La Fiscal General y el Estado de Derecho

La Fiscal General y el Estado de Derecho

Por: Armando de la Torre

Guatemala todavía no ha merecido ser considerada un auténtico Estado de Derecho; por eso permanece en el  subdesarrollo.

Pero ¿acaso tenemos claro lo que significa?

Históricamente se le han asignado a ese concepto dos interpretaciones muy diferentes. Una, la derivada del pensamiento de Rousseau (predominante entre nosotros), que prácticamente lo hace el equivalente del mero “Estado de Legalidad”. La otra entendida desde las premisas filosóficas de John Locke, las vigorizantes de los Estados en las sociedades más justas, libres y prósperas (a lo sumo, una treintena de Estados nacionales).

Me identifico con esta segunda, porque los gobiernos inspirados en ella han evidenciado su respeto eficaz hacia la separación estricta entre los poderes autónomos del Estado y, lo que considero aún más relevante, mantenido una igualdad muy cercana a universal en la aplicación de la ley.

Volvamos a Guatemala.

Hemos padecido casi ininterrumpidamente bajo sistemas presidencialistas abusivos, en los que reiteradamente han sido atropellados los derechos de todos y las atribuciones muy en particular de los magistrados y los jueces del Poder Judicial, la columna vertebral de un Estado de Derecho. Y no sólo por el Presidente de turno (siempre), sino también por los diputados al  Congreso (con muy pocas y honrosas excepciones).

Por otra parte, me he permitido airear ciertos casos recientes por los que me consta que en parecidos atropellos ha incurrido la actual Fiscal General, la doctora Claudia Paz y Paz. Por supuesto, no es la única, pues todos quienes la han precedido en el cargo también lo han hecho, y muchas veces con mayor descaro y daño al principio de la igualdad de todos ante la ley. Pero nada de eso es excusa para el silencio, sobre todo cuando se añade la presión de ciertos grupos vehementes (el CUC, por ejemplo) y de extranjeros, empeñados en publicitarle una aureola de inocencia imparcial.

En mi percepción, para la doctora Paz y Paz todo empresario o todo militar es culpable mientras no se demuestre lo contrario, es decir, lo opuesto a lo preceptuado en el artículo 14 de nuestra Constitución.

Más triste aún es saberla inmersa en conspiraciones con embajadores y grupos de presión del extranjero (sobre todo de europeos occidentales), para hacer más punzante su sesgo ideológico de lucha de clases, a ciencia y paciencia, por supuesto, del Presidente de la República.

Ello ha llevado a que la Fiscal General se haya valido de dos líneas de investigación simultáneas pero antitéticas: la inquisitiva (como lo establece el Código Procesal Penal vigente), que ella emplea para los casos de violencia y narcotráfico, y la acusatoria (como fue legal antes de la reforma de ese Código en 1992) en aquellos casos que se le cruzan y que antagonizan sus arraigados prejuicios contra personas adineradas o contra militares que hayan seguido órdenes que a ella, o a sus amigos, no les placen.

En otras palabras, nuestra Fiscal General retuerce arbitrariamente el sentido de las leyes como si fuera superior al Congreso, al Código Procesal Penal y a la doctrina de la Corte de Constitucionalidad, de acuerdo a muy subjetivas simpatías y antipatías hacia personas, lo que es irreconciliable con toda versión de un Estado de Derecho que busque precisamente la salvaguardia imparcial de los derechos individuales inalienables, ya reconocidos como superiores y anteriores al mismo Estado. 

La responsabilidad última por tanto desmedro republicano recae sobre el Presidente de la República, en quien no veo, por eso mismo, cualidades de estadista sino sólo de político al uso.

Todo el que calla, otorga. En notas sucesivas, pues, trasladaré a la opinión pública ejemplos de entre lo que ha llegado a ser fehacientemente de mi conocimiento personal.

Porque un Estado de Derecho permanecerá irrealizable a menos que se apoye en el esfuerzo de todos los sujetos a las mismas leyes, sean ellas consuetudinarias, naturales o, muy en especial, positivas. 

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