El justo costo de la previsión de riesgos

Por: Armando de la Torre

            Vivir es prever; pues es el hombre el único ser orientado hacia el futuro, como nos lo ha desentrañado más que ampliamente por siglo y medio el pensamiento calificado de “existencialista”.

            Eso sí, hablo del hombre en cuanto persona plena, en cuanto individuo al que le son imputables con exclusividad sus acciones, del adulto en nuestra legislación.

            Tal prototipo se toma como el sujeto último de toda pretensión contemporánea de análisis económico del derecho privado, no cualquier pretendido abstracto “colectivo”, sea el Estado, una clase social, o una etnia…

            Sobre este supuesto, Guido Calabresi erigió sus célebres hipótesis acerca de a quién en lo individual deberían imputársele los costos de agravios culposos (“torts”), o de los accidentes de ruta. Sus sugerencias las inició en 1961 con un artículo intitulado  “Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts” en el Journal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, seguido en 1970 por otro no menos original sobre  “El Costo de los Accidentes”.  Todavía dos años después publicó su libro sobre los derechos de propiedad, las responsabilidades civiles y la intransferabilidad de obligaciones contractuales que aún domina la discusión académica  sobre tales tópicos.

            Su idea matriz podría reducirse a la proposición de que el costo de todo daño no doloso cuantificable habría de ser atribuído a quien previamente lo pudo haber previsto al menor costo relativo.

            Por ejemplo, si alguien compra un bien a un precio inferior al del mercado y  sobreviene un deterioro o una pérdida de ese bien, este costo adicional debería preverse a cuenta del que ya habría sido favorecido con el precio más bajo. Viceversa, si alguien vende con una utilidad marginal superior al promedio en el mercado y ocurre posteriormente deterioro o pérdida del mismo, es éste, el vendedor afortunado, a quien a su turno debería previamente habérsele asignado absorber el costo de tal deterioro o pérdida.

            Las prácticas hoy generalizadas en caso de accidentes viales ya hacen con frecuencia uso de este principio. Y así, las respectivas compañías de seguro de los involucrados en cualquier choque vial han de subvenir al pago previsto de los daños para sus asegurados, con un gran ahorro para todos de emolumentos con los que cubrir los costos de los litigios.

            Algo semejante a lo que en otras partes se ha impuesto en el rubro de los divorcios. Antes de la década de los cincuenta predominaba en las legislaciones estaduales de los EE.UU. el principio de que primero habría de procederse a la identificación de un “culpable” de haber puesto en peligro el vínculo matrimonial y que a él habrían de trasladarse principalmente los costos del entero proceso. Ahora, a ese estilo del espíritu previsor de Calabresi, se prescinde de tal búsqueda de presunto culpable,  con el resultado inmediato de una disminución mayúscula en los costos legales en su conjunto y, sobre todo, lo que humanamente pesa más, una notable reducción también en el número de divorcios “hostiles” paralela a una abultada tendencia hacia divorcios más “amistosos” (es decir, por mutuo consentimiento).

En otro ámbito, cuando se lamenta por las autoridades públicas lo elevado del número de evasores del fisco (la mayoría de quienes laboran en la  economía llamada “informal” o “subterránea”), se ha hecho evidente desde Hernando de Soto y Enrique Ghersi, los autores peruanos de “El Otro Sendero”, que tal fenómeno se deriva del costo legal del derecho a trabajar impuesto, en primer lugar, por esas mismas autoridades.

            Esta crecida preocupación por disminuir costos y eficientizar los procesos de derecho privado se ha constituído en un arma adicional para la reducción del número de los pobres, y que penetra los principios generales del derecho y la estructura de los procedimientos jurídicos, en pos de una justicia más pronta, más cumplida y más igual para todos.

(Continuará)

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