¿Còmo empeorar la Constituciòn so pretexto de mejorarla?

¿Cómo empeorar la Constitución so pretexto de mejorarla?

 

Por: Armando de la Torre

           

Con una ley como la 4387, inspirada en el proyecto, así calificado, “de reforma”, y sometido  al Congreso de la República (semanas antes de las elecciones presidenciales) conjuntamente por la USAC, la URL y ASIES, apenas  avanzaríamos en nuestra vida pública y, encima,  al riesgo de politizar aún más el poder judicial.

¿Por qué? 

Porque la supuesta “reforma” se circunscribe, en primer lugar, a tan sólo unos pocos puntos periféricos  en la administración del poder judicial.  Las esperadas “mejoras”, además, serían superficiales y de corto alcance.  Su precio, en cambio, implicaría el serio riesgo de ahondar la actual  politización de tal poder, politización con tanta razón abominada por los ciudadanos pensantes y los honestos impartidores de justicia.

También la exposición de motivos para la ley adolece de falacias.  ¿Se lograría, por ejemplo, un mínimo de “despolitización” por el hecho de que la elección de Magistrados se desplace del pleno del Congreso de la República al seno de la Corte Suprema?  Si se procediera por sorteo sí, pero no es ésta la vía propuesta.  Ni se ha de olvidar que los magistrados actuales fueron, a su turno, escogidos  por las dos terceras partes del pleno del Congreso de la República, el organismo más politizado de todos.  

El cambio en la duración del período de ejercicio  para magistrados de cinco a diez años sería ciertamente una mejora, pero no sustancial. Hay  diputados,  que no jueces, y que firman la iniciativa (Arístides Crespo, por ejemplo, o Baudilio Hichos), que han sido reelectos una y otra vez por muchos más años.

Al reducir el número de integrantes de las Comisiones de Postulación se privilegia, otra vez, a las autoridades de la  Universidad de San Carlos, con desmedro de las demás universidades. Se añade que su  Rector la mayoría del tiempo no es un jurista, y que no debería, por tanto,  figurar en ella…

En cuanto al pretendido “consenso” que la hace posible, es de recordar que la iniciativa ProReforma del 2010, engavetada por el pleno del Congreso sin discutirla (como lo preceptúa la Constitución vigente), contó con el aval por escrito de MAS DE SETENTA Y TRES MIL ciudadanos. ¿Acaso pesan estos cívicamente  menos que un puñado de académicos anónimos de la URL, la USAC y el ASIES?…

La supuesta bondad del proyecto por cuanto instituye una carrera judicial, según la cual serían promovidos únicamente quienes cuenten con la aprobación del Consejo de la Carrera Judicial, tampoco es solución. Sería más recomendable incluir en él  un decano por cada universidad, un representante elegido por votación general de entre los magistrados y los jueces, y otro por el Colegio de Abogados.

Igualmente, que el Congreso de la República elija de entre los nominados  por sorteo.

En cuanto a la conformación del Consejo de la Carrera Judicial, no debería estar restringida a quienes ya integran  las magistraturas sino que debería permanecer  abierto a todo abogado de trayectoria honorable.  Ulteriormente se le enriquecería  con un posible representante explícitamente escogido para ello por los jueces de paz, por los jueces de instancia y por los magistrados, de las facultades de derecho, así como unos tres de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios.

Lástima que no se incluye para su eliminación definitiva la insalubre práctica de rotar anualmente la presidencia de la Corte Suprema de Justicia entre sus trece magistrados. 

Muchísimo  mejor continua siendo la aprobación in toto  del proyecto de ProReforma del 2010.  Pero, una vez más, en el estira y encoge de la política chapina que al final de cuentas redundará en que  lo mejor resulte enemigo de lo bueno  

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