¿Por qué urgen reformas sensatas a la Constitución?

 

Por: Armando de la Torre

 

            Por “sensatas” entiendo propuestas meditadas como resultado del estudio de la lógica interna del Derecho, de una larga experiencia cívica y de la integridad moral de las personas que las proponen.

 

El Comité Pro Reforma de la Constitución (www.proreforma.org.gt) está constituído por hombres y mujeres así de sensatos. Todos, ciudadanos exitosos y de probada fidelidad a sus principios. Ninguno, por tanto, “partidista” en el sentido usual del término.

 

¡En buena hora!

 

            Debe reconocérseles su ardua lucha cuesta arriba, al promover un proyecto de reforma que pretende atacar frontalmente esos intereses ilegítimos (previsibles),  creados y consolidados a la sombra de la Constitución vigente.  

 

Enmiendas redactadas por ciudadanos en su condición de tales,  no por partidos o “colectivos” resultados de ficciones jurídicas.

 

            La primera originalidad del proyecto radica precisamente ahí, en el que sean honorables hombres y mujeres del sector del país de veras independiente quienes propugnen por él.  De tener éxito tal iniciativa, inédita en Iberoamérica, podría ser imitada por todos, o casi todos, nuestros pueblos que calificamos con el eufemismo de “subdesarrollados”.

 

            Como era de esperar, ya se han dejado oír las primeras voces esceépticas, y no sin razón: la historia de nuestros pueblos está plagada de “constituciones” inefectivas y de “reformas”contraproducentes. Alvaro Colom ya pareció sugerir que él también podría aportar las suyas, y otros “populistas” bien conocidos del Congreso amenazan con lo mismo. ¿Se augura, pues, una competencia olímpica entre “reformas”. ¿No habremos entrado en el peligroso juego de abrir una aterradora caja de Pandora que deje sueltos más  demonios políticos?

 

Esa, al parecer, es la razonable posición oficial del Centro de Defensa de la Constitución (CEDECON).

 

            Existe ese riesgo, pero la alternativa de “no hacer nada” implica, no menos, que nos resignemos fatalistamente a las pésimas calidades de gobernantes y de jueces  que padecemos desde antes y después de 1985.  “No hay mal que dure cien años”, reza el  refrán,  pero  también advierte ni “cuerpo que lo resista”.

 

Después de un cuarto de siglo de vigencia, ¿acaso no hemos visto desfilar por nuestra vida pública todos  los diablos que liberó aquella otra apertura de esa misma caja que montaron los constituyentes de 1985? ¿Por qué no intentar siquiera mitigar padecimientos a nuestro gastado cuerpo republicano con algunas reparaciones en sus órganos y tejidos claves?

 

            Por ejemplo, en torno a nuestra prioridad número uno, un poder judicial efectivo, ¿por qué no alargar el período de los magistrados de los cinco años que hoy se preceptúan a veinticinco o más para que sean de veras independientes del Congreso y del Ejecutivo?

 

            Y ¿por qué no dejar que el Organismo Judicial elabore su propio presupuesto, el cual habría de ser incorporado sin retoques al presupuesto general de la nación?

 

             ¿O por qué no tipificar penalmente las acciones de abogados claramente enderezadas a la obstrucción de la justicia como las recusaciones insustanciadas a jueces y fiscales o el recurso al amparo por la vía de razonamientos frívolos? Y ¿por qué no endurecer las sanciones para los funcionarios de los otros poderes que interfieran en los procesos judiciales?

 

            ¿Por qué no requerir, además, que las resoluciones y sentencias de los magistrados y los jueces se ciñan a la jerarquía de la ley (Constitución, tratados internacionales en el ámbito de los derechos humanos, legislación ordinaria, otros tratados, decretos, reglamentos…) y, en especial, dentro de los plazos de ley?

 

            ¿Para qué retener la rotación anual de la presidencia del Organismo Judicial que lo mantiene acéfalo desde hace cinco meses? Y si se quiere evitar una recurrencia del poder excesivo que llegó a acumular en su día Juan José Rodil, ¿por qué no cambiar el proceso actual de postulación y de elección?

(Continuará)