¿Quiénes son los “oligarcas”?

Quiénes son los “oligarcas”?
Por: Armando de la Torre
            Muy sencillo: todo aquel que goza por ley de una prerrogativa, privilegio o beneficio que se niega a los demás.
            En ese sentido, Guatemala ha sido, y es, el país de los privilegios, un Estado de oligarquías sucesivas y simultáneas…
            Los hombres y mujeres que se autoproclaman de “izquierda” las restringen a las de los ricos, muy en particular a los agrupados gremialmente bajo las siglas del “CACIF”. A ellos suelen añadir, su vista siempre hacia el pasado, a Justo Rufino Barrios, Miguel García Granados y amigos liberales que en el siglo XIX se repartieron las tierras comunales de los indígenas. No menos incluyen al “criollo” de la independencia (Severo Martínez) y, más remoto aún, a los “conquistadores” y sus descendientes a lo largo de los tres siglos de la colonia. Curiosamente, su enumeración siempre se detiene abruptamente al llegar a las muy jerárquicas sociedades precolombinas…
            El artículo 157 de ProReforma constitucional (www.proreforma.org.gt) reza en parte así: “En ningún caso el Senado o la Cámara de Diputados podrían emitir una ley o decretos arbitrarios o discriminatorios, en los que explícita o implícitamente se concedieran prerrogativas, privilegios o beneficios que no puedan disfrutar todas las personas que tengan la oportunidad y los medios de hacerlo”.
            De quienes con tanta razón se quejan de las oligarquías en este suelo ahora se esperaría que fueran los más entusiastas promotores de la iniciativa.
            Pero la adversan.
Probablemente porque intuyen que también pecan de oligarcas, peor aún, y de hipócritas.
Pues el liderazgo de los zurdos se ha mostrado con frecuencia desde Jacobo Arbenz  más “oligárquico” que sus odiadas alternativas a su derecha.
Por ejemplo, a juicio de La Asociación de Vecinos “El Alto”, de Totonicapán, “el proyecto de Pro-reforma se construye sobre la premisa fundamental, que los derechos individuales, priman sobre cualquier otra clase de derechos… Es incongruente”, dicen, “con la realidad nacional e inhumana con las grandes mayorías…” ¿Cómo? ¿Acaso no están constituidas esas mayorías también por individuos con iguales aspiraciones que los demás a los derechos individuales?
El documento de la USAC, por otra parte, afirma, falsamente, que ProReforma aboga “sólo” por tales derechos. Fue la Constituyente la que declaró irreformable (excepto por una Asamblea Nacional constituyente) el Art. 1 del título II, intitulado “Derechos Individuales”. Nosotros, en cambio, lo que perseguimos es consolidar de una vez por todas una genuina igualdad ante la ley entre todos, al prohibirse tantas disposiciones arbitrarias que arrastramos desde la Conquista y que relegan a unos grupos de ciudadanos a una condición subalterna frente a otros. Y lo hacemos apegados al tenor de la letra de lo plasmado en el texto constitucional para la reforma de cualquiera de los artículos que no sean parte de lo pétreo o dogmático en ella.
Pero, ¿a cuál criterio nos sujetamos para semejante propuesta?
Al de que únicamente puede ser aceptada como legítima aquella prerrogativa excluyente que goce del apoyo de quienes de ella son excluidos. Por ejemplo, los no perjudicados por una calamidad pública, o las mujeres no embarazadas, o los mayores de edad, en cualquiera crisis que requiera de su generosidad en favor de los sí afectados.
Lo último que aceptarían hacer esos activistas profesionales de la protesta es un examen de conciencia en torno a sus propias abultadas prebendas y prerrogativas respectivas, las sindicales, digamos, o burocráticas, o partidistas, o étnicas o clasistas, así como lo último que haría cualquiera de los llamados “expertos” del Gobierno sería cuestionar alguna vez, en serio, los supuestos de su propia especialidad.
Oligarcas todos.
Apliquémosles la verdad de aquel dicho evangélico acerca de quienes nunca dejan de estar prestos a reparar en la paja en el ojo ajeno, y, en cambio, jamás en la viga en el propio.
 
           
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La independencia de los jueces

La independencia de los jueces
Por: Armando de la Torre
            La clave del éxito para cualquier árbitro en cualquier rincón del mundo es mostrarse independiente de los intereses de las partes en pugna.
            No es ésa la experiencia de la abrumadora mayoría de querellantes que acuden a nuestros tribunales de “justicia”. Las perversiones en la equidad de sus adjudicaciones suelen resultar de grupos de presión que indirectamente ya se hubiesen entremetido desde el inicio mismo del proceso legislativo, o directamente, más tarde, validos de la franca prevaricación de algunos jueces.  También hay, por supuesto, individuos de larga práctica en la extorsión criminal para el logro de fines parecidos, sobre todo en aquellos casos que ahora se califican de “alto impacto”.
            De ahí que casi todos sepamos hoy de algún inocente del delito que se le fuera imputado y que, sin embargo, guarda prisión por años. Además, nadie menos que el funcionario internacional a cargo de la CICIG, Carlos Castresana, confirmó que el 98% de los crímenes denunciados permanecen impunes. Y hasta creo que se queda corto, porque muchas otras graves transgresiones a la ley ni siquiera llegan a ser denunciadas.
            La Guatemala de hoy es una sociedad de victimarios impunes y de víctimas de la injusticia cuyos números se acrecientan a diario.
Por eso no gozamos de PAZ, aunque los políticos nos mintieron a coro aquel 29 de diciembre de 1996 cuando estamparon sus perjuras firmas en documentos que, dijeron, nos garantizarían “una paz firme y duradera”.
Por eso tampoco nos DESARROLLAMOS, a pesar de tantas declaraciones ilusas de gobernantes sucesivos, de “concertación”, por ejemplo, en tiempos de Vinicio Cerezo, o de “cohesión social”, ahora bajo Alvaro Colom.
Por eso escasea sobre todo la ESPERANZA, como lo comprueban los centenares de miles de nuestros jóvenes compatriotas que han votado “con sus pies” hacia latitudes donde les resulta más evidente el respeto recíproco hacia los derechos de todos.
A superar esta lamentabilísima situación están encaminadas radicalmente esas reformas propuestas al Congreso por setenta y tres mil ciudadanos (www.proreforma.org.gt), con vista a que una ulterior consulta popular las refrenda.
El posicionamiento a este respecto de la USAC tergiversó, no sé si adrede, esa fundamental intención. Parece que les preocupa mucho quién ejerza el poder y no de cuánto poder disponga. Lo infiero por lógica de la ideología “clasista” que domina en esa casa de estudios desde el ejemplo contagioso dado por Fidel Castro a su llegada al poder total en 1959. 
Los proponentes de los cambios constitucionales invertimos el peso relativo de los términos en esa premisa. Lo que nos importa sobremanera es prevenir todos los abusos del poder, y nos es irrelevante qué clase social lo abuse. Partimos del hecho de que son los individuos, no los colectivos abstractos, los protagonistas de la historia y que, por tanto, no se es persona incluída o en una clase social “correcta” -a la que en consecuencia le serían perdonables sus abusos- o en otra clase social “incorrecta” -a la que nada se le habría de perdonar-.
El límite infranqueable para todo abusador del poder ha de constituirlo el poder judicial,  la genuina piedra angular del ideal que llamamos “Estado de Derecho” y al que se han acercado los pueblos más desarrollados.
De ahí que entre las propuestas figure el carácter vitalicio de la función del magistrado y su selección por sorteo por un ente apolítico como lo sería el Senado, previa la exclusión de las Comisiones de Postulación de cualquier ente politizable.
  Igualmente, que el poder judicial sea presupuestariamente autónomo del Legislativo, así como la liberación del cargo de Fiscal General de entre las preferencias personales del Ejecutivo, o la limitación de la prerrogativa del derecho de antejuicio por parte de la Corte Suprema hacia los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y la de las Cortes de Apelaciones hacia los de la Corte Suprema.
(Continuará)

Años Atrás

AÑOS ATRÁS…

Por: Armando de la Torre

            Algunos columnistas de opinión se han referido a sus experiencias personales en el Berlín del “muro de la vergüenza” (1961-89). Aquí añado algunas mías…

            Yo residía relativamente lejos, en Munich, cuando empezó su construcción.  Pero al año siguiente, con dos amigos cubanos, acordamos hacer una visita “al otro lado”, para forjarnos nuestro propio juicio al respecto.

Una vez pasados los molestos controles en el Checkpoint Charlie, deambulamos por aquellas calles grises y avejentadas del Berlín Oriental. Mis primeras instantáneas: tráfico vehicular escaso, ausencia de colores, ruinas todavía por recoger, peatones cabizbajos, la mayoría  ancianos. Los pocos jóvenes visibles enfundados en uniformes de la policía o del ejército, y las únicas carcajadas las nuestras. Nada de polícromos anuncios comerciales y sí mucho de consignas monótonamente ideológicas en contra del fascismo y del histórico hostigamiento antisoviético del Occidente. El muro lo vendían, pues, como baluarte defensivo frente a la agresión, y no como lo que era en realidad: el perímetro de una prisión de máxima seguridad.  Las ventanas, por ejemplo, sobre la Bernauer Strasse, paralela al muro, selladas todas a cal y canto…

            Hacia las once entramos a un restaurante de nombre “Bucarest” para tomar una cerveza. El sitio, modesto y con pocas mesas disponibles, se hallaba, sin embargo, frecuentado.

            A los pocos minutos, un matrimonio alemán de edad madura se nos acercó para pedirnos, corteses, que compartiéramos con ellos nuestro espacio. Naturalmente accedimos gustosos, pero me permití advertirles que éramos tres cubanos que nos acabábamos de reencontrar después de mucho tiempo y que continuaríamos con nuestra conversación en castellano. De más está decir, que este detalle despertó en ellos una curiosidad insaciable por casi dos horas de preguntas y respuestas… en alemán. Nos felicitaron por la evidente “felicidad” que les transparentábamos en cuanto recién llegados de la patria socialista de Castro. Les respondimos unánimes que tanta dicha no estaba repartida por igual entre los cubanos, a lo que respondieron: “Pero si vemos en la televisión, casi a diario las entusiastas multitudes concentradas en la Plaza de la Revolución de La Habana que aclaman jubilosas al Líder Máximo”. A lo que les respondí: “Con el mismo júbilo con que ustedes vitorean a Ulbricht”, el dictador marxista de ese momento.

Y entonces el hombre exclamó: “Ach, jetzt bin Ich im Bilde”, algo así como “ya tengo claro el cuadro”. Y ambos, de inmediato, empezaron a musitar sus muchas frustraciones y angustias, acrecentadas por el infame muro. “Mut, mut”, ánimo, ánimo, los exhorté. En eso se nos acercó la mesera que les hizo una mueca discreta a nuestros interlocutores. Entonces les ofrecí mis excusas por si mis palabras los hubieran puesto en riesgo de ser delatados por aquella señorita. A lo que respondieron: “Todo lo contrario, es buena persona. Sólo quiso advertirnos” –y bajaron aún más la voz- “que alguien nos vigila desde otra mesa”.  A los pocos minutos mis amigos y yo nos retiramos, pero ellos rechazaron nuestra invitación a acompañarlos por la ciudad porque, explicaron, se quedarían media hora más precisamente para que se notara que no nos habíamos citado allí de antemano.

            En otras visitas a aquel engendro totalitario tuve experiencias siempre de la misma tónica: desesperación y miedo.

            La noche del 9 de noviembre de 1989 mi corazón saltó de alegría por todos mis apreciados alemanes de ambos lados del muro, y aún lo hace a cada aniversario.

            Una reflexión entre tantas que ahora se me agolpan en este vigésimo festejo: lo que de suyo celebramos es el derrumbe de otro demencial hechizo tejido de abstracciones de la Razón altanera, igual que las de aquellas que desataron tantos ímpetus asesinos en Robespierre, Hitler o Mao.

Y lo único que lamento es que no me será dado celebrar veinte años del fin de la misma ignominia en Cuba.

 

  

MEJORA EL DEBATE

Mejora el debate

Por: Armando de la Torre

            El Consejo Superior de la Universidad de San Carlos ya hizo público su posicionamiento ante las propuestas de reformas constitucionales (www.proreforma.org.gt).

Es el mejor escrito e hilvanado de entre los que en su contra han llegado a mis manos. Días antes, la Alianza Evangélica de Guatemala y la Asociación de Amigos del País habían presentado los suyos, la primera con una novedosa sustentación teológica de ProReforma, y la segunda, también favorable, con ulteriores detalles cívicos, sobre todo en materia electoral,.

            Con ello, el debate nacional se ha elevado a un nivel de mayor calidad intelectual. Me interesa aquí comentar el planteamiento de la Universidad.

“Argumentos” ad hominem –sobre todo por referencias a la clase social de sus ponentes- recurren menos que en los otros, más periodísticos y superficiales, y sus autores se cuidan de subrayar que todo debate habrá de ser incluyente y participativo, con lo que no se cierra la puerta a priori a ninguna postura que podría ser interpretada políticamente “incorrecta”.

Eso es progreso.

            Desde mi óptica, sin embargo,  se transparenta entre promotores y adversarios que se mueven en mundos de ideas muy lejanos el uno del otro. Hasta me atrevería a decir que se hallan separados entre sí por lo menos por un siglo de experiencias y reflexiones  jurídicas y políticas, muy diversas. Unos, favorables al cambio, se muestran ya instalados en pleno siglo XXI, los otros, que lo adversan, aún parapetados tras las trincheras ideológicas de los años veinte y treinta del siglo XX.

            El párrafo más interesante del planteamiento de la USAC me es el que se inicia con las palabras “una reforma constitucional tiene dos funciones básicas”. Y continúa: “En primer lugar, la realidad política que una constitución regula es cambiante, en forma permanente, pero también debe aceptarse que la norma constitucional debe adecuar la realidad jurídica con la realidad política. Ignorar la necesidad de un cambio, cuando los requerimientos de la realidad lo exigen, significaría distanciar la normativa constitucional de la vida política, lo que produciría confrontaciones inevitables e inconvenientes. En este sentido, la reforma constitucional, más que instrumento de deterioro del régimen constitucional se constituye en su mejor defensa. Por eso, debe llamarse la atención que ese proceso de adecuación de la normativa constitucional a la cambiante realidad política, debe producirse sin poner en peligro la continuidad jurídica y el “techo ideológico” que la constitución ha construido”.

            El documento, por lo tanto, acepta la necesidad de adecuar excepcionalmente la letra  constitucional “a las cambiantes realidades” de la vida política, pero le fija un doble límite dogmático: el de la continuidad jurídica y el del “techo ideológico”. 

Sobre este último considero que se aspira a no someter a prueba argumental alguna la “ideología” en la que supuestamente se basó el texto constitucional de 1985, más adelante calificada de “social”. Conservadurismo, para mí, de lo más rancio, y en el cual hasta intuyo un posible conflicto de intereses, pues el Consejo Superior y la entera Universidad han sido los mayores beneficiarios de aquel “techo”: retuvieron, así, el monopolio de la enseñanza superior estatal, se les duplicó la asignación presupuestaria (más del doble de lo constitucionalmente establecido para la administración de la justicia en todo el territorio nacional),  se les ratificó su autonomía con total independencia de su rendimiento académico, se amplió su presencia en algunas de las más importantes instancias estatales (con poder de iniciativa de ley ante el Congreso, representados en la Corte de Constitucionalidad, Junta Monetaria, Dirección del IGSS, Banco Central, etc.), y con poder adicional para dosificar la competencia profesional a sus egresados vía el requisito de incorporación para aquellos formados en el extranjero que pretendan ejercer aquí.