Sobre ProReforma II

Por: Armando de la Torre

La Licda. Velásquez Nimatuj insiste en que la exposición
de motivos para la reforma parcial de la Constitución propuesta por
más de setenta mil ciudadanos le parece insuficiente.

Cuando los representantes del “Tercer Estado” (“tiers
état”) de Francia se erigieron en Asamblea Constituyente en 1789 sin
el permiso del Rey que los había convocado -más bien en contra de su
voluntad-, sus pocos motivos explícitos se reducían a la contemporánea
situación anárquica que vivía Francia desde la toma de la Bastilla.
Es verdad que un año antes el Abate Sieyés había publicado un muy
sensato y elocuente ensayo con el título Qué es el Tercer Estado que
les sirvió de base argumentativa. Ahí se leían sus célebres preguntas
introductorias “¿Qué es el Estado llano? Todo. ¿Qué ha sido hasta el
presente en el orden político? Nada. ¿Qué pide? Llegar a ser algo”.

Un par de años antes, de este lado del Atlántico, los
delegados de las trece colonias recién independizadas de Inglaterra,
reunidos en Filadelfia supuestamente para mejorar los Artículos de la
Confederación de 1781, decidieron, sin más preámbulo, abolirlos todos,
y en su lugar darse a puertas cerradas una Constitución escrita que
perdura desde el 2 de julio de 1787 (oficialmente se conmemora dos
días después, cuando se hizo pública).

Tanto en estos dos casos paradigmáticos como en muchos
otros que les han sido posteriores, se ha aducido siempre como motivo
la situación del momento.

A nuestro proyecto de reforma lo justifica la historia de
Guatemala del último cuarto de siglo o, si se quiere, de los últimos
cien años.

Siempre bajo las reglas constitucionales vigentes, la
violencia criminal ha aumentado hasta su cota promedio actual de 18
asesinatos por día.

La impunidad se extiende al 98% de esos y otros muchos
hechos delictivos, y mientras tanto los narcotraficantes comodísimos.

Sonoros escándalos por corrupción han empañado a cada uno
de los sucesivos gobiernos desde 1986.

Del analfabetismo aún adolece un cuarto de nuestra
población adulta, 160 años después de haberse decretado la
escolarización obligatoria.

Los índices de desarrollo humano se mantienen
desalentadoramente a la mitad inferior de la media mundial.

La desnutrición infantil, por ejemplo, atenaza a un tercio
de nuestros conciudadanos ya adultos, evidenciada por sus bajísimos
niveles de comprensión.

La calidad de las ofertas de los políticos nunca se acerca
a la altura de las demandas por sus electores de mejor criterio, los
más productivos y los más cultos.

El resultado final es que los tres poderes del Estado
desmoralizan a diario a nuestros jóvenes con su ineptitud y codicia.

Los formalismos jurídicos, encima, asfixian a la entera
administración de la justicia.

Y las fuentes de inversiones se secan.

De ahí que un millón y medio de guatemaltecos haya
emigrado en pos de mejores oportunidades de trabajo en el extranjero.

Y a propósito del extranjero: se nos prometió por su
mediación una “paz firme y duradera”, de la que “gozamos” hoy…

Además, se  nos asegura por los mismos que el fin de la
impunidad está cerca, cuando son nadie menos que el presidente de la
república, su esposa, su secretario privado y cuatro de sus
financistas los acusados públicamente post mortem por una de sus
víctimas de triple asesinato, y todavía nada se ha movido.

¿Conoce usted algún fiscal general que nos haya sido útil…?

El “servicio civil” languidece, convertido en feudo para
parientes y clientes de los gobernantes de turno, y no magneto para
los diestros y honrados.

El despilfarro de los fondos públicos nunca ha sido más
bochornoso y dañino al largo plazo. No hay contralor que valga,
tampoco siquiera para el alivio de nuestra deuda externa por la gracia
de nuestros diputados, mucho menos de esos ochenta y dos millones  que
nos “ahorraron”.

El menosprecio internacional hacia Guatemala es más
punzante que hasta en los tiempos de Estrada Cabrera.

¿Mayor exposición de motivos, licenciada?…

Sobre Proreforma

 

La Licenciada Irmalicia Velásquez Nimatuj publicó el lunes
20 en su habitual columna de opinión en elPeriódico una apreciación
suya sobre el proyecto de reforma parcial de la Constitución que me
parece merecedora de comentario por mi parte.
 
Según ella, “este proyecto …no sólo carece de una extensa
y profunda exposición de motivos que justifiquen los cambios que
propone,… sino también adolece de claridad en el uso de los
principales términos… Al leerla detenidamente” -prosigue- “deja la
impresión de que reglas y sistemas son usados como sinónimos y en
otros momentos dejan la sensación de que maquiavélicamente y de
acuerdo a sus intereses reducen la complejidad de los sistemas a
elementales reglas”.
 
Esto último lo califica de “debilidad conceptual” en
cuanto a su criterio viene a equivaler a una simplificación. “Además,”
añadió, “de la poca claridad teórica de la propuesta, se evidencia que
coloca a los sujetos como simples víctimas al argumentar …que la
mayoría de los guatemaltecos no encuentra oportunidad de mejorar con las reglas existentes…”
 
Como aquí se trata de una reflexión serena y bien
intencionada, creo que es deber de quienes acuerpamos el proyecto de tomar en serio lo que nos dice.

Concuerdo que probablemente hemos pecado de simplistas en la
exposición de nuestros razonamientos y conclusiones. Fenómeno nada nuevo en la prensa. Yo también me siento muy frustrado por esa reiterada e inevitable imposibilidad de abordar con profundidad en una mera columna de opinión cualquier tópico que se ofrezca a nuestra curiosidad intelectual.
 
Por eso le propongo como ensayo mínimo de respuesta
discutir cada punto en el orden de importancia que sus promotores
establecen en la dirección digital arriba indicada, aunque nos pueda
llevar meses.
 
La Asociación ProReforma fue fundada en el 2005 en cuanto
cívica, no partidista, e independiente de todo interés individual o
gremial, y que se presentó desde el primer momento con una propuesta constitucional específica y de alcance limitado.
 
Su objetivo, de acuerdo a sus estatutos, es facilitar el
logro de un genuino Estado de Derecho para Guatemala mediante ciertas enmiendas parciales a la Constitución que para nada toquen su cuerpo pétreo o dogmático y que, por lo tanto, no requieren de una convocatoria a una asamblea constituyente.
 
De ser aprobada según el trámite de la Constitución
vigente, permitiría afrontar y resolver los problemas más ingentes de
nuestro pueblo, tales como esos altísimos niveles inaceptables de
violencia, también de deserción paterna, de desnutrición infantil, de
pobreza, injusticia, ignorancia e ineficiencia y corrupción en el
sector público y en el privado, índices que todavía nos mantienen de
rodillas en el suelo de un anacrónico e injustificable subdesarrollo.
 
No por ausencia de leyes, como lo prueban los sucesivos
regímenes constitucionales que el país se ha dado a lo largo de la
historia, y todas las codificaciones que les han sido subalternas.
 
Nosotros, los proponentes de las reformas, después de una
vida de estudios, razonamientos y autocríticas, hemos concluido, que
la evidencia abrumadora de los pueblos conduce siempre a la misma
lección: son las reglas del juego entre humanos para la convivencia
pacífica las que los hacen progresar o estancarse, avanzar o
retroceder, ser felices o atormentados.
 
Así como en el tráfico vial la asignación inteligente de
semáforos, la advertencia oportuna de los derechos de vía, o el
trazado expedito de las calles inciden decisivamente en la seguridad y fluidez del mismo, también en el horizonte cívico colectivo que tan
dolorosamente ahora nos aflige son las normas éticas, las jurídicas y
las del trato social por las que de veras se rigen los individuos las
determinantes en nuestro constatable bienestar o en nuestra obvia
desdicha.
 
Si fuéramos sólo víctimas y no sujetos no estaría en
absoluto preocupado.

            (Continuará)

La oportunidad del milenio

 

Hace mil años, entre los habitantes que ocupaban este espacio físico que llamamos Guatemala no podía obviamente existir lo que hoy entendemos como un “Estado de Derecho“.

 

Ya no regían los ordenamientos políticos de la cultura maya clásica, emigrados a otros rincones de Yucatán y Chiapas, o simplemente perdidos al calor de guerras fratricidas en un “hábitat” cuyos suelos por demás estaban exhaustos.

 

Ni menos pudo darse durante el régimen colonial establecido a principios del siglo XVI por las autoridades imperiales españolas, y ni aun siquiera lo tenemos hoy al cabo  de casi dos siglos de independencia nacional.

 

La posibilidad, entonces, de erigir por primera vez en esta tierra un sabio sistema institucionalizado que combine la máxima libertad de cada cual con una justicia pronta de veras igual para todos, toca a nuestras puertas a través del proyecto de reforma parcial de la Constitución vigente, presentado con toda legitimidad ante el Congreso de la República por 73000 ciudadanos.

 

Su aprobación sin cambios por los diputados, y el plebiscito ulterior que también le habría de ser mayoritariamente favorable, significarán un mayúsculo salto cualitativo hacia ese magnífico ideal de perfeccionamiento cívico.

 

Es un esquema avanzado de reformas, reflejo de las conquistas fehacientes de las sociedades más prósperas y pacíficas, y fruto de las reflexiones de algunos de los más ilustrados y sagaces pensadores contemporáneos. Además, reúne las experiencias concretas acumuladas por personas respetuosas de las leyes y distinguidas a un tiempo por logros personales incuestionables.

 

Precisamente por tan excelente calidad ha despertado los usuales automatismos en algunas personas condicionadas por la mediocridad de su propia formación y, por qué no decirlo, también por cierta incapacidad para  imaginar cualquier cosa que vaya más allá de los estrechos límites de su rutina cotidiana.

 

La primera sorpresa para los enclenques cívicos, pues, consiste en que la mencionada propuesta no viene de “partido” político alguno.

 

Algunos, sin embargo, que han despotricado contra la ausencia de democracia al interno de los partidos, así como contra lo ruinoso de sus clientelismos burocráticos y lo denigrante de sus hábitos nepotistas, y que, encima, han condenado una y otra vez la obvia y corrupta ineptitud administrativa de los detentadores del poder público, igual que sus evidentes carencias de visión de largo plazo y de planes efectivos de desarrollo, adversan sin fundamento ese cambio que nos posibilitaría llegar a algo mucho mejor de lo que durante mil años hemos tenido.

 

La propuesta surge desde abajo, no desde el “arriba” partidista, respaldada por millares de conciudadanos “de a pie” que piden convocar a una consulta popular según la legislación vigente, bien razonada y estructurada, además, realista, para asegurarnos el logro de lo que todos decimos querer. No se les ocurre, empero, a quienes la adversan, otra reacción que de conceptuarla de “elitista, excluyente y hasta de racista”.

 

Es posible que en nuestro caótico subdesarrollo la magnífica iniciativa acabe por ser ahogada entre aullidos de impotentes y barricadas callejeras. Eso explicaría lo perdurable de nuestro atraso colectivo y privaría de paso a nuestros hijos aun de la esperanza de vivir una Guatemala a tono con las civilizaciones más avanzadas del siglo XXI.

 

Me permito sugerirle, apreciado lector, que primero se familiarice con el texto de la propuesta. La más avanzada tecnología digital nos lo hace fácil e instantáneo: diríjase al portal del Comité ProReforma (www.proreforma.org.gt)

 

Para una aproximación inicial, lea cuidadosamente la propuesta de creación de una segunda cámara legislativa, la gloria de la otrora república romana y el rasgo distintivo hoy de las naciones líderes.

 

También lo que apuntala la independencia del poder judicial, del contralor general y del fiscal general.

¡Resistan hondureños!

 

Catrachos, no pierdan de vista que el tiempo está de su lado. ¡Resistan, compatriotas centroamericanos!

La batalla no se está dando entre anti-Mel y pro-Mel. El hombre se mareó de poder por haber ingresado al olimpo de los secuaces del bufón del Sur: debió haber sabido que los aspirantes a totalitarios no tienen amigos sino títeres. Pero en cuanto a lo que están encarando, catrachos, sepan que este jaleo descomunal y sui géneris no es entre hondureños, sino entre ciudadanos y dictadorzuelos.

 

Ciudadanos y dictadorzuelos de todas partes, especialmente iberoamericanos. Vean cómo estos últimos han corrido a taparse todos con la misma cobija en la malhadada OEA: ya hubiese yo querido escuchar tan estruendoso aullido cuando Ortega se robó las elecciones municipales. Pero entre gitanos no se leen las manos, ¿verdad? De modo que de la “comunidad internacional” no podemos esperar sino que mire para otro lado cuando los muchachotes se desmandan saqueando, reprimiendo gente y royendo constituciones a su antojo, siempre que, eso sí, sean presidentes “electos democráticamente”, igual que Hitler.

 

¡Ah! Pero que no se les ocurra a los ciudadanos empezar a exigir por vías institucionales -congresistas, jueces, magistrados electorales, ejército, procurador de derechos humanos- la defenestración de uno del clan… porque ahí sí arderá Troya (o Tegus). “Cómo se atreven a meterse en nuestro terreno”, despotrican, “si el Estado somos nosotros. Primero gritaremos golpe. Luego hablaremos, y en ello nos secundará la progresía que para eso está, de los años 80, y a los militares les llamaremos gorilas, olvidando muy convenientemente que nuestro titiritero prior es uno de esos nomás que rojo, ¿será orangután?, no importa, lo importante es graznar en coro y amenazar, pues a uno de los nuestros no se le puede deponer por las malas… ni por las buenas”.

 

Manténganse firmes hondureños, pues sí se les puede deponer por las buenas. Es más: se les debe cesar, si no quiere parar uno a merced de ellos.

 

Ya es hora de que los istmeños comprendamos un par de cosas. Una, que un gobierno no está formado sólo por un Presidente. Porque si sí, mejor declarémonos monarquías regidas por un déspota absolutista; al menos habrá algún chance de que sea ilustrado, no una piltrafa corrupta y ridícula como las que merodean por aquí con pretensiones de eternizarse. Pero mientras sigamos como repúblicas, hay que entender que esta forma de gobierno se caracteriza por la división de poderes estatales, en un contexto político electivo, representativo, alternativo y responsable.

 

Dos, acabemos de internalizar que ni la OEA, ni la ONU, ni algunos gobiernos regionales son petates de muerto para asustar: son organizaciones donde el neototalitarismo campea a sus anchas. Si se bloquea la finca isleña de los Castro es “embargo criminal”, si Chávez amenaza con injerencia militar en asuntos ajenos no se dice ni pío, pero sin sonrojo se les cierran a catrachos, chapines, guanacos y nicas las fronteras por 48 horas, en una decisión “presidencial”, no de gabinetes económicos, contraviniendo la más elemental decencia, amén de acuerdos de integración y tratados comerciales.

 

Aguanten catrachos por el bien de todos, incluyendo políticos y politiqueros de la región. Denle un repaso a los artículos 3, 4, 185, 239, 272, 313, 319, 322, 323, 374 de su Constitución, y no pierdan de vista que el tiempo está de su lado. ¡Resistan, compatriotas centroamericanos!

El cásico dilema

 

Los eventos en la vecina república de Honduras constituyen
un botón de muestra de nuestras dificultades para comprender en qué
consiste la democracia.
 
La comprensión moderna de la democracia arranca de la
Europa del siglo XVIII en dos versiones distintas y en competencia
entre sí: la del filósofo inglés John Locke y la del literato francés
J. J. Rousseau.
 
La primera sirve de fundamento al ideario liberal; la
segunda, en cambio, al de los socialistas contemporáneos.
 
Ambas interpretaciones están de acuerdo en que el método
preferible para la elección de autoridades públicas ha de ser el del
voto secreto y mayoritario. Pero ahí termina su concordancia.
 
Porque desde la visión liberal lockeana lo más importante
es refrenar los abusos del poder público y, en consecuencia, habrán de
quedar fijados explícitamente y con toda claridad en la Constitución
los límites a ese poder. Para la rousseauniana, empero, supuesta la
bondad innata de la naturaleza humana en una sociedad de iguales, lo
prioritario ha de ser quién, o quiénes, gobiernan.
 
Eso explica por qué los liberales han insistido en limitar
primordialmente (y dividir) los poderes entre manos diversas, mientras
que los socialistas de todos los matices han considerado cardinal el
respeto al voto igualitario, haga después lo que haga quien hubiere
sido electo.
 
La óptica rousseauniana se impuso en la mayor parte de
Europa continental y de Iberoamérica después de las guerras
napoleónicas (1815). Un siglo más tarde hubo de extenderse al mundo
islámico y a las ex colonias francesas y portuguesas en Africa. La de
Locke, al contrario, permaneció durante la misma época restringida a
los países anglosajones y a algunas pocas democracias parlamentarias
como las escandinavas.
 
Ha sido a partir de la segunda guerra mundial cuando la
proporción entre esos dos modelos dominantes se ha invertido. Hoy es
la Revolución Americana, no la Francesa, el paradigma apetecido.
 
Evidentemente Zelaya, la OEA y las hodiernas “democracias”
populistas de Iberoamérica se aferran todavía a la postura
napoleónica. Las demás instituciones del país hondureño, esto es, el
Congreso, la Corte Suprema, el Tribunal Electoral, el Fiscal General,
las corporaciones privadas y las iglesias se ven más alertas a la
sensibilidad de Locke.
 
Conviene aclarar que ambas tradiciones, a lo largo de los
años, han tomado prestado la una de la otra. Aquella fiel a la
filosofía radical de Rousseau (“el voto entre iguales, lo determinante
en una democracia”) además ha asimilado el concepto de control
constitucional por parte del Poder Judicial, a imitación de la
práctica en los Estados Unidos desde la presidencia de la Corte
Suprema de John Marshall, a comienzos del siglo XIX. A la recíproca,
la jurisprudencia anglosajona tiende ahora a no ceñirse tanto al
derecho consuetudinario (“common law”) e inspirarse más en las
codificaciones del derecho positivo. También esta tradición ha
oscilado  entre presidencias imperiales y parlamentos prepotentes
desde la Gran Depresión de los años treinta, contagiada, quizás, de
los bandazos constitucionales que ha dado Francia.
 
Lo más novedoso al respecto ha sido la emergencia
doctrinal del Estado de Derecho. Hoy se le alaba universalmente, al
menos de palabra. En realidad, es un intento por combinar lo mejor de
ambas tradiciones, la aplicación, esto es, del muy británico “imperio
de la ley” a los excesos burocráticos de los gobiernos centrales.
 
Honduras se debate entre esta última concepción
modernizante de la democracia (quienes rechazan a Zelaya) y la
obsoleta del populismo jacobino, resucitado en ciertos países
caribeños y sudamericanos y al que propende Alvaro Colom. En todo
caso, espero que un “debido proceso” pueda llegar a ser aplicado a
Zelaya.
 
Ojalá resuelvan los hondureños su dilema por sí mismos,
sin injerencias del aplastante eje Washington-Bruselas ni de ese otro
La Habana-Caracas.

La Liga Propatria se pronuncia sobre el caso Honduras

LA LIGA PROPATRIA, EN RELACIÓN A LOS SUCESOS POLÍTICOS QUE ACONTECEN
EN HONDURAS, FORMULA LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:
 
Primera. Sólo las instituciones del soberano Estado de Honduras deben
juzgar sobre la violación o no violación de las leyes de esa
república; y sólo ellas pueden decidir sobre el castigo que hay que
imponer si esas leyes son violadas.
 
Segunda. Sólo las instituciones del soberano Estado de Honduras pueden
juzgar que el Presidente de la República viola o no viola las leyes.
Esas instituciones juzgaron que, desde hacía varios meses, el
Presidente de la República, señor Manuel Zelaya, las violaba.
 
Tercera. Sólo las instituciones del soberano Estado de Honduras pueden
decidir sobre las acciones que hay que emprender si el Presidente de
la República viola las leyes. Esas instituciones decidieron destituir
al presidente Zelaya.
 
Cuarta. Sólo las instituciones del soberano Estado de Honduras pueden
tipificar los delitos que ha cometido el Presidente de la República
que ha sido destituido por violar las leyes. Esas instituciones
tipificaron los delitos que cometió el presidente Zelaya.
 
Quinta. Sólo las instituciones del soberano Estado de Honduras pueden
emprender la persecución penal pública del Presidente de la República
que ha sido acusado de delinquir y ha sido destituido. Esas
instituciones emprendieron la persecución penal pública del destituido
presidente Zelaya.
 
Sexta. Sólo las instituciones del soberano Estado de Honduras pueden
desistir de la acusación, persecución pública penal o destitución del
Presidente de la República que ha sido acusado de delinquir y que ha
sido destituido. Esas instituciones no han desistido de acusar,
perseguir penalmente y destituir al señor Zelaya.
 
Séptima. Cualquier acción internacional o extranjera cuya finalidad
sea imponer la restitución del señor Zelaya, atenta, en general,
contra la soberanía de Honduras; y en particular, contra las
decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la
República, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de
los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral.

Octava. Cualquier acción internacional o extranjera cuya finalidad sea
imponer la restitución del señor Zelaya, también atenta, en general,
contra el Derecho del Estado de Honduras y contra el Derecho
Internacional; y en particular, contra la Carta de la Organización de
Naciones Unidas.
  
Novena. Los países que quieran contribuir a preservar el régimen
jurídico del soberano Estado de Honduras deben ofrecer cooperación
sólo para que esta nación, con fundamento en sus propias leyes,
interpretadas exclusivamente por sus instituciones, tome una decisión
final sobre la destitución del presidente Zelaya.
 
 Guatemala, 6 de julio de 2009.
 
Dr. Armando de la Torre
 
Presidente Liga ProPatria

El costo de nuestras miseria

Por: Armado de la Torre

 

Hace unos años leí en una revista especializada que el
precio promedio de todo lo que compramos en el mercado estaba abultado
aproximadamente por un 15%, atribuible a los robos que los empleados
hacían al interno de las empresas para las que laboraban.

Eso me movió a una indagación “filosófica” sobre los
costos que entrañan para la sociedad en su conjunto nuestras miserias
individuales humanas, demasiado humanas.

Para mi sorpresa, encontré que ya se habían hecho
múltiples investigaciones sobre algunas de las aristas de nuestra vida
en sociedad. Es más, que el fin último de toda Constitución política
habría de ser el reducirnos los costos de vivir en sociedad y de tener
gobierno. Un botón de muestra: el costo monetario que los criminales y
la justicia correccional correspondiente significan para los
contribuyentes al fisco, analizado por un juez norteamericano de
nombre Richard Possner.

Más adelante hube de enterarme de que sus apreciaciones eran parte de
la marea creciente de enfoques similares por otros autores, hoy
englobados en la corriente intelectual conocida como la de los
“análisis económico de las opciones públicas”.

También quedé impresionado por hallazgos de más vieja data
de ciertos teóricos sobre la importancia del hecho de que los costos
de la concentración de beneficios en quien actúa de manera criminal o
corrupta sean cubiertos precisamente por su dispersión entre el resto
de la sociedad.

Me familiaricé por ende con el tópico del “riesgo ético”
(moral hazard), que entraña esa paradoja de las buenas intenciones que
llevan al camino del infierno. En especial se alude a las indeseables
consecuencias de todo proyecto asistencial que lleva a que los males
que se quieren remediar se acrecienten por razón del mismísimo gesto
humanitario.

La inmerecida ayuda estatal a unos y no a otros, por ejemplo a las
madres solteras heridas por la irresponsabilidad paterna contribuye
así al aumento de los niños y las mujeres en las mismas condiciones.
O, lo que es lo mismo, a que la irresponsabilidad de los varones se
vea financiada por quienes sí se muestran responsables.

Muchos sedicentes defensores de los derechos humanos
parecen ignorar este aspecto.

Cada vez, por ejemplo, que abogan con éxito por los “derechos” de los
criminales con desmedro de los de sus víctimas, alientan a los
delincuentes al tiempo que desalientan a los inocentes que cumplen con
la ley.

La razón de todo esto acabó por hacérseme más clara: que cualquier
acusado es visible pero sus víctimas, todos los demás, permanecemos en
nuestra dispersión anónimos e invisibles. Y “ojos que no ven, corazón
que no siente…”

Lo mismo digamos de los escándalos en la vida política y
de sus deletéreos efectos en los más jóvenes y en los más débiles. “Es
imposible que no haya escándalos”, dijo Jesús, “pero, ¡ay de aquel por
quien vienen. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino
y le arrojen al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños!”.

A esa luz, a casi todos nos toca alternativamente esa
rueda de molino, o por delincuentes o por irresponsables.

Nuestro terco subdesarrollo también lo confirma. Ningún pueblo ha
emergido de su pobreza en base a dádivas, sólo con base en el trabajo
disciplinado.

De ahí el absurdo de dotar a unos cuantos hombres y
mujeres de carne y hueso de los inmensos poderes discrecionales que
caracterizan el trato que nuestras constituciones políticas reconocen
a las autoridades “democráticas”.

Porque “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe
absolutamente”, dijo Lord Acton.

Por eso a los hermanos Castro, a Chávez y a sus acólitos,
Evo, Daniel y Correa, y la semana pasada al último de los incorporados
a esa turba de ineptos petulantes, Manuel Zelaya, siempre acaba por
atraparlos una verdad tan simple.

Pero, lamentablemente, los costos de sus atrevimientos no
se sufragarán de sus bolsillos sino de los nuestros.