El presidente de los pobres

Por: Armando de la Torre

 

Allende nuestras fronteras, la imagen de Guatemala está
por los suelos como quizás nunca antes, incluidos aquellos días
aciagos de corrupción y violencia bajo Lucas, o a finales del período
de Arbenz, o en tiempos del infame Manuel Estrada Cabrera.

Es una percepción negativa -e injustificada- del país, no desde
ángulos ideológicos, como lo pudo haber sido durante la Guerra Fría,
ni aun siquiera como producto de reflexiones sesudas, según sugieren
algunos, de que estamos a un paso de convertirnos en un Estado
“fallido”.

Es un juicio más bien superficial, tal cual el que se pudiera derivar
de una lectura rápida de los cintillos diarios de la prensa de aquí y
del extranjero: ineptitud de irresponsables, inmoralidad de
pusilánimes, despilfarros muy hirientes, violencia asesina,
analfabetismo funcional,… todo concentrado en el Estado.

Envidio a los chilenos, que nos han dejado a años luz de
distancia de ellos con su aproximación irrefutable al ideal de un
Estado de Derecho estable, justo, pacífico y, por consiguiente,
próspero.

Al Consejo Superior de la Universidad de San Carlos parece
inquietarle que el desprestigio también salpique a todos los entes
estatales, incluída su propia institución. Es comprensible, pero no
defendible.

Toda reputación es efecto de un proceso espontáneo de
evaluaciones comparativas que repetimos a diario. Hay errores, y
múltiples, en ellas, pero con el paso de los años la verdad de los
hechos termina por imponerse, como lo celebró el mundo entero hace
veinte años con la caída del Muro de Berlín, símbolo de tres cuartos
de siglo de amargos debates sobre cuál habría de ser el mejor camino
hacia el progreso humano, el del Occidente constitucional o el del
Oriente totalitario.

Es más, sería de considerar que la USAC, con su relativa abundancia de
fondos fiscales, investigase a nivel continental, para su propio bien,
las posibles correlaciones entre universidades estatales fallidas y
sus respectivos Estados próximos a serlo. A este respecto, nunca ha
dejado de llamarme la atención el prestigio científico de la
Universidad Nacional de Santiago de Chile y del exitoso modelo de
Estado que ha desplegado ese pueblo.

El caso paradigmático de Chile encierra para nosotros muchas otras
lecciones. Para un educador, la de la importancia suprema de inculcar
hasta la raíz entre los educandos y las futuras élites dirigentes la
visión de largo plazo. El actual ministro de finanzas de Chile, Andrés
Velasco, es un botón de muestra: cuando los precios de la más
importante materia prima de exportación para Chile, el cobre, estaban
por las nubes, Velasco hizo un ahorro de veinte mil millones de
dólares (más que el monto total de su PIB) que pudieran servirles más
tarde en años de “vacas flacas”. Sufrió enormes presiones por los
cortoplacistas de siempre -y aun del ex Presidente Eduardo Frei-, para
que lo gastara en las prioridades de funcionamiento “social” del
Estado. Se resistió con inteligencia y, hoy, tres años después, Chile
es el único país iberoamericano que no tiene que aportar fondos
públicos para volver a la vida a bancos y a empresas privadas, ni
tampoco para hacer frente a sus habituales obligaciones
presupuestarias.

En Europa, Noruega puede ser tomado como el ejemplo equivalente de esa
democracia madura, en contraste con otros petroexportadores, como
Rusia. También los noruegos han sabido adelantarse a estos años
difíciles.

Aquí, en cambio, la “cohesión social”, o sea el triunfo más descarado
del cortoplacismo clientelista, arrasa con todo. Por eso Colom puede
atribuirse ser “un Presidente de los pobres”, pues sus decisiones son
precisamente la receta más eficaz para crear pobres y que se
multipliquen en cuanto potenciales votantes. Entretanto, carecemos de
protección y justicia todos, los pobres y los ricos…

Y sin ni siquiera esperanza de vida para cualquier Rodrigo Rosenberg
con las agallas suficientes para denunciarlo.

La obsesión legisladora

Por: Armando de la Torre

Desde un estricto punto de vista ético y social, después del Poder Judicial el Legislativo es el más importante, pues su actividad deviene fuente de derecho, como nos lo deberían ser también el orden de la naturaleza y la costumbre inveterada.       

Entiendo aquí por “Derecho” toda delimitación a lo que los hombres individual o colectivamente tienen la libertad de hacer y de no hacer sin incurrir por ello en una condena, un castigo o cualquier empleo de la fuerza en su contra.   

En este sentido, se podría decir que la legislación es un “proceso” permanente para poner al día la recíproca conciliación de sus legítimos intereses, a menudo incompatibles.  
Pero en el decurso de los siglos, cierta tendencia autoritaria suele emerger entre los gobernantes que se traduce en una obsesión por legislar y controlar la libre conducta de los demás.
Esta, a su vez, se contrapone a otra no menos lamentable y obvia en demasiados sujetos a su jurisdicción: la de desplazar las responsabilidades individuales propias del control de sí mismos hacia algún otro. El psicólogo Eric Fromm lo atribuyó a un vago “miedo a la libertad”. Semejante debilidad de carácter se ha constituído, de hecho, en la permanente invitación a la tiranía por unos pocos o por los muchos.

Hoy nos encontramos sobrelegislados en gran medida por culpa de esa minoría de quienes no quieren, o no se atreven, a gobernarse sin el acicate de la coacción por un amo o, lo que es lo mismo, a atreverse a conducir sus vidas con plena autonomía del resto de la sociedad.
Se añaden los pordioseros, los viciosos, los vagos, los delincuentes, los apáticos, los cobardes, los mentirosos, los desertores de la paternidad, todos los irresponsables, en fin -que son creciente legión en las urbes de hoy-, que coadyuvan a la opresión de los inocentes, sin caer en la cuenta, al exceso de gobierno y la excusa ideal para los maniáticos del uso de la coacción.
Y así, ese dicho popular de que “justos pagan por pecadores” resulta también aplicable  al ámbito legislativo.

A ellos habríamos principalmente de enderezar nuestras exhortaciones a que tomen las riendas de su destino en sus manos, así como nuestros esfuerzos educativos para que se hagan más capaces de sobrevivir sin ayudas, pues está más que comprobado que el peso relativo de su número ha significado en demasiadas ocasiones la diferencia decisiva para escoger gobernantes.   
El criterio fundamental para ello, la historia elocuentemente lo confirma, ha de ser el de la presencia o ausencia de propiedades o activos personales. Porque quienes no tienen nada que perder  lo tienen todo para arriesgar, y así se tornan en fáciles instrumentos de los proclives al abuso de lo ajeno.

Sobre esta verdad Hayek arguye el progresivo desencanto con la democracia mayoritaria, en el tercer volumen de su trilogía “Derecho, Legislación y Libertad”. A su juicio, el poder ilimitado de legislar es la raíz universal de esa insatisfacción.
Porque se legisla sin límites a diestra y siniestra y con dedicatoria, en favor de grupos de presión constituídos por “buscadores de rentas” que no las merecen. La “ley”, como lo expuso Federico Bastiat hace más de un siglo, ha devenido en la herramienta legal para que los unos expolien a los otros. Y dejó de tomársele y de respetársele como norma abstracta de conducta justa…
Hemos de regresar a esta última acepción, la genuina.

Para ello se ha de recortar la autoridad ilimitada de legislar. El logro más serio al respecto se ha evidenciado en los sistemas federales de gobierno (Suiza, los EE.UU., Alemania, la España de hoy, la India, etc.), estructurados en dos cámaras legislativas con funciones, y sus parlamentarios electos, por períodos diversos. La facultad de legislar así no se concentra en unas mismas manos y se abre espacio, además, a un auténtico régimen de pesos y contrapesos.

Este punto importantísimo está incluído en el proyecto de reforma parcial de la Constitución vigente que promueve el comité cívico ProReforma (www.proreforma.org.gt).
(Continuará)

La obsesión legisladora

 

Desde un estricto punto de vista ético y social, después
del Poder Judicial el Legislativo es el más importante, pues su
actividad deviene fuente de derecho, como nos lo deberían ser también
el orden de la naturaleza y la costumbre inveterada.

 
Entiendo aquí por “Derecho” toda delimitación a lo que los
hombres individual o colectivamente tienen la libertad de hacer y de
no hacer sin incurrir por ello en una condena, un castigo o cualquier
empleo de la fuerza en su contra.

 
En este sentido, se podría decir que la legislación es un
“proceso” permanente para poner al día la recíproca conciliación de
sus legítimos intereses, a menudo incompatibles.

 
Pero en el decurso de los siglos, cierta tendencia
autoritaria suele emerger entre los gobernantes que se traduce en una
obsesión por legislar y controlar la libre conducta de los demás.

 
Esta, a su vez, se contrapone a otra no menos lamentable y
obvia en demasiados sujetos a su jurisdicción: la de desplazar las
responsabilidades individuales propias del control de sí mismos hacia
algún otro. El psicólogo Eric Fromm lo atribuyó a un vago “miedo a la
libertad”. Semejante debilidad de carácter se ha constituído, de
hecho, en la permanente invitación a la tiranía por unos pocos o por
los muchos.

 
Hoy nos encontramos sobrelegislados en gran medida por
culpa de esa minoría de quienes no quieren, o no se atreven, a
gobernarse sin el acicate de la coacción por un amo o, lo que es lo
mismo, a atreverse a conducir sus vidas con plena autonomía del resto
de la sociedad.

Se añaden los pordioseros, los viciosos, los vagos, los delincuentes,
los apáticos, los cobardes, los mentirosos, los desertores de la
paternidad, todos los irresponsables, en fin -que son creciente legión
en las urbes de hoy-, que coadyuvan, sin caer en la cuenta, al exceso
de gobierno y la excusa ideal para los maniáticos del uso de la
coacción.

 
Y así, ese dicho popular de que “justos pagan por pecadores” resulta
también aplicable  al ámbito político.

A ellos habríamos principalmente de enderezar nuestras exhortaciones a
que tomen las riendas de su destino en sus manos, así como nuestros
esfuerzos educativos para que se hagan más capaces de sobrevivir sin
ayudas, pues está más que comprobado que el peso relativo de su número
ha significado en demasiadas ocasiones la diferencia decisiva para
escoger gobernantes.

 
El criterio fundamental para ello, la historia elocuentemente lo
confirma, ha de ser el de la presencia o ausencia de propiedades o
activos personales. Porque quienes no tienen nada que perder  lo
tienen todo para arriesgar, y así se tornan en fáciles instrumentos de
los proclives al abuso de lo ajeno.
 

Sobre esta verdad Hayek arguye el progresivo desencanto con la
democracia mayoritaria, en el tercer volumen de su trilogía “Derecho,
Legislación y Libertad”. A su juicio, el poder ilimitado de legislar
es la raíz universal de esa insatisfacción.
 
Porque se legisla sin límites y con dedicatoria, en favor de grupos de
presión constituidos por “buscadores de rentas” que no las merecen. La
“ley”, como lo expuso Federico Bastiat hace más de un siglo, ha
devenido en la herramienta legal para que los unos expolien a los
otros. Y dejó de tomársele como norma abstracta de conducta justa…
 
Hemos de regresar a esta última acepción, la genuina.
 
Para ello se ha de recortar la autoridad ilimitada de legislar. El
logro más serio al respecto se ha evidenciado en los sistemas
federales de gobierno (Suiza, los EE.UU., Alemania, la España de hoy,
la India, etc.), estructurados en dos cámaras legislativas con
funciones, y sus parlamentarios electos, por períodos diversos. La
facultad de legislar así no se concentra en unas mismas manos y se
abre espacio, además, a un auténtico régimen de pesos y contrapesos.
 
Este punto importantísimo está incluído en el proyecto de reforma
parcial de la Constitución vigente que promueve el comité cívico
ProReforma (www.proreforma.org.gt).
 
(Continuará)

¿Por qué urgen reformas sensatas a la Constitución?

 

Por: Armando de la Torre

 

            Por “sensatas” entiendo propuestas meditadas como resultado del estudio de la lógica interna del Derecho, de una larga experiencia cívica y de la integridad moral de las personas que las proponen.

 

El Comité Pro Reforma de la Constitución (www.proreforma.org.gt) está constituído por hombres y mujeres así de sensatos. Todos, ciudadanos exitosos y de probada fidelidad a sus principios. Ninguno, por tanto, “partidista” en el sentido usual del término.

 

¡En buena hora!

 

            Debe reconocérseles su ardua lucha cuesta arriba, al promover un proyecto de reforma que pretende atacar frontalmente esos intereses ilegítimos (previsibles),  creados y consolidados a la sombra de la Constitución vigente.  

 

Enmiendas redactadas por ciudadanos en su condición de tales,  no por partidos o “colectivos” resultados de ficciones jurídicas.

 

            La primera originalidad del proyecto radica precisamente ahí, en el que sean honorables hombres y mujeres del sector del país de veras independiente quienes propugnen por él.  De tener éxito tal iniciativa, inédita en Iberoamérica, podría ser imitada por todos, o casi todos, nuestros pueblos que calificamos con el eufemismo de “subdesarrollados”.

 

            Como era de esperar, ya se han dejado oír las primeras voces esceépticas, y no sin razón: la historia de nuestros pueblos está plagada de “constituciones” inefectivas y de “reformas”contraproducentes. Alvaro Colom ya pareció sugerir que él también podría aportar las suyas, y otros “populistas” bien conocidos del Congreso amenazan con lo mismo. ¿Se augura, pues, una competencia olímpica entre “reformas”. ¿No habremos entrado en el peligroso juego de abrir una aterradora caja de Pandora que deje sueltos más  demonios políticos?

 

Esa, al parecer, es la razonable posición oficial del Centro de Defensa de la Constitución (CEDECON).

 

            Existe ese riesgo, pero la alternativa de “no hacer nada” implica, no menos, que nos resignemos fatalistamente a las pésimas calidades de gobernantes y de jueces  que padecemos desde antes y después de 1985.  “No hay mal que dure cien años”, reza el  refrán,  pero  también advierte ni “cuerpo que lo resista”.

 

Después de un cuarto de siglo de vigencia, ¿acaso no hemos visto desfilar por nuestra vida pública todos  los diablos que liberó aquella otra apertura de esa misma caja que montaron los constituyentes de 1985? ¿Por qué no intentar siquiera mitigar padecimientos a nuestro gastado cuerpo republicano con algunas reparaciones en sus órganos y tejidos claves?

 

            Por ejemplo, en torno a nuestra prioridad número uno, un poder judicial efectivo, ¿por qué no alargar el período de los magistrados de los cinco años que hoy se preceptúan a veinticinco o más para que sean de veras independientes del Congreso y del Ejecutivo?

 

            Y ¿por qué no dejar que el Organismo Judicial elabore su propio presupuesto, el cual habría de ser incorporado sin retoques al presupuesto general de la nación?

 

             ¿O por qué no tipificar penalmente las acciones de abogados claramente enderezadas a la obstrucción de la justicia como las recusaciones insustanciadas a jueces y fiscales o el recurso al amparo por la vía de razonamientos frívolos? Y ¿por qué no endurecer las sanciones para los funcionarios de los otros poderes que interfieran en los procesos judiciales?

 

            ¿Por qué no requerir, además, que las resoluciones y sentencias de los magistrados y los jueces se ciñan a la jerarquía de la ley (Constitución, tratados internacionales en el ámbito de los derechos humanos, legislación ordinaria, otros tratados, decretos, reglamentos…) y, en especial, dentro de los plazos de ley?

 

            ¿Para qué retener la rotación anual de la presidencia del Organismo Judicial que lo mantiene acéfalo desde hace cinco meses? Y si se quiere evitar una recurrencia del poder excesivo que llegó a acumular en su día Juan José Rodil, ¿por qué no cambiar el proceso actual de postulación y de elección?

(Continuará)