Mucho, y bien, se ha argumentado contra las indebidas intromisiones de los gobiernos en los mercados, que sirvieron de detonantes para el terremoto financiero internacional con epicentro en Washington D.C. y réplicas en Wall Street.

            Quiero aportar una reflexión adicional sobre la evidente irresponsabilidad de algunos gerentes a la raíz de todo ello.

            Parto del supuesto que nos ha inculcado con terrible eficacia una dolorosa experiencia de milenios, de que si cada uno no se autoregula libremente por normas éticas mínimas, algún otro se encargará de hacerlo por nosotros con normas legales, esto es, coactivas, y, además, indeseables.

            Porque la libertad para actuar jamás ha sido, ni puede ser, absoluta. Cada individuo habrá de internalizar esos obvios límites imprescindibles a su propia conducta requeridos para su convivencia con los demás. Como reza la fórmula tajante: mi libertad termina donde empieza la del otro.

            Por ello, para el funcionamiento de un mercado de veras libre sobresalen dos prohibiciones éticas que los moralistas nos han hecho explícitas: de nunca recurrir a la fuerza (o a la amenaza de usarla), ni de tampoco valernos del engaño, en nuestros intercambios voluntarios.

            Son normas supremas, "sine quibus non", para gerentes y dueños, o accionistas, de las corporaciones, que al mismo tiempo han de procurar mantener rentables sus empresas.

            La relativa independencia de los gerentes de hoy es cauda de una evolución histórica del mercado, que ha llevado crecientemente a que a la hora de decidir se erijan ellos mismos sustitutos de los propietarios de los medios de producción.

            Cuando la gerencia de la ENRON, por ejemplo, alentó a sus empleados a comprar acciones de la empresa al tiempo que ellos, en sigilo, vendían las suyas porque tenían acceso privilegiado a información sobre lo crítico de la situación contable de su corporación, abusaron masiva e irresponsablemente de la propiedad, y por consiguiente de la libertad, de sus propios empleados.

            O cuando el gobierno federal de los EE.UU. manipuló las tasas de interés hacia abajo, para crear artificialmente una demanda irreal del crédito, en especial para viviendas, los gerentes de los gigantes hipotecarios Freddie Mac (1970) y Fannie Mae (1938) paraestatales cayeron de bruces en la tentación de respaldar incluso los préstamos de demasiado riesgo ("sub prime"), para compensar así con un mayor volumen de préstamos sus disminuidos réditos, todo en base a la expectativa adicional de un seguro rescate en caso de bancarrota por parte de quien dispone del monopolio legal de la fuerza, el gobierno.

            Otro tanto ocurrió cuando los gerentes de grandes y famosas firmas de Wall Street se recetaron cuantiosas bonificaciones, al paso que sus empresas tambaleaban. 

El grave dilema moral en juego es que el Estado no dispone de otros fondos para rescatarlos que los que ha previamente extraído a la fuerza a sus ciudadanos, la mayoría ni parte, ni debería hacérseles parte, del fracaso gerencial.

Todo rescate es mercantilismo cortoplacista de la más pura cepa, a la que, por desgracia, se muestran proclives ciertos gerentes y empresarios tanto del agro como de la industria y de la banca, que rehúsan competir bajo reglas iguales para todos.

En teología moral se habla del imperativo de evitar las ocasiones de pecado. Si el engaño y el recurso a la fuerza los conceptuamos de pecaminosos -o, para el incrédulo, al menos de inmorales- se sigue que cualquier manifestación de mercantilismo es siempre éticamente reprobable.

Al origen, por tanto, de una crisis que aparenta ser cuestión de técnicas financieras, se ha manifestado, por encima de todo, una debilidad de criterio moral en los gerentes, de lo que las Escuelas de Negocios y facultades de Administración de Empresas que los educan deberían tomar atenta nota.

El fin jamás justifica los medios. La codicia no es virtud; la prudencia, sí.