El cásico dilema

 

Los eventos en la vecina república de Honduras constituyen
un botón de muestra de nuestras dificultades para comprender en qué
consiste la democracia.
 
La comprensión moderna de la democracia arranca de la
Europa del siglo XVIII en dos versiones distintas y en competencia
entre sí: la del filósofo inglés John Locke y la del literato francés
J. J. Rousseau.
 
La primera sirve de fundamento al ideario liberal; la
segunda, en cambio, al de los socialistas contemporáneos.
 
Ambas interpretaciones están de acuerdo en que el método
preferible para la elección de autoridades públicas ha de ser el del
voto secreto y mayoritario. Pero ahí termina su concordancia.
 
Porque desde la visión liberal lockeana lo más importante
es refrenar los abusos del poder público y, en consecuencia, habrán de
quedar fijados explícitamente y con toda claridad en la Constitución
los límites a ese poder. Para la rousseauniana, empero, supuesta la
bondad innata de la naturaleza humana en una sociedad de iguales, lo
prioritario ha de ser quién, o quiénes, gobiernan.
 
Eso explica por qué los liberales han insistido en limitar
primordialmente (y dividir) los poderes entre manos diversas, mientras
que los socialistas de todos los matices han considerado cardinal el
respeto al voto igualitario, haga después lo que haga quien hubiere
sido electo.
 
La óptica rousseauniana se impuso en la mayor parte de
Europa continental y de Iberoamérica después de las guerras
napoleónicas (1815). Un siglo más tarde hubo de extenderse al mundo
islámico y a las ex colonias francesas y portuguesas en Africa. La de
Locke, al contrario, permaneció durante la misma época restringida a
los países anglosajones y a algunas pocas democracias parlamentarias
como las escandinavas.
 
Ha sido a partir de la segunda guerra mundial cuando la
proporción entre esos dos modelos dominantes se ha invertido. Hoy es
la Revolución Americana, no la Francesa, el paradigma apetecido.
 
Evidentemente Zelaya, la OEA y las hodiernas “democracias”
populistas de Iberoamérica se aferran todavía a la postura
napoleónica. Las demás instituciones del país hondureño, esto es, el
Congreso, la Corte Suprema, el Tribunal Electoral, el Fiscal General,
las corporaciones privadas y las iglesias se ven más alertas a la
sensibilidad de Locke.
 
Conviene aclarar que ambas tradiciones, a lo largo de los
años, han tomado prestado la una de la otra. Aquella fiel a la
filosofía radical de Rousseau (“el voto entre iguales, lo determinante
en una democracia”) además ha asimilado el concepto de control
constitucional por parte del Poder Judicial, a imitación de la
práctica en los Estados Unidos desde la presidencia de la Corte
Suprema de John Marshall, a comienzos del siglo XIX. A la recíproca,
la jurisprudencia anglosajona tiende ahora a no ceñirse tanto al
derecho consuetudinario (“common law”) e inspirarse más en las
codificaciones del derecho positivo. También esta tradición ha
oscilado  entre presidencias imperiales y parlamentos prepotentes
desde la Gran Depresión de los años treinta, contagiada, quizás, de
los bandazos constitucionales que ha dado Francia.
 
Lo más novedoso al respecto ha sido la emergencia
doctrinal del Estado de Derecho. Hoy se le alaba universalmente, al
menos de palabra. En realidad, es un intento por combinar lo mejor de
ambas tradiciones, la aplicación, esto es, del muy británico “imperio
de la ley” a los excesos burocráticos de los gobiernos centrales.
 
Honduras se debate entre esta última concepción
modernizante de la democracia (quienes rechazan a Zelaya) y la
obsoleta del populismo jacobino, resucitado en ciertos países
caribeños y sudamericanos y al que propende Alvaro Colom. En todo
caso, espero que un “debido proceso” pueda llegar a ser aplicado a
Zelaya.
 
Ojalá resuelvan los hondureños su dilema por sí mismos,
sin injerencias del aplastante eje Washington-Bruselas ni de ese otro
La Habana-Caracas.

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