Soldados y…”¿poetas?”

Soldados y… “¿poetas?”

Por: Armando de la Torre

            El lunes 21 de noviembre Juan Luis Font, el joven y talentoso director del diario “El Periódico”, publicó un comentario sobre el que a mi turno no resisto la tentación a referirme.

Su título “de soldados y poetas” le puso  chispa a mi imaginación.

            Me explico: Juan Luis hace un análisis somero de la deprimente esterilidad del conflicto armado que nos asoló por treinta y seis años. Creo que en eso estamos de acuerdo todos los que habitamos esta tierra.

            El enumera, y con razón, algunos de los pretextos aducidos por ambos bandos para justificar el habernos sumido en la violencia fratricida, es decir, a todos los demás,  meros espectadores involuntarios, en la vorágine de secuestros, asesinatos, extorsiones, calumnias y destrucción de lo ajeno que llevaron a cabo. 

            ¿De qué nos libraron?, se pregunta. ¿Hacia cuál justicia social nos llevaron?… O ¿quiénes ordenaron ejecuciones… también en Managua? ¿Qué mejoras nos obsequiaron?… ¿Con cuáles ejemplos iluminan hasta el día de hoy a nuestros jóvenes?… O ¿cuál ha sido la factura contable final?

            Por mi parte, yo añadiría que además nos legaron una “zozobra firme y duradera”… hasta el día de hoy, más pobreza, atraso, ignorancia y prejuicios.

            Juan Luis intentó hacer el equivalente moral de ambos bandos. Difiero.

            Quienes se lanzaron a guerrear con las armas en la mano lo hicieron por su cuenta y riesgo. No ostentaban la representación de nadie, pues “las grandes mayorías destituidas” brillaron en su bando por su ausencia. No hubo mejor evidencia para ello que los novecientos mil patrulleros civiles enrolados por el Ejército. Y los soldados, además, al menos contaban con un aval constitucional para defender no menos con las armas en la mano al Estado constituído. Y, cesados los combates, nunca han excedido el cinco por ciento de votantes a su favor. ¡Hasta en el Quiché les ganó Ríos Montt…!

            Y, por supuesto, los insurgentes no eran “poetas”, aunque hubiese algún que otro inspirado versificador entre ellos.  ¿Acaso causaron casi cinco mil bajas mortales entre las filas militares lanzándoles alegorías y metáforas? ¿O fue, tal vez, con ardorosos piropos que dejaron dos mil inválidos, de por vida, entre los mismos?

            El Ejército luchó en su suelo patrio con escasísimos recursos nacionales; con sus nombres y apellidos, rostros, y rangos identificables y constatables. Los subversivos, en cambio, al amparo de la alevosía, la nocturnidad y la ventaja, ocultos tras pasamontañas y con apodos encubridores; coordinados desde fuera de Guatemala en La Habana, y con plétora de fondos que les llegaban subrepticiamente desde Europa y Norteamérica. El saldo que les fuera adicionalmente necesario lo constituyeron sus cobardes secuestros de inocentes…

            Y el final no pudo ser menos ignominioso. Una capitulación infame, que rubricó oficialmente el principio de que “el fin justifica los medios” y entronizó definitivamente la impunidad entre nosotros en “un aquelarre” de políticos insensatos y mediocres.

            Entonces, ¿“poetas”?…  

Sugerir es el arte”, que dijo Pedro Cue. También “el poeta es un poseso por un genio que dice más de lo que es consciente al hablar”, explicó Platón. La poesía es música porque tiene ritmo, y belleza porque es armonía, como la calificara San Agustín: “splendor veritatis”.

El poeta horada más hondo en lo real que el filósofo o el científico, tal cual lo enfatizó en su momento Martín Heidegger. Y en la línea de lo dicho por Federico Nietzsche en su magistral El Origen de la Tragedia desde el Espíritu de la Música, el poeta es voz emocionada, que le dice al talento “¡Levántate y Anda!” como lo resumió Gustavo Adolfo Becquer…

La poesía también es memoria de noches frías al calor de lumbres nocturnas bajo cielos estrellados; es himno épico a los triunfos de la voluntad; es ternura, no menos, por la que la madre sonríe a su hijo y es por él reconocida, como lo recordó Catulo. Es una intrincada filigrana en el soneto; férreo control de acentos y de metros entre los grandes de la literatura, de Shakespeare a Tagore… La poesía, al fin, es bálsamo, es luz, es verdad, es dominio de sí, es riqueza de vocabulario, es solidaridad implícita con todo lo humano…

Instrumentalizarla, por ello, a nivel de lo cruel, lo odioso, lo repugnante, se me antoja casi una bofetada más al Cristo de la corona de espinas rodeado de los violentos que lo abucheaban…

Por eso, mi querido Juan Luis, seamos más cautos cuando queramos dar lustre a cualquier bando innombrable…

No vale la pena.

¿Còmo empeorar la Constituciòn so pretexto de mejorarla?

¿Cómo empeorar la Constitución so pretexto de mejorarla?

 

Por: Armando de la Torre

           

Con una ley como la 4387, inspirada en el proyecto, así calificado, “de reforma”, y sometido  al Congreso de la República (semanas antes de las elecciones presidenciales) conjuntamente por la USAC, la URL y ASIES, apenas  avanzaríamos en nuestra vida pública y, encima,  al riesgo de politizar aún más el poder judicial.

¿Por qué? 

Porque la supuesta “reforma” se circunscribe, en primer lugar, a tan sólo unos pocos puntos periféricos  en la administración del poder judicial.  Las esperadas “mejoras”, además, serían superficiales y de corto alcance.  Su precio, en cambio, implicaría el serio riesgo de ahondar la actual  politización de tal poder, politización con tanta razón abominada por los ciudadanos pensantes y los honestos impartidores de justicia.

También la exposición de motivos para la ley adolece de falacias.  ¿Se lograría, por ejemplo, un mínimo de “despolitización” por el hecho de que la elección de Magistrados se desplace del pleno del Congreso de la República al seno de la Corte Suprema?  Si se procediera por sorteo sí, pero no es ésta la vía propuesta.  Ni se ha de olvidar que los magistrados actuales fueron, a su turno, escogidos  por las dos terceras partes del pleno del Congreso de la República, el organismo más politizado de todos.  

El cambio en la duración del período de ejercicio  para magistrados de cinco a diez años sería ciertamente una mejora, pero no sustancial. Hay  diputados,  que no jueces, y que firman la iniciativa (Arístides Crespo, por ejemplo, o Baudilio Hichos), que han sido reelectos una y otra vez por muchos más años.

Al reducir el número de integrantes de las Comisiones de Postulación se privilegia, otra vez, a las autoridades de la  Universidad de San Carlos, con desmedro de las demás universidades. Se añade que su  Rector la mayoría del tiempo no es un jurista, y que no debería, por tanto,  figurar en ella…

En cuanto al pretendido “consenso” que la hace posible, es de recordar que la iniciativa ProReforma del 2010, engavetada por el pleno del Congreso sin discutirla (como lo preceptúa la Constitución vigente), contó con el aval por escrito de MAS DE SETENTA Y TRES MIL ciudadanos. ¿Acaso pesan estos cívicamente  menos que un puñado de académicos anónimos de la URL, la USAC y el ASIES?…

La supuesta bondad del proyecto por cuanto instituye una carrera judicial, según la cual serían promovidos únicamente quienes cuenten con la aprobación del Consejo de la Carrera Judicial, tampoco es solución. Sería más recomendable incluir en él  un decano por cada universidad, un representante elegido por votación general de entre los magistrados y los jueces, y otro por el Colegio de Abogados.

Igualmente, que el Congreso de la República elija de entre los nominados  por sorteo.

En cuanto a la conformación del Consejo de la Carrera Judicial, no debería estar restringida a quienes ya integran  las magistraturas sino que debería permanecer  abierto a todo abogado de trayectoria honorable.  Ulteriormente se le enriquecería  con un posible representante explícitamente escogido para ello por los jueces de paz, por los jueces de instancia y por los magistrados, de las facultades de derecho, así como unos tres de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios.

Lástima que no se incluye para su eliminación definitiva la insalubre práctica de rotar anualmente la presidencia de la Corte Suprema de Justicia entre sus trece magistrados. 

Muchísimo  mejor continua siendo la aprobación in toto  del proyecto de ProReforma del 2010.  Pero, una vez más, en el estira y encoge de la política chapina que al final de cuentas redundará en que  lo mejor resulte enemigo de lo bueno  

Opiniòn de la Liga Pro Patria sobre el proyecto de reforma parcial de la Constituciòn Polìtica…

Palacio del Organismo Legislativo

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

Opinión de Liga Pro Patria sobre el proyecto de reforma parcial de la

Constitución Política, propuesto por Universidad de San Carlos de

Guatemala, Universidad Rafael Landívar y Asociación de Investigación y

Estudios Sociales

Luis Enrique Pérez

, expositor

Guatemala, 14 de Noviembre del año 2011

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Introducción

1. Acertadamente la Comisión de Legislación y Puntos

Constitucionales del Organismo Legislativo ha concedido

audiencia a quienes tienen interés en opinar sobre el proyecto

de reforma parcial de la Constitución Política, propuesto por

Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Rafael

Landívar y Asociación de Investigación y Estudios Sociales.

2. Creemos que el valor de las audiencias no consiste en

cuantificar las opiniones favorables y las opiniones adversas, y

acatar las opiniones que constituyen la mayoría. Creemos que

ese valor consiste en brindar la oportunidad de exponer las

opiniones que pueden reclamar fundamentarse en la filosofía y

en la ciencia del derecho constitucional, aunque esas opiniones

no constituyan una mayoría.

3. Liga Pro Patria ha tenido interés en opinar sobre el

proyecto de reforma de la Constitución de la República. Ha

tenido tal interés porque su finalidad suprema es contribuir a

que el derecho se el fundamento esencial del Estado de

Guatemala.

Precisamente la ley por la cual se constituye jurídicamente

el Estado , que por eso se denomina

ley constituyente, es ley

cuya finalidad primaria es reconocer los derechos de los

ciudadanos, y garantizar que esos derechos serán ejercidos.

Aludimos principalmente al derecho a la libertad, el derecho a

conservar la vida, el derecho a tener bienes propios, el derecho

al debido proceso judicial, y el derecho a ser feliz de la manera

como cada ciudadano elige serlo.

Un medio para lograr la finalidad primaria de reconocer los

derechos de los ciudadanos y garantizar que esos derechos sean

ejercidos, es dividir en tres partes el ejercicio del poder del

Estado. Esas partes son el poder legislativo, el poder judicial, y

el poder ejecutivo. El propósito es que los legisladores no sean

jueces ni ejecutores de la ley, o que los jueces no sean

legisladores ni ejecutores de la ley, o que los ejecutores de la ley

no sean jueces ni legisladores. Pues… es imposible garantizar el

reconocimiento y ejercicio de los derechos, si el legislador

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también es juez y ejecutor de la ley, o si el juez es también

legislador y ejecutor de la ley, o el ejecutor de la ley también es

legislador y juez.

Los poderes divididos del Estado deben coordinarse, porque

cada uno complementa a los otros. Empero, también deben

subordinarse, porque un poder no puede usurpar las funciones

de los otros. Finalmente, los tres poderes deben constituir una

unidad, porque sólo los tres pueden garantizar el ejercicio de los

derechos.

Por supuesto, con el fin de garantizar el ejercicio de los

derechos, la ley constituyente debe limitar el ejercicio del poder

legislativo, judicial o ejecutivo. Es decir, la ley constituyente

debe mandar que los ciudadanos que han sido designados para

ejercer el poder del Estado, empleen ese poder únicamente para

garantizar el ejercicio de los derechos. Esa limitación es esencial

en la ley constituyente.

Afirmamos, entonces, que el ejercicio ilimitado del poder

público es la aniquilación misma de la garantía de ejercer los

derechos y que, por consiguiente, la ley constituyente tiene que

limitar el ejercicio de ese poder. Determinar el grado óptimo de

esa limitación es obra de la sabiduría jurídica del legislador

constituyente.

4. Afirmamos que una Constitución Política es constitución

de una república, es decir, es constitución de un Estado que

reconoce los derechos intrínsecos de los ciudadanos, entre ellos

el derecho primordial de libertad; y que para garantizar el

ejercicio de esos derechos, divide el poder del Estado en poder

legislativo, judicial y ejecutivo.

Estrictamente, entonces, la Constitución Política no es

constitución de un Estado que otorga esos derechos como si

fueran favores, y en el cual los ciudadanos que gobiernan, y no

los ciudadanos gobernados, imponen los límites de ejercicio del

poder del Estado. Queremos decir que una Constitución Política

es propia del Estado republicano, y no del Estado monárquico.

En una monarquía la Constitución Política es una ficción; y si no

lo es, entonces la ficción es la monarquía misma.

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5. Evidentemente, la Constitución Política de un Estado no

puede ser inmutable. Puede ser mutable. Empero, esa

posibilidad de mutación no implica que la mutación misma se

convierta en una finalidad, y hasta se convierta en un

extraordinario atributo de la ley constituyente. El propósito es

que la ley constituyente sea permanente; y un atributo

extraordinario de ella tendría que ser esa permanencia, y no su

posibilidad de frecuente y licenciosa mutación. Y si es necesario

mutar mil veces una Constitución Política, el criterio de la

mutación debe ser una mayor aproximación a garantizar el

ejercicio de los derechos, y de manera conexa, el criterio debe

ser también una mejor limitación del poder de los gobernantes,

para incrementar aquella garantía.

6. Nuestra opinión no es opinión sobre las instituciones

académicas que proponen el proyecto de reforma. Tampoco es

una opinión sobre los autores del proyecto, ni sobre los motivos

primeros o las intenciones últimas de ese proyecto. Nuestra

opinión es sobre el proyecto mismo. Y admitimos la finalidad

que el proyecto mismo declara. Esa finalidad es “posibilitar un

eficaz desarrollo del sistema de administración de justicia”. No

opinamos, pues, sobre la finalidad declarada, sino sobre los

medios propuestos para lograrla.

Opinión genérica sobre el proyecto de reforma

1. La reforma propuesta incrementaría el número de

normas que no tienen calidad de normas constituyentes. No la

tienen porque carecen de la máxima generalidad. Por

consiguiente, no pueden tener la naturaleza de los principios

normativos esenciales que intentan ser permanentes, con los

cuales debe constituirse jurídicamente el Estado; y más probable

que improbablemente, están expuestas a ser reformadas y

hasta abolidas.

Se argumentará que esas normas, que no poseen calidad

constituyente, deben adquirir esa calidad para que tengan

permanencia, o para que se dificulte reformarlas o derogarlas.

Empero, una Constitución Política no debe ser el refugio de

normas que no poseen la calidad propia de una norma

constituyente pero que pretenden tener esa calidad para

escapar de una pronta o fácil derogación.

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También se argumentará que aquellas mismas normas que

no poseen calidad constituyente, deben adquirir esa calidad,

para que se cumplan. Empero, una Constitución Política

tampoco debe ser un instrumento por medio del cual se

garantice el cumplimiento de normas que no poseen calidad

constituyente.

2. La reforma propuesta presupone que para lograr la

finalidad de “posibilitar un eficaz desarrollo del sistema de

administración de justicia”, hay que “constitucionalizar” normas

que no tienen la calidad de norma constituyente, como si la

causa de que de que se imposibilite el “eficaz desarrollo del

sistema de administración de justicia” fuera la no

“constitucionalización” de esas normas.

Esa presuposición no es válida. Por supuesto, para

posibilitar aquel “eficaz desarrollo” puede ser necesario agregar

normas constituyentes; pero no son precisamente las normas

que pretende la reforma propuesta. Y aun si esas normas

posibilitaran el “eficaz desarrollo del sistema de administración

de justicia”, no todas tendrían que ser normas constituyentes,

sino normas jurídicas ordinarias, o normas no constituyentes.

3. La reforma propuesta admite que “la Corte Suprema de

Justicia se integraría mediante decisión política, por el Congreso

de la República”. La decisión sería política porque la Corte

Suprema de Justicia es política, y lo es por ser un Organismo del

Estado.

Por supuesto, la Corte Suprema de Justicia no es, como

erróneamente lo afirma la propuesta de reforma, un organismo

del Estado, sino que lo es el Organismo Judicial, del cual la Corte

Suprema de Justicia es la máxima autoridad.

La cuestión esencial, empero, no es que la Corte Suprema de

Justicia, por ser parte de un Organismo del Estado, posea

naturaleza política y que, entonces, la elección de magistrados

de esa corte tenga que ser una elección política.

La cuestión esencial es la función propia de la Corte

Suprema de Justicia, y el procedimiento de elección de los

magistrados que la constituyen. La función propia de la Corte

Suprema de Justicia es jurídica, aunque el Organismo Judicial,

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por ser organismo del Estado, sea un ente político. Es decir,

aunque la Corte Suprema de Justicia fuera o no fuera un ente

político, e independiente de la razón por la cual fuera o no fuera

un ente político, su función es jurídica.

Precisamente porque la función propia de la Corte Suprema

de Justicia es jurídica, el procedimiento para elegir a los

magistrados que la integran no debe brindar la oportunidad de

que sean elegidos aquellos candidatos que suministren mayor

certeza de servir a ilícitos intereses extra judiciales. Si el

procedimiento brinda esa oportunidad, entonces es propicio

para corromper la administración de justicia.

4. La reforma propuesta define los medios para la finalidad

que pretende, es decir, la finalidad de “posibilitar un eficaz

desarrollo del sistema de administración de justicia”. Esos

medios son,

primero, el “reconocimiento constitucional de la

carrera judicial”;

segundo, la “ampliación del período de

funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”;

tercero

, el “reconocimiento constitucional del derecho de

asistencia legal gratuita y de la carrera del defensor público”;

cuarto

, “el reconocimiento constitucional de la institucionalidad

policial y la profesionalización de su recurso humano”; y

quinto,

“eliminar”, en la “forma de integrar la comisión que postula a los

candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público”, la

“representación individual” de los decanos de las facultades de

derecho o de ciencias jurídicas y sociales de las universidades

privadas.

Empero, la reforma propuesta no demuestra, ni aún intenta

demostrar, que esos medios son idóneos para la finalidad que se

pretende lograr. Por ejemplo, ¿por qué el “reconocimiento

constitucional de la carrera judicial” habría de “posibilitar un

eficaz desarrollo del sistema de administración de justicia”? ¿O

por qué la reforma de la Ley Orgánica del Organismo Judicial no

posibilitaría ese “desarrollo eficaz”? ¿O por qué únicamente una

nueva norma constituyente, y no una norma constituyente ya

vigente, posibilitaría que la carrera judicial contribuyera a ese

mismo “desarrollo eficaz”?

También, por ejemplo, ¿porqué el reconocimiento

constitucional de “la institucionalidad policial y la

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profesionalización de su recurso humano” habría de “posibilitar

un “eficaz desarrollo del sistema de administración de justicia”?

¿O por que la reforma de la Ley Orgánica del Organismo

Ejecutivo no posibilitaría ese mismo “desarrollo eficaz”?

Únicamente se supone que los medios son idóneos; y

tendríamos que confiar en esa suposición para creer que la

reforma propuesta posibilitará “un eficaz desarrollo del sistema

de administración de justicia.” Empero, ¿por qué tendríamos

que confiar en esa suposición?

5. La reforma propuesta pretende un “cambio”; pero una

condición necesaria de la “materialización” de ese cambio es “un

desarrollo normativo posterior”.

Señores diputados miembros de la Comisión de Legislación

y Puntos Constitucionales: es absurda una reforma de la

Constitución Política cuya validez depende de “un desarrollo

normativo posterior”.

Es tan absurda como absurdo sería afirmar que la validez de

un axioma matemático depende del teorema que se demuestre,

como si el axioma no fuera precisamente un fundamento de la

demostración, y precisamente por ser fundamento, no tuviera

validez independiente del teorema demostrado. La norma

constituyente suministra el fundamento jurídico primario de

cualquier “desarrollo normativo posterior”; y por ser tal

fundamento, su validez no puede depender de aquello de lo cual

precisamente es fundamento.

Si la reforma requiere de un “desarrollo normativo

posterior”, aprobarla implicaría obligar al Organismo Legislativo

a aprobar las leyes en las cuales consistiría ese “desarrollo

normativo”. Quizá habría que incluir, en la reforma misma, una

norma constituyente que declarara que el Organismo Legislativo

está obligado a aprobar todas las leyes ordinarias que la reforma

requiere para “materializar el cambio” que se propone provocar;

cambio que, suponemos, consiste en el “eficaz desarrollo del

sistema de administración de justicia”. Y por supuesto, si por

cualquier causa no ocurre un “desarrollo normativo” de la

reforma, la reforma sería inútil.

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Únicamente por requerir, como condición necesaria, un

“desarrollo normativo posterior”, la reforma propuesta es

intrínsecamente inadmisible.

Opinión específica sobre el proyecto de reforma

1. El proyecto de reforma propone que la carrera judicial

sea una cuarta garantía que la Constitución Política le otorgue al

Organismo Judicial. Sin embargo, no es necesario que la carrera

judicial sea una garantía otorgada por la ley constituyente.

La carrera judicial surge de factores como la certeza que

tienen los jueces de conservar la judicatura, la independencia de

los jueces, la remuneración gratificante, el prestigio de la

función judicial, el procedimiento imparcial de selección de los

jueces más aptos, y el procedimiento eficaz de destitución de los

jueces corruptos. La presencia de esos factores no tiene que

depender de normas constituyentes.

Adicionalmente, ya el artículo 209 de la Constitución

Política crea la carrera judicial, y declara que “los ingresos,

promociones y ascensos se harán mediante oposición”, y que

“una ley regulará esta materia”. Esa ley es el Decreto 41-99 del

Congreso de la República, o Ley de la Carrera Judicial, que

contempla la creación y regulación normativa del Consejo de la

Carrera Judicial. Si esa ley no se cumple, tendría que cumplirse;

o si, aunque se cumpla, no es la ley idónea, tendría que ser

reformada o abolida.

2. El proyecto de reforma propone crear el Consejo de la

Carrera Judicial. Este consejo realmente sería un nuevo

Organismo Judicial, porque, por ejemplo, no estaría sometido a

la autoridad de la Corte Suprema de Justicia. Hasta tendría un

poder mayor que el que tiene esa corte, o tendría todo el poder

propio del Organismo Judicial.

Comparar el Consejo de la Carrera Judicial con el Consejo de

Ministros, es incorrecto. Efectivamente, el Consejo de Ministros

no tiene un poder independiente del poder del Presidente de la

República, es decir, independiente del poder de la máxima

autoridad del Organismo Ejecutivo; pero el Consejo de la Carrera

Judicial tendría un poder independiente de la Corte Suprema de

Justicia, es decir, independiente del poder de la máxima

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autoridad del Organismo Judicial. Adicionalmente, el Presidente

de la República puede destituir a cualquier ministro; pero la

Corte de Suprema de Justicia no podría destituir a cualquier

miembro del Consejo de la Carrera Judicial.

También es incorrecto comparar el Consejo de la Carrera

Judicial con la Junta Directiva o con la Comisión Permanente

del Organismo Legislativo. Efectivamente, esa Junta Directiva

no tiene un poder independiente del poder que posee la mayoría

absoluta o relativa del número total de diputados. La Comisión

Permanente tampoco tiene ese poder. La comparación

prescinde, entonces, de la diferencia esencial; y esa diferencia

consiste en que el Consejo de la Carrera Judicial tendría un

poder independiente del poder de la Corte Suprema de Justicia,

y realmente habría dos organismos judiciales, o por lo menos

habría una drástica partición del Organismo Judicial.

Suponemos que esa diferencia esencial ha sido ya advertida por

la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, del

Organismo Legislativo.

Arguméntase que el Consejo de la Carrera desempeñaría las

funciones administrativas que actualmente desempeñan los

magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que no deben

desempeñarlas porque son impropias de las funciones

exclusivamente judiciales que les competen. Sin embargo, la

conveniencia de que esos magistrados se dediquen a

desempeñar funciones exclusivamente judiciales no implica

crear un Consejo de la Carrera Judicial que posea un poder

independiente de la Corte Suprema de Justicia, y que hasta

constituya un nuevo poder judicial.

3. El proyecto de reforma propone que el período de los

magistrados de la Corte Suprema de Justicia dure diez años. Por

supuesto, es importante la duración de la magistratura.

Empero, más importante que la duración, o por lo menos tan

importante como ella, es el procedimiento de elección de los

magistrados del Organismo Judicial; pero la reforma propuesta

preserva inalterable ese procedimiento.

Con el procedimiento actual, aunque los magistrados

puedan fungir durante diez años, el procedimiento para elegirlos

es propicio para que los candidatos a magistrado de esa corte

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puedan prometer o comprometer ilícitos favores judiciales si son

elegidos. Actualmente los candidatos pueden prometer o

comprometer esos favores cada cinco años. Con la reforma

propuesta, podrían prometerlos o prometerlos cada diez años;

pero también la promesa y el compromiso podría durar diez

años.

Si las opciones alternativas fueran prorrogar el período de

los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o reformar el

procedimiento de elección de esos magistrados, para

exonerarlos de cualquier promesa o compromiso de favores

judiciales, sería mejor reformar el procedimiento que prorrogar

el período de las magistraturas.

4. El proyecto de reforma propone que uno de los requisitos

para ser magistrado de la Corte de Apelaciones y de los

tribunales colegiados, sea ser nombrado por el Consejo de la

Carrera Judicial.

Suponemos que la Comisión de Legislación y Puntos

Constitucionales ya ha advertido que esta reforma es absurda,

porque uno de los requisitos para nombrar a un funcionario no

puede consistir en nombrarlo, sino que puede ser nombrado

aquel funcionario que cumple los requisitos especificados. Es

decir, el nombramiento es posible si los requisitos especificados

son cumplidos; lo cual implica que el nombramiento mismo no

puede ser requisito.

El proyecto de reforma realmente propone que el Consejo de

la Carrera Judicial nombre a los magistrados de la Corte de

Apelaciones. Actualmente los nombra el Organismo Legislativo,

constituido por el Congreso de la República, el cual, a su vez,

está compuesto por diputados. Es decir, los diputados nombran

a los magistrados de la Corte de Apelaciones.

¿Qué certeza hay de que los miembros del Consejo de la

Carrera Judicial elegirían mejores magistrados de la Corte de

Apelaciones, que los diputados? No hay certeza alguna.

Tampoco hay certeza de que no habría intercambio de beneficios

ilícitos entre candidatos a magistrado de la Corte de

Apelaciones, y miembros del Consejo de la Carrera Judicial.

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5. El proyecto de reforma propone crear el “derecho a la

asistencia legal gratuita”. Independientemente de que pueda

haber “derecho” a esa asistencia, no es necesario crear una

norma constituyente para brindarla a quienes no puedan

pagarla. Tampoco es necesaria tal norma para obligar a brindar

defensa legal, ni para obligar a crear una ley que norme la

“carrera del defensor”. Adicionalmente, el Artículo 12 de la

Constitución Política, denominado “derecho a la defensa”,

suministra un fundamento suficiente para decretar normas

ordinarias sobre “asistencia legal gratuita”.

6. El proyecto de reforma propone que “la Policía Nacional

Civil es una institución profesional de carácter civil y

jerarquizada, destinada a proteger el ejercicio de los derechos y

libertades de las personas, prevenir, investigar y combatir los

delitos y otros hechos ilícitos; y mantener el orden público y la

paz.”

Es impresionante el número de heterogéneas funciones que

tendría que cumplir la Policía Nacional Civil, entre ellas

funciones propias de una fuerza militar; pero más

impresionante es que esa institución sería “el único cuerpo

policial armado con competencia nacional”. Es decir, se

pretende que la Policía Nacional Civil sea un monopolio de los

servicios de seguridad de la vida y de los bienes de los

ciudadanos. Los ciudadanos, entonces, serían despojados del

derecho de contratar servicios policiales privados de seguridad.

Es una propuesta inaudita de reforma de la Constitución

Política, porque se pretende convertir en monopolio de los

servicios de seguridad civil, precisamente a una institución que

contribuye a la inseguridad de la vida y de los bienes de los

ciudadanos; que enriquece las oportunidades de corrupción de la

administración pública; que es un ejemplo extraordinario de

ineficacia; y que tendría que ser suprimida urgentemente.

Presumo que los delincuentes estarían complacidos con la

reforma policial propuesta.

Adicionalmente, se pretende que una parte de la Policía

Nacional Civil dependa del Ministerio de Gobernación, y que una

parte, aquella a la cual competiría la “investigación penal”,

dependa del Ministerio Público. Se pretende, pues, que la Policía

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Nacional Civil esté sometida a la autoridad de dos instituciones

públicas. Entonces, por ejemplo, el Director de la Policía

Nacional Civil no tendría autoridad sobre aquellos agentes

policiales asignados a “investigación penal”. Tendría esa

autoridad el Jefe del Ministerio Público. Hubiera sido más

sensato proponer una policía especializada en investigación

criminal, que dependiera del Ministerio Público, o del Organismo

Judicial. Y para crear esa policía especializada no sería

necesario reformar la Constitución Política.

7. El proyecto de reforma propone que, en la integración de

la comisión que debe proponer a los candidatos a magistrado de

la Corte Suprema de Justicia, sea eliminada la “representación

individual” de los decanos de las facultades de derecho o de

ciencias jurídicas y sociales de las universidades privadas. Esa

“representación individual” sería sustituida por un

representante de esos decanos. Sólo habría “representación

individual” del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y

Sociales de la Universidad de San Carlos.

No sabemos cómo esta reforma mejoraría la selección de los

candidatos que serían propuestos para integrar la Corte

Suprema de Justicia. Tampoco sabemos cómo esa misma

reforma incrementaría la eficacia de la comisión que ha de

proponer a los candidatos. Por supuesto, si el propósito es

reducir el número de miembros de la comisión, tal número se

reduciría; pero la reducción no necesariamente tendría la

intrínseca propiedad de incrementar la eficacia de la comisión.

Se pretende reducir el número de miembros de la comisión;

pero se omite reformar el procedimiento de elección de

magistrados de esa corte. Ese procedimiento consiste en que el

Congreso de la República los elige entre los candidatos

propuestos por la comisión. El procedimiento, entonces, es

propicio para que los candidatos a magistrado de la Corte

Suprema de Justicia puedan prometer o comprometer ilícitos

favores judiciales si son elegidos.

8. El proyecto de reforma propone que también en la

integración de la comisión que debe proponer seis candidatos a

Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la Nación, sea

eliminada la “representación individual” de los decanos de las

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facultades de derecho o de ciencias jurídicas y sociales de las

universidades privadas, y sea sustituida por un representante

de esos decanos. Sólo habría “representación individual” del

decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la

Universidad de San Carlos.

No necesariamente, sin embargo, la eliminación de la

“representación individual” de los decanos brindaría mayor

certeza de que serían propuestos los seis mejores candidatos a

Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la Nación, aunque

tampoco la “representación individual” haya brindado alguna

certeza de proponer a los mejores. Por supuesto, si como en el

caso de la comisión que propone candidatos a magistrados de la

Corte Suprema de Justicia, el propósito es reducir el número de

miembros de la comisión que propone candidatos a Jefe del

Ministerio Pública y Fiscal General de la República, tal número

se reduciría; pero la reducción no necesariamente tendría la

intrínseca propiedad de incrementar la eficacia de la comisión.

También se omite reformar el procedimiento de elección del

Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República.

Parte del procedimiento consiste en que el Presidente de la

República elige al Jefe del Ministerio Público entre un grupo de

seis candidatos. El procedimiento, entonces, es propicio para

que el presidente obtenga una promesa de impunidad a cambio

de la elección.

9. El proyecto de reforma propone implícitamente que, por

mandato de la ley constituyente, sea creada la “carrera fiscal”, y

que la Ley Orgánica del Ministerio Público norme esa carrera.

Empero, en el supuesto de que hubiera que crear una “carrera

fiscal”, no es necesaria una norma constituyente. No es

necesaria crearla porque ya el citado artículo 209 de la

Constitución Política crea la carrera judicial, y declara que “una

ley regulará esta materia”. Esa ley es el ya citado Decreto 41-99

del Congreso de la República, o Ley de la Carrera Judicial.

Para crear la “carrera fiscal” es, pues, suficiente el artículo

209 de la Constitución Política, la Ley de la Carrera Judicial y,

por supuesto, la misma Ley Orgánica del Ministerio Público.

Evidentemente es absurdo, como lo propone el proyecto de

reforma de la Constitución Política, crear una norma

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constituyente únicamente para preceptuar que la Ley Orgánica

del Ministerio Público norme la carrera fiscal.

Recomendación

Señores diputados miembros de la Comisión de Legislación

y Puntos Constitucionales: con fundamento en la opinión

genérica y específica expuesta, Liga Pro Patria recomienda

dictaminar que el proyecto de reforma parcial de la Constitución

Política, propuesta por Universidad de San Carlos, Universidad

Rafael Landívar y Asociación de Investigación y Estudios

Sociales, no sea aprobado por el Congreso de la República ni, por

consiguiente, sea sometido a consulta popular.

Agradecimiento

Liga Pro Patria agradece la audiencia que la Comisión de

Legislación y Puntos Constitucionales le ha concedido. Es un

agradecimiento de un grupo de ciudadanos que piensan que el

mejor imperio que puede haber en el mundo, es el imperio del

derecho; que el mejor proyecto de sociedad guatemalteca es

aquel cuya finalidad suprema es el imperio omnipotente del

derecho; y que la Constitución Política de Guatemala debe ser el

fundamento de ese maravilloso imperio.