Reflexiones colaterales

 

De camino para la multitudinaria manifestación cívica en
la Plaza de Italia el domingo 17 de mayo, dentro de aquel río
interminable a lo largo de la séptima avenida de personas vestidas de
blanco, le comenté a mi hija, que caminaba a mi lado: ¡Cuánto ha
crecido la clase media en Guatemala!, la gran estabilizadora de todas
las sociedades que progresan.
 
Más tarde, en el mismo día, me saltó a la mente otra
reflexión: ¡Cuánta firmeza ha ganado la conciencia pública de los
guatemaltecos!, la base ética imprescindible para el logro de un
auténtico Estado de Derecho.
 
Todavía al día siguiente me llenó el ánimo una
constatación gozosa más: ¡Cuán espléndida es esa juventud nuestra que
espontáneamente lo montó todo!, nuestra humana garantía de un futuro
mejor.
 
Por otra parte, quisiera proponerles otras consideraciones.
 
En primer lugar, todo el esfuerzo tuvo un solo propósito
digno: exigir de las autoridades democráticamente electas que cumplan
con los deberes que la Constitución les asigna.
 
El más importante de entre los recipiendarios de tal mensaje lo era el
Fiscal General de la Nación, pero también era aplicable a los
Diputados que habrán de conocer del antejuicio y a los magistrados de
la Corte Suprema que eventualmente fallen sobre el caso.
 
En segundo lugar, es la única oportunidad de la CICIG para
legitimarse ante la historia. Si el combate a la impunidad fue
declarada su razón de ser, éste es su momento definitorio, al  haber
señalado Rodrigo Rosenberg a nadie menos que al Presidente de la
República, a su esposa y a cinco de sus financistas más allegados, de
hallarse involucrados en las muertes del Sr. Khalil Musa, de su hija
Marjorie y de la probable suya propia.
 
La acusación, por supuesto, en sí no prueba nada, según la
normal presunción de inocencia de todo acusado hasta que se le pruebe
lo contrario tras debido proceso.
 
Pero precisamente a ello se han encaminado las manifestaciones de
repudio: para que ni el Presidente, ni su esposa, presionen a los
otros poderes del Estado, y a sus subalternos inmediatos, ya sea con
ofrecimientos, ya sea con amenazas, a que no procedan a una
investigación imparcial y a fondo. Sobradísima razón les daba  a esos
manifestantes la triste y larguísima historia de impunidad imperante
en nuestros pueblos, con tanta frecuencia por ello víctimas de
dictadores y demagogos ineptos.
 
Me ha sorprendido que algunas figuras muy conocidas de nuestra vida
pública, e incluso los presidentes de las demás repúblicas
centroamericanas, se hayan atrevido a aparentar que  no han captado
ese punto esencial. Supongo que el instinto gremial en tales políticos
los empuja a una “cohesión”, no exactamente social, con sus congéneres
bajo sospecha.
 
Todas las reacciones y declaraciones de Álvaro Colom y de doña Sandra
han sido  hasta ahora muy desafortunadas y han llevado a muchos a
pensar que la intención que  les subyace ha sido la usual del
encubrimiento propio.
 
Repugna también el “aporte” peculiar a la ocultación de lo que acaece
por parte de un Ángel González, taimado manipulador con su monopolio
televisivo de las noticias, y que así paga su reciente exoneración de
impuestos por el Congreso.
 
Ni hay que olvidar que estamos a más de doce años de aquel otro
embuste colectivo, la firma de unos “acuerdos” de apaciguamiento de
criminales con la que, encima, nos prometieron una “paz firme y
duradera”.
 
El resto, los vituperios clasistas a ciudadanos pacíficos que se
manifestaban dentro de la ley habría de tomárseles como lo que son,
patadas de políticos que se ahogan.
 
Más allá de este drama, que podríamos hacer extensivo a buena parte
del planeta, nos queda por delante la tarea más prioritaria: ¿cómo
cambiar las reglas del juego político a fin de que no arriben a las
más altas posiciones de los tres poderes del Estado  tantos incapaces,
en ciertos casos hasta delincuentes impunes?
 
Valdría la pena a tal propósito releer el proyecto de reforma parcial
a la Constitución (www.proreforma.org)

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