Por: Armando de la Torre

Podemos definir la democracia para todos como el sistema que permite que los gobernantes cuenten con el consentimiento de los gobernados. Este es su fin último.
Generalmente se ha aceptado que el mejor medio para expresar tal consentimiento es a través del voto secreto y mayoritario en elecciones periódicas.

José Ortega y Gasset, sin embargo, en su obra "España Invertebrada", ofreció una aclaración adicional en torno a los dos enfoques en competencia sobre ese medio de elecciones periódicas para lograr una democracia constitucional, reducidos a su mínimo ideológico: el socialista y el liberal:
...Democracia y liberalismo son dos respuestas a dos cuestiones de Derecho político completamente distintas. La democracia responde a esta pregunta: ¿quién debe ejercer el poder público? La respuesta es: el ejercicio del poder público corresponde a la colectividad de los ciudadanos. Pero en esa pregunta no se habla de qué extensión deba tener el poder público. Se trata sólo de determinar el sujeto a quien compete el mando. La democracia propone que mandemos todos, es decir, que todos intervengamos soberanamente en los "hechos sociales". El liberalismo, en cambio, responde a esta otra pregunta: quienquiera que ejerza el poder público, ¿cuáles deben ser los límites de éste? La respuesta suena así: el poder público, ejérzalo un autócrata o el pueblo, no puede ser absoluto, sino que las personas tienen derechos previos a toda injerencia del Estado.
Interpreto esa respuesta a la primera pregunta como lo más substancial en la concepción socialista del Estado democrático. Y la respuesta a la segunda como el rasgo típico de una posición liberal.

Concuerdo con esta visión liberal de la democracia según Ortega. Y es que ambas maneras de ver la democracia mayoritaria, la socialista y la liberal, nos dividen con respecto al significado que otorgamos a ese "consentimiento" de los gobernados. Para los socialistas lo esencial es determinar quien gobierna; para los liberales, la primera prioridad a aclarar es cuanto gobierna.
El espíritu que anima a los partidarios de la reforma parcial de la Constitución guatemalteca vigente (www.proreforma.org.gt) es estrictamente liberal. Por tanto, podríamos suponer que lo parcial de la reforma va enderezado a limar los efectos de la concentración excesiva del poder en pocas manos que guió a los constituyentes "socialistoides" -sin que muchos se percataran de ello- en 1985.

Curiosamente, la posición liberal y la socialista derivan de los respectivos puntos de partida antropológicos de J.J. Rousseau y John Locke. Para el primero, la naturaleza humana es buena y sólo se corrompe en una sociedad donde los hombres son tenidos por desiguales ante la ley. Esto implicaría que en el caso de una sociedad de iguales, como supuso, por ejemplo, Robespierre que era la suya de la Revolución, se impondría en el gobernante la bondad de la naturaleza y no habría de temerse que el poder concentrado en pocas manos fuera abusado.

John Locke, en cambio, partía de la premisa bíblica de que la naturaleza humana tiende al mal desde la caída original de Adán y Eva y que, por tanto, de ninguna manera podría confiársele  el acaparamiento del poder a unos pocos. Por eso los liberales afines a su manera de pensar siempre han procurado la máxima división de poderes que sea compatible con la unidad política de un pueblo.
La perspectiva roussoniana se hizo más tarde muy evidente en Marx, mientras que la de Locke permeó toda la filosofía de los autores de la Constitución de los Estados Unidos (1787).


El proyecto de reforma parcial a la constitución vigente que promueve un amplio segmento de ciudadanos guatemaltecos entraña, así, una corrección bienvenida al utópico sueño de los constituyentes de 1985, cuyos patéticos resultados están a la vista.
                                                                                                           ¿Escogemos?
                                                                                                            (Continuará)