ProReforma

Por: Guillermo Méndez

Los “expertos” no entienden Proreforma: O la disputa del método de las
ciencias sociales

“Olvidan circunstancias y confunden principios teóricos” sentenció
Edelberto Torres-Rivas, refiriéndose a Proreforma. Abismal diferencia
en la concepción de las ciencias sociales se halla en el fondo. Puede
ripostársele: ´complican circunstancias en una orgia de teorías´.
Otros, en dicha escuela, consideran que la “complejidad histórica es
superior a la simplicidad”, agregamos, simplicidad de lo evidente. Por
ejemplo, la afirmación sencilla ´la escasez de tal producto, produce
alza de precios´, no les es suficiente. Debe invocarse la sequia en
tal lugar, también el fenómeno del niño, el alza en los combustibles y
el paro del transporte. Información “interesante” –no valiosa– que
para la reducción de los precios aludidos importa muy poco.

Afición a enredarse en asuntos que no podemos controlar ni resolver y
a olvidarnos de los que si podemos cambiar. Por ello define que “las
ciencias sociales solo describen lo que es”, importando poco que eso
no otorgue viabilidad a sus aportaciones, cuando deberían estar
enderezadas al estudio de los que sucedería si ciertos hechos no
fuesen lo que son.

Arrogase entonces el poder para alcanzar “el conocimiento exhaustivo
que garantiza certezas mayores”, cuando el conocimiento disperso es
mucho mayor que aquel del que disponemos. La ilusión sinóptica de
“conocimiento ordenado, explicito y claro” solo puede diseñarse a
costas del infinito cúmulo de fenómenos que ignoramos. Es falso que
“la civilización se basa en la eliminación de la ignorancia”, porque
esta es mayor de lo que ingenuamente admitimos. Es ilusión que “en
corto tiempo desaparecerá la limitación al conocimiento”, cada paso a
la orilla del mar de la ciencia, ignora que a sus pies se halla el
vasto e insondable océano (I. Newton).

De donde, es falta de motricidad fina “aplicar la duda radical del
racionalismo a las cuestiones de orden social y moral”, cosa que
Descartes mismo no hizo. El se interesó únicamente en establecer
criterios de certeza para las proposiciones. En cambio se aduce que
“es posible estructurar la sociedad según el modelo del organismo
humano de Hobbes”, opción que hipostatiza lo que sólo los individuos y
organizaciones de fines específicos pueden hacer. Proreforma no cree
que la sociedad es empresa de fines específicos que un solo individuo,
si goza de poder discrecional, pueda manejar.

Se cree que si “las instituciones no han sido diseñadas, son
irracionales”, ¿Quién diseñó la moneda, la moral, el lenguaje, la fe y
el derecho? Tal conclusión, en si misma, peca del simplismo que
denuncia. Asume que “la norma inconsciente no es confiable”, cuando
ignorar su origen pesa sobre el sujeto que ignora y ello no la hace
menos racional. Argüir “la superioridad del conocimiento”, no toma en
cuenta que la tradición no es contraria a la razón.

Por eso, estimar que “el enfoque evolucionista de lo social es
irracional”, desconoce el valor educativo de los hábitos en los que
aquel se basa. Creer que “no hay nada superior a la razón” es desdeñar
las lecciones que vienen de los antepasados. No es tal que “sólo la
razón explica el fenómeno social”, éste haya, en el proceso evolutivo,
mejor explicación de las relaciones complejas de las ciencias
sociales, lo cual subyace en Proreforma. Abominase el “observar, por
considerarlo mas angosto que razonar”, cuando observación es también
difundir, transmitir y desarrollar las prácticas refrendadas por el
éxito.

En contraste, se prefiere “como ciencia superior la construcción por
diseño de las entidades sociales”, como si dispusiesen del
conocimiento para garantizar la felicidad humana. Asumir que “es
posible el dominio integral de lo concreto” lleva a Proreforma a
basarse en postura mas modesta, según la cual la abstracción que
generaliza (igualdad para todos) es superior herramienta que la razón
que especifica (favores para algunos). Quien “rechaza el orden no
previsto (gr. kosmos) y prefiere el orden diseñado (gr. taxis)”, tiene
que confesar que nadie ha logrado el desarrollo por medio de la taxis.

Por eso, es cuestionable que “la razón produce buenas leyes” como
decía Rousseau. Es mas, “si las quieren mejores dijo, tiren las que
tienen y creen nuevas”. Deshizo la tradición, la moral y la costumbre
agregando “no existen otras leyes que las que los hombres quieran
darse” (Rousseau). Por supuesto, fluye de tal arrogancia “no reconocer
la obligación moral ni sanción íntima alguna” (J. M. Keynes).
Proreforma integra a las normas constitucionales una visión más modesta.

No se puede continuar con “la superioridad de lo ideográfico”
(complejidad histórica) “frente a lo nomotético” (simples reglas que
nacen de la experiencia), porque seguiremos siendo pobres. Si como
dicen “las instituciones sociales son producto del diseño”, habrá que
confesar que el tercer mundo esta lleno de pésimos diseñadores. La
preferencia de “lo positivus (thesis) o diseñado, a lo naturalis
(phusei) o espontáneo” , ha dejado empobrecedora herencia. Si se
piensa que “a la sociedad corresponde análisis igual al de los
fenómenos relativamente sencillos de las ciencias naturales”, el
fracaso de los científicos sociales prevalentes en Guatemala, debe dar
paso a que se pruebe un modelo de ciencia social diferente.

Por ello, denunciamos que “el racionalismo constructivista logra
algunos objetivos”, pero pasando sobre el derecho de las personas,
exigiendo cada vez, mayores rondas de sacrificio. De donde, no
convence “que la planificación centralizada es señal de modernidad”,
es mejor blindaje, protector de la persona, el individualismo de
Popper, asumido también por Proreforma.

Claro, se llega al punto de decir “Popper ha sido superado”, ¿en qué
aspecto preguntamos? ¿En “falseabilidad vs. ciencia normal y
revolución de la teoría” (T. Khun)? Es cierto, pero solo
diacrónicamente. Sincrónicamente ¡NO! La falseabilidad esta vigente
aun, en el análisis puntual, como antídoto, además, del dogmatismo
cientista. Ni siquiera T. W. Adorno descalificó a Popper en este
sentido (cp. T. W. Adorno, “Sobre la lógica de las ciencias Sociales”
(1976). De modo que “la superioridad científica” de quienes se oponen
a Proreforma es mera arrogancia y se explica mejor como diferencia
metodológica, aun cuando ellos no lo sepan.

Por eso decía Adorno, al unísono con Popper, es falso que “los métodos
dependen del ideal metodológico”; dependen de la cosa que se estudia.
Deviene del problema del hombre, como sujeto libre, en aquello que le
coarta, le enriquece o en cómo éste escoge.

Proreforma cree, con modestia, que todos tenemos conocimiento
imperfecto y por eso ninguna persona o buró puede disponer de la vida,
tiempo y recursos de todas las personas con excesiva laxitud (Capitulo
II, Titulo I de la CPRG). Así mismo, estima que la simplicidad de lo
evidente es más útil para desarrollar un país que la complejidad de la
orgía de teorías. Al fin de cuentas, la explicación densa de las
causas de la pobreza, aplicada a cada país del continente, no ha
servido de nada para sacarlos de ahí. Ni siquiera en donde tales
explicaciones han llegado al poder, pues sólo disfrazan y reubican la
pobreza.

www.proreforma.org (III)

 

El proyecto de reforma parcial de la Constitución, propuesto por setenta y tres mil ciudadanos al Congreso de la República para que a su turno lo someta a consulta popular según la Constitución vigente, resulta demasiado novedoso en Guatemala para que no deje de despertar sospechas, algunas hasta muy maliciosas, en ciertas mentes condicionadas por rutinas intelectuales de muchos años y poco abiertas a lo diferente.

 

Hasta ahora he visto, para mi sorpresa, que las críticas al proyecto se han enderezado casi en exclusiva hacia la creación de un sistema legislativo bicameral, muy en especial hacia el establecimiento de una posible Cámara Alta integrada por senadores, como lo sugiere el origen semántico del término, por hombres y mujeres en el potencial máximo de su madurez creativa.

 

La propuesta incluye asimismo muchísimas otras aristas, todas a mi juicio muy beneficiosas al largo plazo en nuestra ruta cuesta arriba hacia un Estado de Derecho y para las que esperamos de la inmensa mayoría de la población su anuencia. Son cláusulas de contenido sencillo, de obvia justificación tenidas en cuenta las prácticas históricas de nuestros hombres y mujeres públicos, y decantadas de una evolución del constitucionalismo mundial de doscientos años.

 

Como botones de muestra, empecemos por enumerar la que establece la revocatoria del cargo del presidente y del vicepresidente, a iniciativa de cien mil electores empadronados y previa consulta popular mayoritariamente definida.  

 

Seguida de la que reafirma la independencia del fiscal general de la república y del procurador general de la Nación con respecto al Presidente en funciones.

 

O la de mucho mayor evidente trascendencia, la que afianza la autonomía del entero Poder Judicial vis-a-vis de los otros poderes al reconocerle la potestad exclusiva para elaborar su propio presupuesto, combinada con la dilatación de los períodos de ejercicio de sus magistrados.

 

O esa otra cláusula que prohíbe legislar cualquier privilegio, la degradación más habitual  del concepto de “ley”. O aquella que imposibilita la aprobación de presupuestos deficitarios (que de hecho implican diferir la carga de los impuestos a generaciones futuras), o la que establece que quienes ocupen las gobernaciones departamentales no lleguen a esos cargos por una arbitraria escogencia presidencial sino por elección popular. No menos que esa otra que fija el número de diputados con independencia funcional del crecimiento demográfico.

 

Estos y demás puntos vitales para el logro de ese genuino monumento que es un  Estado de Derecho apenas ha atraído la atención de quienes discuten. Sólo la propuesta de la creación de un Senado parece haber levantado roncha.  

 

Me asombra, lo confieso, por el desconocimiento que supone de tal institución dado que nuestros vecinos más influyentes como los EE.UU., México y Canadá siempre han contado con ella en sus constituciones respectivas, al igual nuestros hermanos del sur, Argentina, Chile o Perú.

 

Encima, de cualquier estudiante de bachillerato se espera que sepa que los senadores fueron el fiel de la balanza en aquel exitoso sistema de pesos y contrapesos de la república romana, y que ésa ha sido la razón de su inclusión en las constituciones republicanas modernas.

 

El sistema bicameral ha sido tradición en la mayor parte de los estados del llamado “primer mundo”, léase la madre España de hoy, o la Italia, Francia, Alemania o el Japón de nuestros días, y también, aunque con vigor disminuido, la del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.

 

Me veo, por tanto, obligado a concentrarme de ahora en adelante, en estas brevísimas acotaciones, en el tema de la adición al Legislativo de un senado, para responder lo mejor que me sea posible a las legítimas dudas de quienes de buena voluntad han adversado por escrito  la  reforma parcial de marras de la constitución política que nos rige desde 1986.

 

(Continuará)

Sobre ProReforma II

Por: Armando de la Torre

La Licda. Velásquez Nimatuj insiste en que la exposición
de motivos para la reforma parcial de la Constitución propuesta por
más de setenta mil ciudadanos le parece insuficiente.

Cuando los representantes del “Tercer Estado” (“tiers
état”) de Francia se erigieron en Asamblea Constituyente en 1789 sin
el permiso del Rey que los había convocado -más bien en contra de su
voluntad-, sus pocos motivos explícitos se reducían a la contemporánea
situación anárquica que vivía Francia desde la toma de la Bastilla.
Es verdad que un año antes el Abate Sieyés había publicado un muy
sensato y elocuente ensayo con el título Qué es el Tercer Estado que
les sirvió de base argumentativa. Ahí se leían sus célebres preguntas
introductorias “¿Qué es el Estado llano? Todo. ¿Qué ha sido hasta el
presente en el orden político? Nada. ¿Qué pide? Llegar a ser algo”.

Un par de años antes, de este lado del Atlántico, los
delegados de las trece colonias recién independizadas de Inglaterra,
reunidos en Filadelfia supuestamente para mejorar los Artículos de la
Confederación de 1781, decidieron, sin más preámbulo, abolirlos todos,
y en su lugar darse a puertas cerradas una Constitución escrita que
perdura desde el 2 de julio de 1787 (oficialmente se conmemora dos
días después, cuando se hizo pública).

Tanto en estos dos casos paradigmáticos como en muchos
otros que les han sido posteriores, se ha aducido siempre como motivo
la situación del momento.

A nuestro proyecto de reforma lo justifica la historia de
Guatemala del último cuarto de siglo o, si se quiere, de los últimos
cien años.

Siempre bajo las reglas constitucionales vigentes, la
violencia criminal ha aumentado hasta su cota promedio actual de 18
asesinatos por día.

La impunidad se extiende al 98% de esos y otros muchos
hechos delictivos, y mientras tanto los narcotraficantes comodísimos.

Sonoros escándalos por corrupción han empañado a cada uno
de los sucesivos gobiernos desde 1986.

Del analfabetismo aún adolece un cuarto de nuestra
población adulta, 160 años después de haberse decretado la
escolarización obligatoria.

Los índices de desarrollo humano se mantienen
desalentadoramente a la mitad inferior de la media mundial.

La desnutrición infantil, por ejemplo, atenaza a un tercio
de nuestros conciudadanos ya adultos, evidenciada por sus bajísimos
niveles de comprensión.

La calidad de las ofertas de los políticos nunca se acerca
a la altura de las demandas por sus electores de mejor criterio, los
más productivos y los más cultos.

El resultado final es que los tres poderes del Estado
desmoralizan a diario a nuestros jóvenes con su ineptitud y codicia.

Los formalismos jurídicos, encima, asfixian a la entera
administración de la justicia.

Y las fuentes de inversiones se secan.

De ahí que un millón y medio de guatemaltecos haya
emigrado en pos de mejores oportunidades de trabajo en el extranjero.

Y a propósito del extranjero: se nos prometió por su
mediación una “paz firme y duradera”, de la que “gozamos” hoy…

Además, se  nos asegura por los mismos que el fin de la
impunidad está cerca, cuando son nadie menos que el presidente de la
república, su esposa, su secretario privado y cuatro de sus
financistas los acusados públicamente post mortem por una de sus
víctimas de triple asesinato, y todavía nada se ha movido.

¿Conoce usted algún fiscal general que nos haya sido útil…?

El “servicio civil” languidece, convertido en feudo para
parientes y clientes de los gobernantes de turno, y no magneto para
los diestros y honrados.

El despilfarro de los fondos públicos nunca ha sido más
bochornoso y dañino al largo plazo. No hay contralor que valga,
tampoco siquiera para el alivio de nuestra deuda externa por la gracia
de nuestros diputados, mucho menos de esos ochenta y dos millones  que
nos “ahorraron”.

El menosprecio internacional hacia Guatemala es más
punzante que hasta en los tiempos de Estrada Cabrera.

¿Mayor exposición de motivos, licenciada?…

Sobre Proreforma

 

La Licenciada Irmalicia Velásquez Nimatuj publicó el lunes
20 en su habitual columna de opinión en elPeriódico una apreciación
suya sobre el proyecto de reforma parcial de la Constitución que me
parece merecedora de comentario por mi parte.
 
Según ella, “este proyecto …no sólo carece de una extensa
y profunda exposición de motivos que justifiquen los cambios que
propone,… sino también adolece de claridad en el uso de los
principales términos… Al leerla detenidamente” -prosigue- “deja la
impresión de que reglas y sistemas son usados como sinónimos y en
otros momentos dejan la sensación de que maquiavélicamente y de
acuerdo a sus intereses reducen la complejidad de los sistemas a
elementales reglas”.
 
Esto último lo califica de “debilidad conceptual” en
cuanto a su criterio viene a equivaler a una simplificación. “Además,”
añadió, “de la poca claridad teórica de la propuesta, se evidencia que
coloca a los sujetos como simples víctimas al argumentar …que la
mayoría de los guatemaltecos no encuentra oportunidad de mejorar con las reglas existentes…”
 
Como aquí se trata de una reflexión serena y bien
intencionada, creo que es deber de quienes acuerpamos el proyecto de tomar en serio lo que nos dice.

Concuerdo que probablemente hemos pecado de simplistas en la
exposición de nuestros razonamientos y conclusiones. Fenómeno nada nuevo en la prensa. Yo también me siento muy frustrado por esa reiterada e inevitable imposibilidad de abordar con profundidad en una mera columna de opinión cualquier tópico que se ofrezca a nuestra curiosidad intelectual.
 
Por eso le propongo como ensayo mínimo de respuesta
discutir cada punto en el orden de importancia que sus promotores
establecen en la dirección digital arriba indicada, aunque nos pueda
llevar meses.
 
La Asociación ProReforma fue fundada en el 2005 en cuanto
cívica, no partidista, e independiente de todo interés individual o
gremial, y que se presentó desde el primer momento con una propuesta constitucional específica y de alcance limitado.
 
Su objetivo, de acuerdo a sus estatutos, es facilitar el
logro de un genuino Estado de Derecho para Guatemala mediante ciertas enmiendas parciales a la Constitución que para nada toquen su cuerpo pétreo o dogmático y que, por lo tanto, no requieren de una convocatoria a una asamblea constituyente.
 
De ser aprobada según el trámite de la Constitución
vigente, permitiría afrontar y resolver los problemas más ingentes de
nuestro pueblo, tales como esos altísimos niveles inaceptables de
violencia, también de deserción paterna, de desnutrición infantil, de
pobreza, injusticia, ignorancia e ineficiencia y corrupción en el
sector público y en el privado, índices que todavía nos mantienen de
rodillas en el suelo de un anacrónico e injustificable subdesarrollo.
 
No por ausencia de leyes, como lo prueban los sucesivos
regímenes constitucionales que el país se ha dado a lo largo de la
historia, y todas las codificaciones que les han sido subalternas.
 
Nosotros, los proponentes de las reformas, después de una
vida de estudios, razonamientos y autocríticas, hemos concluido, que
la evidencia abrumadora de los pueblos conduce siempre a la misma
lección: son las reglas del juego entre humanos para la convivencia
pacífica las que los hacen progresar o estancarse, avanzar o
retroceder, ser felices o atormentados.
 
Así como en el tráfico vial la asignación inteligente de
semáforos, la advertencia oportuna de los derechos de vía, o el
trazado expedito de las calles inciden decisivamente en la seguridad y fluidez del mismo, también en el horizonte cívico colectivo que tan
dolorosamente ahora nos aflige son las normas éticas, las jurídicas y
las del trato social por las que de veras se rigen los individuos las
determinantes en nuestro constatable bienestar o en nuestra obvia
desdicha.
 
Si fuéramos sólo víctimas y no sujetos no estaría en
absoluto preocupado.

            (Continuará)

Congreso se encarga de la Reforma Constitucional

El Congreso de Guatemala convocó en un campo pagado -emitido en Prensa
Libre el día de hoy- a audiencias públicas a los grupos interesados en
opinar acerca de la propuesta de Reforma Constitucional.

Establecen una metodología para recibir a los interesados que incluye
un tiempo mínimo y máximo para hacer su exposición, deben presentar
una copia escrita y una copia electrónica de su presentación y en la
página electrónica del Congreso se publicarán las audiencias y listado
de personas que asistieron. Estas se llevarán a cabo durante el mes de
Julio.

Puede encontrar el comunicado en el siguiente link: -haz clic acá-

http://www.congreso.gob.gt/gt/ver_noticia.asp?id=8116

Reflexiones colaterales

 

De camino para la multitudinaria manifestación cívica en
la Plaza de Italia el domingo 17 de mayo, dentro de aquel río
interminable a lo largo de la séptima avenida de personas vestidas de
blanco, le comenté a mi hija, que caminaba a mi lado: ¡Cuánto ha
crecido la clase media en Guatemala!, la gran estabilizadora de todas
las sociedades que progresan.
 
Más tarde, en el mismo día, me saltó a la mente otra
reflexión: ¡Cuánta firmeza ha ganado la conciencia pública de los
guatemaltecos!, la base ética imprescindible para el logro de un
auténtico Estado de Derecho.
 
Todavía al día siguiente me llenó el ánimo una
constatación gozosa más: ¡Cuán espléndida es esa juventud nuestra que
espontáneamente lo montó todo!, nuestra humana garantía de un futuro
mejor.
 
Por otra parte, quisiera proponerles otras consideraciones.
 
En primer lugar, todo el esfuerzo tuvo un solo propósito
digno: exigir de las autoridades democráticamente electas que cumplan
con los deberes que la Constitución les asigna.
 
El más importante de entre los recipiendarios de tal mensaje lo era el
Fiscal General de la Nación, pero también era aplicable a los
Diputados que habrán de conocer del antejuicio y a los magistrados de
la Corte Suprema que eventualmente fallen sobre el caso.
 
En segundo lugar, es la única oportunidad de la CICIG para
legitimarse ante la historia. Si el combate a la impunidad fue
declarada su razón de ser, éste es su momento definitorio, al  haber
señalado Rodrigo Rosenberg a nadie menos que al Presidente de la
República, a su esposa y a cinco de sus financistas más allegados, de
hallarse involucrados en las muertes del Sr. Khalil Musa, de su hija
Marjorie y de la probable suya propia.
 
La acusación, por supuesto, en sí no prueba nada, según la
normal presunción de inocencia de todo acusado hasta que se le pruebe
lo contrario tras debido proceso.
 
Pero precisamente a ello se han encaminado las manifestaciones de
repudio: para que ni el Presidente, ni su esposa, presionen a los
otros poderes del Estado, y a sus subalternos inmediatos, ya sea con
ofrecimientos, ya sea con amenazas, a que no procedan a una
investigación imparcial y a fondo. Sobradísima razón les daba  a esos
manifestantes la triste y larguísima historia de impunidad imperante
en nuestros pueblos, con tanta frecuencia por ello víctimas de
dictadores y demagogos ineptos.
 
Me ha sorprendido que algunas figuras muy conocidas de nuestra vida
pública, e incluso los presidentes de las demás repúblicas
centroamericanas, se hayan atrevido a aparentar que  no han captado
ese punto esencial. Supongo que el instinto gremial en tales políticos
los empuja a una “cohesión”, no exactamente social, con sus congéneres
bajo sospecha.
 
Todas las reacciones y declaraciones de Álvaro Colom y de doña Sandra
han sido  hasta ahora muy desafortunadas y han llevado a muchos a
pensar que la intención que  les subyace ha sido la usual del
encubrimiento propio.
 
Repugna también el “aporte” peculiar a la ocultación de lo que acaece
por parte de un Ángel González, taimado manipulador con su monopolio
televisivo de las noticias, y que así paga su reciente exoneración de
impuestos por el Congreso.
 
Ni hay que olvidar que estamos a más de doce años de aquel otro
embuste colectivo, la firma de unos “acuerdos” de apaciguamiento de
criminales con la que, encima, nos prometieron una “paz firme y
duradera”.
 
El resto, los vituperios clasistas a ciudadanos pacíficos que se
manifestaban dentro de la ley habría de tomárseles como lo que son,
patadas de políticos que se ahogan.
 
Más allá de este drama, que podríamos hacer extensivo a buena parte
del planeta, nos queda por delante la tarea más prioritaria: ¿cómo
cambiar las reglas del juego político a fin de que no arriben a las
más altas posiciones de los tres poderes del Estado  tantos incapaces,
en ciertos casos hasta delincuentes impunes?
 
Valdría la pena a tal propósito releer el proyecto de reforma parcial
a la Constitución (www.proreforma.org)