NUESTRO MAL ES CARECER DE CRITERIOS ETICOS CLAROS

NUESTRO MAL ES CARECER DE CRITERIOS ETICOS CLAROS

Por: Armando de la Torre

            Una columnista, Ana Cofiño, se permitió expresar en estas mismas páginas el sábado 12 de abril que la “campaña” en contra de la reelección de Claudia Paz y Paz como Fiscal General es “sucia”.

            Tiene perfecto derecho a publicar tal juicio de valor, pero está totalmente equivocada. Me permito decirlo así porque también yo he aportado varios artículos con el mismo objetivo de evitar la reelección en su cargo de la actual Fiscal General.  Rechazo, por lo tanto, que ella, o cualquier otro, aunque sea con la mejor de las intenciones, califique mi postura de “sucia”.  

            Podré estar también yo equivocado de buena fe, lo cual en este caso me resulta casi imposible aceptar, pero ni he mentido, ni nadie me ha pagado jamás por mis opiniones, ni estoy al servicio de intereses espurios.  Y a diferencia de algunos críticos de mi persona, además sí  investigo escrupulosamente las bases de mis juicios de valor.

            Quiero añadir aquí a mis anteriores denuncias concretas, respaldadas por testigos y contextos jurídicos rigurosos, esta otra: Claudia Paz y Paz ha violado la ley sistemáticamente, desde que tomó posesión de un cargo para el que se ha evidenciado del todo incapaz.

            Copio textualmente:

            En la instrucción No. 2-2011, de fecha 12 de mayo del 2011, o sea, apenas inaugurada en su función de Fiscal General, en el numeral 5 dispuso: “los fiscales daránuna atención diferenciada y pertinente a la condición étnica, etaria y de género de la víctima”.

            Pero el Art. 202 (bis) del Código Penal vigente explícitamente estatuye lo contrario:

            “DISCRIMINACION. Se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil, o en cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia, que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho…”

            En otra instrucción suya, la No. 7-2011, también en un numeral 5, a propósito de los usurpadores de tierras y con respecto a su desalojo, instruyó Doña Claudia a todos los fiscales a ella subordinados que “el fiscal deberá asegurarse que al momento de solicitar el Juez una orden de desalojo el escrito contendrá cuando menos lo siguiente;” en su literal c: “el tiempo que se debe dar a los ocupantes para desalojar, que sea “razonable” conforme a las circunstancias”.

            Pero el Art. 256 del Código Penal estatuye con toda claridad lo opuesto: “USURPACION… la permanencia en el inmueble constituye flagrancia en este delito.  La Policía, el Ministerio Público o el Juez, están obligados a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias ulteriores ordenándose o procediéndose según corresponda, al inmediato desalojo”.

            No se necesita ser abogado, ni siquiera tener un mínimo de cociente intelectual, para caer en la cuenta que tales instrucciones de Doña Claudia a sus fiscalescontradicen la ley y constituyen delitos punibles. Significan, en una palabra, que la Fiscal General ha usurpado las funciones legislativas del Congreso.

            Precisamente la Liga Pro Patria incluyó esos hechos -que no opiniones- entre otras tachas que refirió a la Comisión de Postulación.

            Resulta inquietante que los profesionales en estos temas que se jactan de ser “de izquierda” en nuestro país no pongan mientes a estos “detalles” y en cambio sí una, y muy grande, a las opiniones de analfabetas funcionales que desde muy lejos se arrogan el derecho a inmiscuirse en nuestros asuntos internos, llámense Barack Obama, Hillary Clinton, John Kerry o Philippe Hollande.  

            Y aquí regreso al título de esta columna: el problema clave para la convivencia pacífica en Guatemala ha sido y es  la ausencia casi total de criterios morales claros entre la población y sus dirigentes políticos, y hasta religiosos.

            “La ley es la ley”, como no se cansa de predicarlo Acisclo Valladares, inclusive cuando están pésimamente redactadas y responden a intereses particulares de los mismos legisladores.

            Necesitamos una “revolución moral” que habría de empezar por aclararnos las ideas con un mucho mejor sistema educativo que incluya cursos de formación ética, sobre todo al nivel universitario.  De lo contrario, se nos multiplicarán las Claudias Paz y Paz y su puñado de defensores dogmáticos.  

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