YA VOTARON ELLOS; ENTONCES, ¿PARA QUÉ LOS DEMÁS?

YA VOTARON ELLOS; ENTONCES,

¿PARA QUÉ LOS DEMÁS?

 

Armando de la Torre

 

            Acabamos de sufrir una nueva bofetada del positivismo jurídico criollo vía la exclusión de los listados electorales de la persona de Zury Ríos por el supuesto delito, en opinión de cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad contra otros tres, de haber nacido de padres que les son antipáticos. ¡Vaya estupidez de la jurisprudencia!

Lo que me trae a la memoria el aserto reiterado de F. A. von Hayek de que sin el positivismo jurídico nunca habríamos presenciado las abominables dictaduras totalitarias de Stalin, Hitler, Mao o Fidel Castro, que tras él se escudaron.

Y sin tal positivismo, añado yo, tampoco sufriríamos ahora de la dictadura de Gloria Porras y de su pequeña comparsa constituida por Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela, ambos, por cierto, ex decanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos.

Para colmo, solo nos queda por sufrir de nuevo la presencia autoritaria y muy corrupta y corruptora de Sandra Torres a la cabeza del Ejecutivo, cuando más bien podríamos progresar enormemente bajo una posible presidencia de Zury Ríos Sosa.

Por otra parte, ¡una inesperada e ingenua inauguración de la presencia decisiva de la mujer en la política electoral entre nosotros!

Lo cual, sea dicho de paso, fue y todavía me resulta comprensible aun cuando indigerible.

Porque cuando se le reconoció en esa gran Nación a la mujer el derecho al voto en 1920, tal estreno fue festejado con una muy precipitada decisión llamada posteriormente el “noble experimento”: la prohibición de la fabricación, venta y consumo de alcohol en cualquier forma. Y a tal ensayo contribuyó la mayoría decisiva de novatas sufragantes femeninas, que así se estrenaron en el uso de la poderosa herramienta política del voto popular.

Y a esa comprensible aunque ciega protesta de las mujeres le asistía una razón de mucho peso: pues ellas en cuanto esposas e hijas eran habitualmente las víctimas más inmediatas del alcoholismo masculino.

Pero aquel “noble experimento” resultó un fracaso. Porque el consumo de alcohol se expandió, aunque entonces en la clandestinidad, lo que condujo a que la monopólica oferta del mismo se redujera a unos cuantos de mafiosos violentos, siempre al margen de la ley. John Dillinger y Al Capone, por nombrar dos de los más conocidos, se hicieron símbolos y prototipos de todo ello.

Y así, trece años más tarde, el recién electo Presidente Franklin D. Roosevelt hubo de promover otra Enmienda constitucional en sentido contrario a la anterior que puso fin a la prohibición clandestina de la venta y consumo de alcohol y con ello al horroroso baño de sangre casi diario entre las diversas bandas mafiosas en competencia.

De regreso al estatus actual del sector justicia entre nosotros, habría de reconocerse que está a punto de exhalar su último suspiro de moribundo. Y, por lo tanto, que nos hallamos todos ante la realidad jurídica más precaria y desalentadora de que cualquiera en este país puede ser la víctima de cualesquiera togados insensatos.

¡Cuán peligroso a nuestro turno en cuanto sus mudos testigos!

            Aunque nos queda un rayuelo de esperanza: si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorga a doña Zury el amparo sugerido por su candidato vicepresidencial, Roberto Molina Barreto, habrían de ser repetidas estas elecciones presidenciales aunque a un costo muy elevado.

            Por eso también tanto lamento la presencia de la CICIG entre nosotros. Su rastro ha sido y es catastrófico como era de esperar por cualquiera con dos dedos de frente.

A mis ojos, un retroceso monumental y oprobioso a la barbarie jurídica de la Alta Edad Media y en pleno siglo XXI.

Pues el derecho humano a elegir y ser electo ya ha sido consagrado como inalienable e irrenunciable en todas partes del mundo civilizado.

            Encima, por manos de analfabetas funcionales en el uso del castellano, que parecen no saber leer el sentido de frases tan sencillas como las del artículo 186 de la Constitución vigente, que en parte reza así:

Prohibiciones para optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República. No podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República: a. El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno; b. La persona que ejerza la Presidencia o Vicepresidencia de la República cuando se haga la elección para dicho cargo, o que la hubiere ejercido durante cualquier tiempo dentro del período presidencial en que se celebren las elecciones; c. Los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo.

 

            Cualquiera con un mínimo de conocimiento de la semántica y de la sintáctica castellanas entiende que esto resulta aplicable solo a los mayores de edad, y encima, solo durante el tiempo, y no más allá, en que el pariente de marras desempeñe el cargo de Presidente de la República.

Por eso, no hay que olvidar que para el golpe de Estado que habían organizado oficiales jóvenes del Ejército contra el gobierno de Lucas García para el 23 de marzo del 1982, y que posteriormente vía radio, hicieran un llamado público al General retirado Efraín Ríos Montt para que asumiera provisionalmente el cargo de Jefe del Estado, recuerdo que ninguno de los que hoy denigran vociferantes la figura del General, emitió protesta alguna o criticó en público el tal golpe. Todo lo contrario, las sonrisas de los ciudadanos en las calles resultaban unánime.

Y Zury, para aquel entonces, era una menor de edad de tan solo 13 años.

            Pero ahora un puñado de trastornados lingüísticos y jurídicos se arroga decidir que por tales eventos aquella niña queda para siempre privada del derecho humano universal de elegir y ser electa. Y con ella también todos aquellos ciudadanos que podrían haber optado votar por ella

            ¡Cuánto analfabeta engreído…!  

            Ese grupo de togados indignos de la rica herencia cultural de Rafael Landívar, de Mariano Gálvez o de Juan José Arévalo, o de tantos otros prohombres y mujeres que han honrado este suelo tales como más recientemente Arturo Herbruger, Alberto Herrarte, Elisa Molina de Stahl o, todavía hoy, Isabel Gutiérrez de Bosch, Marta Altolaguirre o Yolanda Cofiño, por mencionar a unas pocas egregias entre nosotros.

            Y así, estas próximas elecciones las han hecho moralmente del todo inválidas.

            Sin desmedro, por cierto, de Isaac Farchi, Luis Velázquez o Estuardo Galdámez, todos ellos entre los más promisorios.

            Porque el prevaricato obvio de los cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad en contra de otros tres nos podrá salir bien caro a todos.

            “Cosas veredes, Sancho…”   

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