La independencia de los jueces

La independencia de los jueces
Por: Armando de la Torre
            La clave del éxito para cualquier árbitro en cualquier rincón del mundo es mostrarse independiente de los intereses de las partes en pugna.
            No es ésa la experiencia de la abrumadora mayoría de querellantes que acuden a nuestros tribunales de “justicia”. Las perversiones en la equidad de sus adjudicaciones suelen resultar de grupos de presión que indirectamente ya se hubiesen entremetido desde el inicio mismo del proceso legislativo, o directamente, más tarde, validos de la franca prevaricación de algunos jueces.  También hay, por supuesto, individuos de larga práctica en la extorsión criminal para el logro de fines parecidos, sobre todo en aquellos casos que ahora se califican de “alto impacto”.
            De ahí que casi todos sepamos hoy de algún inocente del delito que se le fuera imputado y que, sin embargo, guarda prisión por años. Además, nadie menos que el funcionario internacional a cargo de la CICIG, Carlos Castresana, confirmó que el 98% de los crímenes denunciados permanecen impunes. Y hasta creo que se queda corto, porque muchas otras graves transgresiones a la ley ni siquiera llegan a ser denunciadas.
            La Guatemala de hoy es una sociedad de victimarios impunes y de víctimas de la injusticia cuyos números se acrecientan a diario.
Por eso no gozamos de PAZ, aunque los políticos nos mintieron a coro aquel 29 de diciembre de 1996 cuando estamparon sus perjuras firmas en documentos que, dijeron, nos garantizarían “una paz firme y duradera”.
Por eso tampoco nos DESARROLLAMOS, a pesar de tantas declaraciones ilusas de gobernantes sucesivos, de “concertación”, por ejemplo, en tiempos de Vinicio Cerezo, o de “cohesión social”, ahora bajo Alvaro Colom.
Por eso escasea sobre todo la ESPERANZA, como lo comprueban los centenares de miles de nuestros jóvenes compatriotas que han votado “con sus pies” hacia latitudes donde les resulta más evidente el respeto recíproco hacia los derechos de todos.
A superar esta lamentabilísima situación están encaminadas radicalmente esas reformas propuestas al Congreso por setenta y tres mil ciudadanos (www.proreforma.org.gt), con vista a que una ulterior consulta popular las refrenda.
El posicionamiento a este respecto de la USAC tergiversó, no sé si adrede, esa fundamental intención. Parece que les preocupa mucho quién ejerza el poder y no de cuánto poder disponga. Lo infiero por lógica de la ideología “clasista” que domina en esa casa de estudios desde el ejemplo contagioso dado por Fidel Castro a su llegada al poder total en 1959. 
Los proponentes de los cambios constitucionales invertimos el peso relativo de los términos en esa premisa. Lo que nos importa sobremanera es prevenir todos los abusos del poder, y nos es irrelevante qué clase social lo abuse. Partimos del hecho de que son los individuos, no los colectivos abstractos, los protagonistas de la historia y que, por tanto, no se es persona incluída o en una clase social “correcta” -a la que en consecuencia le serían perdonables sus abusos- o en otra clase social “incorrecta” -a la que nada se le habría de perdonar-.
El límite infranqueable para todo abusador del poder ha de constituirlo el poder judicial,  la genuina piedra angular del ideal que llamamos “Estado de Derecho” y al que se han acercado los pueblos más desarrollados.
De ahí que entre las propuestas figure el carácter vitalicio de la función del magistrado y su selección por sorteo por un ente apolítico como lo sería el Senado, previa la exclusión de las Comisiones de Postulación de cualquier ente politizable.
  Igualmente, que el poder judicial sea presupuestariamente autónomo del Legislativo, así como la liberación del cargo de Fiscal General de entre las preferencias personales del Ejecutivo, o la limitación de la prerrogativa del derecho de antejuicio por parte de la Corte Suprema hacia los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y la de las Cortes de Apelaciones hacia los de la Corte Suprema.
(Continuará)

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