El hastìo por lo estatal

El hastío por lo estatal (III)

Por: Armando de la Torre

            Lo que más suele irritar a quienes aceptan la necesidad de que nos organicemos políticamente en Estado no es tanto el abuso de poder en casos aislados cuanto esa permanente ineptitud burocrática y, encima, venal, de sus autoridades superiores, léase Presidencia, Parlamento, Corte Suprema, Ministerio Público… y un largo etcétera.

            El costo-de-tener-gobierno termina por enfurecer al conjunto de los contribuyentes todos y de frenar su respectivo progreso, tanto colectivo como individual.  Ello es atribuible, primordialmente al monopolio coactivo que es de la misma esencia del Estado.

            En primer lugar, porque las personas contratadas para fungir de funcionarios públicos tienen un mayor y natural interés en complacer a quienes los contratan (sus superiores jerárquicos) que a los contribuyentes mismos a quienes en teoría habrían de servir desinteresadamente, o sea, consecuencia derivada de la renuncia implícita a la libre competencia del mercado. Y así, todo concluye por reducirse a conexiones muy personales simultáneas a las pujas inmorales por el control del poder coactivo dentro de la burocracia oficial.

            Entre los “amigos de lo estatal” -generalmente ya encuadrados en su nómina de empleados, o que lo fueron antes, o que aspiran a serlo en el futuro- suele prevalecer, en abierto contraste con los servidores ya instalados competitivamente en el sector productivo, una cierta indiferencia e ineptitud profesional que en poco o nada está en función con sus cualidades personales (pues el talento innato abunda en todos los campos). Es el sistema propio de lo estatal, que por su naturaleza ha de excluir todo “lucro”,  lo que a su turno priva al funcionario de la ventaja de ese índice infalible de que las cosas se hacen bien o mal. Su contrapartida se transparenta en el derroche obvio de los recursos públicos, por lo demás siempre tan escasos.

Por tal razón, esos “amigos” patrimoniales de lo estatal (los políticos) insisten habitualmente en subrayar la urgencia, para ellos permanente, de subir los impuestos bajo cualquier pretexto. Jamás se les oye, en cambio, que aboguen por mejorar la calidad de los servicios que ellos prestan a los contribuyentes, hacia los que, además, disponen muchas veces con altanería.

He ahí la fuente de tanta impunidad de tanto administrador impopular… La principal preocupación de los servidores del Estado termina por reducirse a la muy política de complacer a su jefe de turno, el que los puede retener o remover, y no esa utilitaria, típica del mercado, que se endereza exclusivamente a la satisfacción de sus usuarios.

De ahí, sea dicho de paso, la mansedumbre cómplice, por parte de los asalariados del Estado, sin otra defensa ante el autoritarismo arbitrario que la muy dudosa de sus dirigentes sindicales.   

            “Salir”, por otra parte, ilegal e inmoralmente “de pobres”, a través del ejercicio de alguna  función pública, se ha vuelto hecho casi universal entre nosotros, lo que desnaturaliza la función y a un tiempo provoca el desaliento de la moral tributaria en el ciudadano común y corriente.

            La más clara evidencia de tanta distorsión lo constituye el fenómeno correlativo de la  impunidad, que ha hecho de Guatemala un pantano con el aporte del todo injustificable de magistrados, jueces, fiscales, policías, y aun más allá, hasta un personal penitenciario mal entrenado y peor supervisado.

Lo mismo más o menos se podría extender a la SAT, a la Contraloría de Cuentas, y a los demás organismos supuestamente fiscalizadores.

            El hecho de que, a pesar de todo, en tanta podredumbre nos sorprendan unas excepciones cuasi heroicas, en absoluto nos debe dejar complacidos.

Dada nuestra defectuosa estructura constitucional, al empleado público se le marginaliza en los hechos. El Código Penal vigente, por ejemplo, en su artículo 442 -en los casos de soborno (bajo la figura de cohecho pasivo)- castiga por igual al que extorsiona que al que se ve obligado por falta de alternativas a pagarlos (cohecho activo). Esto, tristemente, se constituye en la mejor garantía, para los funcionarios abusivos de que no serán castigados, pues nadie se atreverá a denunciarlos.

Además, también toda esa estructura estatal está a cargo, precisamente, de un presidente, un vicepresidente y de 158 diputados que nosotros de alguna manera nos hemos visto “forzados” a elegir, un amago cada cuatro años de una engañosa democracia. Pues la ley electoral y de partidos políticos concentra en los Secretarios Generales de los “partidos” otro monopolio, el de vehículos legales para que los ciudadanos escojan entre los candidatos de sus listas. No se permiten para ello comités cívicosmunicipales -excepto para elegir alcaldes y concejales- que puedan proponer a su vez candidatos, ni mucho menos una posible columna en blanco en la boleta electoral para que les sea factible a los electores insertar, con letras de molde, los nombres de sus preferidos.

Todo está atado hoy, todo escrito en cláusulas “pétreas”, que inhiben cualquier alternativa independiente por parte de los ciudadanos. Por eso los beneficiados con tales privilegios se aferran a la mera letra de la Constitución y en la práctica hasta hacen imposibles reformas de fondo.

Estos se tornan, al margen de sus colores ideológicos, los verdaderos “oligarcas” de Guatemala,  lobos a quienes se les ha dado en exclusividad la llave de acceso al rebaño de los corderos, que los somos todos los demás.

(Continuará)

El hastìo por lo estatal II

El hastío por lo estatal (II)

Por: Armando de la Torre

            No hemos de olvidar que el fundamento de toda estructura estatal esel monopolio del poder coactivo, es decir, del uso de la fuerza o de su amenaza de usarlo.

            Significa una enorme concentración de poder, lo que ningún hombre ha estado jamás en condiciones de manejar al tiempo de pretender hacer justicia. Valga al punto la conocidísima frase de Lord Acton: “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

            Es lo mismo que estimuló el reclamo encendido de los profetas bíblicos más osados: Amós, Miqueas, Oséas, Ananías,… “Escuchad esto, jefes de la casa de Jacob y dirigentes de la casa de Israel que aborrecéis la justicia y torcéis todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con crímenes; cuyos jefes juzgan con soborno, sus sacerdotes enseñan a sueldo, y sus profetas vaticinan por dinero” (Miqueas Cap. 3, 9-11).

            Lo que entraña nuestra insuficiencia humana para juzgar apropiadamente de lo justo o de lo injusto. Lo que ha llevado a algunos teóricos de la ciencia del Derecho a concluir que la justicia de un fallo concreto es siempre debatible; no así, en cambio, su injusticia, que siempre queda patente a todos (Kelsen, Hayek, Popper).

            Como muy bien lo calificó Thomas Hobbes, el Estado ha devenido un Leviatán, un monstruo, que reduce la justicia a lo que quiere el más fuerte.

            A ello, principalmente, apuntó el movimiento constitucionalista: quería fijar límites estrechos al ejercicio del poder mediante condiciones como la división e independencia recíproca de los poderes, el sufragio universal, el sistema bicameral, la revisión judicial de lo actuado y, lo más importante, las declaraciones universales de los derechos individuales de los gobernados.

            La tiranía supone la ausencia de cualquiera de esos condicionamientos. En la práctica, equivale a atribuir a cualquier poder estatal una capacidad mayúscula, que no merece, para el abuso de la fuerza.

En el siglo XVII, en Inglaterra, el objetivo fue la tiranía de los monarcas; en el XVIII, en Francia, la tiranía de los jueces, en el XIX, la de las mayorías electorales; en el XX, y en muchas partes, la tiranía totalitaria de los colectivismos de toda índole, desde el comunismo al fascismo.

            Lo mismo podría hoy formularse como la tiranía de las masas, de lo políticamente correcto, de lo que se juzga inevitable, del populismo simple y llano, porque seamos incapaces de soñar con alternativas…

            Sí se puede y se debe soñar,… pero para ello primero hemos de tener confianza en nosotros mismos, en que podemos enderezar lo torcido, en que está a nuestro alcance hacer algo mejor, en que nos sabernos libres y responsables, aun cuando estemos en minoría.

            Lo que también refleja nuestra capacidad innata para aprender de la experiencia e imaginar alternativas, o, no menos, de decidirnos por opciones diversas y aun opuestas entre sí mientras no nos conste lo contrario.

            Esto sería la fundamentación última para la libertad de expresión en sociedad, y el Estado en cuanto el primer obligado a respetarla, a defenderla, y ampliarla hasta el máximo posible Thomas Jefferson, el redactor del texto de la Independencia de las colonias inglesas que se constituyeron por ese documento en “Estados Unidos de América” (1776), alguna vez dijo: “Entreuna prensa sin gobierno y un gobierno sin prensa, prefiero la prensa sin gobierno”.  

            Por otra parte, Federico Bastiat, con referencia a los órganos legislativos de las democracias modernas, repudió el que la ley positiva se hubiere vuelto el recurso legal para que unos ciudadanos expolien a los demás, como el llamado “Estado benefactor” que tanto facilita el que ciertos parásitos succionen la sangre de los productivos.

            El poder corrompe…

            Y, sin embargo, son muchos quienes, ciegos para el largo plazo, se afanan en alzarse con el poder, cualquiera que sea. Ilusos que se empeñan inconscientemente en exponer a todos su desnudez, llena de costras y deformaciones repugnantes.

            Nuestro colofón último debería consistir en reducir constantemente a dimensiones más humanas, es decir, más pequeñas, al monstruoso Leviatán que nosotros mismos nos hemos obcecadamente construido.

            Es la melancólica lección del contemporáneo hastío por lo estatal, que no se remonta a otra cosa que a nuestra reiterada constatación de lo estéril, de lo vano, de tanta fe simplista, derramada, siguiendo a Rousseau, en la bondad natural del hombre.

            Sobre tal supuesto, reduzcamos el peligrosísimo poder absorbente del Estado en lo público y, más aún, en lo privado. Sobran tantos impuestos, tantos controles, tantas directrices y  reglamentaciones, todos, encima, enormemente costosos y empobrecedores.

            Atrevámonos, por fin, a tomar en serio nuestra condición de ángeles caídos, pero dotados de la libertad de revertir lo mal hecho.

            Démosle una oportunidad a la libertad de las personas.