JUSTICIA PARA GUATEMALA

JUSTICIA PARA GUATEMALA
Por: Armando de la Torre
            Geopolíticamente, el Estado de Guatemala ha sido víctima, no verdugo. Sus autoridades, por desgracia, han sido con frecuencia cómplices, involuntarios o no, de tal martirologio, sobre todo porque han mantenido deliberadamente en la oscuridad al respecto a la gran mayoría de sus conciudadanos.
            Por ejemplo, cuando Don Alfredo Skinner Klee, entonces Ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Ubico, redactó el 26 de agosto de 1931 una respuesta al Embajador británico sobre las “fronteras” de Guatemala con Belice y aceptó la versión que de las mismas le había hecho llegar el día anterior (¡celeridad diplomática!) el enviado de Su Majestad en base a cálculos de un ingeniero inglés y otro guatemalteco, el gobierno de Ramsey McDonald se encargó de inscribir ese mero canje de notas en la Liga de las Naciones como un Tratado internacional, y ante ello los gobiernos sucesivos de Guatemala han permanecido sin reaccionar.
            Otro tanto ocurrió con el canje de notas en 1999 entre el Canciller Eduardo Stein y, esa vez, el gobierno beliceño, la “clarinada” como se le conoce entre los funcionarios, cuando el gobierno de Arzú redujo la totalidad del reclamo guatemalteco a su mitad, es decir, a sólo el territorio entre los ríos Sibún y Sarstún. ¿Desde cuándo se podría reconocer por Guatemala lo que Belice jurídicamente no  tiene?…
            Entonces, ¿en qué se apoyará ante La Haya el gobierno de Alvaro Colóm? ¿Con cuáles documentos, alegatos, exposiciones ya presentados públicamente en cualquiera de las negociaciones anteriores se sustentará nuestro reclamo sobre Belice?
            Además, ¿bajo qué cláusulas constitucionales podría un Ministro negociar partes del territorio de la República de Guatemala?
            Porque al respecto Guatemala, sabiamente, al fin ha escogido la vía jurídica por encima de cualquiera otra, como siempre debería haber sido, nos congratulamos todos.
            Por otra parte, el hoy “independiente” Estado de Belice ha declarado, por boca de su ex primer ministro George Price que “not one inch”, ni una pulgada, de ese enclave caribeño será devuelto jamás a Guatemala.
            Sin embargo, todavía en 1947 Guatemala contaba a su favor con el voto de un 95% de los países miembros de las Naciones Unidos. Para la reunión posterior de la OEA en Caracas en 1954, dieciocho de los veinte Estados ahí representados (con las excepciones de Brasil y los EE.UU.) aprobaron una resolución introducida por la República Argentina contra la presencia por ese entonces de potencias extracontinentales, la que apuntaba principalmente al Reino Unido y a sus colonias del Caribe y las Malvinas.
            Pero en 1981 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la “independencia” de Belice por la resolución 35-20 con 144 votos a favor, 7 abstenciones y sólo  uno en contra (el nuestro).
            ¿Qué había pasado en el entretanto para que ni siquiera los Estados centroamericanos se solidarizaran con la posición de Guatemala?
            Estaba Lucas en el poder y la insurgencia se había encargado profusamente de desacreditar su régimen, sobre todo en Europa y la América del Norte. Tampoco nuestra Cancillería daba muestras de haber salido de su habitual letargo. Y la prensa y la radio guatemaltecas, en buena parte amordazadas, dieron escasa importancia a tal evento. Por lo tanto, lo mismo hizo la ciudadanía en general.
            En una exposición, empero, que me cuenta el Lic. José Enrique Cabrera Pivaral hizo ante tres jueces de la Corte Internacional de Justicia en La Haya en fecha tan reciente como 2002, dos de ellos aseguraron que nuestro sustento jurídico para ganar el diferendo debería hacerse valer ante esa Corte.
Y la documentación que me ha mostrado hasta ahora me ha convencido que ése habrá de ser el procedimiento a seguir.  
           
           

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