El patrimonio cultural y el derecho de propiedad

 

¿Sabías que la ley del “Patrimonio Cultural de la Nación” amenaza con la pena de cárcel a los propietarios de bienes muebles e inmuebles declarados “Patrimonio Cultural” si no las
mantienen en un estado cercano al original?
 
¿Sabías que ante tal disposición y contrario a lo pretendido, los propietarios han desistido de invertir en sus inmuebles y que por ello estos se han devaluado, sobre todo en el llamado Centro Histórico de la ciudad de Guatemala?
 
¿Sabías que el “Reglamento para la Protección y Conservación del Centro Histórico y otros Monumentos de la Ciudad de Guatemala” es ilegal y afecta el derecho a la propiedad de los guatemaltecos?
 
Ven este jueves 27 de agosto de 2009, de las 18:15 a las 19:30 horas al Auditórium de la Universidad Rafael Landívar y entérate de estas y otras arbitrariedades de dichas normativas, por medio de los análisis que distinguidos panelistas realizarán de los temas urbanos y
arquitectónicos; económicos y legales, así como testimonios reales de
personas afectadas.

PANELISTAS:

M.A. Arq. Warren Orbaugh.

Arq. y Economista, Günther Meléndez.

Dr. en Derecho José Luis González Dubón.

Lic. Lisandro Godínez.

Entrada gratis

Confirmar asistencia a:

orecheverria@url.edu.gt

La oportunidad del milenio

 

Hace mil años, entre los habitantes que ocupaban este espacio físico que llamamos Guatemala no podía obviamente existir lo que hoy entendemos como un “Estado de Derecho“.

 

Ya no regían los ordenamientos políticos de la cultura maya clásica, emigrados a otros rincones de Yucatán y Chiapas, o simplemente perdidos al calor de guerras fratricidas en un “hábitat” cuyos suelos por demás estaban exhaustos.

 

Ni menos pudo darse durante el régimen colonial establecido a principios del siglo XVI por las autoridades imperiales españolas, y ni aun siquiera lo tenemos hoy al cabo  de casi dos siglos de independencia nacional.

 

La posibilidad, entonces, de erigir por primera vez en esta tierra un sabio sistema institucionalizado que combine la máxima libertad de cada cual con una justicia pronta de veras igual para todos, toca a nuestras puertas a través del proyecto de reforma parcial de la Constitución vigente, presentado con toda legitimidad ante el Congreso de la República por 73000 ciudadanos.

 

Su aprobación sin cambios por los diputados, y el plebiscito ulterior que también le habría de ser mayoritariamente favorable, significarán un mayúsculo salto cualitativo hacia ese magnífico ideal de perfeccionamiento cívico.

 

Es un esquema avanzado de reformas, reflejo de las conquistas fehacientes de las sociedades más prósperas y pacíficas, y fruto de las reflexiones de algunos de los más ilustrados y sagaces pensadores contemporáneos. Además, reúne las experiencias concretas acumuladas por personas respetuosas de las leyes y distinguidas a un tiempo por logros personales incuestionables.

 

Precisamente por tan excelente calidad ha despertado los usuales automatismos en algunas personas condicionadas por la mediocridad de su propia formación y, por qué no decirlo, también por cierta incapacidad para  imaginar cualquier cosa que vaya más allá de los estrechos límites de su rutina cotidiana.

 

La primera sorpresa para los enclenques cívicos, pues, consiste en que la mencionada propuesta no viene de “partido” político alguno.

 

Algunos, sin embargo, que han despotricado contra la ausencia de democracia al interno de los partidos, así como contra lo ruinoso de sus clientelismos burocráticos y lo denigrante de sus hábitos nepotistas, y que, encima, han condenado una y otra vez la obvia y corrupta ineptitud administrativa de los detentadores del poder público, igual que sus evidentes carencias de visión de largo plazo y de planes efectivos de desarrollo, adversan sin fundamento ese cambio que nos posibilitaría llegar a algo mucho mejor de lo que durante mil años hemos tenido.

 

La propuesta surge desde abajo, no desde el “arriba” partidista, respaldada por millares de conciudadanos “de a pie” que piden convocar a una consulta popular según la legislación vigente, bien razonada y estructurada, además, realista, para asegurarnos el logro de lo que todos decimos querer. No se les ocurre, empero, a quienes la adversan, otra reacción que de conceptuarla de “elitista, excluyente y hasta de racista”.

 

Es posible que en nuestro caótico subdesarrollo la magnífica iniciativa acabe por ser ahogada entre aullidos de impotentes y barricadas callejeras. Eso explicaría lo perdurable de nuestro atraso colectivo y privaría de paso a nuestros hijos aun de la esperanza de vivir una Guatemala a tono con las civilizaciones más avanzadas del siglo XXI.

 

Me permito sugerirle, apreciado lector, que primero se familiarice con el texto de la propuesta. La más avanzada tecnología digital nos lo hace fácil e instantáneo: diríjase al portal del Comité ProReforma (www.proreforma.org.gt)

 

Para una aproximación inicial, lea cuidadosamente la propuesta de creación de una segunda cámara legislativa, la gloria de la otrora república romana y el rasgo distintivo hoy de las naciones líderes.

 

También lo que apuntala la independencia del poder judicial, del contralor general y del fiscal general.

¡Resistan hondureños!

 

Catrachos, no pierdan de vista que el tiempo está de su lado. ¡Resistan, compatriotas centroamericanos!

La batalla no se está dando entre anti-Mel y pro-Mel. El hombre se mareó de poder por haber ingresado al olimpo de los secuaces del bufón del Sur: debió haber sabido que los aspirantes a totalitarios no tienen amigos sino títeres. Pero en cuanto a lo que están encarando, catrachos, sepan que este jaleo descomunal y sui géneris no es entre hondureños, sino entre ciudadanos y dictadorzuelos.

 

Ciudadanos y dictadorzuelos de todas partes, especialmente iberoamericanos. Vean cómo estos últimos han corrido a taparse todos con la misma cobija en la malhadada OEA: ya hubiese yo querido escuchar tan estruendoso aullido cuando Ortega se robó las elecciones municipales. Pero entre gitanos no se leen las manos, ¿verdad? De modo que de la “comunidad internacional” no podemos esperar sino que mire para otro lado cuando los muchachotes se desmandan saqueando, reprimiendo gente y royendo constituciones a su antojo, siempre que, eso sí, sean presidentes “electos democráticamente”, igual que Hitler.

 

¡Ah! Pero que no se les ocurra a los ciudadanos empezar a exigir por vías institucionales -congresistas, jueces, magistrados electorales, ejército, procurador de derechos humanos- la defenestración de uno del clan… porque ahí sí arderá Troya (o Tegus). “Cómo se atreven a meterse en nuestro terreno”, despotrican, “si el Estado somos nosotros. Primero gritaremos golpe. Luego hablaremos, y en ello nos secundará la progresía que para eso está, de los años 80, y a los militares les llamaremos gorilas, olvidando muy convenientemente que nuestro titiritero prior es uno de esos nomás que rojo, ¿será orangután?, no importa, lo importante es graznar en coro y amenazar, pues a uno de los nuestros no se le puede deponer por las malas… ni por las buenas”.

 

Manténganse firmes hondureños, pues sí se les puede deponer por las buenas. Es más: se les debe cesar, si no quiere parar uno a merced de ellos.

 

Ya es hora de que los istmeños comprendamos un par de cosas. Una, que un gobierno no está formado sólo por un Presidente. Porque si sí, mejor declarémonos monarquías regidas por un déspota absolutista; al menos habrá algún chance de que sea ilustrado, no una piltrafa corrupta y ridícula como las que merodean por aquí con pretensiones de eternizarse. Pero mientras sigamos como repúblicas, hay que entender que esta forma de gobierno se caracteriza por la división de poderes estatales, en un contexto político electivo, representativo, alternativo y responsable.

 

Dos, acabemos de internalizar que ni la OEA, ni la ONU, ni algunos gobiernos regionales son petates de muerto para asustar: son organizaciones donde el neototalitarismo campea a sus anchas. Si se bloquea la finca isleña de los Castro es “embargo criminal”, si Chávez amenaza con injerencia militar en asuntos ajenos no se dice ni pío, pero sin sonrojo se les cierran a catrachos, chapines, guanacos y nicas las fronteras por 48 horas, en una decisión “presidencial”, no de gabinetes económicos, contraviniendo la más elemental decencia, amén de acuerdos de integración y tratados comerciales.

 

Aguanten catrachos por el bien de todos, incluyendo políticos y politiqueros de la región. Denle un repaso a los artículos 3, 4, 185, 239, 272, 313, 319, 322, 323, 374 de su Constitución, y no pierdan de vista que el tiempo está de su lado. ¡Resistan, compatriotas centroamericanos!

El cásico dilema

 

Los eventos en la vecina república de Honduras constituyen
un botón de muestra de nuestras dificultades para comprender en qué
consiste la democracia.
 
La comprensión moderna de la democracia arranca de la
Europa del siglo XVIII en dos versiones distintas y en competencia
entre sí: la del filósofo inglés John Locke y la del literato francés
J. J. Rousseau.
 
La primera sirve de fundamento al ideario liberal; la
segunda, en cambio, al de los socialistas contemporáneos.
 
Ambas interpretaciones están de acuerdo en que el método
preferible para la elección de autoridades públicas ha de ser el del
voto secreto y mayoritario. Pero ahí termina su concordancia.
 
Porque desde la visión liberal lockeana lo más importante
es refrenar los abusos del poder público y, en consecuencia, habrán de
quedar fijados explícitamente y con toda claridad en la Constitución
los límites a ese poder. Para la rousseauniana, empero, supuesta la
bondad innata de la naturaleza humana en una sociedad de iguales, lo
prioritario ha de ser quién, o quiénes, gobiernan.
 
Eso explica por qué los liberales han insistido en limitar
primordialmente (y dividir) los poderes entre manos diversas, mientras
que los socialistas de todos los matices han considerado cardinal el
respeto al voto igualitario, haga después lo que haga quien hubiere
sido electo.
 
La óptica rousseauniana se impuso en la mayor parte de
Europa continental y de Iberoamérica después de las guerras
napoleónicas (1815). Un siglo más tarde hubo de extenderse al mundo
islámico y a las ex colonias francesas y portuguesas en Africa. La de
Locke, al contrario, permaneció durante la misma época restringida a
los países anglosajones y a algunas pocas democracias parlamentarias
como las escandinavas.
 
Ha sido a partir de la segunda guerra mundial cuando la
proporción entre esos dos modelos dominantes se ha invertido. Hoy es
la Revolución Americana, no la Francesa, el paradigma apetecido.
 
Evidentemente Zelaya, la OEA y las hodiernas “democracias”
populistas de Iberoamérica se aferran todavía a la postura
napoleónica. Las demás instituciones del país hondureño, esto es, el
Congreso, la Corte Suprema, el Tribunal Electoral, el Fiscal General,
las corporaciones privadas y las iglesias se ven más alertas a la
sensibilidad de Locke.
 
Conviene aclarar que ambas tradiciones, a lo largo de los
años, han tomado prestado la una de la otra. Aquella fiel a la
filosofía radical de Rousseau (“el voto entre iguales, lo determinante
en una democracia”) además ha asimilado el concepto de control
constitucional por parte del Poder Judicial, a imitación de la
práctica en los Estados Unidos desde la presidencia de la Corte
Suprema de John Marshall, a comienzos del siglo XIX. A la recíproca,
la jurisprudencia anglosajona tiende ahora a no ceñirse tanto al
derecho consuetudinario (“common law”) e inspirarse más en las
codificaciones del derecho positivo. También esta tradición ha
oscilado  entre presidencias imperiales y parlamentos prepotentes
desde la Gran Depresión de los años treinta, contagiada, quizás, de
los bandazos constitucionales que ha dado Francia.
 
Lo más novedoso al respecto ha sido la emergencia
doctrinal del Estado de Derecho. Hoy se le alaba universalmente, al
menos de palabra. En realidad, es un intento por combinar lo mejor de
ambas tradiciones, la aplicación, esto es, del muy británico “imperio
de la ley” a los excesos burocráticos de los gobiernos centrales.
 
Honduras se debate entre esta última concepción
modernizante de la democracia (quienes rechazan a Zelaya) y la
obsoleta del populismo jacobino, resucitado en ciertos países
caribeños y sudamericanos y al que propende Alvaro Colom. En todo
caso, espero que un “debido proceso” pueda llegar a ser aplicado a
Zelaya.
 
Ojalá resuelvan los hondureños su dilema por sí mismos,
sin injerencias del aplastante eje Washington-Bruselas ni de ese otro
La Habana-Caracas.

La Liga Propatria se pronuncia sobre el caso Honduras

LA LIGA PROPATRIA, EN RELACIÓN A LOS SUCESOS POLÍTICOS QUE ACONTECEN
EN HONDURAS, FORMULA LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:
 
Primera. Sólo las instituciones del soberano Estado de Honduras deben
juzgar sobre la violación o no violación de las leyes de esa
república; y sólo ellas pueden decidir sobre el castigo que hay que
imponer si esas leyes son violadas.
 
Segunda. Sólo las instituciones del soberano Estado de Honduras pueden
juzgar que el Presidente de la República viola o no viola las leyes.
Esas instituciones juzgaron que, desde hacía varios meses, el
Presidente de la República, señor Manuel Zelaya, las violaba.
 
Tercera. Sólo las instituciones del soberano Estado de Honduras pueden
decidir sobre las acciones que hay que emprender si el Presidente de
la República viola las leyes. Esas instituciones decidieron destituir
al presidente Zelaya.
 
Cuarta. Sólo las instituciones del soberano Estado de Honduras pueden
tipificar los delitos que ha cometido el Presidente de la República
que ha sido destituido por violar las leyes. Esas instituciones
tipificaron los delitos que cometió el presidente Zelaya.
 
Quinta. Sólo las instituciones del soberano Estado de Honduras pueden
emprender la persecución penal pública del Presidente de la República
que ha sido acusado de delinquir y ha sido destituido. Esas
instituciones emprendieron la persecución penal pública del destituido
presidente Zelaya.
 
Sexta. Sólo las instituciones del soberano Estado de Honduras pueden
desistir de la acusación, persecución pública penal o destitución del
Presidente de la República que ha sido acusado de delinquir y que ha
sido destituido. Esas instituciones no han desistido de acusar,
perseguir penalmente y destituir al señor Zelaya.
 
Séptima. Cualquier acción internacional o extranjera cuya finalidad
sea imponer la restitución del señor Zelaya, atenta, en general,
contra la soberanía de Honduras; y en particular, contra las
decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la
República, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de
los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral.

Octava. Cualquier acción internacional o extranjera cuya finalidad sea
imponer la restitución del señor Zelaya, también atenta, en general,
contra el Derecho del Estado de Honduras y contra el Derecho
Internacional; y en particular, contra la Carta de la Organización de
Naciones Unidas.
  
Novena. Los países que quieran contribuir a preservar el régimen
jurídico del soberano Estado de Honduras deben ofrecer cooperación
sólo para que esta nación, con fundamento en sus propias leyes,
interpretadas exclusivamente por sus instituciones, tome una decisión
final sobre la destitución del presidente Zelaya.
 
 Guatemala, 6 de julio de 2009.
 
Dr. Armando de la Torre
 
Presidente Liga ProPatria

A la Unión Europea la Historia todavía le pesa demasiado

 

Por lo ignominioso del momento de nuestra vida pública,
casi se nos escapa un evento muy importante más allá del “gran
charco”: las recientes elecciones para diputados al parlamento europeo
en Estrasburgo.
 

Elecciones muy peculiares de acuerdo a los parámetros
usuales por allá.
 
En primer lugar, la asistencia a las urnas fue pobre
(43%), lo que parece sugerir que a los ciudadanos o no les interesa
tanto la Unión o, tal vez, la dan ya por descontada.
 

El debate que las precedió privilegió las respectivas
agendas nacionales, no la europea, y  llevó a la social democracia al
mayor retroceso de su historia en casi todos los países, sobre todo
más grandes. Así, por ejemplo, la social democracia alemana, la más
antigua, captó sólo uno de cada cinco votos, por lo que se ha visto
reducida casi a un mero partido de funcionarios públicos, mientras el
Laborismo británico se ha visto relegado, por primera vez en noventa
años, a una tercera opción entre las preferencias de los electores.
 
El bloque demócrata cristiano, en cambio, la corriente política que
más ha aportado a la Unión, logró mantenerse mayoritaria pero
marginalmente.
 
Lo más sorprendente fue la emergencia de nuevos partidos que rechazan
frontalmente la Unión o se muestran muy escépticos a su respecto.
Inclusive en Hungría levantó la cabeza por primera vez desde la
segunda guerra mundial un movimiento nacional socialista de tintes
antisemitas. El peso histórico del pasado todavía se hace sentir.
 
¿Qué pasa en Europa?
 
Se muestra próspera, estable, y hasta pionera de los derechos humanos.
 
Pero los europeos se enfrentan ahora a retos que les son inéditos: su
generalizado envejecimiento, lo que les entraña además la pervivencia
de ciertas actitudes de su remoto ayer y, sobre todo, complicado por
la ominosa presencia en sus seno de un Islam joven y expansivo. Lo que
ha provocado la reaparición en rincones aislados de la xenofobia que
los llevó al desastre en 1914, hasta en los países de la más acendrada
tradición de  tolerancia, tales Holanda o Dinamarca. Añádase que según
algunos el probable ingreso de Turquía en la Unión podría acelerar el
proceso de disociación, como lo vivió en la antigua Yugoslavia en los
casos de Bosnia y Kosovo.
 
No se trata de un vuelco continental, pero se le puede inferir como
una advertencia de que aunque los  Estados Benefactores parezcan
desfasados, el remanente centralismo burocrático en Bruselas se les
hace cada vez más insoportable, no menos indigerible que el islamismo
militante.
 
Otra consecuencia de esta última amenaza es que los europeos no podrán
zafarse del incómodo unilateralismo en política exterior de los
EE.UU., ni tampoco renunciar a la protección de su sombrilla nuclear.
De ahí, su resignada contribución al conflicto en Afganistan.
 
Encima las “soluciones” propuestas por las élites políticas del
Continente para la actual crisis financiera entusiasman muy poco al
europeo promedio, para quien el problema inmediato del desempleo, y no
de la supervivencia de grandes corporaciones para las que él trabaja,
resulta siempre lo más apremiante.
 
Europa, repito, no está al borde de un cataclismo. Está simplemente
inquieta, algo a la deriva y nerviosa. A mis ojos, su principal
problema reside en que sabe lo que no quiere, pero no está segura de
lo que sí quiere.  Bienvenidos, entonces, al club iberoamericano de
los golpes de ciego, allá hacia la derecha, acá hacia la izquierda.
 
Sin embargo, entre los ganadores en las elecciones creo percibir un
rayo de esperanza: el Partido Liberal alemán, cuya realista visión (y
la de algunos otros que le son afines), no difiere de las de Margaret
Thatcher (y Ronald Reagan) de hace treinta años, antes de que los
Bancos Centrales crearan las sucesivas “burbujas” financieras que nos
han postrado.
 
A ellos apuesto para que enderecen el curso  torcido de la
Unión y los europeos recuperen su fe en su destino.

Por qué cabría esperar la renuncia de Colom

 

Si nos rigiéramos por un sistema parlamentario, hace rato
que el jefe del Ejecutivo habría contemplado dimitir. Pero estamos en
uno presidencialista, en el que el jefe del gobierno es al mismo
tiempo jefe del Estado, y esto complica lo de su posible renuncia o
destitución. Tanto más cuanto que la Constitución vigente ni las prevé
(curiosamente, las del vice-Presidente sí).
 
Es de recordar, sin embargo, que Jorge Serrano fue forzado
a dimitir bajo esta misma Constitución y no se oyen lamentos de
juristas al respecto.
 
Alguien objetaría que la negligencia o la ineptitud que
pudiera haber mostrado Alvaro Colom no es, ni de lejos, el equivalente
a un  rompimiento del orden constitucional.
 
Pero Colom sí ha incumplido con la descripción de su cargo
recogida en el artículo 182 de la misma: “…representa la unidad
nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la
República.”
 
El haberse parapetado tras el recurso retórico de  la
lucha de clases – “pobres contra ricos”- para invalidar graves
acusaciones en su contra no es sólo un ardid propio de Chávez o de
Ortega sino, peor aún, un desgarrón a la “unidad” nacional que él
debería representar. Y su helada indiferencia ante el dolor de las
víctimas diarias de la delincuencia común, llegada a su paroxismo bajo
su “presidencia”, no constituye menor menoscabo a los intereses de
todos sus conciudadanos.
 
En el artículo constitucional arriba citado también le
está vedado “favorecer a partido político alguno”. ¿Es defendible su
ejecutoria dados el clientelismo y nepotismo rampantes a todos los
niveles de la administración pública en favor de afiliados a la UNE?
¿O son constitucionales sus intromisiones en los Organismos
Legislativo y Judicial?
 
A los jóvenes manifestantes los ha llamado “perros
desestabilizadores”. Al video de Rosenberg “una total falsificación”.
A los manifestantes que se le oponen vestidos de blanco de haber sido
“acarreados por sus empresas”, y ante la comunidad internacional
lloriquea ser víctima de conspiraciones y planes ocultos de fuerzas
tenebrosas… A ese ritmo, pronto clamará contra lo preceptuado en el
artículo 45: “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección
y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”,
entre los que se encuentran los sagrados derechos a petición (Art.28),
a reunión y manifestación (Art.33), a la libre asociación (Art.34), y
a la libre emisión del pensamiento (Art.35)…
 
Pero el punto a discutir es más moral que jurídico.
 
Un hombre de parámetros de honor mínimos renuncia si se le
cuestiona seriamente, como lo hizo Profumo en Inglaterra, Nixon en los
EE.UU., Alfonsín en la Argentina, o mantiene en su defecto un férreo
silencio herido, como Pétain en Francia, o hasta se suicida, como el
expresidente de Corea del Sur, Roh Moo-hyun.
 
 Cuestión ética.
 
 Hay ciertos cargos que por su naturaleza no pueden ser
ejercidos por cualquiera sino que exigen rasgos muy relativos al
carácter. El sacerdote o el ministro evangélico, por ejemplo, el juez,
el maestro de escuela, el notario, el contador público, el fiscal, no
menos que el Presidente de la República, están llamados a ser
ejemplares en su trabajo y en sus personas.
 
La sociedad ha depositado en ellos una gran cuota de confianza, y
sirven de paradigma de esperanza, en especial para niños, adolescentes
y ciudadanos de medios escasos. Son figuras públicas, cuyas vidas  se
ven sujetas al escrutinio de todos, en especial de los medios masivos
de comunicación. Son “ara, no pedestal”, servidores, no patronos.
 
Cuando el actuar de alguno de ellos da pie a que se empañe su imagen,
él será el primer interesado en que se aclaren los hechos por completo
o, siquiera en procurarse una digna separación voluntaria del cargo
mientras se le investiga.
 
Pero, ¿y si ya no le queda pundonor?
 
Entonces, nos resta resignarnos a la condena de tristes espectadores
de una degradante comedia de Tercer Mundo…

Reflexiones colaterales

 

De camino para la multitudinaria manifestación cívica en
la Plaza de Italia el domingo 17 de mayo, dentro de aquel río
interminable a lo largo de la séptima avenida de personas vestidas de
blanco, le comenté a mi hija, que caminaba a mi lado: ¡Cuánto ha
crecido la clase media en Guatemala!, la gran estabilizadora de todas
las sociedades que progresan.
 
Más tarde, en el mismo día, me saltó a la mente otra
reflexión: ¡Cuánta firmeza ha ganado la conciencia pública de los
guatemaltecos!, la base ética imprescindible para el logro de un
auténtico Estado de Derecho.
 
Todavía al día siguiente me llenó el ánimo una
constatación gozosa más: ¡Cuán espléndida es esa juventud nuestra que
espontáneamente lo montó todo!, nuestra humana garantía de un futuro
mejor.
 
Por otra parte, quisiera proponerles otras consideraciones.
 
En primer lugar, todo el esfuerzo tuvo un solo propósito
digno: exigir de las autoridades democráticamente electas que cumplan
con los deberes que la Constitución les asigna.
 
El más importante de entre los recipiendarios de tal mensaje lo era el
Fiscal General de la Nación, pero también era aplicable a los
Diputados que habrán de conocer del antejuicio y a los magistrados de
la Corte Suprema que eventualmente fallen sobre el caso.
 
En segundo lugar, es la única oportunidad de la CICIG para
legitimarse ante la historia. Si el combate a la impunidad fue
declarada su razón de ser, éste es su momento definitorio, al  haber
señalado Rodrigo Rosenberg a nadie menos que al Presidente de la
República, a su esposa y a cinco de sus financistas más allegados, de
hallarse involucrados en las muertes del Sr. Khalil Musa, de su hija
Marjorie y de la probable suya propia.
 
La acusación, por supuesto, en sí no prueba nada, según la
normal presunción de inocencia de todo acusado hasta que se le pruebe
lo contrario tras debido proceso.
 
Pero precisamente a ello se han encaminado las manifestaciones de
repudio: para que ni el Presidente, ni su esposa, presionen a los
otros poderes del Estado, y a sus subalternos inmediatos, ya sea con
ofrecimientos, ya sea con amenazas, a que no procedan a una
investigación imparcial y a fondo. Sobradísima razón les daba  a esos
manifestantes la triste y larguísima historia de impunidad imperante
en nuestros pueblos, con tanta frecuencia por ello víctimas de
dictadores y demagogos ineptos.
 
Me ha sorprendido que algunas figuras muy conocidas de nuestra vida
pública, e incluso los presidentes de las demás repúblicas
centroamericanas, se hayan atrevido a aparentar que  no han captado
ese punto esencial. Supongo que el instinto gremial en tales políticos
los empuja a una “cohesión”, no exactamente social, con sus congéneres
bajo sospecha.
 
Todas las reacciones y declaraciones de Álvaro Colom y de doña Sandra
han sido  hasta ahora muy desafortunadas y han llevado a muchos a
pensar que la intención que  les subyace ha sido la usual del
encubrimiento propio.
 
Repugna también el “aporte” peculiar a la ocultación de lo que acaece
por parte de un Ángel González, taimado manipulador con su monopolio
televisivo de las noticias, y que así paga su reciente exoneración de
impuestos por el Congreso.
 
Ni hay que olvidar que estamos a más de doce años de aquel otro
embuste colectivo, la firma de unos “acuerdos” de apaciguamiento de
criminales con la que, encima, nos prometieron una “paz firme y
duradera”.
 
El resto, los vituperios clasistas a ciudadanos pacíficos que se
manifestaban dentro de la ley habría de tomárseles como lo que son,
patadas de políticos que se ahogan.
 
Más allá de este drama, que podríamos hacer extensivo a buena parte
del planeta, nos queda por delante la tarea más prioritaria: ¿cómo
cambiar las reglas del juego político a fin de que no arriben a las
más altas posiciones de los tres poderes del Estado  tantos incapaces,
en ciertos casos hasta delincuentes impunes?
 
Valdría la pena a tal propósito releer el proyecto de reforma parcial
a la Constitución (www.proreforma.org)

LOS BARBAROS NUEVOS

Por: Armando de la Torre

 

Sabido es que la civilización clásica murió por los golpes
de pueblos “bárbaros” que culminaron en el siglo V de nuestra era.

Iberoamérica, a su turno, parece hallarse ante un desafío paralelo ya
desde la segunda década del siglo XX.

Los bárbaros antiguos se impusieron a porrazos validos de
su número y de su fuerza bruta. Los bárbaros nuevos, en cambio,
proceden con mayor sutileza: se imponen merced a las múltiples
herramientas del engaño, oral, escrito, radiado y televisado.

La revolución mexicana de 1910, por ejemplo, arrancó con
un lema del todo legítimo “sufragio efectivo”. Pero muy pronto
degeneró en la violencia asesina entre sus múltiples caudillos, los de
Pancho Villa los más desastrosos.

Los militares argentinos en 1930 pusieron fin a la
integridad republicana afianzada en la Constitución liberal de Alberdi
y con ello al envidiable protagonismo mundial de su gente.

Pero fue el acceso al poder, pronto convertido en
totalitario, del locuaz Fidel Castro en 1959 el que se erigió en el
más paradigmático de los “bárbaros nuevos”.

Desde entonces se han multiplicado sus émulos, unos con
éxito aún no consolidado, tal Hugo Chávez en Venezuela, otros
truncados definitivamente en sus ambiciones, tales los del PRI en
México o, de una catadura mucho más ominosa, cual el del Abimael
Guzmán en Perú.

El rasgo principal de los bárbaros de entonces y de hoy es
su efectiva destrucción de las instituciones claves de la
civilización. Dos de ellas son, en especial, de resaltar: en el ámbito
del derecho privado la de la propiedad; y en el del derecho público,
la estructura republicana de “pesos y contrapesos”.

Algunos periodistas iberoamericanos se han dado
recientemente a la tarea de recopilar las mentiras más populares entre
los bárbaros nuevos, con las que también barbarizan al resto de
nosotros. Por ejemplo, ésa de que los ricos se hacen ricos a través
del empobrecimiento de los pobres. O como creyó identificar Carlos
Marx como la “ley” fundamental en la evolución dialéctica del
capitalismo: que los ricos sean cada vez menos en número pero más
ricos en capital mientras los pobres se hacen más numerosos y
miserables.

Aunque parezca un enigma, es un hecho que tales infundios
han vuelto a estar de moda entre muchos de nuestros analfabetas
funcionales.

Como esa pretensión absurda de que algo nos puede resultar
dado de “gratis” (a menos, claro está, que se trate de Dios, lo más
disparejo con cualquiera de nuestros gobernantes).

O esa alucinación de que un puñado de burócratas puedan
dirigir centralmente el mercado con más eficiencia y justicia que los
agentes libres que en él se involucran.

O el delirio de que todos habríamos de lograr lo mismo,
pues somos “iguales”, como si no se hubiese constatado infinitas veces
que ese empeño en igualarnos (siempre hacia abajo, nunca hacia
arriba…) termina porque los de más malicia y menos escrúpulos al final
se hayan colocado ventajosamente por ser “más iguales que los demás”
(Stalin, Fidel, Mao, Pol Pot, y sus respectivas recuas de verdugos).

“Ese opio populista” con que aturden los bárbaros nuevos a
nuestra civilización no es, por supuesto, de su sola responsabilidad.
Como bien se dijo en otro contexto, lo único que se necesita para que
los malos procedan es que los buenos no hagan nada. Y, ya sabemos, que
abundan entre nosotros los “buenos” indolentes para pensar y torpes
para decidir…

Pero la obligación moral a pensar y actuar persiste, en el
individuo, no en un colectivo. Ahí podríamos fijar la línea divisoria
entre “social demócratas” y demócratas a secas: los primeros difieren
a otros esa responsabilidad; los segundos, en cambio, la asumen
plenamente.

El dilema para los iberoamericanos del siglo XXI se ha
convertido tardía e inesperadamente en el de gobernarse a sí mismos o
relegar a otras manos el gobierno de sí.

O lo que es lo mismo: comportarse como civilizados o
dejarse arrastrar como bárbaros.

El gobierno más nefasto

 

            Con tal epíteto descalificador del gobierno de su predecesor, Oscar Berger, estrenó Alvaro Colóm el suyo.

 

            A casi año y medio de su gestión me inclino por mi parte a pensar, de consuno con una creciente mayoría de guatemaltecos, que es precisamente el de Álvaro Colóm, el que quizás acabe por ser señalado el más nefasto de todos los que hemos padecido desde enero de 1986.

 

            Durante su primer año de gestión tuvo a su disposición el presupuesto hasta entonces más dispendioso de la historia de la Guatemala independiente. Con él empezó por sufragar una marea de nepotismo y clientelismo sin precedentes. En infraestructura no tuvo casi nada de qué gloriarse; ni siquiera supo completar el proyecto del aeropuerto de La Aurora. Y los demás índices de ejecución en general han sido los más bajos hasta ahora (los del Ministerio de Agricultura los más escandalosos).

 

            Desatendió del todo la obligación primordial de todo gobernante, la seguridad ciudadana, -con o sin “inteligencia”-. Parapetados ellos tras hordas de guardaespaldas, ha mostrado una cínica indiferencia hacia la vida y el dolor ajenos, muy parecida a la de Alfonso Portillo en su momento, de cuyo mandato, sea dicho de paso, es su reedición.

 

            Para este año, en plena crisis internacional financiera, se le ocurrió recetarse un descomunal presupuesto aún más mayúsculo, en buena parte financiado por más deuda externa. Obviamente el interés por “salir de pobres” de sus allegados, familiares o políticos, en el Ejecutivo o en el Congreso, prima sobre la generación de riqueza al largo plazo para los más.

 

            Lo que me lleva al peor de sus esquemas: el tan mentado Consejo de Cohesión Social.

 

            El propósito inicial pudo ser tenido por muy bueno: concentrar el papel subsidiario del Estado en los 75 municipios más pobres y atrasados del país.

 

            Pero el carácter pusilánime del Presidente le ha pasado en esto, como en casi todo, una muy mala jugada. Al frente de su realización colocó nada menos que a su esposa, en la que ha delegado, inconstitucionalmente, parte de sus funciones, con total menosprecio autoritario para la indignada opinión pública.

 

            La ayuda “social” prevista se ha traducido a la metódica erosión total del carácter de esos necesitados. En vez de metafóricamente “enseñarles a pescar” les reparte “pescados” y a su discreción. Al fin y al cabo, podría argüir alguno en su defensa, el artículo cuarto de la Constitución nunca ha contado para ningún gobernante. Pero no deja de ser lamentable esta “danza de los millones” como otras no menos ruinosas, financiadas todas no de bolsillos generosos sino a través de saqueos coactivos a los de los contribuyentes.    

 

            Por supuesto, con la intención colateral, siempre muy a la vista de los políticos, de asegurarse los votos de esos infelices para las próximas elecciones. Lo que en cualquier Estado verdadero de Derecho sería conceptuado lisa y llanamente como compraventa de votos.

 

            Nos quedan algo más de dos años y medio de lo mismo. Por eso nos urge proceder por fin a una reforma parcial de la Constitución vigente que imposibilite la repetición de tales oprobiosos proyectos y favorezca, en cambio, un ejercicio del poder más legítimo, ético y, por ende, respetable.

 

            Y no nos consolemos con el mal de otros. Acabo de regresar de Quito, y el mismo proceso degenerativo está más avanzado allá, al igual que en Venezuela.

 

            El drama contemporáneo de nuestros pueblos, se evidencia, radica en una debilidad generalizada de carácter recogida en nuestros diseños constitucionales, que permite a los flojos e inescrupulosos vegetar con impunidad a costa de los laboriosos y cumplidores de sus obligaciones.

 

            Una auténtica “rebelión de las masas”, que diría Ortega.

 

            Una reedición, añadiría yo, del “pan y circo” de que los demagogos romanos se valieron para poner fin a la república e instaurar el despotismo imperial que condenó a muerte a aquella espléndida civilización.

 

(Continuará)