Sociologìa de un debate

Sociología de un debate

 

Por: Armando de la Torre

 

            La discusión pública en torno a la posible despenalización del consumo y tráfico de drogas merece siquiera un vistazo hacia quienes integran los grupos debatientes.

            Lo primero que resalta, aunque sólo sea a la ligera, es que la mayoría de los padres de familia parecen situarse entre los que adversan cualquier mitigamiento penal hacia el consumo y, sobre todo, el tráfico de las mismas. Los solteros, en cambio, y los muy jóvenes, se suman con alegre facilidad al bando de los despenalizadores “libertarios”.

            Lo que me lleva al núcleo de lo que está en juego: nuestros menores de edad, es decir, nuestro futuro.

            Entre los economistas académicos, y entre los políticos, usualmente a la búsqueda de protagonismos, se tiende a privilegiar las consideraciones utilitarias y, por tanto, más en pro de la despenalización al corto plazo. Conjeturan que dejarlas circular libremente resultará menos costosa para la sociedad que combatirlas.

            Entre filósofos, por otra parte, teólogos, historiadores y humanistas,  entreveo la posición mayoritariamente contraria, desde premisas morales de carácter más  categóricas que utilitarias.

            En cuanto a los científicos experimentales, tales como físicos, químicos e ingenieros de  todas las especializaciones, hasta ahora se han mostrado los más cautos.

            Pero dentro del mundo empresarial me parece detectar una corriente despenalizadora en ascenso, más no así entre los asalariados que más bien la adversan, tanto en el sector público como en el privado, quizás porque se crean ellos -y a sus hijos- más vulnerables ante las embestidas de los narcotraficantes.   

            Respecto al resto del público, cierta indecisión, y hasta ofuscación del primer momento, continúa.

            Encima, todo lo complica el matiz en exceso especulativo del debate.

            Pues la despenalización total por la que ahora se aboga nunca ha sido un hecho. El famoso precedente de la imposición del opio por la fuerza que hiciera la Inglaterra victoriana a la China imperial a mediados del siglo XIX ni siquiera rozó tal franquicia absoluta. Y hasta en esos pocos enclaves  “de aislada tolerancia” de hoy, como Amsterdam, Zurich y Portugal, sólo se permite un uso restringido y un comercio bajo permanente vigilancia.

            También es historia déjà vue”. Cual en los tiempos de la Guerra Fría, se compara una realidad insoslayable (la que se deriva de la prohibición legal de los estupefacientes) con una utopía, aquella que resultaría de una completa despenalización, imaginada, por supuesto, muy feliz y civilizada para un tiempo lejano por venir. Y, como suele suceder en tales comparaciones, la utopía siempre gana…

            Pero lo creo también indicio adicional de la superficialidad de nuestra escala de valores, ésa del “entertainment” a toda costa, del to have fun”, si posible, sin pausa, la del popular “to do everything… my way”. Que equivale a un irresponsable encogimiento de hombros por nuestra parte hacia el importantísimo recto uso de nuestro libre albedrío, no menos que un olvido paralelo del universal sentido de obligación de hacer el bien y evitar el mal.

Hasta podría tomarse como una extensión de la llamada “cultura de la muerte” que, sobre  simplismos análogos, ha conducido a que el número de los abortos supere al de los nacidos, o a a tantos múltiples atropellos de médicos y enfermeras, incapaces de saber escoger ante el doloroso dilema de la eutanasia, como, por ejemplo, acaba de salir por estos días a la luz pública en el Urugüay.  

El único objetivo del drogadicto es el de un escape placentero a los apremiantes reclamos mínimos que supone vivir en una sociedad de adultos.

Y el único de quienes a ellos les suministran drogas adictivas y alucinantes es forrarse de  dinero.

Y dado que no somos “islas”, tenemos el derecho humano individual a vernos libres de los efectos disociadores de tal asedio en muchísimo mayor grado que con respecto a los del ruido o  la contaminación ambiental.

Además, a la luz del prefacio de nuestra Constitución, que reafirma tajantemente “la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social” y reconoce en la familia “el génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad y al Estado como responsable de la promoción del bien común…” ¿capitularemos ante tan frívolos  incentivos?

Peor aún, ¿y en nombre de la libertad… “del individuo”?

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