La coyuntura

La Coyuntura

Por: Armando de la Torre

            Nuevos documentos me llegan sobre la forma otra vez arbitraria, y por lo tanto, injusta, y encima que hace nugatoria la esencia de lo que se entiende por un Estado de Derecho, la igualdad ante la ley (Art. 4 de la Constitución), por obra de la Fiscal General Dra. Claudia Paz y Paz.

No la conozco en persona, y tampoco tengo interés alguno en entorpecerle su trabajo.

Pero este nuevo cuestionamiento se remonta  del 5 de noviembre del 2008. La firma Globalcorp Internacional, S.A. obtuvo de juez competente (la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo)  orden de la sentencia emitida en el proceso  171-2007 al Ministerio Público para que hiciera sin dilación el cumplimiento de su obligación contractual – según la letra del artículo 251 de la Constitución-, que según liquidación posterior arrojo el monto total de unos 98 millones de quetzales de rentas acumuladas – y sus intereses – adeudados por el Ministerio por el uso del equipo de cómputo de propiedad de esa firma.

Es de señalar que en agosto del 2011 el Ministerio Público tenía fondos suficientes presupuestados para la ejecución de lo ordenado por el tribunal, pues en el renglón 913 se reservaron para el pago de sentencias judiciales.

            El Fiscal General en funciones en ese entonces, rehusó entonces el pago debido; pero estamos a diciembre del 2012 y la Dra. Paz y Paz todavía se rehúsa a cumplir con esa obligación,  con esa sentencia y demás resoluciones judiciales posteriores, con grave daño financiero para esa firma.

El asunto ha sido llevado a todas las instancias legales relevantes, que le han dado unánimemente la razón a la corporación ofendida durante cuatro años.

            Dada la antipatía manifiesta de la Fiscal General hacia el sector productivo del país, no me extraña mucho su actitud pero sí me alarma. Con un matiz adicional: su cargo es precisamente el llamado a velar porque se cumpla estrictamente por todos con la letra y el espíritu de la ley.

            El respeto cabal de los contratos habría de ser la piedra angular para la construcción de un  Estado serio. Nada hay tan desastroso como que el Estado sea el primero en violar este principio fundante. 

            Y es que el respeto a los contratos está íntimamente ligado a otro respeto no menos serio, al derecho de propiedad (Art.39 de la Constitución). Ni vale afirmar que “los ricos ya tienen abogados que les sirvan, y nosotros los fiscales no somos los suyos”…  Y en consonancia con tal peculiar punto de vista antijurídico, menos aun instruir a los funcionarios a sus órdenes que den trámite a todas las denuncias por actos de violencia, pero no por atropellos a la propiedad  privada (usurpaciones de tierra, por ejemplo).

El derecho a la propiedad ciertamente no figura entre las prioridades a proteger por el Estado según la ideología socialista. Pero el pueblo guatemalteco no es todavía, un pueblo organizado políticamente de acuerdo a esa línea de pensamiento. Ni se impaciente, porque al fin y al cabo, con un par de Ottos Péreces Molinas más tal vez llegaremos a recalar, en el puerto utópico de la sociedad sin clases…

El 26 de agosto del 2011 se le fijó a la Fiscal General el plazo perentorio de quince días para pagar la tal deuda, pero ella se rehusó a hacerlo apelando a recursos y amparos, todos declarados sin lugar.

El 12 de abril de este año se había fijado nuevo plazo de quince días “bajo apercibimiento que si así no se hiciere, se certificará lo conducente a un juzgado del ramo penal en contra del funcionario o empleado público responsable del incumplimiento…” , el oficio en el cual se le notifica que ese plazo venció y le fija uno nuevo para ese fin y se le apercibe de nuevo que se certificará lo conducente a un juzgado del orden penal  fue recibido en el despacho de la Fiscal General el 6 de junio. El plazo, pues, para cumplir con la ley venció el pasado 27 de junio.

El 2 de julio, el Juzgado hizo efectivo el apercibimiento y ordenó emitir la certificación conducente. Ninguna respuesta por parte de la Fiscal General.

El 5 de noviembre, el Juez décimo de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad emitie –en otro proceso de ejecución-, una orden contra el MP, esta vez por Vía de Apremio, para que se devuelva, en diez días, la totalidad del equipo propiedad de Globalcorp Internacional, S.A.

            De nuevo, silencio… 

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