La injusticia globalizada en el siglo XXI

Por: Armando de la Torre

Desde Poncio Pilatos sabemos de la calidad moral de la “justicia” meramente humana.

Y no hay excusas para sus protagonistas: tirios y troyanos, ateos y devotos, izquierdistas y derechistas, todos cargamos a nuestras espaldas un pasado indecible.

Recuerdo los films confidenciales, tomados por la Gestapo, que se me dio ocasión de ver, hace muchos años, como le fue al “Estado de Derecho” en Alemania bajo Adolfo Hitler. Recuerdo algo más de lejos las “purgas” de Stalin en los años treinta, pero también, mucho más de cerca, la justicia “popular” de los Castro o el “proceso” por genocidio a Ríos Montt…

He leído la “Apología pro Domo Sua”, de Sócrates. Y un largo etcétera de condenas, como las de Savonarola, Tomás Moro, Giordano Bruno y Galileo, este último ante  un tribunal presidido por un santo más tarde elevado a los altares, Roberto Belarmino.

No quiero hacer juicio aquí de los condenados sino de sus acusadores… que en cierto modo lo somos todos, cuando internalizamos sin mucho cuestionamiento lo que los historiadores nos relatan.

A una escala históricamente microscópica, quiero hacer juicio ahora de la acusadora omnipotente que avergüenza a Guatemala, Claudia Paz y Paz, y me quiero solidarizar con la valiente denuncia que de su injusta prepotencia ha hecho una de sus víctimas, la ex-Fiscal Gilda Aguilar, “la voz que clama en el desierto” de nuestra realidad.

Paz y Paz ha violado la Constitución y las leyes en muy repetidas ocasiones; ha transformado el Ministerio Público en un cementerio de carreras profesionales para abogados y fiscales públicos; ha amparado a los agresores más violentos contra la ley y los inocentes, y ha quedado impune… por cuatro largos años.

Y el “Establishment” de Guatemala ha callado, empezando por sus máximas autoridades electas: el Presidente de la República, su Ministro de Gobernación, el Congreso y los tribunales de justicia. También el CACIF, que apenas se ha dejado oír, así como la mayoría de los medios masivos de comunicación, tanto radial como televisivos, al igual que los por escrito, y los partidos políticos, la jerarquía eclesiástica, los sindicatos, por no hablar de nuestro infeliz Procurador actual de los Derechos Humanos, Jorge Eduardo de León Duque… La misma coalición, en fin, que puso el punto final al Estado de Derecho en Guatemala con la conclusión de unos “Acuerdos” de una paz que, encima, nos prometieron mendazmente de carácter “firme y duradero”, aquel ominoso 29 de diciembre de 1996.

También me trae a la memoria el escandaloso caso “Dreyfus”, en la Francia nada menos que de la “Belle Époque”. Para mis lectores, permítaseme un cortísimo resumen.

En 1894 fue acusado de traición a la patria el único oficial judío que para aquel entonces tenía el ejército francés. Fue públicamente degradado y condenado de por vida a la Isla del Diablo, en la Guayana francesa.

El traidor era otro, pero el cómodo “Establishment” de la época se quiso cebar en él, para deleite de los antisemitas de siempre: la derecha católica ultramontana, los militares nacionalistas de la época,  y los prohombres de la industria y del comercio.

Gracias a la familia del condenado, de nombre Alfred Dreyfus, y también a un oficial íntegro del servicio de contraespionaje francés, el Teniente Coronel Georges Picquart, pero, sobre todo, a la corajuda pluma de un novelista “libre pensador”, Émile Zola, y, también es de reconocérseles, al apoyo de los socialistas franceses de aquel tiempo, tras cinco años de agitación encendida y de un cisma profundísimo en la sociedad (que hubo de prolongarse hasta la segunda guerra mundial), se logró la repetición del juicio, en el que contra toda elemental justicia se le reiteró a Dreyfus la condena, pero más suave, a pesar de ya ser del dominio público la identidad del verdadero traidor, el Coronel Ferdinand Esterhazy.

No fue sino hasta 1906 que se le restauró a Dreyfus su honor, su posición en la jerarquía militar y su completa libertad. Doce años de infierno inmerecido le quedaron definitivamente atrás.

Durante todo ese tiempo Dreyfus había reafirmado su inocencia, pero su insistencia no llegó a la opinión pública por vía de la prensa escrita durante cuatro años, dada la indiferencia culpable de los poderosos de aquel entonces.

Volvamos a Guatemala, país convulso desde que lo gobernó Jacobo Arbenz.

En nuestro caso, el “Establishment” de la izquierda internacional, la de Europa y la de las Américas, Barack Obama en ella incluido, calla los desmanes de Claudia Paz y Paz. Los más vociferantes a su favor, en cambio, son ciertos ex-guerrilleros, “malinchistas” a la zurda, como el salvadoreño naturalizado Frank La Rue.

Pero gracias a una solitaria heroína guatemalteca, Gilda Aguilar, la verdad ha empezado a resonar en el ámbito nacional y muy pronto, espero, también en el internacional.

Hacia una teología de la unidad según Efesios 4:1-6

 

La epístola a los Efesios pretendía dar forma a los creyentes recordándoles la obra de Dios en Cristo y lo importante que es su unidad con Él, su autor deseaba fundamentar, configurar y desafiar a sus lectores para que estos pudieran vivir su fe en la comunidad. Es interesante denotar como el individualismo de estos tiempos ha minado la capacidad de conducirse en unidad en el contexto de la Iglesia. Por lo que se hace relevante trabajar una teología de la unidad a la luz de la realidad eclesiológica latinoamericana. En el presente artículo se procurará tener un acercamiento exegético-teológico de Efesios 4:1-6 con las respectivas implicaciones al tema de la unidad de la iglesia.

 

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El Padrenuestro y el Reino de Dios

 

 

Por Gonzalo Chamorro M.

 

El presente artículo es una investigación exegética y teológica de la oración hecha por Jesús en Mateo 6:9-13 que comúnmente ha sido llamada Padrenuestro. La investigación colocará especial énfasis en la temática del concepto de Reino y en extraer implicaciones de dicha oración para el quehacer teológico latinoamericano. (Siguiendo una tradición antigua, emplearemos aquí también la designación latina de Pater Noster).

 

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Ireneo de Lyon: Vida, obra y relevancia para la historia

 

 

Por Gonzalo Chamorro M.

 

Uno de los personajes más importante para la historia eclesiástica del siglo II fue sin duda Ireneo de Lyon. Su prolífica obra que inquieta a los asiduos lectores modernos ha sido considerada crucial para la historia del desarrollo de la doctrina cristiana. En el presente artículo se intentará desentrañar la vida y el pensamiento de ‘Ireneo’, y su relevancia para la teología histórica en América Latina.

 

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Alvaro Ramazzini, ¿pastor, o “cacique”? (III)


Por: Armando de la Torre

 

            Ramazzini, al igual que muchos otros prelados de Iberoamérica, adolece de un mal del que hasta cierto punto no son responsables: una formación seminarística que no incluyó ni siquiera las nociones más elementales de microeconomía, o sea, de cómo funciona un mercado libre.

 

            De un cierto prejuicio hacia ese estudio – que algunos clérigos aún consideran más bien del ámbito de lo puramente material (la creación de riqueza) -, resultó un rechazo del estudio de la ciencia económica. Por ello, jóvenes brillantes, idealistas y austeros han caído fácilmente en manos de los “falsos profetas” de la redistribución de la riqueza, quienes con toda malicia la han hecho el equivalente del entero mensaje social del Evangelio.

 

            Es una larga historia, cuyas premisas se remontan al concepto de “justicia social”, incorporado por Pío XI a la doctrina social de la Iglesia en su Encíclica “Quadragessimo Anno” (1931). Tal concepto lo soñaron por aquel entonces como una auténtica “tercera vía” entre el individualismo liberal y el colectivismo socialista, ambas, suponían, adversas a la fe. Y la aislaron de su contorno histórico inicial: el modelo fascista de Mussolini. Tan novedoso concepto de “justicia”  se propagó como fuego por un cañaveral entre los pensantes católicos de esa época.

 

Pero la inmensa tragedia que significaron todos los nacional-socialismos, indiscutible desde 1945, eliminó tal interpretación ideológica de una “tercera vía”, y los católicos se vieron reducidos a buscarla entre el marxismo-leninismo, militantemente ateo, y el capitalismo, supuestamente nada cristiano, que empezaron a calificar de “salvaje”.

 

        Hoy la situación es muy otra.

 

En el lugar de aquellos dilemas propios de la “guerra fría” se nos ofrecen las opciones menos utópicas y mucho más humanas de la democracia cristiana y de la social democracia.

 

Nos queda, sin embargo, una “tercera posible opción”, la del liberalismo humanista que empezó a gestarse inmediatamente después de la segunda guerra mundial con la fundación en Ginebra de la internacional “Mont Pélerin” (1947), a instancias principalmente de F.A. von Hayek y de otros connotados pensadores sobrevivientes del liberalismo clásico.

 

Esa escuela de pensamiento fue enormemente enriquecida por las diversas corrientes marginalistas entonces en ascenso, así como por los juristas constitucionalistas del mismo tiempo que ponían al día el concepto decimonónico del “Estado de Derecho”.

 

Tales influencias empezaron a evidenciarse en algunos guatemaltecos pensantes durante la década de los cincuenta del siglo pasado, gracias al empuje,   en primer lugar, de Manuel Ayau.

 

Pero de ello poco ha trascendido hasta ahora a las más modernas universidades católicas. Mucho menos, a los seminarios, donde se mantiene vivo en mayor o menor grado el vetusto dilema entre el liberalismo anticlerical y el catolicismo ultramontano, y que se había creído  superado durante el luminoso pontificado de León XIII (1879-1903).

 

Así las cosas, la economía de mercado aún resulta para muchos sacerdotes y obispos tan esotérica como la astrofísica más compleja para el resto de los mortales.

 

Qué lástima.

 

Con los más retrógrados se identifican nuestros autoproclamados “teólogos de la liberación”, hacia los que evidentemente asoma a su turno una discreta simpatía por parte de  algunos miembros de las jerarquías episcopales.  

 

Hemos de esperar, pues, a una nueva generación de sacerdotes y religiosos para “aggiornare” (poner al día) a nuestra Iglesia.

 

En el entretanto, ¿cuál ha sido “su costo de oportunidad”? ¿Qué han hecho Ramazzini y sus demás congéneres para superar el inmenso déficit de vocaciones en sus diócesis? ¿Dónde están los frutos de su pastoral familiar? ¿Por qué aumentan, por ejemplo, los índices altísimos de deserción paterna entre sus feligreses? ¿O por qué disminuye a todos los niveles el número de las escuelas de veras “católicas”? ¿A dónde se fue el otrora liderazgo de la Acción Católica? ¿O hacia dónde se volatilizó la devoción de  los congregantes marianos? ¿O por qué han cesado las voluminosas donaciones diocesanas a favor de tanto minusválido, de tanto niño abandonado, de tanta madre abusada, de tanto emigrante deportado, de tanto encarcelado?… Por otra parte, ¿cuántos templos han sido construidos por esos “teólogos” obsesos en minería a cielo abierto o en hidroeléctricas? ¿Cuántos hospitales, o cuántas conversiones han promovido? O, más simple, ¿qué ejemplos de virtudes nos legan? …

 

Les sugiero novedades: ¿Por qué no publican en internet el presupuesto íntegro de sus diócesis?… ¿Por qué no nos hacen accesibles a todos las fuentes de su financiamiento?

 

¿Tan escaso es el tiempo que les deja su prioritaria guerra privada contra la generación de riquezas?   

 

Quo vadis, Alvaro? …              

 

Opiniòn de la Liga Pro Patria sobre el proyecto de reforma parcial de la Constituciòn Polìtica…

Palacio del Organismo Legislativo

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

Opinión de Liga Pro Patria sobre el proyecto de reforma parcial de la

Constitución Política, propuesto por Universidad de San Carlos de

Guatemala, Universidad Rafael Landívar y Asociación de Investigación y

Estudios Sociales

Luis Enrique Pérez

, expositor

Guatemala, 14 de Noviembre del año 2011

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Introducción

1. Acertadamente la Comisión de Legislación y Puntos

Constitucionales del Organismo Legislativo ha concedido

audiencia a quienes tienen interés en opinar sobre el proyecto

de reforma parcial de la Constitución Política, propuesto por

Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Rafael

Landívar y Asociación de Investigación y Estudios Sociales.

2. Creemos que el valor de las audiencias no consiste en

cuantificar las opiniones favorables y las opiniones adversas, y

acatar las opiniones que constituyen la mayoría. Creemos que

ese valor consiste en brindar la oportunidad de exponer las

opiniones que pueden reclamar fundamentarse en la filosofía y

en la ciencia del derecho constitucional, aunque esas opiniones

no constituyan una mayoría.

3. Liga Pro Patria ha tenido interés en opinar sobre el

proyecto de reforma de la Constitución de la República. Ha

tenido tal interés porque su finalidad suprema es contribuir a

que el derecho se el fundamento esencial del Estado de

Guatemala.

Precisamente la ley por la cual se constituye jurídicamente

el Estado , que por eso se denomina

ley constituyente, es ley

cuya finalidad primaria es reconocer los derechos de los

ciudadanos, y garantizar que esos derechos serán ejercidos.

Aludimos principalmente al derecho a la libertad, el derecho a

conservar la vida, el derecho a tener bienes propios, el derecho

al debido proceso judicial, y el derecho a ser feliz de la manera

como cada ciudadano elige serlo.

Un medio para lograr la finalidad primaria de reconocer los

derechos de los ciudadanos y garantizar que esos derechos sean

ejercidos, es dividir en tres partes el ejercicio del poder del

Estado. Esas partes son el poder legislativo, el poder judicial, y

el poder ejecutivo. El propósito es que los legisladores no sean

jueces ni ejecutores de la ley, o que los jueces no sean

legisladores ni ejecutores de la ley, o que los ejecutores de la ley

no sean jueces ni legisladores. Pues… es imposible garantizar el

reconocimiento y ejercicio de los derechos, si el legislador

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también es juez y ejecutor de la ley, o si el juez es también

legislador y ejecutor de la ley, o el ejecutor de la ley también es

legislador y juez.

Los poderes divididos del Estado deben coordinarse, porque

cada uno complementa a los otros. Empero, también deben

subordinarse, porque un poder no puede usurpar las funciones

de los otros. Finalmente, los tres poderes deben constituir una

unidad, porque sólo los tres pueden garantizar el ejercicio de los

derechos.

Por supuesto, con el fin de garantizar el ejercicio de los

derechos, la ley constituyente debe limitar el ejercicio del poder

legislativo, judicial o ejecutivo. Es decir, la ley constituyente

debe mandar que los ciudadanos que han sido designados para

ejercer el poder del Estado, empleen ese poder únicamente para

garantizar el ejercicio de los derechos. Esa limitación es esencial

en la ley constituyente.

Afirmamos, entonces, que el ejercicio ilimitado del poder

público es la aniquilación misma de la garantía de ejercer los

derechos y que, por consiguiente, la ley constituyente tiene que

limitar el ejercicio de ese poder. Determinar el grado óptimo de

esa limitación es obra de la sabiduría jurídica del legislador

constituyente.

4. Afirmamos que una Constitución Política es constitución

de una república, es decir, es constitución de un Estado que

reconoce los derechos intrínsecos de los ciudadanos, entre ellos

el derecho primordial de libertad; y que para garantizar el

ejercicio de esos derechos, divide el poder del Estado en poder

legislativo, judicial y ejecutivo.

Estrictamente, entonces, la Constitución Política no es

constitución de un Estado que otorga esos derechos como si

fueran favores, y en el cual los ciudadanos que gobiernan, y no

los ciudadanos gobernados, imponen los límites de ejercicio del

poder del Estado. Queremos decir que una Constitución Política

es propia del Estado republicano, y no del Estado monárquico.

En una monarquía la Constitución Política es una ficción; y si no

lo es, entonces la ficción es la monarquía misma.

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5. Evidentemente, la Constitución Política de un Estado no

puede ser inmutable. Puede ser mutable. Empero, esa

posibilidad de mutación no implica que la mutación misma se

convierta en una finalidad, y hasta se convierta en un

extraordinario atributo de la ley constituyente. El propósito es

que la ley constituyente sea permanente; y un atributo

extraordinario de ella tendría que ser esa permanencia, y no su

posibilidad de frecuente y licenciosa mutación. Y si es necesario

mutar mil veces una Constitución Política, el criterio de la

mutación debe ser una mayor aproximación a garantizar el

ejercicio de los derechos, y de manera conexa, el criterio debe

ser también una mejor limitación del poder de los gobernantes,

para incrementar aquella garantía.

6. Nuestra opinión no es opinión sobre las instituciones

académicas que proponen el proyecto de reforma. Tampoco es

una opinión sobre los autores del proyecto, ni sobre los motivos

primeros o las intenciones últimas de ese proyecto. Nuestra

opinión es sobre el proyecto mismo. Y admitimos la finalidad

que el proyecto mismo declara. Esa finalidad es “posibilitar un

eficaz desarrollo del sistema de administración de justicia”. No

opinamos, pues, sobre la finalidad declarada, sino sobre los

medios propuestos para lograrla.

Opinión genérica sobre el proyecto de reforma

1. La reforma propuesta incrementaría el número de

normas que no tienen calidad de normas constituyentes. No la

tienen porque carecen de la máxima generalidad. Por

consiguiente, no pueden tener la naturaleza de los principios

normativos esenciales que intentan ser permanentes, con los

cuales debe constituirse jurídicamente el Estado; y más probable

que improbablemente, están expuestas a ser reformadas y

hasta abolidas.

Se argumentará que esas normas, que no poseen calidad

constituyente, deben adquirir esa calidad para que tengan

permanencia, o para que se dificulte reformarlas o derogarlas.

Empero, una Constitución Política no debe ser el refugio de

normas que no poseen la calidad propia de una norma

constituyente pero que pretenden tener esa calidad para

escapar de una pronta o fácil derogación.

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También se argumentará que aquellas mismas normas que

no poseen calidad constituyente, deben adquirir esa calidad,

para que se cumplan. Empero, una Constitución Política

tampoco debe ser un instrumento por medio del cual se

garantice el cumplimiento de normas que no poseen calidad

constituyente.

2. La reforma propuesta presupone que para lograr la

finalidad de “posibilitar un eficaz desarrollo del sistema de

administración de justicia”, hay que “constitucionalizar” normas

que no tienen la calidad de norma constituyente, como si la

causa de que de que se imposibilite el “eficaz desarrollo del

sistema de administración de justicia” fuera la no

“constitucionalización” de esas normas.

Esa presuposición no es válida. Por supuesto, para

posibilitar aquel “eficaz desarrollo” puede ser necesario agregar

normas constituyentes; pero no son precisamente las normas

que pretende la reforma propuesta. Y aun si esas normas

posibilitaran el “eficaz desarrollo del sistema de administración

de justicia”, no todas tendrían que ser normas constituyentes,

sino normas jurídicas ordinarias, o normas no constituyentes.

3. La reforma propuesta admite que “la Corte Suprema de

Justicia se integraría mediante decisión política, por el Congreso

de la República”. La decisión sería política porque la Corte

Suprema de Justicia es política, y lo es por ser un Organismo del

Estado.

Por supuesto, la Corte Suprema de Justicia no es, como

erróneamente lo afirma la propuesta de reforma, un organismo

del Estado, sino que lo es el Organismo Judicial, del cual la Corte

Suprema de Justicia es la máxima autoridad.

La cuestión esencial, empero, no es que la Corte Suprema de

Justicia, por ser parte de un Organismo del Estado, posea

naturaleza política y que, entonces, la elección de magistrados

de esa corte tenga que ser una elección política.

La cuestión esencial es la función propia de la Corte

Suprema de Justicia, y el procedimiento de elección de los

magistrados que la constituyen. La función propia de la Corte

Suprema de Justicia es jurídica, aunque el Organismo Judicial,

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por ser organismo del Estado, sea un ente político. Es decir,

aunque la Corte Suprema de Justicia fuera o no fuera un ente

político, e independiente de la razón por la cual fuera o no fuera

un ente político, su función es jurídica.

Precisamente porque la función propia de la Corte Suprema

de Justicia es jurídica, el procedimiento para elegir a los

magistrados que la integran no debe brindar la oportunidad de

que sean elegidos aquellos candidatos que suministren mayor

certeza de servir a ilícitos intereses extra judiciales. Si el

procedimiento brinda esa oportunidad, entonces es propicio

para corromper la administración de justicia.

4. La reforma propuesta define los medios para la finalidad

que pretende, es decir, la finalidad de “posibilitar un eficaz

desarrollo del sistema de administración de justicia”. Esos

medios son,

primero, el “reconocimiento constitucional de la

carrera judicial”;

segundo, la “ampliación del período de

funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”;

tercero

, el “reconocimiento constitucional del derecho de

asistencia legal gratuita y de la carrera del defensor público”;

cuarto

, “el reconocimiento constitucional de la institucionalidad

policial y la profesionalización de su recurso humano”; y

quinto,

“eliminar”, en la “forma de integrar la comisión que postula a los

candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público”, la

“representación individual” de los decanos de las facultades de

derecho o de ciencias jurídicas y sociales de las universidades

privadas.

Empero, la reforma propuesta no demuestra, ni aún intenta

demostrar, que esos medios son idóneos para la finalidad que se

pretende lograr. Por ejemplo, ¿por qué el “reconocimiento

constitucional de la carrera judicial” habría de “posibilitar un

eficaz desarrollo del sistema de administración de justicia”? ¿O

por qué la reforma de la Ley Orgánica del Organismo Judicial no

posibilitaría ese “desarrollo eficaz”? ¿O por qué únicamente una

nueva norma constituyente, y no una norma constituyente ya

vigente, posibilitaría que la carrera judicial contribuyera a ese

mismo “desarrollo eficaz”?

También, por ejemplo, ¿porqué el reconocimiento

constitucional de “la institucionalidad policial y la

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profesionalización de su recurso humano” habría de “posibilitar

un “eficaz desarrollo del sistema de administración de justicia”?

¿O por que la reforma de la Ley Orgánica del Organismo

Ejecutivo no posibilitaría ese mismo “desarrollo eficaz”?

Únicamente se supone que los medios son idóneos; y

tendríamos que confiar en esa suposición para creer que la

reforma propuesta posibilitará “un eficaz desarrollo del sistema

de administración de justicia.” Empero, ¿por qué tendríamos

que confiar en esa suposición?

5. La reforma propuesta pretende un “cambio”; pero una

condición necesaria de la “materialización” de ese cambio es “un

desarrollo normativo posterior”.

Señores diputados miembros de la Comisión de Legislación

y Puntos Constitucionales: es absurda una reforma de la

Constitución Política cuya validez depende de “un desarrollo

normativo posterior”.

Es tan absurda como absurdo sería afirmar que la validez de

un axioma matemático depende del teorema que se demuestre,

como si el axioma no fuera precisamente un fundamento de la

demostración, y precisamente por ser fundamento, no tuviera

validez independiente del teorema demostrado. La norma

constituyente suministra el fundamento jurídico primario de

cualquier “desarrollo normativo posterior”; y por ser tal

fundamento, su validez no puede depender de aquello de lo cual

precisamente es fundamento.

Si la reforma requiere de un “desarrollo normativo

posterior”, aprobarla implicaría obligar al Organismo Legislativo

a aprobar las leyes en las cuales consistiría ese “desarrollo

normativo”. Quizá habría que incluir, en la reforma misma, una

norma constituyente que declarara que el Organismo Legislativo

está obligado a aprobar todas las leyes ordinarias que la reforma

requiere para “materializar el cambio” que se propone provocar;

cambio que, suponemos, consiste en el “eficaz desarrollo del

sistema de administración de justicia”. Y por supuesto, si por

cualquier causa no ocurre un “desarrollo normativo” de la

reforma, la reforma sería inútil.

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Únicamente por requerir, como condición necesaria, un

“desarrollo normativo posterior”, la reforma propuesta es

intrínsecamente inadmisible.

Opinión específica sobre el proyecto de reforma

1. El proyecto de reforma propone que la carrera judicial

sea una cuarta garantía que la Constitución Política le otorgue al

Organismo Judicial. Sin embargo, no es necesario que la carrera

judicial sea una garantía otorgada por la ley constituyente.

La carrera judicial surge de factores como la certeza que

tienen los jueces de conservar la judicatura, la independencia de

los jueces, la remuneración gratificante, el prestigio de la

función judicial, el procedimiento imparcial de selección de los

jueces más aptos, y el procedimiento eficaz de destitución de los

jueces corruptos. La presencia de esos factores no tiene que

depender de normas constituyentes.

Adicionalmente, ya el artículo 209 de la Constitución

Política crea la carrera judicial, y declara que “los ingresos,

promociones y ascensos se harán mediante oposición”, y que

“una ley regulará esta materia”. Esa ley es el Decreto 41-99 del

Congreso de la República, o Ley de la Carrera Judicial, que

contempla la creación y regulación normativa del Consejo de la

Carrera Judicial. Si esa ley no se cumple, tendría que cumplirse;

o si, aunque se cumpla, no es la ley idónea, tendría que ser

reformada o abolida.

2. El proyecto de reforma propone crear el Consejo de la

Carrera Judicial. Este consejo realmente sería un nuevo

Organismo Judicial, porque, por ejemplo, no estaría sometido a

la autoridad de la Corte Suprema de Justicia. Hasta tendría un

poder mayor que el que tiene esa corte, o tendría todo el poder

propio del Organismo Judicial.

Comparar el Consejo de la Carrera Judicial con el Consejo de

Ministros, es incorrecto. Efectivamente, el Consejo de Ministros

no tiene un poder independiente del poder del Presidente de la

República, es decir, independiente del poder de la máxima

autoridad del Organismo Ejecutivo; pero el Consejo de la Carrera

Judicial tendría un poder independiente de la Corte Suprema de

Justicia, es decir, independiente del poder de la máxima

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autoridad del Organismo Judicial. Adicionalmente, el Presidente

de la República puede destituir a cualquier ministro; pero la

Corte de Suprema de Justicia no podría destituir a cualquier

miembro del Consejo de la Carrera Judicial.

También es incorrecto comparar el Consejo de la Carrera

Judicial con la Junta Directiva o con la Comisión Permanente

del Organismo Legislativo. Efectivamente, esa Junta Directiva

no tiene un poder independiente del poder que posee la mayoría

absoluta o relativa del número total de diputados. La Comisión

Permanente tampoco tiene ese poder. La comparación

prescinde, entonces, de la diferencia esencial; y esa diferencia

consiste en que el Consejo de la Carrera Judicial tendría un

poder independiente del poder de la Corte Suprema de Justicia,

y realmente habría dos organismos judiciales, o por lo menos

habría una drástica partición del Organismo Judicial.

Suponemos que esa diferencia esencial ha sido ya advertida por

la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, del

Organismo Legislativo.

Arguméntase que el Consejo de la Carrera desempeñaría las

funciones administrativas que actualmente desempeñan los

magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que no deben

desempeñarlas porque son impropias de las funciones

exclusivamente judiciales que les competen. Sin embargo, la

conveniencia de que esos magistrados se dediquen a

desempeñar funciones exclusivamente judiciales no implica

crear un Consejo de la Carrera Judicial que posea un poder

independiente de la Corte Suprema de Justicia, y que hasta

constituya un nuevo poder judicial.

3. El proyecto de reforma propone que el período de los

magistrados de la Corte Suprema de Justicia dure diez años. Por

supuesto, es importante la duración de la magistratura.

Empero, más importante que la duración, o por lo menos tan

importante como ella, es el procedimiento de elección de los

magistrados del Organismo Judicial; pero la reforma propuesta

preserva inalterable ese procedimiento.

Con el procedimiento actual, aunque los magistrados

puedan fungir durante diez años, el procedimiento para elegirlos

es propicio para que los candidatos a magistrado de esa corte

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puedan prometer o comprometer ilícitos favores judiciales si son

elegidos. Actualmente los candidatos pueden prometer o

comprometer esos favores cada cinco años. Con la reforma

propuesta, podrían prometerlos o prometerlos cada diez años;

pero también la promesa y el compromiso podría durar diez

años.

Si las opciones alternativas fueran prorrogar el período de

los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o reformar el

procedimiento de elección de esos magistrados, para

exonerarlos de cualquier promesa o compromiso de favores

judiciales, sería mejor reformar el procedimiento que prorrogar

el período de las magistraturas.

4. El proyecto de reforma propone que uno de los requisitos

para ser magistrado de la Corte de Apelaciones y de los

tribunales colegiados, sea ser nombrado por el Consejo de la

Carrera Judicial.

Suponemos que la Comisión de Legislación y Puntos

Constitucionales ya ha advertido que esta reforma es absurda,

porque uno de los requisitos para nombrar a un funcionario no

puede consistir en nombrarlo, sino que puede ser nombrado

aquel funcionario que cumple los requisitos especificados. Es

decir, el nombramiento es posible si los requisitos especificados

son cumplidos; lo cual implica que el nombramiento mismo no

puede ser requisito.

El proyecto de reforma realmente propone que el Consejo de

la Carrera Judicial nombre a los magistrados de la Corte de

Apelaciones. Actualmente los nombra el Organismo Legislativo,

constituido por el Congreso de la República, el cual, a su vez,

está compuesto por diputados. Es decir, los diputados nombran

a los magistrados de la Corte de Apelaciones.

¿Qué certeza hay de que los miembros del Consejo de la

Carrera Judicial elegirían mejores magistrados de la Corte de

Apelaciones, que los diputados? No hay certeza alguna.

Tampoco hay certeza de que no habría intercambio de beneficios

ilícitos entre candidatos a magistrado de la Corte de

Apelaciones, y miembros del Consejo de la Carrera Judicial.

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5. El proyecto de reforma propone crear el “derecho a la

asistencia legal gratuita”. Independientemente de que pueda

haber “derecho” a esa asistencia, no es necesario crear una

norma constituyente para brindarla a quienes no puedan

pagarla. Tampoco es necesaria tal norma para obligar a brindar

defensa legal, ni para obligar a crear una ley que norme la

“carrera del defensor”. Adicionalmente, el Artículo 12 de la

Constitución Política, denominado “derecho a la defensa”,

suministra un fundamento suficiente para decretar normas

ordinarias sobre “asistencia legal gratuita”.

6. El proyecto de reforma propone que “la Policía Nacional

Civil es una institución profesional de carácter civil y

jerarquizada, destinada a proteger el ejercicio de los derechos y

libertades de las personas, prevenir, investigar y combatir los

delitos y otros hechos ilícitos; y mantener el orden público y la

paz.”

Es impresionante el número de heterogéneas funciones que

tendría que cumplir la Policía Nacional Civil, entre ellas

funciones propias de una fuerza militar; pero más

impresionante es que esa institución sería “el único cuerpo

policial armado con competencia nacional”. Es decir, se

pretende que la Policía Nacional Civil sea un monopolio de los

servicios de seguridad de la vida y de los bienes de los

ciudadanos. Los ciudadanos, entonces, serían despojados del

derecho de contratar servicios policiales privados de seguridad.

Es una propuesta inaudita de reforma de la Constitución

Política, porque se pretende convertir en monopolio de los

servicios de seguridad civil, precisamente a una institución que

contribuye a la inseguridad de la vida y de los bienes de los

ciudadanos; que enriquece las oportunidades de corrupción de la

administración pública; que es un ejemplo extraordinario de

ineficacia; y que tendría que ser suprimida urgentemente.

Presumo que los delincuentes estarían complacidos con la

reforma policial propuesta.

Adicionalmente, se pretende que una parte de la Policía

Nacional Civil dependa del Ministerio de Gobernación, y que una

parte, aquella a la cual competiría la “investigación penal”,

dependa del Ministerio Público. Se pretende, pues, que la Policía

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Nacional Civil esté sometida a la autoridad de dos instituciones

públicas. Entonces, por ejemplo, el Director de la Policía

Nacional Civil no tendría autoridad sobre aquellos agentes

policiales asignados a “investigación penal”. Tendría esa

autoridad el Jefe del Ministerio Público. Hubiera sido más

sensato proponer una policía especializada en investigación

criminal, que dependiera del Ministerio Público, o del Organismo

Judicial. Y para crear esa policía especializada no sería

necesario reformar la Constitución Política.

7. El proyecto de reforma propone que, en la integración de

la comisión que debe proponer a los candidatos a magistrado de

la Corte Suprema de Justicia, sea eliminada la “representación

individual” de los decanos de las facultades de derecho o de

ciencias jurídicas y sociales de las universidades privadas. Esa

“representación individual” sería sustituida por un

representante de esos decanos. Sólo habría “representación

individual” del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y

Sociales de la Universidad de San Carlos.

No sabemos cómo esta reforma mejoraría la selección de los

candidatos que serían propuestos para integrar la Corte

Suprema de Justicia. Tampoco sabemos cómo esa misma

reforma incrementaría la eficacia de la comisión que ha de

proponer a los candidatos. Por supuesto, si el propósito es

reducir el número de miembros de la comisión, tal número se

reduciría; pero la reducción no necesariamente tendría la

intrínseca propiedad de incrementar la eficacia de la comisión.

Se pretende reducir el número de miembros de la comisión;

pero se omite reformar el procedimiento de elección de

magistrados de esa corte. Ese procedimiento consiste en que el

Congreso de la República los elige entre los candidatos

propuestos por la comisión. El procedimiento, entonces, es

propicio para que los candidatos a magistrado de la Corte

Suprema de Justicia puedan prometer o comprometer ilícitos

favores judiciales si son elegidos.

8. El proyecto de reforma propone que también en la

integración de la comisión que debe proponer seis candidatos a

Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la Nación, sea

eliminada la “representación individual” de los decanos de las

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facultades de derecho o de ciencias jurídicas y sociales de las

universidades privadas, y sea sustituida por un representante

de esos decanos. Sólo habría “representación individual” del

decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la

Universidad de San Carlos.

No necesariamente, sin embargo, la eliminación de la

“representación individual” de los decanos brindaría mayor

certeza de que serían propuestos los seis mejores candidatos a

Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la Nación, aunque

tampoco la “representación individual” haya brindado alguna

certeza de proponer a los mejores. Por supuesto, si como en el

caso de la comisión que propone candidatos a magistrados de la

Corte Suprema de Justicia, el propósito es reducir el número de

miembros de la comisión que propone candidatos a Jefe del

Ministerio Pública y Fiscal General de la República, tal número

se reduciría; pero la reducción no necesariamente tendría la

intrínseca propiedad de incrementar la eficacia de la comisión.

También se omite reformar el procedimiento de elección del

Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República.

Parte del procedimiento consiste en que el Presidente de la

República elige al Jefe del Ministerio Público entre un grupo de

seis candidatos. El procedimiento, entonces, es propicio para

que el presidente obtenga una promesa de impunidad a cambio

de la elección.

9. El proyecto de reforma propone implícitamente que, por

mandato de la ley constituyente, sea creada la “carrera fiscal”, y

que la Ley Orgánica del Ministerio Público norme esa carrera.

Empero, en el supuesto de que hubiera que crear una “carrera

fiscal”, no es necesaria una norma constituyente. No es

necesaria crearla porque ya el citado artículo 209 de la

Constitución Política crea la carrera judicial, y declara que “una

ley regulará esta materia”. Esa ley es el ya citado Decreto 41-99

del Congreso de la República, o Ley de la Carrera Judicial.

Para crear la “carrera fiscal” es, pues, suficiente el artículo

209 de la Constitución Política, la Ley de la Carrera Judicial y,

por supuesto, la misma Ley Orgánica del Ministerio Público.

Evidentemente es absurdo, como lo propone el proyecto de

reforma de la Constitución Política, crear una norma

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constituyente únicamente para preceptuar que la Ley Orgánica

del Ministerio Público norme la carrera fiscal.

Recomendación

Señores diputados miembros de la Comisión de Legislación

y Puntos Constitucionales: con fundamento en la opinión

genérica y específica expuesta, Liga Pro Patria recomienda

dictaminar que el proyecto de reforma parcial de la Constitución

Política, propuesta por Universidad de San Carlos, Universidad

Rafael Landívar y Asociación de Investigación y Estudios

Sociales, no sea aprobado por el Congreso de la República ni, por

consiguiente, sea sometido a consulta popular.

Agradecimiento

Liga Pro Patria agradece la audiencia que la Comisión de

Legislación y Puntos Constitucionales le ha concedido. Es un

agradecimiento de un grupo de ciudadanos que piensan que el

mejor imperio que puede haber en el mundo, es el imperio del

derecho; que el mejor proyecto de sociedad guatemalteca es

aquel cuya finalidad suprema es el imperio omnipotente del

derecho; y que la Constitución Política de Guatemala debe ser el

fundamento de ese maravilloso imperio.

¿Para qùè existen las constituciones escritas?

¿PARA QUÉ EXISTEN LAS CONSTITUCIONES

ESCRITAS?

Por: Armando de la Torre

 

            A propósito de la propuesta de “reformar” la Constitución vigente por la USAC, la URL y el ASIES, conviene preguntarse, ante todo, cuál es el objetivo último de toda Constitución escrita acordada con ánimo republicano y democrático: simplemente, el de limitar el ejercicio del monopolio del poder coactivo en el Estado.

            Con ese fin a la vista se adoptó la primera de ellas en la era moderna: la de los Estados Unidos  de América, en septiembre de 1787. En realidad, se pasaron a ese texto constitucional los principios de la Constitución consuetudinaria, o sea, no diseñada por nadie explícitamente, del sistema parlamentario británico instaurado definitivamente en Inglaterra tras la llamada “Revolución Gloriosa”, contra los Estuardos, de 1688.

            Con ella surgió también casi simultáneamente la primera de una serie de Constituciones escritas, en la Francia todavía revolucionaria de 1790. Había sido precedida unos meses antes  por la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de agosto de 1789. A su imagen se multiplicaron las Constituciones escritas a lo largo del siglo XIX, por la mayor parte de Europa y de Iberoamérica, y durante el entero XX presenciamos un contagio gradual y parecido por Asia y Africa.

            Pero el temple de cada una de esas dos tradiciones occidentales, la británica y la francesa, encierra matices de principios y expectativas bastante diferentes entre sí.

            El constitucionalismo inglés ha estado enraizado históricamente en el “ius commune” medieval, como había sido ejemplificado con la firma de la “Charta Magna” (1215) por el rey Juan “sin tierra” y los obispos y barones del reino. Y “modernizado” desde las perspectivas del “sentido común” parlamentario con las que John Locke, a su turno, filtró el concepto del “contrato social” avanzado por Thomas Hobbes (1651).

            El constitucionalismo francés, en cambio, se ancló claramente en el ius naturalismo de los siglos XVII y XVIII y, encima, en el precedente del positivismo jurídico del derecho romano justinianeo (Jean Bodin, 1576), con la adición clave de una división más estricta y rigurosa entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, como lo sugirió Montesquieu en su opus magnum “El Espíritu de las Leyes” (1748). A Montesquieu incluso podría resumírsele como un admirador del sistema británico que le fue contemporáneo, pero con las gafas muy francesas del racionalismo “ilustrado” de su tiempo. Y a J.J. Rousseau, el adorador de la utopía del “buen salvaje”, como el pretexto para el totalitarismo virtuoso…

            A la base de esas dos perspectivas constitucionales tan diferentes subyacen escalas de valores no menos diferentes.

            Se ha dicho, a mi juicio con razón, que Inglaterra nos ha sido la cuna de la libertad individual y Francia la de la igualdad social. O, desde otro ángulo sistémico, Inglaterra del ideal republicano y Francia del democrático.   

            Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde entonces, y la tendencia general ha sido la de fundir ambas corrientes en una. Pero el espectáculo de nuestra Iberoamérica tan afrancesada, y por lo tanto proclive al “socialismo del siglo XXI”, y la anglosajona ciertamente más estable y  libertaria, parece confirmar esta nuestra esclerosis histórica, mientras el resto del mundo opta desde fines del siglo pasado por esquemas modernos crecientemente más respetuosos de la persona individual.

            Una última consideración: desde una óptica republicana lo que cuenta es cuánto poder habrá de delegar el pueblo soberano en sus gobernantes, y no tanto “quiénes” gobiernan, mientras que en una democrática lo que importa es quiénes  gobiernan, no de cuánto poder disponen.

            La propuesta de reforma constitucional del año pasado fue eminentemente republicana; la mucho más superficial y reducida de este año, en cambio, que aquí comento, se perfila claramente como en la línea de un simplón socialismo democrático.

            (Continuará)

Por supuesto que reformas a la Constituciòn URGEN…

Por supuesto que reformas a la Constitución URGEN…

Por: Armando de la Torre

 

            … pero no cualesquiera.

            La USAC y la URL, algo tardíamente, han sumado sus voces, por fin, al clamor cívico por reformar ciertas reglas constitucionales del juego político en Guatemala. También han aludido a ellas, aunque superficial y tentativamente, los dos candidatos a la presidencia de la República que competirán en esta segunda vuelta electoral, Otto Pérez Molina y Manuel Baldizón.

No menos hemos oído, de cierto tiempo atrás, propuestas aisladas con el mismo fin, como, por ejemplo, la de reducir el número total de diputados a sólo ochenta, y ahí dejarlo fijo.

            Tales ocurrencias, y algunas más disparatadas, han sido, precisamente, parte del honesto temor manifestado reiteradamente por los integrantes del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON).

            Por otra parte, ninguno de los ahora tan ansiosos por reformar la Constitución manifestaron interés alguno en torno al bien fundado proyecto de reformas constitucionales, presentado al Congreso el año pasado por 73,000 ciudadanos, con el objeto de que a su turno convocara al respecto a una consulta popular, y en el corto plazo que fija la misma Constitución.

            Nuestra vida pública ha permanecido así sujeta a impulsivos espasmos legalistas (que no jurídicos), productos de la improvisación, la demagogia o el miedo.

            Ya sabemos que los políticos presentes en la Legislatura saliente no prestaron atención a ese legítimo pedido. Ahora, en cambio, parecen súbitamente interesados en prestar atención acelerada a nuevas propuestas de unos pocos de la URL y de la USAC.

            El eterno rasgo del sistema: “Todos somos iguales menos algunos que son más iguales que los demás”.

            La seria propuesta que les precedió fue engavetada por recomendación del diputado Oliverio García Rodas y demás integrantes del comité de Legislación y Puntos Constitucionales. Aquella iniciativa se enderezaba eminentemente a una mejor administración de la justicia y a la eliminación de todos los privilegios legales. Y fue esto último lo que rebotó contra el muro de tantos intereses creados durante siglos. Pues Guatemala ha sido y es un país profundamente reaccionario, tanto a la derecha como a la  izquierda de su espectro ideológico.

            “Aquí nada cambia”, como insiste el Dr. Eduardo Suger, en referencia a la monótona repetición de los contenidos de los cintillos en los diarios, año tras año. Por supuesto, ante todo los privilegios colectivos de gremios, clases sociales y etnias.

            Ello lo atribuyo en buena parte al débil hábito de  la lectura en general, y a la consiguiente ausencia de espíritu crítico y profundo al largo plazo.

            Pero también a lo desastroso de la educación pública a todos los niveles, desde la parvularia a la universitaria. A ello agréguense los residuos, todavía, de tradiciones semifeudales que nos vienen desde la Conquista.

            Por último, al obvio malinchismo que corre por las venas de las grandes mayorías, de nuevo tanto en la izquierda como en la derecha de las posiciones ideológicas.

            Aquí nada vale a menos que venga refrendado desde el extranjero.

            Y esto último, a su vez, lo atribuyo a un hecho sociológico fácilmente demostrable: la independencia de criterio que muestran otros pueblos Iberoamericanos, como el argentino, el mexicano, el cubano o el brasileño, se deriva de la confianza en sí mismos por haberse visto alguna vez al mismo nivel, o a aun a uno más alto, de nuestras respectivas Madres Patrias, España y Portugal. Guatemala, empero, no ha respondido a la esperanza de nuestra América, porque siempre ha estado a la zaga de los demás.

Nuestros vecinos del norte también pueden contar con la misma suficiencia respecto a las antiguas metrópolis europeas de donde emigraron: Francia, Inglaterra, Holanda, Italia, Alemania…

De la misma seguridad triunfante en sí mismos hacen muestra hoy los afroamericanos de Brasil, Cuba, Barbados o Jamaica.

Nuestros indígenas (y nosotros, por contagio, con ellos) todavía hacen cola para llegar a esa meta.

(Continuará)   

¿COMO RESCATAR GUATEMALA?

¿COMO RESCATAR GUATEMALA?

Por: Armando de la Torre

 

            La primera pregunta que obviamente se seguiría es: ¿rescatarla de quién?

            Y mi respuesta sería: de sus malos hijos.

            A lo que un forastero despistado añadiría: ¿y quiénes son ellos?

            Todos parecemos coincidir que, en primer lugar, lo constituyen una buena parte de la clase política, pero sin olvidar esa otra más pequeña de entre los “dueños” del país, fáciles de reconocer, los impunes y privilegiados de siempre, incluidos quienes nunca nos damos por aludidos, ciertos catedráticos universitarios, por ejemplo, o algunos dirigentes sindicales, o, no menos, empresarios mercantilistas de todos conocidos, y los demás buscadores de rentas, no pocos enquistados casi a perpetuidad, y no por su eficiencia, en la burocracia estatal, así como esas plumas y esas voces de los que se venden a los poderosos de turno, sea por codicia o por miedo.

            A ellos habrían de añadirse los parásitos particularmente notorios, malévolos y de nuevo cuño: los narcotraficantes, contrabandistas y pandilleros juveniles.

            Sin olvidar a los tratantes de mujeres y de niños, los perezosos, ricos y pobres, de siempre, y los borrachos y violentos en la casa y fuera de ella.  

            La mayoría de la población, muy a su pesar, ha de soportarlos y hasta económicamente de sostenerlos. Qué otra le queda a la gente pacífica, productiva y razonable, dada la ausencia de la justicia en los tribunales, erigidos precisamente para impartirla, porque a los gobernantes tal situación poco o nada parece preocupante. Lo único que cuenta es sumar votos.  

            Y, encima, descaradamente nos endeudan a la fuerza, el rostro más habitual de la tal mafia.

            Ahora, pues, para la segunda vuelta electoral, y tras el muy reciente escándalo del caso paradigmático de Cristina Siekavizza, la conciencia de los políticos parece haberse conmovido y salido  momentáneamente de su sopor optimista. Pero ya lo hemos visto antes, a  lo de momentáneo me refiero.

            Hoy, empero,  quiero cargarles otra inquietud.

Entre todos “decidiremos” escoger mayoritariamente entre a nuestras dos opciones últimas: don Otto y don Manuel. Y nos llueven por eso las comparaciones entre sus capacidades, programas y colaboradores respectivos, en el supuesto de mostrarse capaces de rescatarnos de entre las garras de los “otros” guatemaltecos, los malos.

Pues bien, me permito complicarles la elección con otro punto de comparación: las vicepresidenciables.

            Imagine, lector, que quienquiera haya sido “seleccionado” por los electores en la segunda vuelta sufre un accidente mortal, o le aqueja de pronto una enfermedad inhabilitante, o milagrosamente  se ve forzado a renunciar por alguno de esos escándalos sonados a que nos tienen acostumbrados “las democracias”. ¿Qué nos caería en su consecuencia por los próximos cuatro años?…

            Me pregunto: Roxana Baldetti, al menos, tiene experiencia acumulada en el Congreso, inteligencia reiteradamente mostrada, un mínimo de carácter ejecutivo, un historial de lucha en pro de una mayor transparencia en los asuntos públicos, y una facilidad notable para articular sus ideas. Y, ¿Raquel Blandón?…

            Dicho esto, creo que don Otto entiende poco de política y don Manuel de economía…, y viceversa. A menos que las ofertas de puestos y privilegios sean catalogadas de… “actividad política”, y el reparto de lo ajeno de “sabiduría económica”. Que son, sea dicho de paso, la totalidad de lo que Joviel Acevedo y secuaces han tenido siempre para enseñar en cuanto se autoproclaman “líderes” del… ¡magisterio nacional!

            Preparémonos, entonces, otra vez para lo menos malo, porque de lo peor ya estamos a punto de  salir. 

Curso: La Singularidad Històrica de Jesùs de Nazaret

 

Escuela Superior de Ciencias Sociales                                       

II ciclo del año académico

Curso: La Singularidad Histórica de Jesús de Nazaret     2011 – 2012

Catedrático: Dr. Armando de la Torre

 

PROGRAMA

 

            Se trata de una INVESTIGACION sobre los posibles significados que ha tenido, y seguramente tendrá en este mundo que nos es contemporáneo, el impacto histórico tan único del breve paso de Jesús de Nazaret por tierras del Cercano Oriente, hace ya dos mil años.

            De esta figura, en la entera humanidad la más insólita y, por eso, la más estudiada y no menos  la más controvertida.

            Su mensaje, también, el más retador y paradójico que nos haya desafiado alguna vez.

            Y sus demandas, las más exigentes e incondicionales para cada uno de nosotros de todas  las que se nos hayan haber podido enderezar en el decurso de nuestra evolución biológica.

            La fe hacia esa persona histórica, la más inaudita y tenaz, y la de mayores consecuencias más allá del tiempo y del espacio, de la que hayamos tenido noticia.

            La única revelación, al mismo tiempo, de otra realidad infinitamente más inalcanzable, sorprendente y abarcadora de la que el hombre, con sus solos recursos naturales,  pudiera jamás haber llegado a idear.

            El desafío más radical al pensamiento de filósofos y científicos de todos los tiempos y  latitudes.

            ¿Una ilusión colectiva, como dijo Freud entre otros muchos?… ¿Una pasión inútil, cual lo entendiera Jean Paul Sartre?… ¿Un malentendido cultural, según David Strauss y otros?… ¿Una herramienta clasista en manos de la dominante?… ¿O una fuga de la realidad, como lo pretendió el contemporáneo de Marx, Federico Nietzche?… ¿O la enemistad declarada hasta a todo lo legítimamente humano y aceptable del placer sensual?… ¿O simplemente una molestia inquietante en  nuestra perpetua persecución de “entretenimiento”, de ese tan necesario “pasar el tiempo” durante una vida que se nos antoja  demasiado corta y afligida?… ¿O más sencillo, tan sólo un conjunto de sublimaciones de nuestros instintos animales?… ¿O de tradiciones obsoletas, encima intolerantes, de pueblos primitivos, del todo incompatibles con nuestra tolerante “ilustración” científico-industrial hodierna?

            La bibliografía al respecto es la más inmensa y polilingüística que sepamos. La mayor parte de ella nos está accesible a cualquiera a través de los medios digitales modernos.   Por tanto, no los remitiré a ninguna en particular.

            Sí quiero compartirles que en la mayor parte de las discusiones – estilo “socrático” – me valdré de los textos bíblicos fundamentales, en especial de los del Nuevo Testamento, y que para el respectivo listado de materias, asimismo, del más reciente (2007) de los estudios de Joseph Ratzinger, actual Papa y Obispo de Roma, en dos volúmenes, con el título de “Jesús de Nazaret”, sin sujetarme, sin embargo, exclusivamente (tal cual él se ha anticipado académicamente a sugerir), ni a su exégesis ni a sus fuentes.

            Las discusiones se tendrán en todo momento con incondicional abertura de criterios, sin otro requisito que la habitual cortesía y consideración de tiempo para los demás.

 

 

TOPICOS

1.      El papel del “asombro” en el reflexionar.

2.      Nuestro horizonte científico en las ciencias duras o “naturales”: la astrofísica contemporánea y la biología genética.

3.      El punto de vista de las ciencias “sociales” o “del espíritu”: el método histórico-crítico.

4.      El bautismo de Jesús.

5.      El sermón de la montaña.

6.      La oración del “Padre nuestro”.

7.      Los discípulos.

8.      Las grandes imágenes en Juan.

9.      La confesión de Pedro y la “transfiguración” de Jesús.

10.  “Yo Soy”.

Si se hubiere mostrado por los participantes suficiente interés de continuar, en el siguiente ciclo o trimestre  se  continuarían las discusiones en torno a los temas de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, así como de la fe de la comunidad cristiana primitiva desde los Hechos de los Apóstoles.

En un eventual tercer ciclo podríamos argüir sobre ciertas filosofías de la historia “de la salvación”, incluídos los grandes momentos críticos de la historia de la Iglesia.

Guatemala, 4 de octubre del 2011

 

 


Información

Costo del curso: Q1732.50
Matrícula: Q  630.00
Servicios administrativos: Q301.00
Horario: Martes y Jueves de 6:15 a 7:30 p.m.
Aula:  D-310
Fecha última para asignación y modificaciones en la misma:  jueves 27 de octubre del 2011
Fecha de examen final:  jueves 8 de diciembre