La Fiscal General y el Estado de Derecho II

La Fiscal General y el Estado de Derecho (II)

Por: Armando de la Torre

            Doña Claudia Paz y Paz evidencia un sentido muy distorsionado sobre sus funciones de Fiscal General, lo que debería haberle cerrado el paso a tal cargo si no hubiera sido por la ausencia total de olfato jurídico en Alvaro Colom y por la fragilidad de los criterios morales en nuestro gobernante de turno.

            Todo Estado genuino de Derecho es irreconciliable con privilegios, nepotismos y “vendettas” personales en el entorno de las autoridades.  El imperio de la ley habría de ser principio de acción absoluto, cosa en la que jamás mostraron creer los guerrilleros de la URNG, ni tampoco los hoy cómodamente instalados en las oficinas gubernamentales de los “patriotas”…

Un gran constitucionalista británico, Albert V. Dicey, identificó el principio de la “igualdad de todos ante la ley” con el hecho de que todos los súbditos de la corona, del Primer Ministro abajo, quedan sujetos a la jurisdicción de los mismos jueces.  A esto lo llamó “the rule of law”,  concepto, a su vez, derivado de las controversias filosóficas y políticas entre los ingleses del siglo XVII, de las que eventualmente hubo de salir triunfante el moderno “Estado de Derecho” (1688).

Inclusive la “declaración de derechos” anexada a la Constitución política de los Estados Unidos de 1787, sobre todo la cláusula del “debido proceso”, apuntó con exclusividad a esa piedra angular del imperio de la ley. Tan absoluta la creyó Dicey que en ella sustentó su férrea oposición a que los súbditos pudieran desobedecer cualquier ley que estimaran como injusta, lo que le hubo de llevar a una defensa reaccionaria de cualquier  “status quo” que incluyera erosionar la función legislativa del Parlamento o la vigencia del “derecho consuetudinario” (“common law”).

            La interpretación continental europea, en cambio,  difiere algo al respecto, pues incluye la creación de tribunales especializados en diversas competencias jurídicas (como la contencioso-administrativa, por ejemplo, o la de los tribunales de familia), lo que no entraña que la “igualdad ante la ley” descanse exclusivamente sobre la uniforme identidad de los jueces.

            El Ministerio Público, que reúne entre nosotros el monopolio de la persecución penal, es la rama auxiliar del poder judicial más atenida a respetar esa igualdad ante la ley.

            La Fiscal General, Claudia Paz y Paz, y sus “asesores” y adjuntos, reclutados de entre  sospechosos nativos de subversión, fiados, encima, del apoyo de sus “contactos” internacionales (de izquierdistas dogmáticos principalmente europeos), violan continuamente tal presunción.

            Los guatemaltecos no han logrado construír todavía un auténtico Estado de Derecho. Nadie menos que Castresana citó la evidencia de la altísima cifra de los casos impunes –un 98%, según él- para probarlo…

            Doña Claudia y camaradas acusan con ligereza, y hasta con retorcimiento de pruebas, a los “ricos” y a los “militares” como los casi únicos hacedores históricos de entuertos.  No parecen preocuparle las víctimas inocentes de secuestros, asesinatos, extorsiones, calumnias, robos y destrucciones de sus propiedades en los que reiteradamente incurrieron sus compañeros de ruta.  Sus enfoques se muestran descaradamente partidarios. 

            Repito que la responsabilidad última de tanta degradación del sistema de justicia recae sobre el Presidente de la República, Otto Pérez Molina.  Con la no menos lamentable complicidad de innumerables actores del CACIF, de la Conferencia Episcopal católica, de diputados tránsfugas, de  “teólogos” de la liberación tanto católicos como evangélicos, de periodistas superficialmente formados, de catedráticos universitarios que tiran la piedra y esconden la mano, y de un puñado extra de burócratas extranjeros, amén de la masa informe de los débiles de carácter de aquí y de fuera.

            Hasta se permite hacer diferencias ilegítimas entre los fiscales y demás subordinados. Y los sabihondos de la jurisprudencia, los miembros del Colegio de Abogados, los magistrados de la Corte Suprema y de la Corte de Constitucionalidad y los decanos de las facultades de Derecho, en absoluto silencio.

Karl Barth: vida y pensamiento

 

 

Por: Gonzalo Chamorro M. Introducción

 

Introducción

Sin duda alguna el siglo XX estuvo lleno de cambios dentro del cristianismo mundial. José Ignacio González Faus indica que las personas más influyentes de este periodo directa o indirectamente, “forman una trinidad carlista, Karl Barth, Karl Rhaner y Karl Marx.” El presente artículo tiene por motivo presentar la vida, obra, peregrinaje teológico e influencia para América Latina de uno de los teólogos más importantes del siglo XX, Karl Barth.

 

 

 

Vida y obra

Karl Barth nació el “10 de mayo de 1886 en Basilea (Suiza)” en el seno de una familia “calvinista y clerical.” Su padre Fritz Barth fue un teólogo reformado de tendencias conservadoras quien guió sus primeros estudios y para quien tuvo siempre el más alto respeto y gratitud.

 

 

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La Fiscal General y el Estado de Derecho

La Fiscal General y el Estado de Derecho

Por: Armando de la Torre

Guatemala todavía no ha merecido ser considerada un auténtico Estado de Derecho; por eso permanece en el  subdesarrollo.

Pero ¿acaso tenemos claro lo que significa?

Históricamente se le han asignado a ese concepto dos interpretaciones muy diferentes. Una, la derivada del pensamiento de Rousseau (predominante entre nosotros), que prácticamente lo hace el equivalente del mero “Estado de Legalidad”. La otra entendida desde las premisas filosóficas de John Locke, las vigorizantes de los Estados en las sociedades más justas, libres y prósperas (a lo sumo, una treintena de Estados nacionales).

Me identifico con esta segunda, porque los gobiernos inspirados en ella han evidenciado su respeto eficaz hacia la separación estricta entre los poderes autónomos del Estado y, lo que considero aún más relevante, mantenido una igualdad muy cercana a universal en la aplicación de la ley.

Volvamos a Guatemala.

Hemos padecido casi ininterrumpidamente bajo sistemas presidencialistas abusivos, en los que reiteradamente han sido atropellados los derechos de todos y las atribuciones muy en particular de los magistrados y los jueces del Poder Judicial, la columna vertebral de un Estado de Derecho. Y no sólo por el Presidente de turno (siempre), sino también por los diputados al  Congreso (con muy pocas y honrosas excepciones).

Por otra parte, me he permitido airear ciertos casos recientes por los que me consta que en parecidos atropellos ha incurrido la actual Fiscal General, la doctora Claudia Paz y Paz. Por supuesto, no es la única, pues todos quienes la han precedido en el cargo también lo han hecho, y muchas veces con mayor descaro y daño al principio de la igualdad de todos ante la ley. Pero nada de eso es excusa para el silencio, sobre todo cuando se añade la presión de ciertos grupos vehementes (el CUC, por ejemplo) y de extranjeros, empeñados en publicitarle una aureola de inocencia imparcial.

En mi percepción, para la doctora Paz y Paz todo empresario o todo militar es culpable mientras no se demuestre lo contrario, es decir, lo opuesto a lo preceptuado en el artículo 14 de nuestra Constitución.

Más triste aún es saberla inmersa en conspiraciones con embajadores y grupos de presión del extranjero (sobre todo de europeos occidentales), para hacer más punzante su sesgo ideológico de lucha de clases, a ciencia y paciencia, por supuesto, del Presidente de la República.

Ello ha llevado a que la Fiscal General se haya valido de dos líneas de investigación simultáneas pero antitéticas: la inquisitiva (como lo establece el Código Procesal Penal vigente), que ella emplea para los casos de violencia y narcotráfico, y la acusatoria (como fue legal antes de la reforma de ese Código en 1992) en aquellos casos que se le cruzan y que antagonizan sus arraigados prejuicios contra personas adineradas o contra militares que hayan seguido órdenes que a ella, o a sus amigos, no les placen.

En otras palabras, nuestra Fiscal General retuerce arbitrariamente el sentido de las leyes como si fuera superior al Congreso, al Código Procesal Penal y a la doctrina de la Corte de Constitucionalidad, de acuerdo a muy subjetivas simpatías y antipatías hacia personas, lo que es irreconciliable con toda versión de un Estado de Derecho que busque precisamente la salvaguardia imparcial de los derechos individuales inalienables, ya reconocidos como superiores y anteriores al mismo Estado. 

La responsabilidad última por tanto desmedro republicano recae sobre el Presidente de la República, en quien no veo, por eso mismo, cualidades de estadista sino sólo de político al uso.

Todo el que calla, otorga. En notas sucesivas, pues, trasladaré a la opinión pública ejemplos de entre lo que ha llegado a ser fehacientemente de mi conocimiento personal.

Porque un Estado de Derecho permanecerá irrealizable a menos que se apoye en el esfuerzo de todos los sujetos a las mismas leyes, sean ellas consuetudinarias, naturales o, muy en especial, positivas.