La Prioridad Olvidada VI

La prioridad olvidada (VI)

Por: Dr. Armando de la Torre

            Competir, pues, pero bajo reglas iguales para todos, es algo a lo cual también tenemos un derecho natural a exigir de los demás, en cuanto hombres y mujeres libres y responsables.

            Su peor enemigo potencial suele ser el Estado, es decir, el monopolio del uso de la fuerza (o de la amenaza de usarla) por parte de quienes lo controlan. Un distinguido intelectual recientemente se preguntaba por qué la “derecha” no “ama” al Estado. Para mí está más que clarísimo: porque los hombres o las mujeres catalogados de “derecha” aman mucho más su libertad individual, y el Estado, por otra parte, teóricamente constituído para defenderla ha sido, y es, con harta frecuencia, el instrumento más eficaz para eliminarla.

            Pero de vuelta al tema de estas reflexiones: toda competencia ha de tener lugar bajo normas que han de ser las mismas para todos. Sin esto, sería ocioso usar del término “competencia”.

            Y esto para cualquier ámbito de la vida, el económico, el político, el religioso, el deportivo, el cultural…

            Lo que nos lleva por pura lógica a la enseñanza de la ética en las escuelas a cualquier nivel educacional, en cuanto que a través de ellas se ha de aludir inevitablemente  al importantísimo punto de la obligación moral a omitir o consumar un acto.

            A los cultores más extremos de ciertas ideologías de “izquierda” ello no les parece muy grato, ni siquiera “relevante”, porque lo asocian inmediatamente con el de la autonomía “individual” de la que siempre desconfían. No hace mucho tiempo, por ejemplo, uno de ellos, Orlando Blanco,  sostuvo públicamente “que ya era hora de separar la política de la moral”. Tesis sostenida por muchos, como ya dije, desde Maquiavelo.

            Y el por qué es obvio: Entre las reglas para toda competencia legítima está la aceptación anticipada de la derrota de los unos por los otros. Suele decirse que tal disposición a aceptar la derrota es distintivo del hombre inteligente y, además, educado; y a ningún fanático le agrada tener que reconocer un día su derrota.

            Este principio habría de ser inculcado a lo largo de todo el sistema escolar, público y privado. Pues es la roca sobre la cual se asentarán ulteriormente otras virtudes como la de la mutua tolerancia, que conllevan lógicamente a la paz ciudadana, inclusive la de veras “firme y duradera”.

            Desde este ángulo ético, toda “negociación” de principios morales, en particular ése de la igualdad de todos ante la ley penal, resulta inaceptable. Fue ésa la razón decisiva por la cual algunos nos opusimos, y nos mantenemos opuestos, a los muy mal llamados “acuerdos de paz”. Pues nadie en particular, ni corporativa ni individualmente, puede eximir a ninguna otra persona o grupo del acatamiento a tal supuesto universal de la ley moral. Por él queda asegurada la integridad de todos y cada uno de los ciudadanos, contra el asesinato, por ejemplo, o el secuestro, la calumnia, el engaño, la tortura, la destrucción de lo propio, y demás otros incidentes dolorosos de la vida en sociedad…

            Fue ése el gravísimo error (a mis ojos imperdonable) del gobierno de Alvaro Arzú y de quienes lo apoyaban (mayoritariamente la clase política, la Conferencia Episcopal, el CACIF, y los organismos internacionales que tanto gustan de inmiscuirse en los asuntos internos de los guatemaltecos).

            Tomando un texto de Benito Juárez, “entre las naciones, como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

            Y la mejor forma de que los jóvenes lo internalicen es que todo tipo de competencia sea limpia, tanto en los estudios como en el deporte, o en el trato social…

            Es esta asímismo la condición “sine qua non” de la colaboración entre humanos, de la armonía social y, por consecuencia, del progreso y la felicidad de los pueblos. Lo que sería imposible si la tesis del citado Orlando Blanco se hiciera realidad.

            La competencia limpia (“fair play”) no está contemplada en los programas docentes de nuestra Guatemala.

            Parece mentira que podamos constatar que algo tan elemental y fundante no figure entre las prioridades olvidadas de la educación en Guatemala.

            ¿Cuán diferente sería nuestro bienestar generalizado, cuán más productivo, o más desarrollado si el CUC, por ejemplo, o el CONIC o la UASP estuvieran imbuidos de ese mismo espíritu de competencia limpia?

            ¿O qué tal si a la luz de ese mismo principio la Fiscal General, Claudia Paz y Paz interpretase el concepto clave en un Estado de Derecho del “debido proceso”?

            ¿O el señor Presidente?…

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