El linchamiento judicial de Sperisen en Ginebra

Por: Armando de la Torre

            La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.  Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente o prestablecido.  Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.” (Artículo 12 de la Constitución Política de Guatemala vigente).

            El caso de la repetición de la condena a cadena perpetua del ex-Jefe de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Erwin Sperisen, por unos jueces del Cantón de Ginebra, en Suiza, reitero que equivale a una auténtica violación de ese artículo constitucional que antecede, e inclusive a un crimen de lesa humanidad por parte de sus perseguidores, de la CICIG, del Ministerio Público desde aquí, y también de los de allá, pensemos lo que pensemos sobre Suiza y los suizos.

            En primer lugar, la base de la acusación descansa sobre el testimonio de la madre de uno de los reos muertos que al identificarse como “Testigo de Jehová” afirmó no poder mentir por prohibírselo su convicción religiosa.

Yo la creo auténtica y sincera.

            En su deposición, la misma señora declaró explícitamente “que no tenía nada en contra del señor Sperisen, a quien, añadió, no haber conocido personalmente”. Su única referencia explícita  la enderezó contra el doctor Alejandro Giammattei, por su parte ya libre de toda responsabilidad penal según la justicia guatemalteca.

Esa supuesta “prueba” del fiscal suizo la revisé de nuevo en presencia del actual Alto Comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, y de la madre del acusado, doña Linda de Sperisen, de los abogados Rodrigo Montúfar, Conrado Reyes y Karen Fischer, y de otro funcionario de la CICIG cuyo nombre no recuerdo.

Para colmo, se arguyó en Suiza contra Sperisen basados en la recepción de una declaración testimonial por parte de un asesino confeso, aquel muy sonado de la pareja de los dueños del restaurante “Chez Pierre”, sin que se hubiese citado a la parte contraria, como lo estipula la ley, lo que privó al señor Sperisen del derecho a la fiscalización de la prueba, con otro agravante adicional: que el tal “testigo” cambió tres veces su declaración, lo que la hacía carente en absoluto de valor probatorio.

Falsedad obvia, además, porque en esa declaración del asesino convertido en testigo por la CICIG y el Ministerio Público, aseveró haber visto personalmente a Sperisen dispararle con su pistola a la cabeza de la víctima, detalle contradicho más tarde por el informe médico de la autopsia (necropsia 3135-2006), que ratificó que el fallecido no tenía ninguna señal de disparo en su cabeza.

Se sabe, empero, que al tal asesino, de nombre Philippe Biret, se le había prometido por la CICIG y el Ministerio Público dirigido por Claudia Paz y Paz, su libertad condicional a cambio de que sumara su “testimonio” al proceso en contra de Sperisen.

La “prueba” documental de ello la envió Dall’Anese por correo ordinario, sin los “pases de ley”, es decir, que ningún funcionario guatemalteco certificó la autenticidad de la misma, razón por la cual, de acuerdo con el derecho internacional, carece totalmente de valor probatorio.

A la presente fecha, la CICIG y el Ministerio Público encima mantienen oculta a la madre del reo fallecido, bajo el pretexto de “protegerla”, cuando el verdadero propósito era evitar que rectificara el documento en francés que le hicieron firmar bajo el engaño de una posible indemnización monetaria.

La Fiscal General de entonces, pues, Claudia Paz y Paz, incurrió en responsabilidad penal, al igual que Francisco Dall’Anese, al violar flagrantemente, una vez más, el debido proceso en la recepción de las declaraciones de la “acusadora” y de los “testigos de cargo” contra Sperisen.

Todo ello facilitado por la inmunidad absoluta de por vida otorgada al Alto Comisionado de la CICIG -privilegio del que ni el Presidente de la República goza- ante cualquier Corte judicial guatemalteca, aunque no ante la ONU. Cláusula que fue impugnada en su momento por los abogados José Luis González-Dubón, José Francisco Alonso y Donald González ante la Corte de Constitucionalidad y que fue rechazada por los sumisos magistrados de la misma.

Quiero pasar ahora a las violaciones al debido proceso por los jueces en Suiza, pero antes permítaseme reproducir un editorial de la Agencia Económica y Financiera en Ginebra, publicado el lunes 11 de mayo del presente año y calzado con la firma de Francois Schaller.

“Se dice que el juicio de apelación de Erwin Sperisen en Ginebra, cuya sentencia se espera mañana, parece muy alejado de las prácticas de ley con las que estamos familiarizados. ¿Por qué un tribunal suizo tendría la tarea de hacerse una idea de lo que sucedió en el 2006 en una prisión controlada por sus internos en Guatemala?

¿Uno de los Estados más violentos de América Latina, plegado por el bandolerismo y las mafias?

¿Porque el ex jefe de la policía local es de doble nacionalidad, refugiado en el país de su abuelo por temor a represalias, y es por eso que no es posible obtener su extradición?

¿Por qué una comisión creada bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de un ex Presidente guatemalteco lo considera culpable del asesinato de cinco amotinados?

¿Por qué organizaciones no gubernamentales (ONGs) presionan para que (el acusado) aparezca a pesar de todo, en alguna parte?

Erwin Sperisen es juzgado en Ginebra por hechos imposibles a establecer directamente y de interpretar correctamente.  La justicia ginebrina no puede investigar ni ponerse en su lugar. Ni siquiera puede pedir la colaboración de Guatemala, en un Estado de Derecho muy tentativo presidido por un general.

¿Debe bastarse con dos testimonios de cargo que inmediatamente se habrían invalidado en circunstancias normales?  Ante este espectáculo judicial, ¿no es buen reflejo refugiarse en los fundamentos (del Derecho)?

ES MEJOR UN POSIBLE CULPABLE EN LIBERTAD QUE UN POSIBLE INOCENTE EN PRISIÓN A PERPETUIDAD.

El juicio Sperisen le da, sobre todo, un contenido a este verso al que tiende la iniciativa popular, y dirigido “a las multinacionales responsables”, que fue lanzada pero en un ámbito completamente diferente por las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), cuya recolección de firmas debe comenzar estos días.

Prácticas localizadas al otro extremo del mundo, investigados y juzgados aquí, sólo sobre denuncias, sin que la justicia pueda depender de la asistencia judicial recíproca y de testigos creíbles”.

(Continuará)

El “Dreyfus” guatemalteco

El “Dreyfus” guatemalteco

Por: Armando de la Torre

En medio del torbellino mediático sobre la corrupción prevaleciente en los círculos más altos del gobierno encabezado por Otto Pérez Molina, y su vicepresidente, Roxana Baldeti –que acaba de renunciar bajo la presión de una indignada opinión pública–, se nos ha pasado casi del todo desapercibido el trato arbitrario e inicuo, por parte de la “justicia” del Cantón de Ginebra, en Suiza, contra el guatemalteco Erwin Sperisen, iniciado a instancias de la CICIG en el último mes en ejercicio del Alto Comisionado, Carlos Castresana.

El grueso de esa infame persecución iniciada primero contra Carlos Vielman, el ministro de Gobernación a propósito de los hechos en Pavón el 25 de septiembre del 2006, y extendido a Alejandro Giamattei, Director del Sistema Penitenciario, y ampliado a Erwin Sperisen, Director de la Policía Nacional Civil, y a Javier Figueroa, Director de Investigación de la Policía Nacional Civil, se originó durante la gestión del Alto Comisionado de la CICIG, Francisco Dall´Anese, un abogado marrullero de Costa Rica, prepotente y abusivo, a su turno objeto de una acusación penal en su país por parte del expresidente Miguel Ángel Rodríguez y de otra aún más hiriente de la ex investigadora de la CICIG, la costarricense Giselle Rivera, además de las denuncias en su contra de cuatro de sus guardaespaldas en Costa Rica por maltrato laboral.

El actual gobierno, como ha sido su costumbre y la de los anteriores, no ha levantado un dedo para defender a un compatriota guatemalteco maltratado allende nuestras fronteras, cuando sus derechos humanos han sido ostensiblemente atropellados.

Ello ha ocurrido con el concurso de ciertos agitadores de la izquierda ideológica de nuestro patio, bien conocidos entre nosotros, como Claudia Paz y Paz, y del nada imparcial predecesor del actual Alto Comisionado de la CICIG, ese costarricense Francisco Dall´Anese. Pero la responsabilidad última de lo que ha sido y es una repugnante injusticia yace enteramente con el aparato pesquisidor del Cantón de Ginebra en Suiza, encabezado por Yves Bertossa.

Lo que me trae a la memoria el celebérrimo caso de Alfred Dreyfus, el evento dramático más sonado en la historia de la justicia penal francesa, de fines del siglo XIX.

Dreyfus, un capitán inteligente y honorable, que laboraba en el Estado Mayor francés, acarreaba el estigma, a los ojos de algunos retrógrados de entonces, de ser judío. Lo que lo convirtió ipso facto en víctima propiciatoria cuando el servicio de contraespionaje detectó una fuga de secretos militares hacia el enemigo de siglos alemán.

Fue arrestado el 15 de octubre de 1894 y acusado de alta traición ante una corte marcial, condenado, degradado y enviado a languidecer hasta su eventual muerte a la Isla del Diablo, en la Guayana francesa, el 5 de enero de 1895. Él, mientras tanto no pudo hacer otra cosa que reiterarbajo juramento su inocencia, pero todo le fue en vano.

En el mes de agosto, sin embargo, un nuevo jefe de la inteligencia militar, el coronel Georges Picquart, reportó a sus superiores que el traidor en realidad era el Mayor Ferdinand Esterhazy, condecorado héroe de la guerra en África, pero alcohólico empedernido y plagado de deudas. En respuesta, el Alto Mando lo destituyó inmediatamente y lo envió a vegetar en una oscura guarnición de Túnez, en el norte de África.

Pero la esposa de Dreyfus no se rindió ni dejó de tocar puertas para lograr la restitución de la libertad y del honor a su esposo. También el hermano de Dreyfus logró contactar al diario “Le Figaro” para delatar la conspiración del silencio entre aquel grupúsculo de altos oficiales fanáticamente antisemitas. Por su parte, la esposa y el hermano de Dreyfusrecurrieron a la pluma de Emilio Zola, destacado librepensador y príncipe de las letras de ese tiempo. Zola publicó su muy famoso “Yo acuso”, dirigido al presidente de la República, en uno de los diarios de más circulación, L’Aurore, en enero de 1898.  Y se encendió una polémica pública cual nunca antes vista en la historia moderna de un país civilizadoy de una República fundada en el principio de la igualdad ante la ley, en torno a la inocencia, o presunta culpabilidad, de un personaje.

La nación francesa permaneció, desde ese momento, escindida por décadas en dos bandos difícilmente reconciliables: la derecha católica creía en la culpa de Dreyfus, y la izquierda republicana, cada vez con más ardorcrítico, en su inocencia.

Ante la presión inaguantable de las masas agitadas por el escándalo, el Gobierno trajo de regreso a Francia a Dreyfus, en 1904. Lo sometió a un nuevo juicio, que otra vez lo declaró culpable de alta traición, pero que sin embargo, se limitó a ponerlo bajo arresto domiciliario en la casa de su hermana, en Paris.

No fue sino hasta el 12 de julio de 1906 que Dreyfus fue oficialmente exonerado por una comisión militar, readmitido acontinuación al Ejército, condecorado con la Legión de Honor y ascendido a Mayor.

En la primera guerra mundial, hubo de destacarse heroicamente en la batalla de Verdún. Murió muchos años después, en 1935, siempre patriota y honrado como valiente cumplidor de todos sus deberes.

Veamos ahora lo que acaba de acontecer en Suiza con Erwin Sperisen.

El 25 de septiembre del 2006 se dio un motín en la finca penal “Pavón” en respuesta a una pesquisa oficial en torno a la corrupciónrampante entre los presos, que hasta dirigían por teléfonos celulares secuestros de personas en el exterior, y que fue reprimido por la fuerza pública, lamentablemente con la pérdida de la vida de siete de los amotinados.

Un tribunal penal guatemalteco juzgó en el caso y lo declaró cerrado.

Pero el 21 de junio del 2010 se reabrió, a instancias de la CICIG. Y el 1 de agosto del 2010 Dall´Anese, recién estrenado como Alto Comisionado de la CICIG, lo traslada al Cantón de Ginebra en Suiza y se sigue una secuencia de arbitrariedades mayúsculas que me hace compararla con el caso emblemático de Alfred Dreyfus.

Únicamente que en este caso no se trata de prejuicios religiosos sino de los puros y simples prejuicios que tipifican a la izquierda nórdica europea sobre nosotros, los muy inferiores, a su juicio, iberoamericanos, necesitados de la supervisión mañosa y altanera de gobiernossupuestamente límpidos, justos, y muy desarrollados social democráticamente, tales como los de Suiza, Francia, Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia, o España… “Cosas veredes, Sancho…”

(Continuará)