DE DOS MALES, ¿EL MENOR?

DE DOS MALES, ¿EL MENOR?

Por: Armando de la Torre

            A eso se suele reducir el dilema para nuestros votantes en cada segunda vuelta electoral (balotaje). Esta vez, ¿Otto o Manuel?

            No parece haber mucho entusiasmo entre los electores para escoger uno de ambos. Pero tampoco en ninguno de los procesos electorales, durante tres décadas, que han precedido. ¿Acaso no sabemos escoger para la primera vuelta? Sobran evidencias, por supuesto, de que así es. Pero ése puede ser ponderado como un factor relativamente marginal…

            Lo más decisivo son el sistema constitucional y la ley electoral por los que nos regimos. Sufren, estemos claros, de graves carencias.

            Primero, padecemos bajo un régimen presidencialista que casi equivale a una monarquía absoluta provisional, es decir, por cuatro años. Las funciones y facultades que la Constitución de 1985 confiere a quien sea el preferido para el ejercicio temporal de la Presidencia de la República parecen diseñadas para ángeles, no humanos tan imperfectos como patentemente lo somos todos.

            Hemos sido testigos, reiteradamente, de la verdad del aserto de Lord Acton  de que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Si nos vemos tan proclives a dejarnos corromper por el poder, ¿por qué, entonces, acumulamos tanto de él sobre los hombros de cualquier humano que elijamos para la jefatura dual del Estado y del Gobierno? Y, sobre todo, ¿por qué no lo dispersamos más entre los muchos que habrían de tener acceso al monopolio del poder coactivo? Por quienquiera optemos, no podrá estar a la altura de tanta responsabilidad.

            Se objeta que para eso nos regimos por un sistema republicano de división de poderes, acorde a la propuesta de Montesquieu.  Principio jurídico el más violado de todos… porque ¿cómo contar con la independencia de jueces y magistrados sujetos a la aprobación por el Legislativo cada cinco años?  O ¿qué autonomía pueden tener un Fiscal General nombrado por el mismo que habría de ser el principal fiscalizable para ese funcionario, el Presidente de la República?

            Y si el entero sistema de justicia ya está de esa manera ab ovo politizado, ¿cómo podemos fiarnos de la promesa de que “algún” día disfrutaremos vivir bajo un auténtico Estado de Derecho?    

            Y si la filosofía que subyace a todo ese entramado de tribunales y leyes no es otra que la del positivismo jurídico, atento siempre a las formas, que no a la substancia de las reglas de conducta justa, ¿a qué viene que gimoteemos como plañideras sobre la insufrible impunidad que nos tiene de rodillas?

            Desde 1950, ningún partido “oficial” se ha impuesto sobre la oposición limpiamente a través de elecciones. La causa es obvia: favorecidos con tantas inmunidades, legisladores y gobernantes terminan inevitablemente por corromperse. Pretender lo contrario, es decir, que se mantengan  heroicamente sin mácula, es de ilusos.

            Por tanto, ¿a escoger entre dos el menos corruptible?

            El dilema innecesario que nosotros, los tontos con sangre de horchata, hemos optado, una y otra vez, por autoimponernos, la última vez… en 1985.

            ¿Hasta cuándo?…

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