LA CICIG HA PERICLITADO
Artículo de Opinión
Publicado en “Plaza Opinión” de Guatemala
Armando de la Torre
PERICLITAR: Se dice de algo que después de haber llegado a su apogeo, inicia su decadencia.
Muy de lamentar, la CICIG se ha mostrado como el artificio dañino que muchos anticipábamos desde el momento en que fue por primera vez sugerida bajo el nombre de CICIACS (Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad). Y que fue aprobada por el Congreso de la Republica el 1 de agosto del 2007 con las siglas de CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala).
El experimento, caso único en el planeta de renuncia colectiva y voluntaria a la propia soberanía nacional, ha terminado por evidenciarse en su conjunto como un rotundo fracaso. Ni se ha mejorado la justicia pronta e igual para todos, ni se han respetados alguno de los más elementales derechos humanos. Casi todo, salpicado de una despreciable politiquería partidista. Nótese si no la desaparición definitiva de los Partidos Líder y Patriota, pero la supervivencia incólume de la UNE.
Plagado todo, encima, de violaciones a la ética más elemental de un Estado de Derecho, según lo concreta el artículo cuarto de la Constitución: “En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades.” ¡Qué ironía!
En otras palabras, ha implicado una gangrena adicional para el ya exangüe Poder Judicial en Guatemala.
En perfecta lógica otro resultado no era de esperar, aun cuando algunos de los simpatizantes de tal utopía se hubieren manifestado ocasionalmente como hombres y mujeres de buena voluntad. En consonancia con el conocido dicho de que “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”…
Y es que el mero proyecto de la CICIG ha sido enteramente utópico desde su incepción. ¿Cómo haber esperado fortalecer localmente la dispensación de la justicia desde el extranjero?
Conviene, pues, recortar pérdidas acumuladas y clausurar tal espectáculo fallido de una vez por todas. Porque a su amparo, sus zarpazos a la institución de un verdadero Estado de Derecho se han vuelto crecientemente hirientes.
Muchos de quienes todavía justifican la presencia de la CICIG, pero desde sus hogares y en cómodas poltronas, no tienen para nada en cuenta el sufrimiento real de los llevados a prisión hipotéticamente preventiva. Ni nada saben del dolor de los miembros separados de las familias, tan parecido al de los exiliados, que por cierto, conozco por experiencia propia, y mucho menos de las heridas abiertas al honor de las personas privadas de su libertad; peor aún, ni llegan siquiera a imaginar el peso de la soledad inmerecida y de la diaria punzada del saberse injustamente mal tratado en suelo propio por un extranjero y sus serviles cooperantes.
Tampoco saben de esa incertidumbre asfixiante día tras día, mes tras mes, año tras año sobre el futuro propio y del de sus seres más queridos. Eso también ha sido frecuente antes de la llegada de la CICIG. Pero, ¿para qué aumentar su número?
Además, queda siempre ese otro menoscabo lacerante provocado por los charlatanes que tanto hablan de “derechos humanos”, que ni entienden ni mucho menos respetan, y que don Iván Velázquez, por cierto, muy al estilo de la política actual colombiana bajo el Presidente Santos, ha decidido escoger de chivos expiatorios.
Muy por encima de todos esos casos particulares, pesa, reitero, el inmenso precedente acumulado durante la trayectoria de la CICIG a la instauración de un genuino Estado de Derecho en este suelo.
A propósito de eso último, a manera de recordatorio, la CICIG, el Ministerio Público y el indiscreto y burdo patrocinador de ambos, el embajador de los Estados Unidos, Mr. Todd Robinson, entre todos han violado repetidas veces artículos constitucionales preeminentes:
El artículo cuarto, por ejemplo, que afirma que: “Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad.”
El artículo doce que reza: “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos ni por procedimientos que no esté pre-establecidos legalmente.”
El artículo trece: “No podrá dictarse auto de prisión sin que preceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. Las autoridades policiales no podrán presentar de oficio, ante los medios de comunicación social, a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente.”
Y el artículo catorce que sostiene que: “Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada.”
Desde su inicio, todo ello ha dejado de ser ya objeto de posibles interpretaciones subjetivas. Las violaciones al Estado de Derecho han sido, y son, palpables e insoportablemente descaradas, ante el mutismo vergonzoso de las autoridades judiciales del país.
El coronel Juan Chiroy Sal, por ejemplo, acusado de incumplimiento de deberes, ha sobrepasado con creces los términos del castigo al que hubiese sido sometido de habérsele hallado culpable por juez competente. Pero no ha habido, en su caso en ningún momento, ni juez competente, ni debido proceso legal, ni defensor de derechos humanos que hubiese mediado en su caso. ¡Repugnante por parte de esos magistrados cómplices de la Corte de Constitucionalidad, y también de la Corte Suprema, no menos que de la Fiscal General y del que funge de Procurador de los Derechos Humanos, que sí merecerían ser llevados a juicio por incumplimiento de sus deberes al corto y al mediano plazo!
Me permito también otra vez recordar a mis lectores ese tristísimo caso de Casimiro Pérez, un labriego vecino del caserío Nuevo San Francisco, en el municipio de San Pablo del Departamento de San Marcos.
Un grupo de facinerosos de la localidad que osan pretextar ser defensores de la naturaleza y de los derechos humanos lo secuestraron, lo golpearon y lo humillaron al ritmo del apelativo de Judas. Todo, porque se había negado a integrarse al grupo de violentos que planeaban dañar por la fuerza un proyecto de hidroeléctrica local. Ya lo habían previamente privado de su libertad congénita en una infame carceleta local y le habían hecho acarrear pesadas piedras durante ocho largos días. Por cierto, muy buen argumento para el pluralismo jurídico que recomiendan para un territorio que no es el suyo natal don Iván y asociados.
Y la familia que fue enteramente icinerada en la aldea Los Pajoques, de San Pedro Sacatepéquez, por instigación del cabecilla Daniel Pascual, aguarda en otro mundo que no en este de Guatemala, que se le haga justicia póstuma por parte de la CICIG.
¿Y qué decir del brutal asesinato de Byron Lima dentro del perímetro público de Pavón y ante numerosos “testigos” amedrentados? ¿Ha investigado algo al respecto el Ministerio Público o ha iniciado la CICIG un acompañamiento del caso a través de su fiscalía especial? Y, por lo demás, ¿cuántos abogados penalistas han sido asesinados a plena luz del día durante los años de la presencia de la CICIG en Guatemala sin que se haya logrado culminar el proceso penal contra ninguno de sus autores intelectuales con una condena definitiva? O ¿qué mejora, en definitiva, ha entrañado la CICIG en la aplicación de la justicia para el anónimo ciudadano de a pie y no únicamente en los casos de alto impacto político?
A propósito de esto último, don Iván Velázquez y doña Telma Aldana remontaron oportunistamente como buenos surfistas políticos las crestas de las olas de las protestas sociales que hubieron de llevar a la renuncia de la Vicepresidente Roxana Baldetti y más tarde hasta del mismo Presidente, Otto Pérez Molina. Logro que fue de la ciudadanía, no tanto de ellos.
He concluido, por tanto, con tristeza, que en el sector justicia como en el del Ejecutivo, se ha transparentado cierta falta de hombría para hacer cumplir la Constitución y las leyes.
El ánimo timorato, al parecer, ha llegado a enseñorearse de los funcionarios más altos del Estado, encima, pésimo ejemplo para todos sus modestos subordinados en el sector público. A este propósito me permito lamentar de nuevo la total ausencia de cursos preparatorios de ética profesional en la Universidad de San Carlos de donde procede la aplastante mayoría de los funcionarios de los tres poderes soberanos del Estado.
En conclusión mientras más pronto se deshaga Guatemala de ese mamotreto de la CICIG que se ha revelado al final como otro obstáculo inútil, más posible se hace que por otras vías genuinamente guatemaltecas se llegue a construir por fin un verdadero Estado de Derecho que nunca hemos tenido los que aquí vivimos.
Una última reflexión: las sucesivas experiencias de la URNG, del Proceso de Contadora, del de “la paz firme y duradera”, de MINUGUA y de la CICIG han respondido todos a ciertos esquemas mentales muy simplista de políticos de salón, cuando no de emboscadas mortíferas, y de ignorantes de los hechos básicos de la vida social, aunque se engañen al creer que algo profundo saben. En una palabra, los propios de un infantilismo ideológico trasnochado.
(Continuará)
