El hastìo de lo estatal

El hastío de lo estatal (V)

Por: Armando de la Torre

            Guatemala se encuentra de nuevo en un estado pre revolucionario.

            Desde mi punto de vista, porque la distancia entre la demandapolítica (los electores) y la oferta por parte que les hacen las autoridades políticas, y de los también políticos que aspiran a reemplazarlos, esa brecha es cada vez mayor.

            En buena parte por una razón poco reconocida: la demanda ha mejorado, pero la oferta permanece más estancada en el pasado que nunca. De ahí también, el hastío generalizado por todo lo estatal.

            Dos razones parecen haber sido decisivas para que las comunidades humanas se  transformaran en Estados, entendidos estos como las consolidaciones legales del monopolio del poder coactivo: la primera, la protección y defensa de los ciudadanos tanto en sus personas como en sus bienes; la segunda, una impartición de la justicia pronta y cumplida para todos por igual.

            La realidad es que en cuanto a la primera, el Estado de Guatemala protege cada vez menos a sus ciudadanos; es más, las estructuras mismas del Estado han sido penetradas a fondo por el crimen organizado.

            En cuanto a la segunda, la ausencia del Estado es escandalosamente patente; nada ilustra mejor que las altísimas tasas de impunidad que nos abaten.

            Prácticamente, los corruptos han asaltado las instancias más importantes de lo público, y desde ahí protegen a otros no menos corruptos e irresponsables. En Guatemala, como se dice popularmente, “quien tiene padrino se bautiza”, y el que no lo tiene queda relegado al infierno de la injusticia reiterada.

            Un paraíso para malhechores. En estos días, por ejemplo, presencié la desestimación de un caso de violación de una menor de edad, “porque la Corte Suprema había rechazado el caso in limine, supuestamente por falta de razones sólidas. Esto se le hace a cualquiera más inteligible cuando se sabe que se trataba de enderezar ese caso hacia el aparente abandono de funciones, por parte nada menos que de la ex-Fiscal General, Claudia Paz y Paz. Es decir, que el gozo de la impunidad de la otrora omnipotente ex-Fiscal les resultaba de más peso moral que la violación de una menor. Con el mismo sayo, pues, se cubrían magistrados, la juez de primera instancia y el fiscal al que se le había encomendado la investigación del caso.

            Y en la misma semana me entero que un agitador violento acusado de asesinato se presenta ante el tribunal escoltado por dos desconocidos con chumpas con la insignia de la ONU.

            A este respecto, recuerdo la melancólica reflexión de Inmanuel Kant, en su Crítica de la Razón Práctica, que “nada hay de más indignante que tropezar con un pillo al que todo le va bien”.

            Tamaña afrenta al fondo de la justicia (que no a su forma, de acuerdo al raquítico positivismo jurídico por el que interpretamos y aplicamos nuestras leyes), se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Es decir, el poderoso siempre sale incólume, y el débil, maltrecho y sin redención posible.

            Encima, esas autoridades de nuestro Estado nos endeudan cada vez más hasta  nuestros nietos. Entre estos dos últimos gobiernos, el de Alvaro Colom y el de Otto Pérez Molina, se ha duplicado escandalosamente nuestra deuda pública. ¿A cambio de qué? De la ineptitud e ineficiencia de las mismas, que no logran disimular a pesar de los miles de millones gastados en publicidad en sólo los últimos seis años.

            De ahí también, el repudio por parte de las mayorías hacia las minorías corruptas y sucesivas que no cesan de aumentarnos, inícuamente, el costo-de-tener-gobierno.

            Nuestra estructura constitucional nos es de muy escasa esperanza. De hecho, ni siquiera somos república, porque los poderes soberanos están concentrados en las mismas manos, y en este verdadero orden jerárquico de subordinación: Presidente de la República (con su Vice), el Congreso y el Poder Judicial. ¿Separación o división de poderes? Ni por asomo…

            Pero cuando 73000 ciudadanos (en 2009), presentaron unas propuestas de reformas a la Constitución de 1985 de lo más serio y sensato, quienes se aprovechan del estado actual de las cosas, a la cabeza el Consejo Superior Universitario,  juntaron filas, y las propuestas jamás llegaron al pleno del Congreso.  

            Por eso creo aconsejable que uno de los criterios para favorecer con el voto a cualquiera de los candidatos en las próximas elecciones generales fuese el del compromiso de los mismos de apoyar in toto el conjunto de esas propuestas de ProReforma de hace cinco años.

            Entonces podríamos empezar a cerrar esa enorme brecha entre una demanda pública cada vez más exigente y una oferta pública cada vez más inoperante.

            Food for thought, o lo que es lo mismo, alimento para pensar.

(Continuará)

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