El problema de fondo

El problema de fondo

Por: Armando de la Torre

 

            Del año que comienza se dice que es “electoral”.

            Afirmación muy relativa porque “el Gobierno de Álvaro Colom” ha continuado en una ininterrumpida  campaña proselitista durante  estos últimos tres años.  El nepotismo rampante y el ensayo de compra de votos a través de una envilecida “cohesión social”- que sufragamos entre todos con nuestros impuestos-, han sido las puntas de lanzas de su campaña electoral   para las elecciones que tendrán lugar este año. 

Otros aspirantes políticos  han intentado modestamente algo semejante, camuflados tras programas de radio y televisión que supuestamente buscan informarnos…

            Ninguno, empero, ha  tocado los temas de fondo en nuestra vida pública que entraña la ausencia de un Estado de Derecho, ni tampoco sus por qués.  Me permito aquí, pues,  contribuir al respecto con  algunas sugerencias.

            Todos proclamamos nuestro anhelo porque impere  la ley, pero siempre con vistas   hacia su  aplicación a los demás,  jamás hacia nosotros mismos. 

            Esta es la sociedad de los privilegios, ilegítimos si se trata de los ajenos, perfectamente justificables  si se trato de los nuestros respectivos.

            Hasta la misma Constitución los otorga a granel, y frustramos, encima  alegres, cualquier intento de reforma para acabar con ellos,  como sucedió el año recién terminado con el proyecto de ProReforma, engavetado al final por el actual Congreso de la República.

            Los múltiples privilegios de los poderosos en este país, de la izquierda, del centro y de la derecha convergen, por supuesto, “en  un floreciente mercado de tráfico de influencias”.   Y, precisamente es esto lo que  nos puede  llevar, ya al corto plazo, a constituirnos   en ciudadanos de un  incipiente narco- Estado.

            Guatemala carece de un Poder Judicial para impedirlo.  Pues nos guiamos por reglas del juego “constitucionales”  que anulan su efectividad.  Y así sufrimos un sistema raquítico de administración de la justicia que le asigna más fondos al deporte, o a la única universidad estatal, que  a su administración para todos.

            Encima, por la misma Constitución,  se difiere el nombramiento de los magistrados para  la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad y  las Cortes de Apelaciones al más político de los  tres poderes del Estado: el Legislativo.

            Para subordinar todavía más el Poder Judicial a beneficio de los políticos, los nombramientos de magistrados y jueces se hacen por tan sólo cinco años, lo que los sujeta a los intereses, caprichos y preferencias de los diputados al Congreso si aspiran a ser reelectos.

            Y para colmo de males, el presupuesto anual del poder judicial- dos porciento del presupuesto operacional de la nación- lo fija el Ministro de Finanzas de acuerdo a instrucciones del Presidente de la República  y previa aprobación de los diputados al Congreso.

            A todo ello ha de  sumarse- caso único en el planeta- un ente internacional, la CICIG, dominado  y controlado desde el extranjero, con impunidades para sus funcionarios de las que no gozan  las autoridades  judiciales del país,   y todo a petición de los mismos guatemaltecos.

              Cómo hemos llegados hasta tan bajo es  sólo explicable en base a la ineptitud y falta de carácter de nuestros gobernantes de los últimos tres períodos, avalados de la  filosofía del positivismo jurídico,  imperante en todas las facultades de Derecho del  país, que ha deformado sustancialmente por décadas el mero concepto de la justicia, tanto  en jueces y  magistrados como en los fiscales del Ministerio Público.

            Sin un sistema de Justicia, por lo tanto, sin jueces bien formados e independientes de los dirigentes políticos, con fiscales nada autónomos   y una policía mal retribuída  y peor adiestrada y mal equipada, el irrespeto a la ley se ha generalizado  universalmente, empezando por los Presidentes de la República que juraron al tomar posesión del cargo respetarla y hacerla respetar.

            ¿Quién se vislumbra que podría ponerles tales cascabeles a tales gatos?

            ¿Harold Caballeros, o Eduardo Suger, tal vez?…

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