¿Quièn dispone del mejor tìtulo jurìdico sobre el territorio de Belice?

Quién dispone del mejor título jurídico sobre el territorio de BELICE?
Por: Armando de la Torre
            Constituye eso la substancia del diferendo territorial con Belice, ayer con el Reino Unido hoy con Belice, que tras consulta popular favorable habrá de ser sometido a la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
            Empecemos por una verdad de perogrullo: el Derecho Internacional Público regla las relaciones entre los Estados. En ese sentido, cualquier juez o mediador al que se acuda para dirimir conflictos entre los mismos resuelve ya sea con base a los respectivos títulos aducidos por las partes, ya sea según otro procedimiento no jurídico, que se conoce como “ex aequo et bono”, es decir, un laudo razonable sobre derechos y obligaciones iguales pero no equivalente a una sentencia judicial.
Guatemala ha escogido, a mi juicio con acierto, la primera vía.
            Sobre estos supuestos, ¿en qué descansa la validez de nuestro título jurídico?
            En primer lugar recordemos que el de Guatemala es un título original, no derivado, en cuanto sucesora natural de la soberanía española sobre la totalidad del territorio de Belice. El de Inglaterra, en cambio, sólo sustentado por ella hasta 1981 sobre un título derivado,  del que ahora hace traspaso a Belice, y resultado de la convención sobre límites de 1859 conocido como el Tratado Wyke/Aycinena.
            España, por su parte no reconoció formalmente la independencia y soberanía de ésta su antigua colonia, el Reino de Guatemala, sino hasta 1863, lo cual restó validez jurídica a cualquier arreglo convenido con Inglaterra anterior a esa fecha. Pues regía entonces un consenso entre las potencias coloniales europeas de ajustarse siempre recíprocamente al principio jurídico “neminem laede” (“a nadie dañes”) en aquellos casos eventuales en los que el reconocimiento de la independencia de una ex colonia implicase un perjuicio para la potencia colonial.
            Además, por aquella convención sobre límites de 1859 Inglaterra se había comprometido a la construcción de una carretera o, cuatro años más tarde, en su defecto,  a una indemnización por no haber cumplido con la primera, pero ninguna de ambas terminó por ejecutar  y Guatemala, por lo tanto, quedó desligada ipso iure de cualquier obligación de su parte.
            Seguramente la Corte Internacional de La Haya habrá de tener en cuenta todo ello.
            Me asalta un temor, sin embargo.
El gobierno de Gordon Brown ha escogido para la defensa de la débil causa británica a su internacionalista de más nota y prestigio, Elihu Lauterpacht, mientras el nuestro, que yo sepa, aún no ha contratado a nadie de la misma talla quien nos represente.
Por eso yo me permitiría aconsejar que se tome como asesor al respecto al distinguido y eminente profesor de la Sorbone-Nanterre, Alain Pellet, miembro y ex Presidente de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Opino que hoy nos será tanto más accesible cuanto tenemos como nuestro embajador ante las NN.UU. a Gert Rosenthal, ex Secretario General  de la CEPAL y persona muy respetada dentro y fuera de Guatemala.      
            Se dice por algunos que el reconocimiento de Belice como Estado independiente por las NN.UU. hace nugatorio nuestro reclamo.
            No concuerdo.
            Las declaraciones de las NN.UU. son meramente declarativas, no constitutivas. Y en cuanto al principio de la libre autodeterminación de los pueblos alegado por los dirigentes actuales de Belice, éste es jerárquicamente secundario y subalterno al de la integridad territorial en el que nos apoyamos.
            Conclusión: el Reino Unido jamás ha ejercido jurisdicción soberana sobre el territorio de Belice. Guatemala, por el contrario, por lo menos desde 1821, nunca ha cesado de reclamar su ejercicio, primero como Provincias Unidas de Centroamérica y, desde 1847, como República de Guatemala, postura legítima cual le fue reconocida por la Corte Internacional de Justicia al haber dispuesto como punto de partida para delimitar aquel territorio que ya poseía desde el 15 de septiembre de 1821.
           

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