El usuario,  el protagonista en toda ley de concesiones

Por: Armando de la Torre

            Sobre la ley acerca de alianzas público-privadas que se debate en el Congreso quisiera añadir unas consideraciones ulteriores.

            ¿Quién habrá de ser el beneficiado principal en cuanto bien jurídico a proteger? Evidentemente los usuarios de los servicios, no quienes se los prestan, muchos menos quienes los legislan o regulan.

            Por ejemplo, nuestra Constitución ha prohibido explícitamente los monopolios porque se presume que pueden dañar los intereses de los consumidores, ya sea por los precios demasiado altos que arbitrariamente puedan fijar, ya sea  por la pobre calidad de de los servicios, o también por lo restringido de su cobertura. Empero, en Guatemala se agazapan muchos bajos leyes y regulaciones casuísticas que terminan por desalentar, o hasta frustrar del todo, la competencia entre oferentes, sobre todo la de los que nos llegan desde el extranjero. Este es el caso, por ejemplo, de la agitación por estos días se ha organizado para impedir la venta de pólizas de seguros de compañías foráneas.

            Milton Friedman dijo una vez que la mejor protección del consumidor está en la competencia entre los oferentes, y estoy de acuerdo. Pero no basta; también se necesita de cierto marco regulatorio donde los derechos y obligaciones de todos los involucrados queden claramente explicitados.

            Una analogía cuando se dieron las privatizaciones de la década de los noventa, en algunos países (Argentina, México, Perú…) lo que se privatizó fue monopolios estatales que por ley se convirtieron en monopolios privados. Guatemala, en cambio, para ese tiempo se constituyó para muchos Estados en paradigma a seguir al reemplazar el monopolio estatal de las telecomunicaciones (GUATEL) con la competencia abierta entre proveedores privados, nacionales y extranjeros, lo que en pocos años aumentó exponencialmente el número de usuarios de la telefonía, que hoy superan per cápita aun el número total de nuestros habitantes.

TACA, por otra parte, al absorber a AVIATECA (en la que el Estado retenía un porcentaje minoritario de acciones), pudo en cuanto socio del gobierno desalentar la competencia extranjera, y aun la nacional, en algunas de sus rutas.

Lo importante es, pues, que dispongamos de un marco regulatorio respetuoso de los derechos de propiedad de todos, previo a la apertura de cualquier servicio a la competencia del mercado en la que los derechos de los usuarios estén mínimamente garantizados. Esto implica, por otra parte, la mayor autonomía posible del ente regulador de influencias políticas o de grupos de presión privados.

            Por lo que se establece en esta ley 16-2010, que promueven los ministerios de economía, finanzas,  comunicaciones y obras públicas, energía y minas, y las secretarías SEGEPLAN y CONACOM, deviene el tal ente meramente político “promotor”, no en uno autónomo de veras, “protector” de los derechos de los usuarios privados. De momento, tal cual ha sido redactada, los dos representantes del sector productivo organizado, esto es, el del CACIF y el de la Cámara de la Construcción, habrían de permanecer en minoría en la junta directiva, como por desgracia también sucede en la Junta Monetaria.

            La ley de “Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica” sí menciona “derechos” de los consumidores en abstracto, pero no los especifica.

            Un contrato de concesión se firma entre dos entidades, la autoridad contratante y el concesionario. A la primera corresponde estrictamente velar por los derechos e intereses de los usuarios, que habrían de estar claramente enumerados, tales como el del acceso universal a la información, a la equidad en el trato, al de la sostenibilidad del servicio, a que se le rindan cuentas transparentes, y, muy importante, a que se le acepte la presentación de sugerencias, quejas y reclamos.

            Al fin y al cabo constituyen el soberano que en tal ente delega sus funciones.

            (Continuará)

           

 

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