La Prioridad Olvidada VI

La prioridad olvidada (VI)

Por: Dr. Armando de la Torre

            Competir, pues, pero bajo reglas iguales para todos, es algo a lo cual también tenemos un derecho natural a exigir de los demás, en cuanto hombres y mujeres libres y responsables.

            Su peor enemigo potencial suele ser el Estado, es decir, el monopolio del uso de la fuerza (o de la amenaza de usarla) por parte de quienes lo controlan. Un distinguido intelectual recientemente se preguntaba por qué la “derecha” no “ama” al Estado. Para mí está más que clarísimo: porque los hombres o las mujeres catalogados de “derecha” aman mucho más su libertad individual, y el Estado, por otra parte, teóricamente constituído para defenderla ha sido, y es, con harta frecuencia, el instrumento más eficaz para eliminarla.

            Pero de vuelta al tema de estas reflexiones: toda competencia ha de tener lugar bajo normas que han de ser las mismas para todos. Sin esto, sería ocioso usar del término “competencia”.

            Y esto para cualquier ámbito de la vida, el económico, el político, el religioso, el deportivo, el cultural…

            Lo que nos lleva por pura lógica a la enseñanza de la ética en las escuelas a cualquier nivel educacional, en cuanto que a través de ellas se ha de aludir inevitablemente  al importantísimo punto de la obligación moral a omitir o consumar un acto.

            A los cultores más extremos de ciertas ideologías de “izquierda” ello no les parece muy grato, ni siquiera “relevante”, porque lo asocian inmediatamente con el de la autonomía “individual” de la que siempre desconfían. No hace mucho tiempo, por ejemplo, uno de ellos, Orlando Blanco,  sostuvo públicamente “que ya era hora de separar la política de la moral”. Tesis sostenida por muchos, como ya dije, desde Maquiavelo.

            Y el por qué es obvio: Entre las reglas para toda competencia legítima está la aceptación anticipada de la derrota de los unos por los otros. Suele decirse que tal disposición a aceptar la derrota es distintivo del hombre inteligente y, además, educado; y a ningún fanático le agrada tener que reconocer un día su derrota.

            Este principio habría de ser inculcado a lo largo de todo el sistema escolar, público y privado. Pues es la roca sobre la cual se asentarán ulteriormente otras virtudes como la de la mutua tolerancia, que conllevan lógicamente a la paz ciudadana, inclusive la de veras “firme y duradera”.

            Desde este ángulo ético, toda “negociación” de principios morales, en particular ése de la igualdad de todos ante la ley penal, resulta inaceptable. Fue ésa la razón decisiva por la cual algunos nos opusimos, y nos mantenemos opuestos, a los muy mal llamados “acuerdos de paz”. Pues nadie en particular, ni corporativa ni individualmente, puede eximir a ninguna otra persona o grupo del acatamiento a tal supuesto universal de la ley moral. Por él queda asegurada la integridad de todos y cada uno de los ciudadanos, contra el asesinato, por ejemplo, o el secuestro, la calumnia, el engaño, la tortura, la destrucción de lo propio, y demás otros incidentes dolorosos de la vida en sociedad…

            Fue ése el gravísimo error (a mis ojos imperdonable) del gobierno de Alvaro Arzú y de quienes lo apoyaban (mayoritariamente la clase política, la Conferencia Episcopal, el CACIF, y los organismos internacionales que tanto gustan de inmiscuirse en los asuntos internos de los guatemaltecos).

            Tomando un texto de Benito Juárez, “entre las naciones, como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

            Y la mejor forma de que los jóvenes lo internalicen es que todo tipo de competencia sea limpia, tanto en los estudios como en el deporte, o en el trato social…

            Es esta asímismo la condición “sine qua non” de la colaboración entre humanos, de la armonía social y, por consecuencia, del progreso y la felicidad de los pueblos. Lo que sería imposible si la tesis del citado Orlando Blanco se hiciera realidad.

            La competencia limpia (“fair play”) no está contemplada en los programas docentes de nuestra Guatemala.

            Parece mentira que podamos constatar que algo tan elemental y fundante no figure entre las prioridades olvidadas de la educación en Guatemala.

            ¿Cuán diferente sería nuestro bienestar generalizado, cuán más productivo, o más desarrollado si el CUC, por ejemplo, o el CONIC o la UASP estuvieran imbuidos de ese mismo espíritu de competencia limpia?

            ¿O qué tal si a la luz de ese mismo principio la Fiscal General, Claudia Paz y Paz interpretase el concepto clave en un Estado de Derecho del “debido proceso”?

            ¿O el señor Presidente?…

La Prioridad Olvidada V

La prioridad olvidada (V)

 

Por: Armando de la Torre

 

     El miedo a competir reside, en los niños, tal vez, a hacer el ridículo ante sus seres queridos que  más les significan. Pero entre los adultos, lo mismo acaece junto con otras múltiples razones, algunas hasta tenebrosas.

 

     Lo peor en esa aversión a competir como iguales se evidencia en las contiendas político-partidistas, en especial si se ha invertido en ellas buenas dosis de ideología y capital.

 

     Entonces se les vuelve a los adultos del todo repugnante competir en plan de igualdad con los demás, o sea, bajo las mismas reglas.

 

     Es esa igualdad en cuanto normativa lo que a muchos irrita y frustra.

 

     Parecido al animal salvaje que rechaza a quienes pretendan domesticarlo.

 

     Pero entre los humanos, todavía es muchísimo más complejo. La envidia, el resentimiento, el odio pueden hacernos a los competidores una jauría que ni pide ni da cuartel.

 

     Las normas morales y éticas que nos emparejan se nos pueden antojar fácilmente odiosas y frustrantes para competir. Por eso, concluyen algunos, mejor asegurarnos la ventaja aún con el engaño, la mentira y el fingir, como nos lo aconsejó Maquiavelo.

 

     A diario me lo confirman los sucesos públicos.

 

     Por ejemplo, en este momento me asombra lo que me llega acerca de la persona y de las actuaciones de la Fiscal General de la República, Claudia Paz y Paz.

 

     Se me detallan sus arbitrariedades y hasta sus posibles falsedades, cuando es ella precisamente la llamada a poner coto a todo ello. Me multiplican evidencias de sus prejuicios ideológicos cuando por oficio está obligadísima a dejar los suyos de lado para concentrarse en la aplicación estricta del espíritu y de la letra de la ley.

 

     Me ha dejado atónito su ligereza al desestimar las amenazas de muerte contra una de sus fiscales en Huehuetenango, Gilda Aguilar, igual que de su despreocupación por la emboscada de que fue víctima y de la que salió herido de bala su custodio, Samuel Xitumul González. Encima, la maniobra de encubrir los delitos más graves del CUC bajo los evidentemente menos graves. Y su encogimiento de hombros ante la patente provocación a la Fuerza Pública en Barrillas, Huehuetenango, el punto de partida de los últimos escándalos. Se le paga generosamente por los contribuyentes bajo un contrato solemne que la obliga a proceder contra cualquier abuso venga de quien venga.

 

     Me pasma que transparente la mala lectura suya del artículo 2 de la Constitución vigente, que establece enfáticamente que “todos somos iguales en dignidad y derechos”, es decir, ricos y pobres, militares y civiles, gobernantes y gobernados, derechistas e izquierdistas… No menos me decepciona su falta de energía en investigar posibles corruptelas en su propia gestión, como su probable intento de coacción a la fiscal que no le es de su simpatía.

 

    Me lastima ver a una persona de apellido honorable a los ojos de muchos tan insensible a los derechos de otras mujeres que no son de su simpatía personal, ni comparten su misma escala de valores. Y su animosidad militante contra la única fuente eficaz en la generación de riqueza para el combate a la pobreza: la propiedad privada.

 

     Ya sé lo que puedo esperar: Claudia Paz y Paz se ha mostrado en extremo rencorosa hacia quienes piensan de otra manera, lo que la califica, a mi criterio de incapaz para ejercer el delicado cargo para el que fue escogida por Alvaro Colom y ratificada por Otto Pérez Molina.   

 

     Doctora Paz y Paz: ¿su cargo de Fiscal General la faculta a usted para hacer las distinciones en su proceder que ya son del dominio público? ¿Sobre cuáles principios jurídicos se fundamenta? ¿No habría de ser la justicia igual para todos, también para quienes ven sus tierras usurpadas?… Ya sabemos que Guatemala pocas veces ha sido el escenario para una justicia pronta e imparcial.  ¿Por qué no empieza usted por dar el  ejemplo que todos esperamos con ansia?

 

     Oigo decir que usted goza del aprecio de muchas personas influyentes, tales como la Hillary Clinton y de algunos dirigentes pro derechos humanos en el extranjero, y me alegra saberlo. Pero todo eso es vano si no se empieza por contar con el respeto y la gratitud de sus propios conciudadanos.

 

     Y a todas estas me pregunto: ¿estará el presidente Otto Pérez Molina suficientemente enterado y de acuerdo con esas realidades?

 

     ¿O su inescrutable Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla?

 

     Guatemala, por supuesto, está necesitada de héroes clarividentes. ¿Cree Ud. poder contarse un día entre ellos? Pero el tiempo para merecerlo se acorta.