El ùltimo arrebato de los enemigos del Derecho

El último arrebato de los enemigos del Derecho

Por: Armando de la Torre

            Claudia Paz y Paz y Ulrich Gurtner Kappeler ahora se han aliado para arremeter contra el derecho constitucional  a la libre expresión de pensamiento. 

            No me sorprende, porque los socialistas –de “salón” o de las barricadas- se han distinguido durante los últimos dos siglos por sus cruentos ensayos en suprimir las libertades esenciales de toda persona, menos de los poderosos, por supuesto, cuando ellos mismos se encuentran entre sus filas.

            Recuerdo que hace unos meses Frank La Rue intentó acallar por un decreto ley aun la más mínima referencia a la opinión de que en Guatemala no ha habido genocidio.  Y eso lo hizo el Alto Comisionado para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

            ¡Viva Fidel Castro! 

            Muchos de quienes todavía se dicen “de izquierda” muestran síntomas de hallarse reconociblemente enfermos.  Transparentan a todas luces una ignorancia supina sobre la civilización occidental, pero a cuyo costo saben medrar.  Evidencian, encima, con demasiada frecuencia un resentimiento pueril de adolescentes tardíos contra toda persona que pacíficamente los supere en cualquier forma de éxito personal.

            A Giovanni Fratti le ha tocado el turno de estar bajo asedio por los mismos de siempre, por quienes demostrablemente ni conocen la ley, ni la ética, ni la educación democrática.  En este caso concreto me refiero a las dos figuras cuyos nombres encabezan estas líneas.

            El suizo de marras, Ulrich Gurtner Kappeler, Gerente General de FEDECOCAGUA, antes empleado de la firma Walti-Schoenfelt con la que se estrenó en Guatemala, luego de ANACAFE y más tarde funcionario en el Comité de Créditos de BANRURAL, acusó a Fratti del delito de “difamación” por haber externado su opinión en Radio Fabulosa acerca de la ineptitud del Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la IVE (investigadora de la Superintendencia de Bancos) por no haber investigado las acusaciones que formuló públicamente Rodrigo Rosenberg contra Gerardo de León (gerente de FEDECOCAGUA), Fernando Peña (gerente general de BANRURAL),  José Angel López (presidente del Consejo de Administración de BANRURAL), además de los políticos Gustavo Alejos, Sandra Torres y Alvaro Colóm y el financista de la UNE Gregorio Valdéz. 

            El proceso sigue en marcha casi dos años después, sujeto a una apelación del querellado ante la Corte de Constitucionalidad.

            A ello los mismos “querellantes” han añadido ocho demandas civiles y penales por “injuria, calumnia y difamación”.  La pena para tales supuestos “delitos” sería cinco años de cárcel y cinco años de inhabilitación para ejercer el periodismo.  En una de esas demandas, Kappeler pidió que se le resarcieran ¡quinientos millones de dólares por daños y perjuicios a FEDECOCAGUA!

            Un ejemplo más, para educación de los inocentes, de cómo algunos a través del tráfico de influencias en Guatemala se hacen muy ricos…

            La juez del Juzgado Civil a cargo, menos mal, rechazó la demanda in limine.

            La juez de Primera Instancia Penal, a su turno, también lo rechazó.

            Otra juez (una más en el recorrido de Doña Claudia y Don Ulrich en busca de jueces que les fueran “benévolos”), del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, accedió a conocer del delito de difamación bajo un jurado de imprenta (lo que, sea dicho de paso, no ha ocurrido en Guatemala en cuarenta y cuatro años…) que no compete a un juicio por jurado de imprenta.

            Uno de los más prestigiosos constitucionalistas de Guatemala, Gabriel Orellana Rojas, ha tomado la defensa de Fratti, junto con el licenciado Tito Santis.

            La juez Marta Josefina Sierra de Estalling, del Tribunal Octavo de Primera Instancia, empero, abrió la causa a juicio de imprenta, suspenso por un recurso de inconstitucionalidad presentado por el licenciado Orellana. Ella lo declara sin lugar, lo cual es origen de otro recurso de apelación de parte interesada.

            A todo esto, el CUC y el CONIC han demandado a los periodistas Humberto Preti, Pedro Trujillo y Silvia Gereda por medio de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo por haber denunciado los millones de dólares que despilfarran ciertas ONG´s

            Y nadie menos que el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, ha condenado a otro periodista, Ricardo Méndez Ruíz, por “fomentar el odio y la división entre los guatemaltecos”.

            Y Estuardo Zapeta continúa demandado por la CICIG por haber opinado desfavorablemente del histriónico Castresana. Aunque espero que no le aguarden los diez meses de prisión que sufrió otro periodista, Rodolfo Ibarra, por referirse de esta misma manera al mismo señor.

            ¿Hasta cuándo, D on Otto, Don Gabriel Medrano, Don Héctor Hugo Pérez Aguilera? …