La obsesión legisladora

Por: Armando de la Torre

Desde un estricto punto de vista ético y social, después del Poder Judicial el Legislativo es el más importante, pues su actividad deviene fuente de derecho, como nos lo deberían ser también el orden de la naturaleza y la costumbre inveterada.       

Entiendo aquí por “Derecho” toda delimitación a lo que los hombres individual o colectivamente tienen la libertad de hacer y de no hacer sin incurrir por ello en una condena, un castigo o cualquier empleo de la fuerza en su contra.   

En este sentido, se podría decir que la legislación es un “proceso” permanente para poner al día la recíproca conciliación de sus legítimos intereses, a menudo incompatibles.  
Pero en el decurso de los siglos, cierta tendencia autoritaria suele emerger entre los gobernantes que se traduce en una obsesión por legislar y controlar la libre conducta de los demás.
Esta, a su vez, se contrapone a otra no menos lamentable y obvia en demasiados sujetos a su jurisdicción: la de desplazar las responsabilidades individuales propias del control de sí mismos hacia algún otro. El psicólogo Eric Fromm lo atribuyó a un vago “miedo a la libertad”. Semejante debilidad de carácter se ha constituído, de hecho, en la permanente invitación a la tiranía por unos pocos o por los muchos.

Hoy nos encontramos sobrelegislados en gran medida por culpa de esa minoría de quienes no quieren, o no se atreven, a gobernarse sin el acicate de la coacción por un amo o, lo que es lo mismo, a atreverse a conducir sus vidas con plena autonomía del resto de la sociedad.
Se añaden los pordioseros, los viciosos, los vagos, los delincuentes, los apáticos, los cobardes, los mentirosos, los desertores de la paternidad, todos los irresponsables, en fin -que son creciente legión en las urbes de hoy-, que coadyuvan a la opresión de los inocentes, sin caer en la cuenta, al exceso de gobierno y la excusa ideal para los maniáticos del uso de la coacción.
Y así, ese dicho popular de que “justos pagan por pecadores” resulta también aplicable  al ámbito legislativo.

A ellos habríamos principalmente de enderezar nuestras exhortaciones a que tomen las riendas de su destino en sus manos, así como nuestros esfuerzos educativos para que se hagan más capaces de sobrevivir sin ayudas, pues está más que comprobado que el peso relativo de su número ha significado en demasiadas ocasiones la diferencia decisiva para escoger gobernantes.   
El criterio fundamental para ello, la historia elocuentemente lo confirma, ha de ser el de la presencia o ausencia de propiedades o activos personales. Porque quienes no tienen nada que perder  lo tienen todo para arriesgar, y así se tornan en fáciles instrumentos de los proclives al abuso de lo ajeno.

Sobre esta verdad Hayek arguye el progresivo desencanto con la democracia mayoritaria, en el tercer volumen de su trilogía “Derecho, Legislación y Libertad”. A su juicio, el poder ilimitado de legislar es la raíz universal de esa insatisfacción.
Porque se legisla sin límites a diestra y siniestra y con dedicatoria, en favor de grupos de presión constituídos por “buscadores de rentas” que no las merecen. La “ley”, como lo expuso Federico Bastiat hace más de un siglo, ha devenido en la herramienta legal para que los unos expolien a los otros. Y dejó de tomársele y de respetársele como norma abstracta de conducta justa…
Hemos de regresar a esta última acepción, la genuina.

Para ello se ha de recortar la autoridad ilimitada de legislar. El logro más serio al respecto se ha evidenciado en los sistemas federales de gobierno (Suiza, los EE.UU., Alemania, la España de hoy, la India, etc.), estructurados en dos cámaras legislativas con funciones, y sus parlamentarios electos, por períodos diversos. La facultad de legislar así no se concentra en unas mismas manos y se abre espacio, además, a un auténtico régimen de pesos y contrapesos.

Este punto importantísimo está incluído en el proyecto de reforma parcial de la Constitución vigente que promueve el comité cívico ProReforma (www.proreforma.org.gt).
(Continuará)

La obsesión legisladora

 

Desde un estricto punto de vista ético y social, después
del Poder Judicial el Legislativo es el más importante, pues su
actividad deviene fuente de derecho, como nos lo deberían ser también
el orden de la naturaleza y la costumbre inveterada.

 
Entiendo aquí por “Derecho” toda delimitación a lo que los
hombres individual o colectivamente tienen la libertad de hacer y de
no hacer sin incurrir por ello en una condena, un castigo o cualquier
empleo de la fuerza en su contra.

 
En este sentido, se podría decir que la legislación es un
“proceso” permanente para poner al día la recíproca conciliación de
sus legítimos intereses, a menudo incompatibles.

 
Pero en el decurso de los siglos, cierta tendencia
autoritaria suele emerger entre los gobernantes que se traduce en una
obsesión por legislar y controlar la libre conducta de los demás.

 
Esta, a su vez, se contrapone a otra no menos lamentable y
obvia en demasiados sujetos a su jurisdicción: la de desplazar las
responsabilidades individuales propias del control de sí mismos hacia
algún otro. El psicólogo Eric Fromm lo atribuyó a un vago “miedo a la
libertad”. Semejante debilidad de carácter se ha constituído, de
hecho, en la permanente invitación a la tiranía por unos pocos o por
los muchos.

 
Hoy nos encontramos sobrelegislados en gran medida por
culpa de esa minoría de quienes no quieren, o no se atreven, a
gobernarse sin el acicate de la coacción por un amo o, lo que es lo
mismo, a atreverse a conducir sus vidas con plena autonomía del resto
de la sociedad.

Se añaden los pordioseros, los viciosos, los vagos, los delincuentes,
los apáticos, los cobardes, los mentirosos, los desertores de la
paternidad, todos los irresponsables, en fin -que son creciente legión
en las urbes de hoy-, que coadyuvan, sin caer en la cuenta, al exceso
de gobierno y la excusa ideal para los maniáticos del uso de la
coacción.

 
Y así, ese dicho popular de que “justos pagan por pecadores” resulta
también aplicable  al ámbito político.

A ellos habríamos principalmente de enderezar nuestras exhortaciones a
que tomen las riendas de su destino en sus manos, así como nuestros
esfuerzos educativos para que se hagan más capaces de sobrevivir sin
ayudas, pues está más que comprobado que el peso relativo de su número
ha significado en demasiadas ocasiones la diferencia decisiva para
escoger gobernantes.

 
El criterio fundamental para ello, la historia elocuentemente lo
confirma, ha de ser el de la presencia o ausencia de propiedades o
activos personales. Porque quienes no tienen nada que perder  lo
tienen todo para arriesgar, y así se tornan en fáciles instrumentos de
los proclives al abuso de lo ajeno.
 

Sobre esta verdad Hayek arguye el progresivo desencanto con la
democracia mayoritaria, en el tercer volumen de su trilogía “Derecho,
Legislación y Libertad”. A su juicio, el poder ilimitado de legislar
es la raíz universal de esa insatisfacción.
 
Porque se legisla sin límites y con dedicatoria, en favor de grupos de
presión constituidos por “buscadores de rentas” que no las merecen. La
“ley”, como lo expuso Federico Bastiat hace más de un siglo, ha
devenido en la herramienta legal para que los unos expolien a los
otros. Y dejó de tomársele como norma abstracta de conducta justa…
 
Hemos de regresar a esta última acepción, la genuina.
 
Para ello se ha de recortar la autoridad ilimitada de legislar. El
logro más serio al respecto se ha evidenciado en los sistemas
federales de gobierno (Suiza, los EE.UU., Alemania, la España de hoy,
la India, etc.), estructurados en dos cámaras legislativas con
funciones, y sus parlamentarios electos, por períodos diversos. La
facultad de legislar así no se concentra en unas mismas manos y se
abre espacio, además, a un auténtico régimen de pesos y contrapesos.
 
Este punto importantísimo está incluído en el proyecto de reforma
parcial de la Constitución vigente que promueve el comité cívico
ProReforma (www.proreforma.org.gt).
 
(Continuará)