La prioridad olvidada II

La prioridad olvidada (II)

Por: Armando de la Torre

            Si la implacable necesidad de competir a nivel mundial es la prioridad nacional olvidada por los políticos guatemaltecos, también ellos pasan por alto que la única vía para ajustarnos las botas para competir internacionalmente con alguna perspectiva de éxito es la mejora de nuestra educación escolar.

            Lamentablemente, ahí es donde aparecemos peor calificados en los múltiples rangos internacionales que cada año se publican al respecto.

            En realidad se trata de dos Guatemalas, cada una con sus respectivas deficiencias escolares.

            A grosso modo, podríamos decir que tenemos una competitiva, de base urbana, y otra, incapaz de competir a un nivel internacionalmente aceptable, de base rural.  Y esta segunda ha sido, y es, la mayoritaria.

            Ambas Guatemalas se podrían diferenciar entre sí desde otro ángulo: el de a quién compete la responsabilidad última, a los padres o al Estado. En la educación urbana predominan las escuelas privadas (sobre todo a los niveles parvulario y secundario), sujetas a la libre demanda de los padres. Al primario y al universitario, en cambio, todavía retiene más peso numérico el sistema público, es decir, aquel que impone el Estado y al que todos nos hallamos obligados a sostener con nuestros impuestos.

En cuanto al ámbito rural, la educación ha permanecido tradicionalmente dentro del   sector público. El otrora educador universal por excelencia, la Iglesia Católica, fue relegado, desde la revolución liberal de 1871, a la marginidad artificial de lo privado.

            Ello explica otras muchas realidades de nuestro escenario.

            Por ejemplo, la gran mayoría de los ciudadanos activos en política partidaria, o de aquellos que se incorporan a la burocracia oficial, provienen de escuelas  públicas; lo mismo se diga de magistrados y jueces, o de los miembros de la policía y del ejército. Por el contrario, los círculos empresariales, o los principales logros económicos, o aun las fortunas más añejas del país, son del dominio casi exclusivo de egresados de establecimientos particulares o privados.

            ¿Por qué?

            Resulta evidente que la formación recibida en el marco muy competitivo del mercado educacional privado prepara mucho mejor  a sus alumnos para todo tipo de competencias futuras que esas otras inflexibles, y al mismo tiempo tan caóticas como obsoletas, estructuras políticamente bajo el comando del Ministerio de Educación o del Consejo Superior de la USAC.

            Dicho de otra manera, los habitantes ya desfavorecidos por su localización en las áreas predominantemente rurales reciben, encima, una peor preparación para competir que los niños y adolescentes de antemano mejor situados de las áreas urbanas.

            La clave reside en la normativa que rige a los maestros y a sus autoridades.

            Los sindicatos magisteriales, por ejemplo, detestan toda libre competencia, y prefieren el monopolio del juego cuyas reglas les favorezcan a priori. Para ello se valen del recurso a la coacción, cuya ejemplificación más simple la tienen en el derecho a la huelga.

Igual acaece con algunos catedráticos y con funcionarios inveterados en el servicio público. Parece anidar entre ellos una cierta desconfianza hacia sus propias capacidades en comparación con las de otros, un cierto complejo de inferioridad, que les impide aceptar abierta y explícitamente cualquier reto para el que hayan de medirse con los demás bajo reglas iguales para todos.

            Y tan injustificada pusilanimidad la proyectan en sus aulas hacia sus alumnos, o en los curricula y en los textos que escriben, en el entero espectro, pues, de lo social, con una cierta dosis añadida de resentimiento, para grave detrimento del equilibrio emocional de sus educandos.

            Por supuesto que hay excepciones.

            El egresado de un establecimiento estatal puede llegar a ser el mejor en su ramo, pero no por el empujón institucional que pueda haber recibido antes sino a pesar de ello. 

            Así repartido, nuestro sistema estatal de educación perpetúa las injustas estructuras de castas que sólo son superables a través de la más libre de las competencias. Es el paso ineludible que habría de darse para posibilitar la movilidad vertical hacia arriba que ha distinguido a las sociedades más progresistas del planeta durante toda la historia.

             Pero los actores principales de la educación pública en casi toda Iberoamérica se han mantenido impertérritos. De ahí, tantos rezagos inexcusables que nos mantienen demasiado pobres y demasiado arcaicos a la hora de querer competir.

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