”) su aferramiento a los valores, actitudes y opiniones del sopor haitiano y no a los del despegue chileno.
 
            

Realpolitik en torno a Belice
Por: Armando de la Torre
            A la mayoría de la abigarrada población de Belice  -menor que la de Escuintla- no parece importarle bajo cuál bandera gestionen sus afanes diarios. Pero a una minoría enquistada allí en los privilegios del monopolio político ciertamente sí.  Casi como en Guatemala…
            Con una importante diferencia, sin embargo: a quienes nos preocupa de este lado del diferendo el estado de la cuestión nos mueven principios de largo plazo que hacen posible la convivencia ciudadana y la prosperidad de todos. Allá, empero, a falta de una identidad nacional arraigada, preponderan los intereses de corto plazo de un grupo minúsculo. Pues les resulta más lucrativo jactarse de su condición de “súbditos” de la Reina de Inglaterra que de hallarse bajo la jurisdicción de los poco admirables, lo reconozco, presidentes de la República de Guatemala.
            Amén de ello, nuestro pueblo, ni siquiera los diputados de nuestro Congreso, han sido informados de lo que en su nombre se gestiona por la Cancillería guatemalteca,  o qué se reclama y por qué. La excusa, cuando se han dignado darla, nos remite al secreto o a la seguridad del Estado. Y así vamos…
            Entretanto, viajes van y viáticos vienen para un grupúsculo de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores ¡desde los tiempos del Presidente Arévalo!
            En términos realistas, de esa recuperación de todo el territorio beliceño (incluídos 370 kilómetros de costas) depende la salida libre de Guatemala hacia el mar Caribe. Aun el pasado maya común a ambos sería de valor supremo.
            Guatemala ha sido repetidas veces cercenada y pocos de sus habitantes parecen deducir de esa triste historia conclusiones valederas. Los kekchíes que han descendido desde las Verapaces se encuentran de pronto en territorio propio pero hostil.
            Si retrocedemos al siglo XIX, encontramos que todas estas incongruencias nada tienen que ver con la población original que habitaba y habita Belice. Durante ese siglo, por ejemplo, hubo tensiones profundas entre Inglaterra y los Estados Unidos por el control estratégico del Caribe. Pero, a nosotros, por qué nos habría de importar. Sospecho que por la consuetudinaria falta de carácter en nuestros “dirigentes”, heredado del señoritismo español de la España decadente, hemos sido zarandeados al antojo de ambas potencias.
            Hemos de tener el valor de reclamar con hombría lo legítimamente nuestro, más ahora que la virilidad tradicional del hombre libre está en todas partes crecientemente bajo acoso. Es éste nuestro momento postrero para las definiciones, nuestra “finest hour”, si se quiere, como lo reiteró en su día Winston Churchill en una de las tantas coyunturas en que su orgulloso pueblo se jugó su destino y al que sólo ofreció “sangre, sudor y lágrimas”.
            Acisclo Valladares publicó unos comentarios el 15 de agosto del 2007 que temo todavía sean actuales: “Algunas autoridades se proponen consumar la traición que se ha venido gestando en el caso de Belice y encubrirla y disfrazarla, ¡increíble pero cierto!, con un fallo judicial… … Veo el caso de Belice y me preocupa, puesto que no he visto que se haya dado la necesaria preparación jurídica para someter el asunto a la Corte Internacional de Justicia,….
            No me refiero a las sempiternas cantaletas o silencios de los pontífices de siempre – buenos tan solo para consumo interno- sino al planteamiento concreto que habría de llevarse a juicio,…  y que será conocido por terceros,…. El planteamiento concreto, con sus argumentos y sus pruebas... Teniéndose la claridad más absoluta en cuanto a aquello que se pide... y, fundamental, ¿en qué forma… nuestras pretensiones habrán de sustentarse…?
            Tiene la palabra el Ministerio de Relaciones Exteriores.
            De no haber claridad en su respuesta, el Congreso debería abstenerse de la aprobación de una consulta popular que equivaldría a un cheque en blanco más para ésta, la última mutilación de Guatemala por sus propios hijos.
 
         

Quién dispone del mejor título jurídico sobre el territorio de BELICE?
Por: Armando de la Torre
            Constituye eso la substancia del diferendo territorial con Belice, ayer con el Reino Unido hoy con Belice, que tras consulta popular favorable habrá de ser sometido a la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
            Empecemos por una verdad de perogrullo: el Derecho Internacional Público regla las relaciones entre los Estados. En ese sentido, cualquier juez o mediador al que se acuda para dirimir conflictos entre los mismos resuelve ya sea con base a los respectivos títulos aducidos por las partes, ya sea según otro procedimiento no jurídico, que se conoce como “ex aequo et bono”, es decir, un laudo razonable sobre derechos y obligaciones iguales pero no equivalente a una sentencia judicial.
Guatemala ha escogido, a mi juicio con acierto, la primera vía.
            Sobre estos supuestos, ¿en qué descansa la validez de nuestro título jurídico?
            En primer lugar recordemos que el de Guatemala es un título original, no derivado, en cuanto sucesora natural de la soberanía española sobre la totalidad del territorio de Belice. El de Inglaterra, en cambio, sólo sustentado por ella hasta 1981 sobre un título derivado,  del que ahora hace traspaso a Belice, y resultado de la convención sobre límites de 1859 conocido como el Tratado Wyke/Aycinena.
            España, por su parte no reconoció formalmente la independencia y soberanía de ésta su antigua colonia, el Reino de Guatemala, sino hasta 1863, lo cual restó validez jurídica a cualquier arreglo convenido con Inglaterra anterior a esa fecha. Pues regía entonces un consenso entre las potencias coloniales europeas de ajustarse siempre recíprocamente al principio jurídico “neminem laede” (“a nadie dañes”) en aquellos casos eventuales en los que el reconocimiento de la independencia de una ex colonia implicase un perjuicio para la potencia colonial.
            Además, por aquella convención sobre límites de 1859 Inglaterra se había comprometido a la construcción de una carretera o, cuatro años más tarde, en su defecto,  a una indemnización por no haber cumplido con la primera, pero ninguna de ambas terminó por ejecutar  y Guatemala, por lo tanto, quedó desligada ipso iure de cualquier obligación de su parte.
            Seguramente la Corte Internacional de La Haya habrá de tener en cuenta todo ello.
            Me asalta un temor, sin embargo.
El gobierno de Gordon Brown ha escogido para la defensa de la débil causa británica a su internacionalista de más nota y prestigio, Elihu Lauterpacht, mientras el nuestro, que yo sepa, aún no ha contratado a nadie de la misma talla quien nos represente.
Por eso yo me permitiría aconsejar que se tome como asesor al respecto al distinguido y eminente profesor de la Sorbone-Nanterre, Alain Pellet, miembro y ex Presidente de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Opino que hoy nos será tanto más accesible cuanto tenemos como nuestro embajador ante las NN.UU. a Gert Rosenthal, ex Secretario General  de la CEPAL y persona muy respetada dentro y fuera de Guatemala.      
            Se dice por algunos que el reconocimiento de Belice como Estado independiente por las NN.UU. hace nugatorio nuestro reclamo.
            No concuerdo.
            Las declaraciones de las NN.UU. son meramente declarativas, no constitutivas. Y en cuanto al principio de la libre autodeterminación de los pueblos alegado por los dirigentes actuales de Belice, éste es jerárquicamente secundario y subalterno al de la integridad territorial en el que nos apoyamos.
            Conclusión: el Reino Unido jamás ha ejercido jurisdicción soberana sobre el territorio de Belice. Guatemala, por el contrario, por lo menos desde 1821, nunca ha cesado de reclamar su ejercicio, primero como Provincias Unidas de Centroamérica y, desde 1847, como República de Guatemala, postura legítima cual le fue reconocida por la Corte Internacional de Justicia al haber dispuesto como punto de partida para delimitar aquel territorio que ya poseía desde el 15 de septiembre de 1821.
           

Cronología sucinta del desmembramiento de Guatemala
Por: Armando de la Torre
            Hace unos días me llegó un resumen, ilustrado con mapas, de los plazos más importantes en ese antojadizo y contínuo desmembramiento de Guatemala por dos siglos que culmina ahora  en el intento de privarla del entero territorio de Belice. Lo firma Rodolfo Díaz Bonatti, y porque lo creo útil reproduzco extractos del mismo retocados por mí.
            “En el siglo XVII, Centro América se encontraba gobernada bajo la corona española. Este territorio fue denominado Reino de Guatemala. Abarcaba desde parte del actual Chiapas, México, hasta una pequeña porción de Panamá.
            Conformado por una gran masa continental de selvas vírgenes y montañas, islas y cayos, y hasta por una de las barreras coralinas más grandes del mundo, con una superficie de más de 545,000 kilómetros cuadrados y  4,500 kilómetros lineales de costas continentales.
En  el siglo XVIII, la corona española concede a la inglesa el usufructo de una parte de su territorio en el actual Belice. Fue un negocio entre coronas, que autorizaba a Inglaterra únicamente a talar palo de tinte. Esas concesiones no incluían el mar territorial ni la plataforma continental adyacente.
            Por ellas se le concedía su explotación en una extensión de 4,802 kilómetros cuadrados, sin otorgarle ningún derecho adicional.
Una segunda concesión (1786) para la explotación del palo de tinte la amplió. Por ésta se le adicionaron otros 1,883 kilómetros cuadrados.
            38 años después,  el primer segmento del Reino de Guatemala en proclamar su independencia fue Comitán, el 28 de agosto de 1821.Le  siguió Ciudad Real, el 3 de septiembre.
A los 12 días de la independencia de Chiapas, Guatemala proclamó la suya el 15 de septiembre del mismo año. Su territorio quedó constituido así por unos 494,000 kilómetros cuadrados,
En 1822 Guatemala se anexa a México. Pero al año siguiente decide poner término a  dicha anexión.
El 1º de julio de 1823 declara su independencia absoluta y se constituye en la República Federal de Centro América. Sin embargo, Chiapas opta por la anexión a México. Soconusco, en cambio, decide  permanecer como parte de la República Federal de Centro América.
En 1826, Inglaterra y México firman un tratado de Amistad, Comercio y Navegación, en el que acordaron  límites entre Belice y México, sin tomar en cuenta a Guatemala. En el artículo 14, se menciona el río Hondo como límite entre México y Belice. También  por dicho tratado se acordó que la importación y exportación de sus productos sólo podrían hacerse en barcos ingleses.
Hacia 1838 los gobiernos de Honduras, Nicaragua y Costa Rica deciden separarse de la Federación, y El Salvador tres años después. Para esa fecha, Guatemala quedó reducida a 162000 kilómetros cuadrados.
En 1842 el mexicano López de Santa Ana invade Soconusco y lo integra por la fuerza a México “por un designio irrevocable”.
Entretanto Inglaterra había ocupado de hecho (que no de derecho) el resto de Belice entre los ríos Sibún y Sarstún.
En 1859 se firma el “tratado” de límites Aycinena-Wyke. Según la cláusula compensatoria en el artículo 7mo. Inglaterra se comprometió a construir una carretera de la ciudad capital de Guatemala a Belice, lo que nunca cumplió, peor, se apoderó de otros 4,600 kilómetros cuadrados hacia el poniente de Belice.
Bajo el régimen liberal a partir de 1871 Guatemala propuso un arbitraje internacional que  Inglaterra rechazó, y encima se declaró exonerada de todo compromiso con Guatemala.
Justo Rufino Barrios añadió injuria sobre las heridas al firmar otro “tratado” de límites (en realidad de cesión territorial) en 1882 con México por el que renunciaba “a título gratuito” a Soconusco y a la parte noroccidental del Petén.
Adicionalmente, México comenzó a reclamar hasta una porción del territorio central guatemalteco, lo que no logró materializar.
Es ésta una mera secuencia histórica. La legitimidad jurídica de los títulos quede para una nota ulterior.
 
 

JUSTICIA PARA GUATEMALA
Por: Armando de la Torre
            Geopolíticamente, el Estado de Guatemala ha sido víctima, no verdugo. Sus autoridades, por desgracia, han sido con frecuencia cómplices, involuntarios o no, de tal martirologio, sobre todo porque han mantenido deliberadamente en la oscuridad al respecto a la gran mayoría de sus conciudadanos.
            Por ejemplo, cuando Don Alfredo Skinner Klee, entonces Ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Ubico, redactó el 26 de agosto de 1931 una respuesta al Embajador británico sobre las “fronteras” de Guatemala con Belice y aceptó la versión que de las mismas le había hecho llegar el día anterior (¡celeridad diplomática!) el enviado de Su Majestad en base a cálculos de un ingeniero inglés y otro guatemalteco, el gobierno de Ramsey McDonald se encargó de inscribir ese mero canje de notas en la Liga de las Naciones como un Tratado internacional, y ante ello los gobiernos sucesivos de Guatemala han permanecido sin reaccionar.
            Otro tanto ocurrió con el canje de notas en 1999 entre el Canciller Eduardo Stein y, esa vez, el gobierno beliceño, la “clarinada” como se le conoce entre los funcionarios, cuando el gobierno de Arzú redujo la totalidad del reclamo guatemalteco a su mitad, es decir, a sólo el territorio entre los ríos Sibún y Sarstún. ¿Desde cuándo se podría reconocer por Guatemala lo que Belice jurídicamente no  tiene?...
            Entonces, ¿en qué se apoyará ante La Haya el gobierno de Alvaro Colóm? ¿Con cuáles documentos, alegatos, exposiciones ya presentados públicamente en cualquiera de las negociaciones anteriores se sustentará nuestro reclamo sobre Belice?
            Además, ¿bajo qué cláusulas constitucionales podría un Ministro negociar partes del territorio de la República de Guatemala?
            Porque al respecto Guatemala, sabiamente, al fin ha escogido la vía jurídica por encima de cualquiera otra, como siempre debería haber sido, nos congratulamos todos.
            Por otra parte, el hoy “independiente” Estado de Belice ha declarado, por boca de su ex primer ministro George Price que “not one inch”, ni una pulgada, de ese enclave caribeño será devuelto jamás a Guatemala.
            Sin embargo, todavía en 1947 Guatemala contaba a su favor con el voto de un 95% de los países miembros de las Naciones Unidos. Para la reunión posterior de la OEA en Caracas en 1954, dieciocho de los veinte Estados ahí representados (con las excepciones de Brasil y los EE.UU.) aprobaron una resolución introducida por la República Argentina contra la presencia por ese entonces de potencias extracontinentales, la que apuntaba principalmente al Reino Unido y a sus colonias del Caribe y las Malvinas.
            Pero en 1981 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la “independencia” de Belice por la resolución 35-20 con 144 votos a favor, 7 abstenciones y sólo  uno en contra (el nuestro).
            ¿Qué había pasado en el entretanto para que ni siquiera los Estados centroamericanos se solidarizaran con la posición de Guatemala?
            Estaba Lucas en el poder y la insurgencia se había encargado profusamente de desacreditar su régimen, sobre todo en Europa y la América del Norte. Tampoco nuestra Cancillería daba muestras de haber salido de su habitual letargo. Y la prensa y la radio guatemaltecas, en buena parte amordazadas, dieron escasa importancia a tal evento. Por lo tanto, lo mismo hizo la ciudadanía en general.
            En una exposición, empero, que me cuenta el Lic. José Enrique Cabrera Pivaral hizo ante tres jueces de la Corte Internacional de Justicia en La Haya en fecha tan reciente como 2002, dos de ellos aseguraron que nuestro sustento jurídico para ganar el diferendo debería hacerse valer ante esa Corte.
Y la documentación que me ha mostrado hasta ahora me ha convencido que ése habrá de ser el procedimiento a seguir.  
           
           

En torno a una tierra en el olvido
 
Por: Armando de la Torre
 
 
            Belice, clásico ejemplo del dilema entre principios (del derecho internacional) versus intereses (de minorías estratégicamente instaladas en la cima del poder).    
El Gobierno de Guatemala (que no el de Alvaro Colom) se ha encaminado, al fin, por el rumbo correcto tras décadas de yerros y aun de traiciones, al acudir a la Corte Internacional de Justicia en la Haya para dirimir de una vez por todas su diferendo sobre tal territorio con la Gran Bretaña.
Mi ansiedad radica en si nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores se hallará  preparado para enfrentar a tan formidable adversario como el Foreign Office británico, valido ahora de las autoridades supuestamente “soberanas” de Belice, instaladas unilateralmente por ellos y por ellos no menos subvencionadas.
Todo arranca de un malhadado acuerdo en 1783 del “ilustrado” monarca, Carlos III, con su contraparte inglés, Jorge III, para permitir a la flota inglesa reabastecerse de agua y leña dentro de un perímetro de unos cuatro mil kilómetros cuadrados en el litoral septentrional de la Capitanía General de Guatemala.
Sobrevino la independencia, luego el caos civil de las Provincias Unidas, más tarde las alternancias violentas de conservadores y liberales...  En el entretanto, el imperio de la Reina Victoria transplantó isleños con sigilo del Caribe al enclave, y lo amplió de facto hasta abarcar ya hacia 1859 22,000 kilómetros cuadrados.
En el entretanto, los líderes guatemaltecos porfiaban entre sí por consolidar sus respectivos  “egos” sobre porciones más anchas del poder nacional…
           
La secuela de la infiltración subrepticia de los unos, y de la contínua irresponsabilidad antipatriótica de los otros, es ese conflicto irresuelto de títulos de posesión que se ha prolongado sin necesidad hasta el día de hoy.
A nivel mundial sobran los precedentes.
Por ejemplo, cuando el gobierno de Nehru de la India en 1961 irrumpió militarmente en el pacífico enclave portugués de Goa,  viejo de más de 400 años, la Gran Bretaña lo aplaudió, consumado el hecho, con una oportuna referencia al principio del respeto a  “la integridad territorial” (supuestamente de la India de principios del siglo XVI).
            Cuando casi treinta años más tarde el gobierno  de la Argentina intentó hacer exactamente lo mismo contra el enclave británico en las Malvinas, el gobierno de Margaret Thatcher le opuso feroz resistencia, esa vez bajo el pretexto del respeto al principio de “la autodeterminación de los pueblos”.
            Tales maniobras podrían ser aplicadas algún día a los casos de Gibraltar  o del territorio vecino a Venezuela del Esequibo. 
            Los gobiernos imperiales se suelen aferrar a sus usurpaciones y sólo después, mucho después, enarbolan los principios sobre los que habrán de justificar sus zarpazos.
            Inglaterra a todo lo largo del Siglo XIX despojó paulatinamente a Guatemala de la mayor parte de su acceso al mar, no ya sobre la base de los cuatro mil kilómetros cuadrados del inicio sino de los enteros 22 mil kilómetros desde entonces en disputa.
            Sus contrapartes fueron, tristemente, políticos guatemaltecos de variadas persuasiones,    maquiavelamente “prácticos”,  y durante demasiado tiempo otros Narcisos absortos en el culto a sus desmesurados egos.
¿Algo nuevo?
            Sobre bases de estricta certeza jurídica, Guatemala tiene todas las de ganar. Desde perspectivas, en cambio, de pura realpolitik, como ha solido ser,  podríamos  de nuevo perder.
            La Comisión en el Ministerio de Relaciones Exteriores competente para proponer soluciones ha tendido a la improvisación cortoplacistas, sin bases documentales suficientes ni dentro de los parámetros de una estrategia sostenida.
            En la Universidad Marroquín, empero, desde el tiempo de la inclusión de Don Alberto Herrarte en su claustro de profesores, hemos ahondado en el tema y disponemos hoy de documentación que creo haría de la recuperación de todo Belice un fallo más que probable.     
           

Nuestra democracia es ¿“nuestra”?
Por: Armando de la Torre
            Diecisiete “diputados” han pretendido por anticipación sesgar la discusión en el pleno del Congreso sobre las reformas a la Constitución propuestas con apego a la misma por 73,000 conciudadanos.
Pájaros que disparan a escopetas, sirvientes insubordinados al soberano, mensajeros hostiles al Mensaje del que habrían de ser portadores.
            O… lógica “positivista” de ciertos autodefinidos demócratas…
            Esta sola indiferencia formalista a lo de veras serio es una invitación urgente a las reformas constitucionales de las que parecen no gustar.
            El “Corán” de 1985 que nos sirvieron los talibanes y los leguleyos a su servicio se ha hecho la herramienta para este último abuso del poder “legal”. En  términos de real politik, sugiere que los proponentes de las reformas hubieran alcanzado su meta si hubiesen traicionado sus principios éticos y hubiesen optado por la alternativa de la violencia criminal, como se comprobó en 1996, una vez más al capitular el entero sistema de justicia ante el embuste de hipócritas “acuerdos de paz firme y duradera”.
            Ahora veremos qué pasará ahora en el pleno.
            El proyecto, de entrada, parecerá a algunos demasiado novedoso y encumbrado, cual no ha habido otro en toda la historia de la Guatemala independiente. Pero espero que acabarán por entender que es nuestra única esperanza de un cambio acelerado en el ritmo de nuestro desarrollo humano y jurídico, la llave, para un genuino Estado de Derecho, esto es, de efectivos pesos y contrapesos, la garantía más eficaz de la igualdad de todos ante la ley.
            Pero para ello, primero, habría de leérseles sin prejuicios clasistas. Además, sé de miembros de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que no se hicieron presentes ni a una sola de las exposiciones a favor o en contra. Sé de otros que simplemente obedecieron a consignas ideológicas. Y,  encima, de los múltiples intereses creados a los que la mayoría de las izquierdas, centros y derechas de Guatemala tradicionalmente se aferran.
            Pero también sé de la caída inevitable, al largo plazo, de esos y otros muros, y de la tenacidad vital de los grandes principios seminales que han dado vida a tantos bosques frondosos a cuya sombra han prosperado los pocos pueblos felices que en la historia han sido.
            Si el pleno del Congreso trata la propuesta ProReforma con la misma ligereza que esos miembros de la comisión a los que me refiero, el remedio para el estado calamitoso de la nación tardará mucho más en llegar. Y nuestros hijos y nuestros nietos habrán de arrastrarse por la misma cuesta arriba del hastío por la que nos arrastramos hoy. ¿Es esto, acaso, lo que prefieren los obcecados que se oponen a las reformas?...
Por nuestra parte, nunca  abandonaremos el esfuerzo para que algún día, más temprano que tarde, se logren implementar tales cambios.
            El cortoplacismo que suele predominar entre los agentes políticos al uso les impide, quizás,  reconocer que los hombres y mujeres de convicciones morales profundas aceptan perder una batalla pero no la guerra.
            Así sucedió con los primeros demócratas clásicos en la Antigüedad, después con los liberales constitucionalistas durante los siglos XVII y XVIII,  y  ahora con quienes propugnamos desde mediados del siglo XIX, por un Estado de Derecho,  logro ya de una treintena de naciones, por eso las más civilizadas, opulentas y pacíficas del orbe.
            Se dice de los guatemaltecos somos poco propensos a la lectura, cuanto menos a la recepción crítica de lo poco que leemos. Pero, ¿por qué habrían de extenderse estos deplorables rasgos a los diputados? ¿Cuándo se empeñarán  todos los que se pretenden líderes públicos salirse del montón de los anónimos analfabetas funcionales que les otorgan su favor en las urnas? ¿Habremos de permanecer adolescentes inmaduros que juegan con el sufrimiento de todos?...
            A veces he recibido a tal pregunta una indignada respuesta: “¡Esta es la Constitución que nos dimos!”
            “¿Nos?”…
              

DE CUANTAS MANERAS LOS GOBIERNOS HACEN LA GUERRA A SUS PUEBLOS (III)
 
Por: Armando de la Torre
            Aunque la mentira y el abuso de la fuerza son armas de uso diario por la mayor parte de los gobernantes para expoliar a sus pueblos, la historia muestra que el arma clave por excelencia para esclavizarnos es toda medida que debilite y reduzca nuestros derechos de propiedad individuales.
            Se tiene por más fundamental entre los derechos humanos el derecho a la vida, porque sin ella resulta inconcebible cualquier otro derecho. El segundo prioritario en la escala universal de los valores es a la libertad en todas sus aplicaciones morales, porque sin ella la vida no valdría la pena ser vivida.
            Concuerdo con que la vida y la libertad son esas preseas que habríamos de poner a la cima de nuestra escala ontológica de valores. Pero desde un punto de vista “práctico”, esto es, histórico, tal jerarquía se nos parece otra. Pues sin el derecho a la propiedad (privada, o plural como la llamaban algunos liberales clásicos) devendría imposible la defensa de todo otro derecho frente a quienquiera intente arrebatárnoslo, y se nos haría imposible que nos mantuviéramos con libertad y con vida.
Los esclavos mueren jóvenes, no se rebelan, porque si sobre nada tienen derecho a retener como propio, ¿con qué armas podrían hacer efectiva su rebelión? El tan mencionado gesto de Espartaco se lo hizo posible aquella hermenéutica del derecho romano  de su tiempo que les reconocía a los esclavos gladiadores el “ius peculii” en su privilegio a la posesión legítima de  sus armas en cuanto “instrumentos” de trabajo.
            En el siglo XX, la abolición del derecho a la propiedad privada en los regímenes totalitarios comunistas fue la razón última de la perdurabilidad de estos últimos, como lo atestiguan todavía las tristes experiencias de Corea del Norte y de Cuba.
            A los hombres y mujeres de poder nunca han aceptado tener que enfrentar a competidores si lo pueden evitar. Por eso, por ejemplo, para la consolidación de las monarquías nacionales hubieron de someter violentamente a los aristócratas a su dominio. Así ocurrió en la España de Felipe II y más tarde en la Francia de Luis XIV. Así se le hubo de facilitar a Pedro el Grande en la retrógrada Rusia de los boyardos…
A partir de la revolución industrial, los gobernantes han visto con aprehensión, por  razones parecidas, el surgimiento de los burgueses sumamente exitosos, ya sean eficaces terratenientes, empresarios en el comercio o la industria, banqueros y financistas opulentos.
Hoy, los aspirantes a dictadores demagógicos no menos enfocan su artillería más pesada hacia los dueños de los medios masivos de comunicación, o de las grandes cadenas comerciales y de bancos de mayor renombre, o aun hacia los intelectuales de mayor ascendencia sobre las masas de lectores, incluídos líderes religiosos -el Dalai Lama, el más conocido-, que a semejanza de los gladiadores de antaño, se les reconoce el “peculium” espiritual suficiente para que se sientan capaces de dar un altisonante “NO” a los políticos.
Claro que por el costo tan alto de las confrontaciones, las democracias hoy favorecen las “concertaciones” pacíficas, y que por eso se ha llegado a la multiplicación de “matrimonios de conveniencia” entre gobiernos y oposición por los que los poderosos y los que aspiran a serlo se alían para consolidar los privilegios del poder.
            El mejor ejemplo de tales alianzas nada santas podría ser la propiedad del subsuelo que políticos y “empresariuos” pactan para explotar.
            En los siglos inmediatamente posteriores a la Conquista pudieron así los Hasburgos extraer todo el oro y la plata de América para financiar sus guerras en Europa, al estilo hoy de Hugo Chávez y Evo Morales, o ayer del PRI en México, para la compra de votos de entre masas ignorantes y sin la más mínima visión de largo plazo en sus respectivas contiendas electorales.
            Y donde la minería no es tan opulenta, la astucia del ambicioso encuentra otras fuentes, por ejemplo, la “cohesión social”,…

Por: Armando de la Torre
Además de que nadie gusta que le mientan, tampoco gusta de que le fuercen a competir  por lo suyo.
El deportista aficionado compite por el flujo de adrenalina del que disfruta, igual que los niños al jugar. Pero el trabajo disciplinado y productivo no es un juego, es mera rutina para la supervivencia.    
            Ese fue, por cierto, el gran vacío en la memoria de Marx cuando creyó factible su utopía de la “sociedad sin clases”, esto es, sin competidores, sobre el supuesto de que en una comunidad entre iguales cada uno daría libremente a los demás según sus habilidades y recibiría de ellos según sus necesidades.
Pero desde Darwin estamos sabidos de que eso no puede ser así.
Esto último, al contrario, lo hemos sobrellevado como la aflicción permanente en la existencia humana, la bíblica imperiosidad de tener que ganarnos el pan con el sudor de nuestras frentes.
En la específica cuestión tributaria se traduce al regateo incesante entre la fuerza de los contribuyentes al fisco y la de sus gobernantes, siempre enfrentados por disponer de esos mismos recursos escasos. Más desagradable aún cuando la calidad del gasto público se torna pésima.
            Los políticos, con los burócratas a su servicio, abusan de su monopolio del poder coactivo para extraer lo máximo de los bolsillos de quienes producimos la riqueza de las naciones. Y si se les soporta, incluso se reservan una tajada de león para sí mismos.
Una alternativa seductora se nos ha planteado con la anarquía, o ausencia del Estado. Sin embargo, se ha comprobado otra extravagancia utópica, dados los extremosos precedentes en algunos de sus más exaltados seguidores durante el siglo XIX y principios del XX, que encima, se autotitularon “libertarios”.
            Entonces, cuando a través de partidos políticos se nos preceptúan constituciones escritas, se olvidan esas lecciones de las utopías y, en su lugar, se nos obsequian propuestas teóricas por las que minuciosamente se intenta coordinar nuestras iniciativas de acuerdo a los criterios hipotéticamente racionales de quienes legislan.
Para implementarlas necesitan de nuestros escasos recursos. Y así explicó Federico Bastiat por qué el augusto concepto de “Ley” había degenerado ya en su tiempo al nivel de excusa legal para que un grupo de ciudadanos expoliara a los demás primordialmente en beneficio de sus propios intereses particulares o gremiales.
            Príncipes, presidentes, dictadores, y aun genuinos demócratas, casi siempre creen que tales recursos les son insuficientes para cumplir con las metas expansivas y detalladas que otros políticos les habían asignado mediante Constituciones que hoy se califican de “desarrolladas”.
            De ahí que el costo de tener gobierno se haya acrecentado sin tregua, al amparo de tales facultades discrecionales que, en cambio, suelen utilizar con la misma energía contra los adversarios y violadores de los derechos ajenos, y para el logro de lo cual habría de costearse un sistema de justicia pronta y de veras imparcial.
La lucha durante el siglo XVII de los liberales ingleses estuvo precisamente enderezada a poner límites a los políticos para el uso de la fuerza.  Y la primera constitución escrita, un siglo después en suelo americano, se concentró en lo mismo: poner candados a los posibles abusos de quienes detentan la fuerza legal. Ello se constituyó, en realidad, en el intento oblicuo de salvaguardar aquel principio fundante que formularon los griegos bajo el término de isonomía, es decir, el de la igualdad de todos ante la ley, siempre inconciliable con el abuso privilegiante de la fuerza por parte del Estado. 
Para el logro de este ideal, 73,000 votantes guatemaltecos han propuesto al Congreso de la República unas enmiendas (www.proreforma.org.gt) que los satisfechos con el “status quo” adversan.
De no ser aprobadas, el poder coactivo asequible a las autoridades continuará en manos de enemigos de la sociedad abierta.