La Fiscal General y el Estado de Derecho II

La Fiscal General y el Estado de Derecho (II)

Por: Armando de la Torre

            Doña Claudia Paz y Paz evidencia un sentido muy distorsionado sobre sus funciones de Fiscal General, lo que debería haberle cerrado el paso a tal cargo si no hubiera sido por la ausencia total de olfato jurídico en Alvaro Colom y por la fragilidad de los criterios morales en nuestro gobernante de turno.

            Todo Estado genuino de Derecho es irreconciliable con privilegios, nepotismos y “vendettas” personales en el entorno de las autoridades.  El imperio de la ley habría de ser principio de acción absoluto, cosa en la que jamás mostraron creer los guerrilleros de la URNG, ni tampoco los hoy cómodamente instalados en las oficinas gubernamentales de los “patriotas”…

Un gran constitucionalista británico, Albert V. Dicey, identificó el principio de la “igualdad de todos ante la ley” con el hecho de que todos los súbditos de la corona, del Primer Ministro abajo, quedan sujetos a la jurisdicción de los mismos jueces.  A esto lo llamó “the rule of law”,  concepto, a su vez, derivado de las controversias filosóficas y políticas entre los ingleses del siglo XVII, de las que eventualmente hubo de salir triunfante el moderno “Estado de Derecho” (1688).

Inclusive la “declaración de derechos” anexada a la Constitución política de los Estados Unidos de 1787, sobre todo la cláusula del “debido proceso”, apuntó con exclusividad a esa piedra angular del imperio de la ley. Tan absoluta la creyó Dicey que en ella sustentó su férrea oposición a que los súbditos pudieran desobedecer cualquier ley que estimaran como injusta, lo que le hubo de llevar a una defensa reaccionaria de cualquier  “status quo” que incluyera erosionar la función legislativa del Parlamento o la vigencia del “derecho consuetudinario” (“common law”).

            La interpretación continental europea, en cambio,  difiere algo al respecto, pues incluye la creación de tribunales especializados en diversas competencias jurídicas (como la contencioso-administrativa, por ejemplo, o la de los tribunales de familia), lo que no entraña que la “igualdad ante la ley” descanse exclusivamente sobre la uniforme identidad de los jueces.

            El Ministerio Público, que reúne entre nosotros el monopolio de la persecución penal, es la rama auxiliar del poder judicial más atenida a respetar esa igualdad ante la ley.

            La Fiscal General, Claudia Paz y Paz, y sus “asesores” y adjuntos, reclutados de entre  sospechosos nativos de subversión, fiados, encima, del apoyo de sus “contactos” internacionales (de izquierdistas dogmáticos principalmente europeos), violan continuamente tal presunción.

            Los guatemaltecos no han logrado construír todavía un auténtico Estado de Derecho. Nadie menos que Castresana citó la evidencia de la altísima cifra de los casos impunes –un 98%, según él- para probarlo…

            Doña Claudia y camaradas acusan con ligereza, y hasta con retorcimiento de pruebas, a los “ricos” y a los “militares” como los casi únicos hacedores históricos de entuertos.  No parecen preocuparle las víctimas inocentes de secuestros, asesinatos, extorsiones, calumnias, robos y destrucciones de sus propiedades en los que reiteradamente incurrieron sus compañeros de ruta.  Sus enfoques se muestran descaradamente partidarios. 

            Repito que la responsabilidad última de tanta degradación del sistema de justicia recae sobre el Presidente de la República, Otto Pérez Molina.  Con la no menos lamentable complicidad de innumerables actores del CACIF, de la Conferencia Episcopal católica, de diputados tránsfugas, de  “teólogos” de la liberación tanto católicos como evangélicos, de periodistas superficialmente formados, de catedráticos universitarios que tiran la piedra y esconden la mano, y de un puñado extra de burócratas extranjeros, amén de la masa informe de los débiles de carácter de aquí y de fuera.

            Hasta se permite hacer diferencias ilegítimas entre los fiscales y demás subordinados. Y los sabihondos de la jurisprudencia, los miembros del Colegio de Abogados, los magistrados de la Corte Suprema y de la Corte de Constitucionalidad y los decanos de las facultades de Derecho, en absoluto silencio.

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