El colmo

El colmo

Por: Armando de la Torre

Para cerrar por completo el círculo de la viciosa politización de la administración de la justicia en Guatemala, se han oído por la radio repetidos anuncios que encomian la actual gestión del Ministerio Público bajo el liderazgo de la Dra. Claudia Paz y Paz. ¿A qué viene tanto ruido sin precedentes?

Los supongo, además, costeados por el erario público, o sea, por todos nosotros, los tan espoliados contribuyentes.

Resulta muy sospechoso que la campaña tiene lugar en las proximidades de la posible reelección de la Fiscal General al cargo que hoy ostenta.

¡El colmo!

Artículo 445 “Peculado. El funcionario o empleado público que sustrajere o consintiere que otro sustraiga dinero o efectos públicos que tenga a su cargo, por razón de sus funciones, será sancionado con prisión de tres a diez años y multa de quinientos a cinco mil quetzales.

Igual sanción se aplicará al funcionario o empleado público que utilizare, en provecho propio, trabajo o servicios pagados con fondos públicos.”

Ahora resulta que también las funciones en apoyo del Poder Judicial podrán ser objeto de propaganda comercial, nada menos que para poder figurar en la lista de los posibles seleccionados por el Ejecutivo como funcionarios de un órgano auxiliar en la administración de la justica que,  irónicamente, fue creado con el sólo propósito de que le fuera delegado el monopolio de la persecución penal.

Me consta de la gravedad de tanta injuria, encima impune, porque los obligados constitucionalmente a perseguirla son esos mismos transgresores de la Constitución y de algunas leyes ordinarias.

Tanto abuso entraña para todos nosotros, como efecto final, que nos hallemos en un efectivo estado de indefensión total.

El Estado prácticamente ha dejado de hacer valer las leyes, en manos de oportunistas fanáticos. Lo comprueba la corrupta anarquía reinante.

El Artículo 423 del Código Penal estatuye que  Resoluciones violatorias a la Constitución: El funcionario o empleado público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a disposiciones expresas de la Constitución de la República o, a sabiendas, ejecutare las órdenes o resoluciones de esta naturaleza dictadas por otro funcionario, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere, será sancionado con prisión de uno a dos años y multa de doscientos a dos mil quetzales.”

Tengo la evidencia al canto: por los últimos meses he denunciado públicamente por escrito reiterados delitos cometidos por la Fiscal General, o por sus subordinados, con nombres, apellidos de víctimas y victimarios, fechas, y los textos legales correspondientes.

Nunca he recibido explicación alguna o pregunta indagatoria por parte de la Fiscal General, ni de sus asesores y fiscales a ella subordinados. De lo que infiero que quien tanto ha callado tanto ha otorgado…

 También he sostenido públicamente que la responsabilidad última por tanto desafuero, incluidas violaciones a la Constitución para las que el mismo Código Penal en su Art. 381, tiene prevista la pena de tres a diez años de prisión, recae en el Presidente de la República, Otto Pérez Molina.

Pero en realidad más bien con nosotros, la mayoría silenciosa que ha tolerado que la CICIG sea el mudo e ineficaz testigo entremetido de nuestras flaquezas ciudadanas. 

Informalmente, y en voz baja, se aduce que existe una presión subterránea por parte del Departamento de Estado norteamericano en favor de la reelección de la Fiscal General. Argumentación falaz. El sistema norteamericano no funciona como es visto desde aquí, y ningún Gobierno de allá, incluido el de Obama, podría subvertir impunemente ante su opinión pública nuestro régimen jurídico interno. Aunque no nos guste reconocerlo, nuestro gran vecino del norte es todavía un Estado de Derecho. Y aunque haya funcionarios corruptos, y los ha habido, incluidos Presidentes, Senadores y Representantes de la República, nadie que viole la Constitución o las leyes ordinarias puede parapetarse tras su cargo ante la opinión pública cuando ha procedido incorrectamente.

“Si así son las vísperas de las Comisiones de Postulación, ¿cómo serán las fiestas?”.

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