La ira de los justos

La ira de los justos

Por: Armando de  la Torre

            Alfonso Portillo absuelto, Alvaro Colom todavía Presidente, Sandra Torres, en contra de la Constitución y de la moral, candidata, Irving Cohen y Guillermo Valdés, financistas de la UNE, más prósperos que nunca, las escuelas públicas campos de juego para el analfabeta funcional Joviel Acevedo y su chusma, doce o catorce asesinatos al día, la infraestructura nacional de puentes y carreteras hecha trizas, mientras la deuda externa, que habrán de pagar un día nuestros aún no nacidos, galopa cuesta arriba.

            El circo con el que nos “entretienen” los políticos en este año del Señor del 2011.

            Destacan excepciones, pero agazapadas en grupos minoritarios en los perímetros del poder.

            ¿Cómo caímos tan bajo?

            Por razones que abundan, pero mi preferida, por ser de las más radicales, se encuentra en la mismísima Constitución de la República.

            Ya se sabe que tal documento que habría de ser vinculante para todos nosotros encierra principios de buen gobierno y hasta una que otra institución de índole genuinamente democrática. Pero todo eso es precisamente lo que más se olvida y menos se  respeta por los gobernantes.

Todos esos equipos gobernantes, que se han sucedido al timón del Estado, son la mejor prueba de que la Constitución está urgida de remiendos.

            Hay otras explicaciones válidas para tal entuerto. Me acojo aquí a mi preferida: que como muchas otras contemporáneas, la Constitución de 1985 fue redactada por políticos elitistas para beneficio de su casta y de sus amigos. Y así se han arrogado el monopolio de proponer candidatos a puestos públicos por elección popular. Y que, además, todo lo que se recaude coactivamente de la ciudadanía sólo lo puedan despilfarrar ellos a su antojo. Por eso el Contralor de Cuentas es de su escogencia, lo mismo que el Fiscal General, que habría de indagar sus abusos, y aun los Magistrados de las Cortes Suprema, de Constitucionalidad, y de Amparos. Doble blindaje…

Son ellos los únicos que disponen con su voto sobre el presupuesto nacional, y quienes controlan, por vía del nepotismo y clientelismo más ofensivo, la abultada burocracia estatal. Son quienes se otorgan a sí mismos privilegios, inmunidades e impunidades de hecho que laceran la sensibilidad más elemental de justicia, y quienes osan hablar impúdicamente en nuestro nombre y dicen representarnos en los foros internacionales más elevados. Quienes, en fin, disfrutan de su robo monopólico del subsuelo, al tiempo que nos mienten una y otra vez con absoluto descaro.

Si nos tomamos el trabajo de examinar, aunque sea superficialmente, la historia del  constitucionalismo, descubriremos que al margen de estructuras legales brotadas espontáneamente con las tradiciones – el caso todavía válido para la Inglaterra de hoy o para la Roma republicana de ayer-, las Constituciones democráticas más efectivas se han dado con independencia de los partidos políticos.

Así sucedió con la de los Estados Unidos cuando la Asamblea Constituyente de Filadelfia en aquel caluroso verano de 1787. Lo mismo que con la muy posterior de Japón, impuesta por el general MacArthur después del castigo atómico de Hiroshima y Nagasaki. Algo parecido a lo que ocurrió en la V República francesa (1958) a instancias del general De Gaulle, o con la redactada para la Argentina por un solo hombre, Juan Bautista Alberdi, en 1853. También con la de la República Federal alemana (1949), condicionada, afortunadamente, por algunas restricciones fundamentales propuestas por  las victoriosas fuerzas aliadas de ocupación. O aun la más reciente en Chile (1980), sometida a plebiscito por el General Pinochet y aprobada por abrumadora mayoría popular, todavía vigente.

El resto de nuestra historia, en cambio, está plagado de constituciones negociadas entre partidos políticos y reformadas, una y otra vez, según los vientos dominantes del momento. La Constitución mexicana de 1917, por ejemplo, ya ha sido objeto de unas seiscientas reformas, casi todas meramente coyunturales.

Aparte de los intereses creados de unos pocos, que los políticos con mayor o menor cinismo intentan  proteger con esa legislación extraordinaria, el olvido voluntario más generalizado entre tales presuntos legisladores de normas positivas fundantes reside en el menosprecio de que las normas legales no sólo son prescripciones obligatorias sino que así devienen incentivos para el actuar de todos.

De ahí que a algunas de ellas se les haya llegado de calificar de “perversas”. Y que la Constitución guatemalteca abunde en ellas.

En primer lugar, por la latitud de interpretación que se asigna a la Corte de Constitucionalidad, sobre todo en materia de derechos “sociales”, y muy en especial cuando al Estado se le agrega una función tutelar de ciertos grupos o clases sociales.     

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