Los prejuicios impiden que tengamos un Estado de Derecho

 Los prejuicios impiden que tengamos un Estado de Derecho   

Por: Armando de la Torre

            Hace dos semanas aludí al costo – para – todos – nosotros – de – tener – gobierno, el cual aumenta exponencialmente por la ineptitud y la mala voluntad de muchos funcionarios públicos.

            Tal es el caso actual del Ministerio Público y de muchas otras oficinas en el gobierno de Otto Pérez Molina.

            La ley, sea dicho de paso, permite la crítica de la actuación de cualquier funcionario en el ámbito de su competencia (Art. 35 de la Constitución).  Pero no obliga al criticado a responder al contribuyente quejoso.

            Claudia Paz y Paz, la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, ha sido criticada reiteradas veces por mí, y por algunos otros pocos columnistas, en razón de sus numerosas decisiones injustas y sus expresiones de juicios de valor erróneos en el ejercicio de sus funciones.

            Como a buen burócrata tercermundista, no le importan los señalamientos mientras sepa que puede contar con la anuencia del Presidente y también de sus patrocinadores desde el extranjero, entre ellos, muy en particular, su amigo y compañero de estudios Francisco Dall´Anese, hasta hace un mes Comisionado de la CICIG, agente internacional interventor por invitación de corruptos e ignorantes guatemaltecos.

            Cuando tomó posesión de tal cargo hace tres años, se estrenó con ciertas declaraciones esperanzadoras como la de que  “la justicia no sólo concierne al trabajo de los jueces, fiscales y la policía, sino sobre todo necesitamos denuncias, testigos, y evidencia. Si la gente no coopera en estos sentidos, no habrá justicia” (21 de junio del 2010).

            De la misma vena añadió que “no hay justicia si existen grupos de personas que  pueden hacer lo que les plazca sin rendir cuentas a la justicia. Debe quedar muy claro que no deben existir los intocables. Esto no es aceptable en una democracia”.

            Exactamente lo que a continuación hizo, contradiciéndose, en favor del crimen organizado en el Ministerio Público bajo la gerencia de la Dra. Claudia Paz y Paz.

            Con tal espíritu de cooperación, continúo mi comentario: el último caso de persecución penal injustificada, el proceso contra los señores Cupersmith y Salazar, nada de lo propuesto inicialmente  por  Dall ´Anese ha sido tenido en cuenta  por el Ministerio Público a cargo de la Fiscal General.

            Por el contrario, ese monopolio legal de la persecución penal, por mano de sus fiscales, ha cometido con frecuencia los delitos de abuso de autoridad, de acuerdo a lo estipulado por el     Código Penal en su artículo 418, que entre otras cláusulas reza: “Comete delito de abuso de autoridad el funcionario o empleado público que …ordenare, realizare, o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio… de terceras personas, …que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este Código.  El responsable… será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial”. 

            Por otra parte, la misma ley orgánica del Ministerio Público, en su artículo 61, inciso 6, cataloga de abuso… “hacer acusaciones, pedimentos, formular conclusiones, o rendir dictámenes que tengan como base hechos notoriamente falsos, o que no expresen fundamentos legales”. 

            Y el artículo 462 del mismo Código Penal sobre el prevaricato,  estatuye que “el juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado con prisión de dos a seis años”.  

            Todo ello me deja muy perplejo, porque no encaja con la práctica observable del Poder Judicial con respecto a muchos casos que allí se debaten, a raíz de ciertas iniciativas del Ministerio Público desde que lo dirige la Dra. Claudia Paz y Paz que, francamente, creo que violan el principio de “debido proceso”.

            Transgredió el derecho de defensa de los acusados, al no querer valorar pruebas de descargo. En enero del 2008, el juzgado sexto de Primera Instancia Penal, a requerimiento de ellos mismos, los fiscales, resolvió desestimar el caso de los señores Cupersmith y Salazar, con orden de archivar el caso. El fiscal Angel Saúl Sánchez Molina argumentó, en contra, que no podía acceder a esa solicitud “porque tenía instrucciones de sus superiores en el Ministerio de llevar el caso a una condena”.

            ¿Cuestión de estadísticas para sus amigos en el extranjero, Doña Claudia?

 

El costo de la ineptitud

El costo de la ineptitud

Por: Armando de la Torre

           

            La ineptitud en cualquier actividad entraña habitualmente un precio muy alto. Y si hablamos del costo que cualquier monopolio estatal significa para los contribuyentes, entonces habríamos de traducirlo a cifras  astronómicas.

            Guatemala, por ejemplo, es y ha sido pobre… porque nuestro costo – de – tener – gobierno nos resulta altísimo.

            La ineptitud y la corrupción han sido las “constantes” en la gestión gubernamental de nuestro país, particularmente desde la presidencia de Idígoras, con la única excepción, quizás, de la administración de Peralta Azurdia.

            Con Alvaro Colóm y Otto Pérez, creo, hemos tocado fondo.

            Entre todas, ninguna otra institución del Estado lo ejemplifica mejor que el Ministerio Público, en años recientes bajo el despotismo caótico de la Dra. Claudia Paz y Paz (en otras palabras, desde el 9 de diciembre del 2010).

            Se supone que para el cargo de Fiscal General él o la escogida habría de poseer las mismas cualidades humanas que se requieren de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (Ley Orgánica del Ministerio Público, artículo 13).

            La Constitución Política vigente estatuye en los artículos 207 y 216, entre requisitos más de forma que de fondo, que el Jefe del Ministerio Público ha de ser de “reconocida honorabilidad”. A este respecto, la Dra. Paz y Paz llegó a ese cargo con la aureola de haber trabajado para el Instituto de Ciencias Penales y haberse destacado entre los “defensores” de los derechos humanos. También parece haber pesado a su favor un doctorado en derecho penal y en derechos humanos obtenido en la muy prestigiosa Universidad de Salamanca “cum laude”.  

            La realidad de su gestión, empero, no responde a tales calificaciones.

            En cuanto lo que más nos urge, la eficacia de un buen Estado de Derecho QUE NUNCA HEMOS TENIDO por completo,  esto entraña mucho más que tener una Constitución escrita. Al fin y al cabo, Inglaterra no la tiene, y nadie duda que esa sociedad es un auténtico Estado de Derecho. Por otra parte, Cuba – o la ex Unión Soviética, o la China de Mao, o aun la Corea del Norte de hoy -, cuentan con constituciones escritas que en la práctica son nugatorias de todo Estado de Derecho.

            Un Estado de Derecho significa, pues, un Estado que de veras protege y defiende los derechos individuales de todos sin distinción -o como hoy se prefiere llamarlos, de “primera generación”- que son ANTERIORES Y SUPERIORES al mismo Estado.  

            Precisamente de ello no queda rastro alguno en los hechos de la Dra. Paz y Paz..

            Lo que implica que el monopolio de la acusación penal que los constituyentes de 1985 quisieron reservar para el Estado habría de estar presidido por un jurista por lo menos de la talla moral de “un magistrado de la Corte Suprema”…

            Cae, pues, de su peso, que tal acusador supremo habrá de ser una persona ejemplarmente imparcial, equilibrada, ajena a prejuicios, y sin agenda política privada, sólo apoyada en la autoridad del espíritu y la letra de la ley.  

            De ese calibre es el logro de instituciones semejantes en la treintena de países de reconocida eficacia y honorabilidad jurídicas.

            ¿Qué sucede entre nosotros?… Que la justicia en todas sus ramas está politizada ya desde nuestra magna charta. Aquí mismo he publicado algunas reseñas de abusos insoportables cometidos por la Fiscal General, pero, naturalmente, nadie ha sido nombrado por ella para dar respuesta a mis señalamientos. Un privilegio más que le concede inoportunamente la Constitución.

            La Ley Orgánica del Ministerio Público establece, además, desde su primer artículo, que en el ejercicio de la acción penal “… que perseguirá la realización de la justicia y actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad”…

            Igualmente el Código Procesal Penal, en su artículo 108, especifica que “en el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley penal”.

            Y la Constitución, en su artículo 251, estatuye que “el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales, con funciones autónomas, y cuyos fines principales consistirán en velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. 

            A los casos particulares a los que ya he aludido (y a muchos otros de los que también tengo información completa a la mano) hoy quiero añadir otro que es reflejo típico de su actuación: el de dos empresarios perseguidos con el encono que le es habitual por la Fiscal General simplemente porque los supone “adinerados”.

Y la Fiscal ha dejado traslucir en múltiples ocasiones su profundo resentimiento de clase social en contra de quienquiera que ella conceptúe de “rico” (o también de militar).

              Don Oscar Salazar y Don Moisés Cupersmith fueron socios muy minoritarios (el 0.27% y el 0.79% respectivamente) del Grupo Financiero del País.  Nunca fueron miembros del Consejo de Administración, ni titulares ni suplentes, tampoco mandatarios, representantes legales o funcionarios de alguna entidad que formara parte del denominado “Bancafé”.

Sin embargo, ellos, que perdieron todo lo invertido, han sido objeto de un acoso constante e injusto por más de un año por funcionarios ineptos del Ministerio Público.

Está su caso tan lleno de estupideces y errores de los funcionarios a las órdenes de Claudia Paz y Paz que necesito de otra columna de opinión para pormenorizarlo.

Quede para la próxima entrega.

Dentro de cuarenta años

Dentro de cuarenta años…

Por: Armando de la Torre

            Vivimos tiempos de aceleración histórica. El mundo, y todo lo que en él se contiene, cambia y vuelve a cambiar… Especular, por tanto, sobre lo que de hoy al año 2053 pueda haber ocurrido, aunque sólo sea en este incambiable bello rincón del planeta que llamamos Guatemala, se me antoja un ejercicio mental de suicidio inútil.

            Sin embargo, me atreveré.

            Mi punto de partida estaría en que nuestro mañana depende de lo que hagamos hoy. En otras palabras, todo futuro, entre seres humanos responsables, se halla ya en embrión en el presente de nuestras capacidades.

            Sobre tal supuesto, me permito esperar que nuestra población se habrá duplicado para ese entonces, o sea, que rondaremos los treinta millones alrededor  del año 2053. Y también que nuestros mayores de edad para esas fechas serán más adultos que los de hoy, con una media de alrededor de veintitrés años (frente a la de los 18 años en la actualidad).

            Nuestra escolaridad espero que ya habrá rebasado la meta del presente, para rozar optimistamente los cinco años de alguna forma de educación formal secundaria. No menos importante, la mortalidad materna se habrá contraído al mismo tiempo al nivel de lo común en otros países que consideramos más desarrollados que el nuestro.

            Y así, espero, tendremos hombres y mujeres más sabios, porque sabrán comparar mejor entre eventos y personas, antes de haber arribado a la media futura de los ochenta años de edad.

            Tales pronósticos podríamos mejorarlos, o igualmente empeorarlos, de acuerdo a otros parámetros, los jurídico-políticos, por ejemplo, que tan radicalmente inciden en nuestro crecimiento, económico y de todo tipo, y, por ende, asímismo en nuestros logros civilizados.

Toda esta apreciación la considero de suma importancia.

Una bien pensada Constitución política nueva, por ejemplo, ya nos es, para empezar,  del  todo asequible pero sólo si poseemos la voluntad de querer hacerla. 

En ese sentido, lo que más nos urge es blindar la independencia del Poder Judicial ante la de cualquier otro de los poderes soberanos del Estado. Para ello habrían de suprimirse constitucionalmente los innumerables  privilegios vigentes a favor de grupos o personas, más aún, de suprimir de raíz toda posible  potestad de otorgarlos.   

            Es éste un mensaje difícil de vender en cualquier rincón del planeta. Los privilegiados nunca renuncian sin pelear a sus privilegios. Pero ya nos resulta imprescindible si queremos ganarnos una sociedad mucho mejor que esta con la que contamos hoy.

            El mensaje fundamental para todos los hoy privilegiados y apegados a tales ventajas ilegítimas sería que ellos mismos, igual que el resto, estarían mucho mejor y más satisfechos en una sociedad en donde no existan privilegios para nadie. Y así se habrá erradicado, de una vez por todas la causa principal de la conflictividad social.

            Además, tendríamos ¡por fin! un verdadero sistema de justicia pronta e igual para todos. Y sus frutos tampoco tardarían en llegarnos al muy corto plazo: un mucho más alto nivel de vida generalizado, la reversión de la corriente migratoria de nuestros mejores laborantes de hacia afuera a hacia adentro; un salto cualitativo más arriba, en cantidad y en calidad, de la inversión foránea per cápita, y en el número y excelencia de los servicios de salud y educación a la disposición de todos, acompañado de un muchísimo menor dispendio de recursos para la seguridad personal.

            Por otra parte, si priorizamos las libertades individuales por encima de la supremacía imperial del Estado (quitándole, digamos, ese monopolio inicuo del subsuelo), habremos recortado de tajo la profusión de políticos embusteros y ladrones – además de ignorantes y toscos-, y facilitado la llegada al poder de ciudadanos laboriosos y cumplidores con la palabra dada.

Otro cambio estructural muy beneficioso sería el que la discrecionalidad  de que hoy disfrutan los sindicatos de maestros sobre la educación de los jóvenes retornase a nosotros, los padres de familia, debidamente asesorados, que somos quienes con nuestros impuestos sufragamos todos los gastos  y salarios de los docentes.   

No menos ayudaría el cambio de una estructura unitaria del Estado nacional a otra de tipo federal, para que todas nuestras etnias, sin excepción, se sientan copartícipes en la dirección de nuestro destino colectivo. Ello, además, nos llevaría a una mayor integración cívica y cultural, de la que todos y cada uno saldríamos recíprocamente enriquecidos.

E igualmente muy importante es que todos aprendamos de los beneficios de la libre competencia entre quienes se saben comportar, sin violencia alguna, como iguales ante las leyes (que, por lo mismo, de antemano nunca habrán de ser discriminatorias). Pues no hay persona que no pueda aventajar a los otros en algún aspecto, alguna destreza, o algún rasgo de carácter.

También eso se constituiría en parte esencial de nuestra comprensión del derecho universal a la propiedad. Y devendría prioritario para cada cual saberla emplear dentro de los más absolutos cánones de honradez profesional.

Porque, como encima ya nos lo advirtió de tiempo atrás Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es… la paz”.