EL MEOLLO DEL PROBLEMA “CICIG”

EL MEOLLO DEL PROBLEMA “CICIG”

 

Armando de la Torre

 

            Durante mis largos años de estudio se me ha consolidado la convicción de que la administración de la justicia es la única obligación prioritaria y soberana del Estado y de todo ciudadano en lo particular. Es más, en lo “equitativo” para ambas partes, es decir, que ambas ganen, se halla la raíz última de la eficacia de cualquier contrato.  

            Ni la salud pública, ni la educación nacional, ni aun la defensa territorial del mismo Estado, como tampoco su red de comunicaciones, ni aun el presupuesto de gastos e ingresos de la entera Nación, ni hasta la facultad  de emitir leyes iguales para todos por el Congreso, son equiparables en importancia y trascendencia a la urgente necesidad universal de que se haga justicia.

Simplificando al máximo hago mías la sabia alternativa de San Agustín en su obra “La Ciudad de Dios”: “Sin justica que son los pueblos sino bandas de ladrones” (Capítulo 4, Libro IV).

            Ningún otro empeño tan enorme y difícil para cualquier humano como la de intentar hacer justicia entre las partes involucradas. Es más, su dispensación la creo como la ambición más audaz, si no alocada, para nuestra humana naturaleza caída.

            Y, empero, estamos obligados en conciencia a procurarla con la máxima seriedad y entereza que nos sea posible.  

            Muy particularmente entre nosotros en el Occidente el hambre de justicia ha sido lo más prioritario en la vida social, y no menos hoy, desde aquellos pocos excepcionales hombres en la periferia del pueblo hebreo identificados como “Profetas”: Amos, por ejemplo, Miqueas u Oseas.

            Por la otra mitad de nuestra progenie cultural, la griega, para Platón la búsqueda de la justicia es el deber supremo de toda sociedad civilizada. Y para los romanos que les sucedieron, la justicia fue el sello imprescindible de toda verdadera República.

Asímismo para los teólogos medievales, Santo Tomás de Aquino a la cabeza, era la virtud de la justicia la suprema entre las cardinales. De la misma manera lo fue para los grandes jurisconsultos racionalistas a principios del siglo XVII, Samuel Pufendorf y Hugo Grocio, por ejemplo, la justicia es la puerta de acceso a la paz entre los hombres. Y otro de ellos, Emmanuel Kant, hasta la elevó al imperativo categórico supremo.

            De igual manera la práctica universal de la justicia, y la paz que de ella necesariamente se deriva, habrían de constituir el objetivo último de los esfuerzos en toda sociedad tolerante y digna para John Locke, Montesquieu y Rousseau.

            Y así, la práctica de la justicia ha devenido en el termómetro mundial de buena salud para toda sociedad de veras civilizada desde esa perspectiva que hoy llamamos el “Estado de Derecho” (el Rechtsstaat). Así lo concibieron inicialmente los grandes juristas alemanes de mediados del siglo XIX, más allá de toda Constitución escrita, y con el que además quisieron traducir a su idioma aquel término originalmente muy anglosajón de “The Rule of Law”.

            Pero muy de lamentar, desde hace aproximadamente siglo y medio, se incubó la filosofía del positivismo por August Comte, que Hans Kelsen hubo de ampliar más tarde al campo jurídico con su “Teoría Pura del Derecho” (Reine Rechtslehre, 1934), y que se nos ha vuelto monopolio doctrinal en muchas de las facultades de Derecho en nuestras Universidades Iberoamericanas.

            Adviértase que sin ese previo punto de vista positivista, en opinión de F.A. von Hayek, tan poco se habrían impuesto los totalitarismos de izquierda y derecha del siglo XX.  

Y aquel otro principio filosófico anterior, tan laboriosamente erigido por tantos siglos bajo el aforismo latino de “vox populi, vox Dei”, se vino estrepitosamente abajo y se ha visto reducido al final para nosotros a solo los caprichos y argucias legislativos de una asamblea, congreso o parlamento de políticos privilegiados electos para esa función. Nada ya de Derecho Natura, tampoco de Derecho consuetudinario (Common Law) solo la expresión verbal de unos pocos endiosados por ellos mismos. Esa es nuestra realidad jurídica hoy.

Y así todos tomamos muy a la ligera la justicia, ahora en manos del más fuerte o del más opulento pero con un ropaje abstracto y grandilocuente.

Y con todo ello, la majestad supremamente neutra en la impartición de la justicia se ha visto reducida a ese nivel de la pobre capacidad mental y caprichosa de unos cuantos políticos en posesión o no de un cartón de leguleyo.  

A tal desplome ahora se le califica oficialmente de “positivismo jurídico”. Y también sobre esa base nos resulta inteligible para nosotros ese monstruoso disparate único que conocemos como CICIG.

Esto también es aplicable al oscuro nicho de la depravación axiológica de nuestra Corte de Constitucionalidad, aunque sus cinco integrantes titulares honestamente no caigan en la cuenta de ello.

Pero tamaña superficialidad la pagamos entre todos con la disminución de la inversión creadora de puestos de trabajo, la prisión preventiva de centenares de ciudadanos guatemaltecos por el capricho justiciero de unos extranjeros, la proliferación de bandas armadas ilegalmente en las áreas rurales del país, la confusión tan nociva que derraman muchos de nuestros medios de comunicación social, la animosidad política rampante y el irrespeto generalizado de unos contra otros.

Ese es el verdadero costo de continuar con esa endiablada ocurrencia de Edgar Gutiérrez, implementada por el “experto” oligarca Eduardo Stein, aupada por la más diestra especialista en tirar piedra y esconder la mano, Helen Mack e implementada por unos cuantos compañero de ruta colombianos.    

Y así se ahoga el espíritu de iniciativa que hace crecer a los pueblos, y se aniquila el coraje cívico que queda reemplazado por la repetición del cobarde “no podemos” (contra la corrupción y la mediocridad de los delincuentes).

Y las virtudes cívicas se evaporan entre nosotros.

Por otro lado los ejemplos históricos en contrario hoy abundan: la recuperación a puro esfuerzo disciplinado de la Alemania vencida en 1945, o la parecida recuperación del Japón ídem, o los milagros económicos asiáticos de Hong Kong, de Singapur, o Corea del Sur, por no extenderme detalladamente a esa pasmosa resurrección después de dieciocho siglos del Estado de Israel que hace un jardín de un desierto y de hombres y mujeres libres y creativos de entre aquellos pocos “esclavos” que sobrevivieron al Holocausto nazi.

Inclusive las sucesivas revoluciones industriales a partir del siglo XVIII son del todo inexplicables sin la creatividad y el tesón de hombres y mujeres humildes para quienes las palabras “no podemos” resultaron impronunciables. Así también entre nosotros lo hicieron millones de emigrantes paupérrimos que construyeron para nosotros, lo hoy vivientes, las Américas, tanto las del Norte como las del Sur.  

En este punto, me permitiría recomendar a mis cultos lectores la relectura de mi favorito discurso de Pericles en homenaje a los primeros caídos atenienses en la Guerra del Peloponeso: “no solo quiero cantar en honor a nuestras generaciones del pasado sino también, y principalmente, en honor a nosotros mismos, los que aquí reunidos, y que hemos hecho de Atenas la gloria única del presente.” (Tucídides, Guerra del Peloponeso).

Categóricamente sí podemos sin subordinarnos a nadie.

LOS DIGNOS Y LOS INDIGNOS

LOS DIGNOS Y LOS INDIGNOS

 

Armando de la Torre

 

NOTA: Este artículo de opinión lo había concluido antes del pasado viernes. Sobre lo sucedido ese día me permitiré un amplio comentario en la siguiente entrega. De momento felicito al Presidente Morales por ese acto varonil y de acuerdo a la ley de terminar definitivamente con la vergüenza nacional que ha significado para todos los hombres y mujeres de buena voluntad la presencia de la CICIG. 

 

            Lo que equivale a decir, simplificando, quienes merecen premios y quienes merecen castigo.  

            La mayoría de los hombres y, sobre todo, de las mujeres en esta tierra ubérrima son personas dignas porque se procuran el pan honradamente y cuidan de sus hijos. Pero también hay una minoría para mí demasiado grande de quienes no cumplen ni con lo uno ni con lo otro. Y que se sienten “políticamente correctos” cuando critican los actos y los pensamientos de los demás.

Días atrás tuve la ocasión de conocer en persona a un miembro de una de las tantas familias dignas de aplauso por la entera sociedad guatemalteca: el joven ingeniero Raúl Aguilar, descendiente directo del famoso y honorable matemático, Raúl Aguilar Batres.  

El tema de conversación giró en torno al asalto y destrucción de una pequeña planta hidroeléctrica, propiedad de su familia, hostigada días atrás impunemente por uno de los tantos grupos de indignos que se dedican a eliminar fuentes de trabajo honrado y de progreso para los demás en las áreas rurales del.

Es una historia de rasgos similares a la de la famosa mina de San Rafael en el Departamento de Santa Rosa, paralizada irresponsablemente durante aproximadamente un lapso de casi dos años por tres magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

Este último, en cambio, en cuanto efecto de las acciones de otro grupo de vándalos.

Lo que ilustra, sea dicho de paso, la pobreza conceptual de algunos de los egresados de nuestras universidades respecto a lo que se debe de entender por un “Estado de Derecho”.  

El drama al que aquí aludo tuvo su detonante en una presencia a la que no habían sido invitados, hace aproximadamente un año, de un grupo de supuestos campesinos acarreados por una distancia que les habría significado cuatro horas de marcha a pie desde su punto de partida. Lo que nos dice de inmediato que ni eran trabajadores de la planta ni eran vecinos de los alrededores.  

La hidroeléctrica Sac Ja, ubicada en la Aldea Ribacó, municipio de Purulá, en el Departamento de Baja Verapaz, había estado activa pacíficamente en operaciones por ocho años tras haber cumplido absolutamente con todos los trámites y requisitos legales propios para tales emprendimientos.  

Resulta muy elocuente acotar que durante todo ese periodo de operaciones se había mantenido una armoniosa relación mutuamente beneficiosa entre propietarios y trabajadores y también con los vecinos de las áreas adyacentes.  

Pero en el mes de marzo último el tal grupo de hombres desconocidos en ese medio rural, pero que más tarde habrían de identificarse como miembros de la cooperativa Monte Blanco, a unos kilómetros de distancia, irrumpieron abruptamente, con lujo de fuerza, en las instalaciones de la hidroeléctrica y se dieron a la tarea de dañar y hasta quemar partes diversas de las misma sin presentar demanda alguna.  

Incidentes como éste se repitieron a lo largo de cinco meses consecutivos, sin que adujeran reclamo alguno, y con la usual tolerancia por parte de las fuerzas del orden.

El Ministerio de Gobernación, a reiteradas instancias de los afectados, por fin decidió enviar un destacamento de ochenta hombres de la PNC para custodiar aquella propiedad repentina e inexplicablemente asaltada. Pero entonces, la respuesta de aquellos violentos salvajes tampoco se hizo esperar, y a los pocos días un grupo algo más grande de ellos rodeó al destacamento, los maltrataron e insultaron, y para colmo les robaron sus armas. Otro caso de la generalizada indefensión ciudadana a la que están expuestos los habitantes de las áreas rurales desde la firma de una paz “firme y duradera” veintidós años atrás.

Tanto desmadre, lo normal para tantos forajidos que jamás acatan las leyes pero que se desenvuelven tranquilamente con absoluta impunidad, mientras al mismo tiempo, por obra de los intrusos de la CICIG, centenares de otros ciudadanos gimen hasta en cárceles improvisadas sin haber sido sometidos previamente a debido proceso legal alguno.

Lo importante es recordar que los legítimos propietarios de esa planta hidroeléctrica recurrieron reiteradas veces a las autoridades legales durante esos cinco largos meses de oprobios.

Mientras tanto, esos improvisados funcionarios de la ONU, don Iván a la cabeza,  hipotéticamente encargados de ayudarnos en la persecución de grupos de poder brillaban como ya sabemos que le ha sido habitual en tales casos, por su ausencia…

Lo que irónicamente vuelve a demostrar que las autoridades públicas en vez de proceder inmediatamente a la defensa de los injustamente agraviados, prefirieron perder el tiempo en el entretanto en pesquisas inútiles en torno a si los dueños de la empresa asaltada “¡estaban en ley!”.

En el mes de junio próximo pasado, luego de varios intentos frustrados, una Comisión ¡Presidencial! del Dialogo logró por fin conformar una mesa en la cual el único reclamo a discutir,  según lo pretextado por aquel grupo de asaltantes, era un supuesto irrespeto al “derecho consuetudinario sobre la tierra” y que por eso se habían sentido “obligados” a recurrir a la violencia en contra de toda legislación positiva sobre la tenencia de tierras por aquellos parajes.  

Sin embargo, olvidaban convenientemente que desde el primer encuentro entre las partes, los representantes del Registro Catastral ya les habían aclarado a los amigos de lo ajeno que la hidroeléctrica Sac Ja tenía toda su documentación en regla desde un inicio y de acuerdo a todas las leyes vigentes. Es más, en aquella misma ocasión allá por el año 2015, los representantes de la Federación de Cooperativas de las Verapaces (FEDECOVERA), también se habían manifestado enteramente de acuerdo con la instalación de la hidroeléctrica, de la cual era parte integrante la cooperativa Monte Blanco a la que ellos habían declarado pertenecer.  

Hoy, después de 180 días de una hidroeléctrica brutal e ilegítimamente paralizada por ese recurso delincuencial a la fuerza ciega, la hidroeléctrica lamentablemente ha perdido casi tres millones de dólares, que nadie la va a reponer, y con daño colateral para las aproximadamente 350 familias que de ahí derivan su diario sustento.  

Para colmo, ahora esa misma empresa es acosada por las autoridades con multas que ahora les son  impuestas ¡por haber cesado operaciones!

Justicia a lo CICIG…